{"id":102182,"date":"2026-07-01T21:53:21","date_gmt":"2026-07-01T21:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102182"},"modified":"2026-07-01T21:53:21","modified_gmt":"2026-07-01T21:53:21","slug":"stc16106-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16106-2018\/","title":{"rendered":"STC16106-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16106-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-001-2018-00031-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto a la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en la tutela incoada por Javier Alejandro C\u00e1rdenas Ya\u00f1ez, obrando en representaci\u00f3n de su menor hija XXXX contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia y la Defensor\u00eda del Centro Zonal del ICBF, ambas de la mencionada localidad, la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Familia de Norte de Santander y la se\u00f1ora MMEM, con ocasi\u00f3n del asunto de custodia y cuidado personal impulsado por el aqu\u00ed actor frente a la prenombrada se\u00f1ora. <\/p>\n

1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, libertad de expresi\u00f3n y libre desarrollo de la personalidad, presuntamente lesionados a su menor hija XXXX, por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. Del intrincado escrito genitor, se extrae en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

El 5 de octubre de 2017, la juez accionada profiri\u00f3 sentencia otorgando la custodia de XXXX a su progenitora, desconociendo que para aquella \u00e9poca, la Fiscal\u00eda Segunda CAVIF de C\u00facuta hab\u00eda formulado contra \u00e9sta imputaci\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar agravado, por agraviar f\u00edsica y psicol\u00f3gicamente a la ni\u00f1a. <\/p>\n

Indica que la juzgadora no tuvo en cuenta que en diferentes valoraciones psicol\u00f3gicas que se practicaron a la menor, \u00e9sta manifest\u00f3 su voluntad de vivir al lado de su padre, al ser v\u00edctima de agresiones permanentes por parte de la madre y sus abuelos maternos. <\/p>\n

Afirma que el 8 de noviembre de 2017, llegaron a su residencia funcionarios del despacho querellado y de la comisar\u00eda de familia adscrita al mismo, con el fin de efectuar la diligencia de entrega de la ni\u00f1a; sin embargo, \u00e9sta no se pudo llevar a cabo por cuanto XXXX \u201cse aferr\u00f3\u201d a \u00e9l \u201cmostr\u00e1ndose renuente a cualquier contacto con su madre\u201d. <\/p>\n

Relata que el 21 de enero de 2018, en visita acordada con la madre de la ni\u00f1a, aquella le caus\u00f3 lesiones f\u00edsicas a \u00e9sta, gener\u00e1ndole una incapacidad de 5 d\u00edas, conforme al dictamen de medicina legal. Frente a esa circunstancia, apertur\u00f3 otra investigaci\u00f3n penal por violencia intrafamiliar, con ocasi\u00f3n del cual, el 6 de febrero siguiente se le otorg\u00f3 medida de protecci\u00f3n a la menor. <\/p>\n

El 12 de febrero de 2018 la Comisar\u00eda de Familia de Pamplona inici\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos a favor de la infante, ordenando su ubicaci\u00f3n provisional en la familia extensa Su\u00e1rez C\u00e1rdenas, decisi\u00f3n no convalidada en sede de consulta por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barbosa, quien dispuso efectuar la entrega inmediata de la menor a su progenitora. <\/p>\n

Dando cumplimiento a dicha orden, el 3 de agosto de este a\u00f1o, la Comisar\u00eda de Familia junto con su equipo disciplinario y la personera municipal acudieron a la residencia del quejoso, oportunidad en la que XXXX, nuevamente, manifest\u00f3 \u201cque no quiere volver con su madre ya que \u00e9sta la agred\u00eda\u201d, raz\u00f3n por la cual se reprogram\u00f3 la diligencia para el 25 de septiembre, data en la que tampoco se materializ\u00f3, por la inasistencia de la se\u00f1ora MMEM y su apoderado. <\/p>\n

