{"id":102175,"date":"2026-07-01T21:52:18","date_gmt":"2026-07-01T21:52:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102175"},"modified":"2026-07-01T21:52:18","modified_gmt":"2026-07-01T21:52:18","slug":"stc16094-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16094-2018\/","title":{"rendered":"STC16094-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16094-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00850-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 8 de octubre de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gildardo Mona Taborda contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdoble instancia\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos el auto proferido el 10 de julio de 2018\u2026, por medio del cual se declar\u00f3 desierto [su] recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.
\n2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tGildardo Mona Taborda promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva en contra de Leonel de Jes\u00fas Moncada, que fue desestimada con sentencia del 17 de abril de 2018, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, quien formul\u00f3 los correspondientes reparos concretos. <\/p>\n

2.2. Admitida la alzada, el estrado enjuiciado convoc\u00f3 a las partes a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, a la que no asisti\u00f3 el apelante, por lo que fue declarado desierto el recurso con auto proferido en diligencia del 10 de julio de los corrientes. <\/p>\n

2.3. Por v\u00eda de tutela, expres\u00f3 el ejecutante que \u00abno compareci\u00f3 [a la audiencia de sustentaci\u00f3n] al considerar que los argumentos expuestos en primera instancia cumpl\u00edan cabalmente con la sustentaci\u00f3n que demanda el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 322\u00bb y que, por tanto, \u00abla decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso por \u201cfalta de sustentaci\u00f3n\u201d constituye un exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. Leonel de Jes\u00fas Moncada resalt\u00f3 que \u00abno es el abogado el que debe considerar si el recurso sustentado en primera instancia fue correcto, es el juez quien tiene esa potestad\u2026 y si dicho abogado no cumpli\u00f3 con el procedimiento, no puede pretender ahora remediar sus errores mediante una acci\u00f3n de tutela totalmente infundada\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u00abel raciocinio expuesto en la decisi\u00f3n que el reclamante censura\u2026, no revela arbitrariedad, ni falta de fundamento normativo\u2026\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El gestor del resguardo insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. De lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que la accionante cuestiona el prove\u00eddo de 10 de julio de 2018, mediante el cual el juzgado acusado declar\u00f3 desierta la alzada formulada frente al fallo dictado el 17 de abril de estas mismas calendas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, ante la inasistencia del apelante a la audiencia que contempla el art\u00edculo 327 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n

En este orden de ideas, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que esta Corporaci\u00f3n tuvo la oportunidad de pronunciarse en relaci\u00f3n con la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias, en el marco del C\u00f3digo General del Proceso, sobre lo cual precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u2026 tampoco resulta correcto sostener, como lo hace el tutelante, que las cuestiones aducidas en el escrito con el cual formul\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el fallo del a quo eran suficientes para darle curso. <\/p>\n

Lo esgrimido porque como lo ha aseverado esta Corte en recientes oportunidades, quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto de esa decisi\u00f3n, sino acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

4. De lo hasta ahora recapitulado, se infiere que trat\u00e1ndose de autos esta Sala ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o admisi\u00f3n y decisi\u00f3n. Para las sentencias, en primera instancia; interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda, admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia. <\/p>\n

Por tanto, ning\u00fan desafuero se encuentra en la decisi\u00f3n del Tribunal relativa a declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el tutelante, pues, se insiste, de un lado, aqu\u00e9l debi\u00f3 consultar el expediente de manera directa para enterarse de las determinaciones all\u00ed adoptadas, tales como la fecha para la audiencia de sustentaci\u00f3n de su recurso y, de otro, por cuanto le correspond\u00eda acudir a esa diligencia y fundamentar el remedio vertical ante el superior, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem. <\/p>\n

5. Sobre ese \u00faltimo aspecto, esta Corte estima pertinente se\u00f1alar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma en la cual deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d1, como principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n

Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, est\u00e1n compelidos a presentarse personalmente ante el juez para exponerle sus argumentos (CSJ STC8909-2017). <\/p>\n

Bajo esa perspectiva, es claro que la decisi\u00f3n de la sede judicial enjuiciada al declarar desierta la alzada, ante la inasistencia de la parte recurrente a la audiencia fijada para su sustentaci\u00f3n, resulta acorde con los mandatos imperativos consagrados en el art\u00edculo 322 (inciso 4\u00ba, numeral 3\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de los derechos, cuya protecci\u00f3n reclam\u00f3 el actor. <\/p>\n

3. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nSalvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar los argumentos por los cuales discrepo de la decisi\u00f3n que fue adoptada:
\n1. La Sala confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia que deneg\u00f3 el amparo, porque la providencia mediante la cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por la inasistencia del recurrente a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, no trasgred\u00eda los derechos fundamentales del accionante, sino que se ajustaba a una legitima interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al asunto.
\nSin embargo, contrario al criterio mayoritario, consider\u00f3 que el Juzgado si vulner\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n del promotor de la acci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual era necesario conceder el amparo.
\nEn efecto, aunque el C\u00f3digo General del Proceso introdujo varios cambios en el r\u00e9gimen de los medios de impugnaci\u00f3n, a ninguna de sus previsiones puede atribu\u00edrsele el efecto que la decisi\u00f3n del fallador dio a la falta de comparecencia a la audiencia, y si bien no se desconoce que en virtud de la implementaci\u00f3n del sistema procesal de oralidad 41as actuaciones se cumplir\u00e1n en formo oral> p\u00fablica y en audiencias, (art. 30), a la par
\ndebe admitirse que la misma codificaci\u00f3n consagra excepciones
\nque son aquellas actuaciones que \/expresamerate se autorice realizar <\/p>\n

por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva, (ib\u00eddem), de ah\u00ed que la
\noralidad no tenga el alcance absoluto y totalizador sobre las formas procesales que algunos quieren ver en ella, y que no todos los escritos presentados por las partes pueden considerarse desprovistos de efectos en ausencia de actuaci\u00f3n oral.
\nTrat\u00e1ndose de los recursos ordinarios, los art\u00edculos 318, 322, 331 y 353 del citado estatuto evidencian que es admisible y procedente la sustentaci\u00f3n escrita de tales mecanismos, los cuales materializan el derecho a controvertir las decisiones judiciales como una de las m\u00e1s, claras manifestaciones de las garant\u00edas fundamentales de defensa y debido proceso.
\nEl art\u00edculo 318 establece que el recurso de reposici\u00f3n
\ndeber\u00e1 interponerse con expresi\u00f3n de las razones que lo sustenten\u00bb y si el
\nprove\u00eddo cuestionado se pronunci\u00f3 fuera de audiencia, el recurrente tendr\u00e1 que formulario \u00abpor escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto).
\nId\u00e9ntica regla se consagra para la apelaci\u00f3n de providencias que no se dicten en audiencia, pues de conformidad con el art\u00edculo 322, la interposici\u00f3n deber\u00e1 tener lugar \u00bben el acto de su notificaci\u00f3n persona\/ o por escrito dentro de los tres
\n(3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n por estado\u00bb (inciso 2); luego
\npreceptiva que trat\u00e1ndose de autos. \u00abel apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez que dict\u00f3 la providencia, dentro de los tres (3) d\u00edas
\nsiguientes a su notificaci\u00f3n, o a la del auto que niega la reposici\u00f3n\u00bb y finalmente expresa que resulta la _reposici\u00f3n y concedida la
\napelaci\u00f3n, gel apelante, si lo considera necesario, podr\u00e1 agregar nuevos
\nargumentos a su impugnaci\u00f3n, dentro del plazo se\u00f1alado en este numeral\u00bb <\/p>\n

