{"id":102179,"date":"2026-07-01T21:52:57","date_gmt":"2026-07-01T21:52:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102179"},"modified":"2026-07-01T21:52:57","modified_gmt":"2026-07-01T21:52:57","slug":"stc16103-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16103-2018\/","title":{"rendered":"STC16103-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16103-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02213-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la tutela promovida por Sa\u00fal Gonzaga Ram\u00edrez Alzate, frente a la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Adjunto Laboral de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario de \u201creconocimiento de pensi\u00f3n\u201d adelantado por el aqu\u00ed quejoso al Departamento de Antioquia. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor de este auxilio exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, entre otras, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Sa\u00fal Gonzaga Ram\u00edrez Alzate promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra el Departamento de Antioquia, para obtener la \u201cpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u201d, en los t\u00e9rminos de la convenci\u00f3n colectiva pactada en 19701, entre el referido ente territorial y \u201csu sindicato de trabajadores\u201d. <\/p>\n

Sostiene que ese litigio fue zanjado por el Juzgado Primero Adjunto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien neg\u00f3 las pretensiones invocadas, determinaci\u00f3n confirmada por el tribunal convocado en sentencia de 11 de agosto de 2011. <\/p>\n

El accionante de ese decurso interpuso casaci\u00f3n; empero, la Sala de descongesti\u00f3n tutelada \u201cno cas\u00f3\u201d el fallo censurado. <\/p>\n

Se duele el petente porque en el comentado subex\u00e1mine se realiz\u00f3 \u201cuna valoraci\u00f3n irrazonable\u201d de las normas convencionales que reg\u00edan ese asunto, pues se concluy\u00f3 que el requisito de edad para obtener la memorada prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, \u201c(\u2026) deb\u00eda cumplirse en vigencia de la relaci\u00f3n laboral (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que contrar\u00eda el \u201cprincipio de favorabilidad\u201d estipulado constitucionalmente a favor del trabajador. <\/p>\n

3. Requiere, en concreto, se reconozca la pensi\u00f3n exigida en el pleito bajo estudio. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. La Sala de Descongesti\u00f3n querellada se opuso al ruego se\u00f1alando que \u201c(…) la acci\u00f3n de tutela no fue creada como instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico es el m\u00e1s valido, como lo pretende el [ahora actor] (\u2026)\u201d (fl. 80 a 81). <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

La sentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n emitida por la Corporaci\u00f3n [fustigada] es razonable, por cuanto la determinaci\u00f3n cuestionada es producto de una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, por lo que mal podr\u00eda el fallador constitucional desconocer esa decisi\u00f3n, que se insiste, est\u00e1 cimentada en el criterio del funcionario competente y conforme a las normas existentes, sin que el mero desacuerdo del actor tenga la virtualidad de desquiciar esa manifestaci\u00f3n. (\u2026)\u201d (fls. 95 a 107). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor (fls. 114 a 115). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral infiri\u00f3 razonadamente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n ning\u00fan dislate pudo incurrir el ad quem, pues la intelecci\u00f3n que le dio a la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970, en armon\u00eda con la s\u00e9ptima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo adiada el 30 de noviembre de 1978, se aviene \u00edntegramente a lo que all\u00ed se pact\u00f3, tal como pasa a explicarse:\u201d <\/p>\n

\u201cDicha cl\u00e1usula establece: (\u2026) El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad\u201d. <\/p>\n

\u201cFrente a la interpretaci\u00f3n de esta misma cl\u00e1usula convencional, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente en sentencia CSJ SL17982-2017, reiterada en sentencia CSJ SL726-2018, as\u00ed: Entonces al revisar objetivamente la cl\u00e1usula convencional, se observa que de su contenido es dable extraer, como lo entendi\u00f3 el juez plural, que la intensi\u00f3n de las partes fue pactar que los 20 a\u00f1os de servicios para el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal, deber\u00edan ser prestados al Departamento de Antioquia y que los 50 a\u00f1os de edad se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, lo que resulta l\u00f3gico, dado que lo usual, como arriba qued\u00f3 precisado, es que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se ocupe s\u00f3lo de los servicios prestados por los trabajadores al empleador que suscribe el convenio de trabajo y al cual se obliga, o como lo concluy\u00f3 el sentenciador de alzada, no es posible que recaigan los efectos de las convenciones colectivas suscritas por el Departamento de Antioquia y su sindicato de trabajadores, sobre per\u00edodos o tiempos laborados en otras entidades o empresas, en este caso para el Municipio de Medell\u00edn; cosa diferente ser\u00eda si las partes en los acuerdos extralegales prev\u00e9n tales sumatorias, lo cual lejos estuvo de ocurrir en el caso de autos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En consecuencia, como el actor no acredit\u00f3 haber cumplido los 20 a\u00f1os de servicio al aqu\u00ed demandado, pues con el citado ente territorial, s\u00f3lo labor\u00f3 18 a\u00f1os y 254 d\u00edas; adem\u00e1s como aparece demostrado en el expediente, el demandante cuando se retir\u00f3 del citado ente territorial, 5 de diciembre de 2005, no hab\u00eda consolidado los 50 a\u00f1os de edad a que se refiere la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva suscrita el 9 de diciembre de 1970, pues s\u00f3lo los vino a cumplir el 21 de julio de 2007, se concluye que no se equivoc\u00f3 el Tribunal al inferir que el se\u00f1or Sa\u00fal Gonzaga Ram\u00edrez Alzate no tiene derecho a la pensi\u00f3n extralegal a cargo de la demandada Departamento de Antioquia\u201d. <\/p>\n

\u201c[E]s pertinente recordar que el principio de favorabilidad no opera frente a la valoraci\u00f3n probatoria que hagan los jueces, sino de cara a la interpretaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas. De entenderse que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es fuente formal del derecho, dicho postulado o el de in dubio pro operario operar\u00eda bajo el supuesto de existir dos o m\u00e1s interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier choque interpretativo el que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquel originado a partir de dos o m\u00e1s interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas, tal como lo ha dicho la Sala, entre otras en sentencia SL18110-2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. Aunque el convocante no comparta los anteriores argumentos, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza para permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
\nN\u00f3tese, la Sala tutelada sigui\u00f3 sus propios lineamientos frente al tema debatido en el litigio subex\u00e1mine, en los cuales esa corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que las normas estipuladas en una convenci\u00f3n colectiva, cobijan al trabajador mientras su v\u00ednculo laboral se encuentre vigente, por tanto, no se pueden extender sus efectos a situaciones posteriores a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo. <\/p>\n

3. En el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20162, precisa que aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para el efecto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aqu\u00e9llas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente; situaci\u00f3n que no se otea en este caso. <\/p>\n

La cuesti\u00f3n controvertida deja clara la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica que cumple el recurso de casaci\u00f3n, otorgando seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima a la ciudadan\u00eda, en la labor de los jueces, al concentrar la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica y de la coherencia del sistema normativo, as\u00ed como la fijaci\u00f3n de los derroteros doctrinales en cabeza del juez permanente de la casaci\u00f3n y no en la de unos de naturaleza transitoria como acontece con los de descongesti\u00f3n. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.
\n5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.
\n3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

2 \tPor \tla cual se modifican los art\u00edculos\u00a015\u00a0y\u00a016\u00a0de \tla Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de \tJusticia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de \tdescongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \tCorte Suprema de Justicia.
\n3 \tCSJ \tSTC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \tde 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16103-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02213-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}