3. Implora, en concreto, se ordene al despacho querellado, revocar la orden de entrega de XXXX a su madre, y en su lugar, atender a la voluntad de aqu\u00e9lla de quedarse con su padre. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. La juez confutada defendi\u00f3 su proceder aduciendo que el aqu\u00ed tutelante ha desplegado una serie de acciones penales y constitucionales para evitar el cumplimiento del fallo en el que le otorg\u00f3 la custodia de XXXX a su madre; determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 luego de valorar el dictamen forense que examin\u00f3 los rasgos de personalidad de los progenitores en contienda. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la diligencia de entrega de la ni\u00f1a a su mam\u00e1, programada para el 3 de octubre pasado, fue suspendida atendiendo al concepto de los organismos convocados a la misma, quienes advirtieron acerca de posibles riesgos para la integridad f\u00edsica y emocional de XXXX. <\/p>\n

Indic\u00f3 que respecto a la denuncia penal que adelant\u00f3 el aqu\u00ed gestor contra la se\u00f1ora MMEM por el delito de violencia intrafamiliar, en el expediente s\u00f3lo obra copia de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, hasta tanto no se profiera sentencia, declarando a \u00e9sta, autora material de dicha conducta punible, no puede presumirse su culpabilidad (fls. 103 a 106, cdno 1).
\n2. La Comisar\u00eda de Familia de Pamplona, indic\u00f3 que dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de XXXX, el 5 de junio de 2018 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de pruebas y fallo, en donde se concluy\u00f3 que a \u00e9sta se le hab\u00edan vulnerado sus derechos fundamentales (fls. 117 a 119, cdno. 1). <\/p>\n

3. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Norte de Santander – Fiscal\u00eda Segunda CAVIF, relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia, se\u00f1alando que a\u00fan no se ha practicado la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de la se\u00f1ora MMEM, de manera que los elementos materiales probatorios permanecen en reserva (fl. 225, cdno. 2). <\/p>\n

4. La Fiscal Primera Local de Pamplona, se\u00f1al\u00f3 que adelanta investigaci\u00f3n en contra de MMEM por el punible de violencia intrafamiliar -siendo v\u00edctima XXXX- en concurso con el delito de lesiones personales causadas al aqu\u00ed tutelante, por los hechos ocurridos el 21 de enero de 2018, actuaci\u00f3n en la cual se program\u00f3 audiencia para la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas, para el 22 de octubre pasado (fl. 225, cdno. 2). <\/p>\n

5. MMEM, manifest\u00f3 que al interior del proceso de custodia que curs\u00f3 ante el despacho accionado, se demostr\u00f3 que ni ella ni sus padres han consumado actos de violencia f\u00edsica en contra de XXXX, por cuanto de la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica efectuada a la menor por parte del Instituto de Medicina Legal de C\u00facuta, se concluy\u00f3 que respecto de \u00e9sta \u201c(\u2026) no se evidencian signos, ni s\u00edntomas psicol\u00f3gicos sugerentes de da\u00f1o como consecuencias de las agresiones denunciadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Afirma que la intenci\u00f3n del progenitor es valerse de acusaciones falsas en su contra y manipulaci\u00f3n hacia la ni\u00f1a, para evitar a toda costa el restablecimiento del v\u00ednculo materno filial. <\/p>\n

Aleg\u00f3 que contrario a lo se\u00f1alado por el quejoso, las lesiones causadas a XXXX en los hechos ocurridos el 21 de enero de 2018, le fueron propinadas por su t\u00edo paterno, situaci\u00f3n que malintencionadamente aprovech\u00f3 el accionante para calumniarla. <\/p>\n

Asever\u00f3 que ha sido v\u00edctima de violencia f\u00edsica y actos de intimidaci\u00f3n psicol\u00f3gica por parte de Javier Alejandro C\u00e1rdenas Ya\u00f1ez, a quien en la evaluaci\u00f3n cl\u00ednico forense de medicina legal le identificaron como hallazgos \u201c(\u2026) rasgos de personalidad predominante[mente] narcisistas y paranoides [que guardan] correspondencia (\u2026) con los hechos asociados al conflicto familiar y de custodia (\u2026)\u201d (fls.293 a 309, cdno. 2). <\/p>\n