{lo que necesariamente se har\u00e1 por escrito.
\nSi el apelado es un fallo proferido en audiencia, la norma estatuye que el recurso se interpondr\u00e1 den forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00ab y all\u00ed mismo o \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n \u00ab, el apelante deber\u00e1 \u00abprecisar, de manera breve, lo reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u00ab, y en cuanto a la apelaci\u00f3n adhesiva se indica que aquella se interpone a trav\u00e9s de \u00abescrito de adhesi\u00f3n\u00ab presentado ante el juez, \u00abmientras el expediente se encuentre en su despacho o ante el superior-hasta el vencimiento del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite apelaci\u00f3n de la sentencia\u00bb.
\nEl art\u00edculo 331 respecto de la s\u00faplica expresa que deber\u00e1 interponerse \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresar\u00e1n las razones de su inconformidad\u00bb.
\nY por \u00daltimo, en relaci\u00f3n con el recurso de queja, precept\u00faa el art\u00edculo 353 que el \u2022escrito se mantendr\u00e1 en la secretar\u00eda por tres (3) d\u00edas a disposici\u00f3n de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno\u00bb.
\nLa rese\u00f1a precedente deja en evidencia que el legislador ha autorizado la formulaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n escrita de los recursos
\nordinarios en ciertos eventos, incluso trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n del fallo, aunque haya sido proferido en audiencia.
\n2. En lo que ata\u00f1e al deber de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra autos y sentencias, es necesario atender que el art\u00edculo 322 citado establece que <sil el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de <\/p>\n

primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando
\nno se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en
\neste numeral El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentada.
\nDel precitado texto surge que la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscribe a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia. <\/p>\n

Luego, agotado y cumplido, como lo estaba, el objeto de la fase de sustentaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 327, no hab\u00eda lugar a exigirle a la parte recurrente otra sustentaci\u00f3n, es decir, que adicional a las presentada ante el a-quo, se realizara otra verbal en la audiencia ante a-quem.
\nEn ese contexto, la inasistencia de la parte demandante no pod\u00eda constituir un obst\u00e1culo para proferir el fallo de segunda instancia, pues habi\u00e9ndose sustentado la apelaci\u00f3n antes de la audiencia convocada por el Juez de segunda instancia aquel no <\/p>\n

pod\u00eda tenerla por inexistente por presentada y menos declarar desierta la impugnaci\u00f3n.
\nAl obrar de ese modo, el Juzgado a mi juicio, no solo falt\u00f3 a su deber de resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n y de acuerdo a su competencia, sino que impuso una sanci\u00f3n que la ley estableci\u00f3 para supuestos de hecho disimiles al previsto en el art\u00edculo 322 del C.G.P., toda vez que la inasistencia del apelante a la audiencia contemplada en el precepto 327, no equivale necesariamente a falta de sustentaci\u00f3n del recurso.
\nSobre ese aspecto, no puede perderse de vista que las normas saricionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva' y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a 'todas las actuaciones judiciales y administrativas", conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma.
\nSobre el \u00faltimo postulado, la Corte Constitucional, en sentencia C-475 de 2004 sea al\u00e1:
\n1…) En efecto, dicho principio (el de legalidad de las sanciones que forma parte de las garant\u00edas integrantes de la noci\u00f3n de debido <\/p>\n

Precept\u00faa e1 articula 31 del C\u00f3digo Civil que dio favorable i odioso de una disposid\u00e1n no se tornar\u00e1 en atenta para ampliar o restringir su interpretaci\u00f3n. La extensi\u00f3n que deba darse a toda ley se determinar, por su genuino sentido y seg\u00fan las regias de interpretaci\u00f3n precedente
\nproceso. exige la determinaci\u00f3n precisa de las penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poner punitivo estatal su operancia no se restringe a los asuntos penales, sino que tiene plena validez en el campo de la actividad sancionatoria de la Administraci\u00f3n, toda vez que la misma Carta enuncia que 'El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.' (CP art. 29). (…) el comportamiento sancionable debe estar precisado inequ\u00edvocamente como tambi\u00e9n la sanci\u00f3n_gue corresponde, a fin_ de garantizar el derecho al debido proceso a que alude el art\u00edculo 29 superior (Resalta la Sala) <\/p>\n