6. La Procuradur\u00eda 11 Judicial II para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no incurrir con su acci\u00f3n u omisi\u00f3n en vulneraci\u00f3n de los derechos de la menor involucrada (fls. 424 y 425, cdno. 2). <\/p>\n

7. La Defensora del Centro Zonal de Pamplona del ICBF, se\u00f1al\u00f3 que en seis ocasiones ha actuado mancomunadamente con otras autoridades para la entrega voluntaria de la ni\u00f1a sin obtener resultados, pues dicho procedimiento no se puede adelantar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) de manera arbitraria, sino que debe propender por generar un espacio id\u00f3neo en el cual la ni\u00f1a (\u2026) acepte vivir con su se\u00f1ora madre y no realizarlo simplemente como cumplimiento de una orden judicial, pues est\u00e1[n] de por medio los derechos de la ni\u00f1a los cuales los padres no han propendido por ponderar, sino [que] ellos se encuentran en una batalla entre ellos y de por medio se encuentra la ni\u00f1a (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio por temeridad, al existir otro ruego con identidad de objeto, causa y partes (fls. 415 a 419, cdno. 2). <\/p>\n

8. La Personera del Municipio de Pamplona, manifest\u00f3 que concurri\u00f3 a la diligencia de entrega programada para el 3 de octubre hoga\u00f1o, oportunidad en la cual, el m\u00e9dico tratante que acompa\u00f1\u00f3 el procedimiento indic\u00f3 que XXXX presentaba un cuadro de taquicardia probablemente producido por los episodios de ansiedad que le genera el conflicto entre sus progenitores, recomendando su valoraci\u00f3n por psiquiatr\u00eda pedi\u00e1trica; as\u00ed mismo, el equipo psicosocial refiri\u00f3 afectaciones emocionales en la ni\u00f1a, todo lo cual conllev\u00f3 a la juez a ordenar la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n (415 a 422, cdno 2.). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras echar de menos el requisito de subsidiariedad pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) atendiendo a que la sentencia de custodia no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada por cuanto puede ser modificada por situaciones posteriores que lo ameriten en virtud de la protecci\u00f3n especial del ni\u00f1o, el accionante cuenta con el proceso ordinario de custodia y cuidados personales ante los juzgados de familia quienes cuentan con equipo interdisciplinario que permite abordar la situaci\u00f3n de hecho desde diferentes dimensiones en aras de encontrar entre lo posible, las mejores condiciones para la eficacia y garant\u00eda de los derechos del menor, en especial en su faceta de contradicci\u00f3n y defensa, y de la posibilidad de adoptar medidas preventivas que busquen la protecci\u00f3n del ni\u00f1o(a) (\u2026)\u201d (fls. 438 a 444, cdno 2.). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante reiterando los argumentos expuestos en el escrito genitor, e indicando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) no se puede desconocer que los derechos de la ni\u00f1a se han visto vulnerados por la juzgadora de familia, con las diligencias para materializar de manera caprichosa en contra de [su] voluntad (\u2026) y su temor a la progenitora el cumplimiento del fallo de 5 de octubre de 2017, desconociendo dos procesos penales que se adelantan en contra de (\u2026) quien se le otorg\u00f3 la custodia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Enfatiz\u00f3, adem\u00e1s, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional se\u00f1ala que \u201c(\u2026) la opini\u00f3n de los ni\u00f1os debe ser respetada y tenida en cuenta en los procesos que los afecten (\u2026)\u201d (fls. 459 a 463, cdno. 2). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De \tentrada se advierte la temeridad del actor, quien concurri\u00f3 a \testa jurisdicci\u00f3n en pasada ocasi\u00f3n alegando una \tsituaci\u00f3n similar a la actual. <\/p>\n

La Corte ha desestimado la protecci\u00f3n impetrada en ruegos como el presente, si <\/p>\n