Luego, al declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, que es una sanci\u00f3n para el recurrente que incurre en el comportamiento sancionable previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, que es \u00danica y exclusivamente la falta de sustentaci\u00f3n, el juzgador tanto de primera como de segunda instancia debe obrar con estricta sujeci\u00f3n a la ley y con la mayor cautela, moderaci\u00f3n y sensatez, pues la aplicaci\u00f3n injustificada de semejante castigo entra\u00f1a una restricci\u00f3n excesiva de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el que se encuentra contenida la garant\u00eda de la tutela jurisdiccional efectiva. <\/p>\n

Aunque las actuaciones deban cumplirse en forma oral y en audiencia, no puede ignorarse que la implementaci\u00f3n de ese modelo tiene como finalidad que los usuarios cuenten con una administraci\u00f3n de justicia c\u00e9lere y efectiva, en cuyas actuaciones por mandato del art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe prevalecer el derecho sustancial, lo que tambi\u00e9n impone el art\u00edculo 11 del C.G.P. que, como uno de sus principios fundamentales, establece que \u00abal interpretar la ley procesal el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial'. <\/p>\n

De modo que el segui400 estricto del sistema oral, que adem\u00e1s no es absoluto, pues el legislador mantuvo vigentes algunas actuaciones escritas, no puede emplearse como pretexto para restringir los derechos de los intervinientes en el proceso, porque el respeto de las formas propias de cada juicio no implica en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos; por el contrario, la primac\u00eda de lo sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.
\nAl respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-207 de 4 de abril de 2017, expuso que:
\n\/L'a aplicaci\u00f3n de las reglas de car\u00e1cter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales. Ha encontrado que:
\n"Si bien la actuaci\u00f3n judicial se presume legitima, se torna de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad institucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administraci\u00f3n de justicia
\nY con mayor contundencia indic\u00f3:
\n"el juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este \u00faltimo llega a tener la connotaci\u00f3n de fundamental, ignora claramente el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica que traza como par\u00e1metro de la administraci\u00f3n de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
\n(…) si el derecho _procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nuqatorio un derecho del cual es titular quien acude a administraci\u00f3n de justicia desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad ser medio para la efectiva <\/p>\n

realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228)."
\n(…) As\u00ed lo ha considerado la Corte incluso para el caso de los
\nprocedimientos de casaci\u00f3n, en los cuales el rigor procesal exige el
\ncumplimiento de especiales y particulares requisitos formales.
\n(Subrayado fuera del texto). <\/p>\n

La anterior normatividad procesal con la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 (art. 352 C.P.C.), de manera an\u00e1loga al C\u00f3digo General del Proceso, establec\u00eda que la sustentaci\u00f3n de la alzada deb\u00eda realizarse \u00abante el juez o tribunal que deban resolverlo\u00bb, es decir, el superior funcional; empero, al interpretar dicha norma esta Corporaci\u00f3n y la Corte Constitucional coincidieron en, que deb\u00eda entenderse que el apelante ten\u00eda la posibilidad de sustentar la impugnaci\u00f3n ante el juez de conocimiento o ante el superior que deb\u00eda resolverla.
\nEn providencia de 22 de noviembre de 2010, esta Sala sostuvo:
\n[pilen se conoce que la reciente reforma procesal civil dio en revivir el
\nrequisito de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. Y puntualiz\u00f3
\nciertamente que ha de sustentarse "ante el juez o tribunal que deba <\/p>\n

art\u00edculos 359 y 360 in fine.
\nNo conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojar\u00e1 luces sobre el particular ser\u00e1 aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelaci\u00f3n. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aun sigue operando el art\u00edculo 357 del mismo c\u00f3digo, y, por lo tanto, la "apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante". Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, "o se entiende" para emplear la propia expresi\u00f3n de la ley, que sobre eso versa la apelaci\u00f3n. As\u00ed ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentaci\u00f3n con car\u00e1cter obligatorio, so pena de deserci\u00f3n del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien as\u00ed conocer\u00e1 m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad-quem con m\u00e1s expresividad. Como es f\u00e1cil descubrirlo, all\u00ed lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallado. r se entere de modo expreso de lo que t\u00e1citamente est\u00e1 obligado a averiguar.
\nAs\u00ed las cosas, la inteligencia de la reforma en el punto no es la de que fatalmente deba sustentarse el recurso ante el superior. La norma habl\u00f3, s\u00ed, de que se sustentar\u00e1 'ante el juez o tribunal" que deba resolver la apelaci\u00f3n, pero no puede echarse al olvido que enseguida a\u00f1adi\u00f3 que "a m\u00e1s tardar" dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360… Por lo dem\u00e1s, nada justificar\u00eda semejante sacrificio al derecho de defensa, si es que de la sustentaci\u00f3n que se haga, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, al momento mismo de interponerlo, se enterar\u00e1 necesariamente el superior Ninguna diferencia sustancial, pues, hau entre alegar all\u00e1 y 'hacerlo ac\u00e1. El enteramiento del superior, que es lo prevalente, ser\u00e1 en todo caso igual. Con el agregado, desde luego, de que si la segunda instancia debe surtirse en sede diferente a la del juez que dict\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, ya tal posibilidad de sustentar ante \u00e9ste, am\u00e9n de armoniosa con el principio aludido, resulta por dem\u00e1s provechosa al principio de econom\u00eda (Rad. 2010-01969-01, citada en CSJ SC, 2 Abr. 2013, Rad. 2011-02620-00; se destaca).
\nA su vez, la Corte Constitucional, compartiendo la interpretaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en sentencia T-449 de 2004, indic\u00f3: <\/p>\n

\u00abPara esta Sala de Revisi\u00f3n, es pertinente recordar que el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios tienen la obligaci\u00f3n de interpretar las normas de manera que todos los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jur\u00eddicos. Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s de la cual se pretende otorgar un contenido arm\u00f3nico a todas las disposiciones que componen un sistema jur\u00eddico integral. Este es el prop\u00f3sito previsto en el inciso 10 del art\u00edculo 300 del C\u00f3digo Civil, el cual al se\u00f1alar las reglas de interpretaci\u00f3n de las leyes, establece que "[e]l contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda."
\nEn efecto, si en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se hace una interpretaci\u00f3n de conformidad con los principios que orientan el recurso de apelaci\u00f3n, se debe concluir que al establecerse la sustentaci\u00f3n obligatoria del recurso, so pena de la deserci\u00f3n del mismo, se busca facilitar la tarea del juzgador, al saber m\u00e1s de cerca el inconformismo del apelante… Por ello, cuando la norma en cuesti\u00f3n consagra que "[E]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo… ", es porque precisamente permite acudir ante cualquiera de ellos. Dicha interpretaci\u00f3n se deriva del alcance de los principios de conservaci\u00f3n del derecho y de favorabilidad.
\nBajo esta perspectiva, si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del int\u00e9rprete preferir aquella que m\u00e1s garantice el ejercicio efectivo de los derechos; en aras de preservar \u00e1l m\u00e1ximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en trat\u00e1ndose de normas procesales y de orden p\u00fablico dicha interpretaci\u00f3n debe privilegiar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia U los presupuestos que orientan el debido proceso. Pero, en caso contrario, es decir, cuando la interpretaci\u00f3n dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisi\u00f3n se introduce en el terreno de la irrazonabilidad tomando procedente el amparo tutelar (el subrayado no es del texto).
\nNo obstante que los anteriores pronunciamientos no alud\u00edan al art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, brindan suficiente orientaci\u00f3n sobre la forma en que debe interpretarse ese precepto a fin de no vulnerar garant\u00edas fundamentales de las partes, dado que la finalidad de la sustentaci\u00f3n del recurso <\/p>\n