\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Se observa que mediante sentencia de 31 de octubre de 2017, expediente N\u00b0 2017-0097, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona deneg\u00f3 el auxilio reclamado por el querellante frente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, donde, al igual que ahora, pidi\u00f3 dejar sin efectos el fallo de 15 de octubre de 2017, y en su lugar, atender a la voluntad de su hija de permanecer a su lado. En dicha providencia el mencionado colegiado estim\u00f3 razonable la decisi\u00f3n del despacho accionado, de otorgar la custodia de la menor a su progenitora. <\/p>\n

Impugnado el citado fallo constitucional, fue confirmado por esta Corte en providencia adiada el 15 de diciembre de 2017, por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) [l]as conclusiones [a las que arriba la juzgadora] son producto de motivaciones que no pueden calificarse de irrazonables, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n de los medios de prueba, circunstancias que, a juicio de la autoridad judicial encausada, era imperante definir en la progenitora la custodia y cuidado personal de la menor, puesto que no evidenci\u00f3 mejor manera de restablecer los v\u00ednculos afectivos que en la relaci\u00f3n madre-hija estaban quebrantados y advertido que aquella dificultad no se presentaba con el padre, pronunciamientos que efectu\u00f3 en defensa de los intereses de la infante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. Precisado lo antelado, el problema jur\u00eddico que analizar\u00e1 la Corte consiste en establecer si se vulneran los derechos fundamentales de la ni\u00f1a XXXX, toda vez que el juzgado accionado no ha hecho efectivo el cumplimiento del fallo mediante el cual otorg\u00f3 la custodia y cuidado personal de \u00e9sta a la madre; ello, por cuanto, de un lado, en la actualidad se adelantan investigaciones penales en contra de la progenitora por el presunto delito de violencia intrafamiliar, las cuales, recientemente, han motivado una serie de medidas de protecci\u00f3n emitidas por diferentes autoridades penales y administrativas que, con miras a restaurar las prerrogativas de la menor, suspenden la ejecuci\u00f3n de la referida sentencia; y, por el otro, atendiendo al hecho de que la voluntad de XXXX es permanecer bajo el cuidado de su padre. <\/p>\n

4. Seg\u00fan la informaci\u00f3n que obra en el expediente, tres medidas de protecci\u00f3n se han dispuesto en favor de la ni\u00f1a XXXX de 10 a\u00f1os de edad, con posterioridad al fallo del proceso de custodia, dos de ellas retrasando el cumplimiento de la entrega y una suspendi\u00e9ndolo. <\/p>\n

En punto a las dos primeras, se observa la estipulada en audiencia de 12 de junio de 2018 por la Comisar\u00eda de Familia de Pamplona, en la cual declar\u00f3 vulneradas las garant\u00edas de XXXX, disponiendo su ubicaci\u00f3n en un hogar sustituto; determinaci\u00f3n no homologada por la Juez Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, qui\u00e9n a trav\u00e9s de providencia de 24 de julio del mismo a\u00f1o, en su lugar, conmin\u00f3 a la referida entidad a desplegar las labores necesarias para concretar la entrega de XXXX a su mam\u00e1. <\/p>\n

En dicha decisi\u00f3n, se describi\u00f3 la conducta temeraria del aqu\u00ed promotor al impulsar una serie de acciones legales encaminadas a obstaculizar el cumplimiento del referido fallo. <\/p>\n