de apelaci\u00f3n ante el superior no es otra que facilitar, que no
\ndesplazar, aquella labor del juzgador de conocer m\u00e1s de cerca los argumentos del apelante.
\nDe manera que cuando tal cometido se encuentra cumplido, porque la sustentaci\u00f3n fue realizada previo a la audiencia del art\u00edculo 327 del C.G.P., necesariamente se van a enterar el juzgador de segunda 'instancia y los dem\u00e1s sujetos procesales, es decir, los no impugnantes, desconocer dicho acto de la parte comporta un excesivo ritualismo que en pro de salvaguardar la forma sacrifica el derecho de defensa, pues ninguna diferencia sustancial existe entre la fundamentaci\u00f3n presentada cuando el expediente o sus copias a\u00fan no han sido remitidas al superior y la expuesta ante \u00e9ste, o entre la que se efect\u00faa oralmente y aquella consignada en escrito en cualquiera de las instancias.
\nEn l\u00ednea con esa interpretaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en un reciente pronunciamiento en el que se\u00f1al\u00f3 establec\u00eda un cambio jurisprudencial, apart\u00e1ndose de lo considerado en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, sostuvo que:
\nDel precitado texto surge que la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente se presenta en las tres hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, la \u00faltima de las cuales se circunscrib\u00e9 a que no se haya sustentado la impugnaci\u00f3n, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del proceso, omisi\u00f3n a la que, ni \u00e9ste ni el precepto 322 le asign\u00f3 esa consecuencia.
\nDe manera que si el recurrente: sustenta el recurso de apelaci\u00f3n, previo a la audiencia a que alude el citado art\u00edculo 327, al momento de interponerlo o dentro de los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, expresando coi suficiencia \u00ablas razones de su inconformidad con la pr\u00e1videncia apelada\u00bb que es lo que, seg\u00fan el <\/p>\n

art\u00edculo 322 ejusdem, se\u00f1ala, no habr\u00eda lugar a exigirle a la parte una doble sustentaci\u00f3n es decir, que adicional a la presentada ante el a\u001fguo, realice otra ante el superior.
\nPor lo que la inasistencia del apelante a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segunda instancia per se no habilita la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso, bien al t\u00e9rmino de la diligencia donde se dict\u00f3 la sentencia o dentro de los tres d\u00edas siguientes a ese acto procesal (inciso 2\u00b0, art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso), es viable decidir su censura, en atenci\u00f3n:, precisamente, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y a la necesidad de garantizar a los sujetos procesales, partes e intervinientes en un litigio, derechos de raigambre superior como el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n y doble instancia.
\nY concluy\u00f3:
\nEn ese sentido y a partir de la fecha se advierte el cambio jurisprudencial en punto a que interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n y sustentado en debida forma ante el a-quo, el juez de alzada debe tramitarlo, as\u00ed el interesado no visita a la audiencia de sustentaci\u00f3n por \u00e9l programa, pues con ello se garantiza no solo el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino a un proceso justo, y recto; ya que esta Sala ven\u00eda sosteniendo de tiempo atr\u00e1s que aun cuando el apelante sustentara el recurso, su no asistencia a la audiencia ante el superior, habilitaba al juez a declararlo desierto.
\n(ST13467-2018, 7 mar. 2018, Rad. 78527; STL3470-2018, Rad. 788847, de la misma fecha.).
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, salvo mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t3\u00b0. PROCESO ORAL Y POR AUDIENCIAS. Las actuaciones se cumplir\u00e1n \ten forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que \texpresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n \tamparadas por reserva (\u2026)\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16094-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00850-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 8 de octubre de 2018 por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}