Adicionalmente, se adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) MACE, desde su nacimiento permaneci\u00f3 al lado de los padres inicialmente y luego de la madre. Se entreg\u00f3 la custodia y cuidado personal a uno de ellos por hechos violentos hacia la menor por los abuelos maternos, seg\u00fan se lee (fl-.595), a qui\u00e9nes se les decret\u00f3 en la audiencia penal de imputaci\u00f3n como medida el no acercarse a la ni\u00f1a, y en cuanto a la progenitora MMEM, no se le impuso; entonces no son ciertos los argumentos del padre que la violencia a su hija fue reiterativa el d\u00eda 21 de enero (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Los derechos de la menor MACE a la salud, educaci\u00f3n, est\u00e1n siendo vulnerados por el padre que ha omitido cumplir con el fallo judicial actuando contrario al inter\u00e9s superior de su hija, aunado a los hechos bochornosos que lo comprometen cuando la madre, procurando que sea acatada la orden judicial, la expone a maltrato no solo f\u00edsico, sino emocionalmente, por lo que desde ya este Despacho no homologar\u00e1 lo resuelto en audiencia de pruebas y fallo del 12 de junio de 2018 (sic) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En segundo lugar, se halla la medida conferida con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n con radicado N\u00ba 2017-00023, que cursa en la Fiscal\u00eda Segunda Cavif de la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas de Norte de Santander, por la denuncia incoada por el aqu\u00ed actor en contra de la progenitora de XXXX, por el presunto delito de violencia intrafamiliar; consistente en orden de alejamiento, \u00fanicamente, respecto de sus abuelos maternos. <\/p>\n

Finalmente, la derivada de la causa N\u00ba 2018-473 adelantada por la Fiscal\u00eda Primera Local de Pamplona, tambi\u00e9n iniciada por el actor en contra de su excompa\u00f1era por el mismo il\u00edcito; en la cual por auto de 22 de octubre de 2018, emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y Conocimiento de esa urbe, se neg\u00f3 la solicitud de alejamiento de la progenitora, formulada por el instructor; determinaci\u00f3n revocada por el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad, quien en su lugar, dispuso \u201c(\u2026) como medida preventiva de restricci\u00f3n a MMEM, acercarse a su hija XXXX, hasta tanto la juez de familia que concedi\u00f3 la custodia, revise nuevamente el caso atendiendo a los nuevos hechos elucidados (\u2026)\u201d (fl. 11 cdno. de la Corte). (fls. 4 y 5 cdno. de la Corte) <\/p>\n

5. De entrada ha de se\u00f1alarse la concesi\u00f3n del amparo al advertir una ostensible vulneraci\u00f3n a los derechos de la ni\u00f1a XXXX, por cuanto la juez accionada, no despleg\u00f3 las acciones necesarias tendientes a garantizar la tutela judicial efectiva de los mismos, como a continuaci\u00f3n se pasa a explicar. <\/p>\n

5.1. De las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se advierte que tal como lo se\u00f1al\u00f3 la juzgadora querellada en escrito allegado a esta Corporaci\u00f3n, la no materializaci\u00f3n efectiva del fallo de 5 de octubre de 2017, es consecuencia directa del comportamiento \u201ctemerario\u201d del aqu\u00ed promotor quien inconforme con el otorgamiento de la custodia de su hija a la progenitora, y vali\u00e9ndose de sus conocimientos como profesional del derecho, ha desplegado una serie injustificada de acciones judiciales de toda \u00edndole, tendientes a involucrar a distintas autoridades para torpedear el recto cumplimiento de la funci\u00f3n p\u00fablica de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

5.2. Ahora, al margen de ese proceder indebido del se\u00f1or C\u00e1rdenas Ya\u00f1ez, que eventualmente puede constituir una falta grave a su \u00e9tica profesional como abogado, y respecto del cual la juez, al evidenciar dicha situaci\u00f3n, pudo tomar medidas en uso de sus poderes correccionales; lo realmente cuestionable, es que teniendo conocimiento de los antecedentes del caso, la funcionaria jugara un papel manifiestamente pasivo para hacer cumplir la providencia judicial por ella emitida. <\/p>\n

Si la juez neg\u00f3 la custodia y el cuidado personal de XXXX a su padre, considerando que \u00e9ste ven\u00eda ejerciendo alienaci\u00f3n parental respecto de la ni\u00f1a, al despertarle una hostilidad injustificada y alimentarle un temor infundado hacia su madre, por supuestos hechos de violencia intrafamiliar que fueron desmentidos al interior del proceso y respecto de los cu\u00e1les, conforme al estado de las investigaciones penales en curso, a\u00fan se presume la inocencia de \u00e9sta; ese convencimiento, era motivo suficiente para que la funcionaria desplegara las acciones necesarias en aras de materializar el cumplimiento de su sentencia; no obstante, se limit\u00f3 a acudir a las diligencias de entrega y asentir en que, por distintas circunstancias, la misma no pod\u00eda practicarse. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n al deber del juez de hacer cumplir sus providencias, el alto tribunal constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cumplir con las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. El derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones, a saber: (i) la obligaci\u00f3n de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de protecci\u00f3n del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de realizaci\u00f3n del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia para plantear un problema jur\u00eddico, ni en su resoluci\u00f3n, sino que implica, tambi\u00e9n, que \u201cse cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados\u201d. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado, de manera excepcional, por medio de la acci\u00f3n de tutela, \u201cbajo el entendido de que la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s de expresarse en el respeto a las garant\u00edas establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jur\u00eddico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que est\u00e1 destinada\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Adem\u00e1s de afectar el acceso a la justicia, incumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza leg\u00edtima, de buena fe, de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicci\u00f3n leg\u00edtima y justificada de una persona que, al acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, espera una decisi\u00f3n conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Esa falta de determinaci\u00f3n del funcionario judicial para hacer cumplir sus prove\u00eddos, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva no s\u00f3lo de la madre involucrada en el asunto sino tambi\u00e9n de la menor a qui\u00e9n a\u00fan hoy no se le ha garantizado el restablecimiento de la relaci\u00f3n materno filial que se le resguard\u00f3 en la sentencia dictada el 5 de octubre de 2017. <\/p>\n

Sobre la anotada prerrogativa, esta Corporaci\u00f3n ha precisado:
\n\u201c(\u2026) La tutela judicial no es una simple declaraci\u00f3n formal, al Juez, como director del proceso y garante de la ley y de la Constituci\u00f3n, para la consolidaci\u00f3n del derecho material, le compete velar por el acatamiento real de la sentencia y controlar las tentativas del fraude a la resoluci\u00f3n judicial impartida, por cuanto, de nada sirve el reconocimiento de un derecho, si el funcionario no impuls\u00f3 su ejecuci\u00f3n o no se compromete con el cumplimiento de la respectiva decisi\u00f3n, cuando se halla ejecutoriada o en firme, o cuando mediada por el efecto devolutivo es llamada a obedecerla (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

6. Nuevamente, la Corte rechaza tajantemente cualquier forma de violencia hacia los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como sujetos de especial protecci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n hacia las mujeres al tratarse de un sector de la sociedad hist\u00f3ricamente discriminada. <\/p>\n

6.1. El comportamiento manipulador de los padres hacia los hijos, corresponde a un tipo de violencia de g\u00e9nero en donde la v\u00edctima no es solo el menor involucrado, sino tambi\u00e9n el progenitor que se ve injustamente vilipendiado por el excompa\u00f1ero transgresor. <\/p>\n

En el subj\u00fadice, se observa que al obstaculizar el cumplimiento de la referida sentencia de custodia y reforzar en XXXX una imagen negativa de su mam\u00e1, C\u00e1rdenas Ya\u00f1ez ha violentado psicol\u00f3gicamente a ambas, impidi\u00e9ndoles restablecer su v\u00ednculo materno filial; comportamiento propio de un hombre machista5 que asentado en su supuesta \u201csuperioridad como jefe de familia\u201d vulnera la dignidad de su propia hija y la de su excompa\u00f1era, e incluso, desconoce lo ordenado por una autoridad judicial. <\/p>\n

En este punto, vale la pena referir lo anotado recientemente por esta Corporaci\u00f3n, en donde precis\u00f3 que la violencia hacia la mujer no solo puede ser ejercida por el c\u00f3nyuge sino tambi\u00e9n por su excompa\u00f1ero: <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, esta Corte censura todo tipo de violencia de g\u00e9nero y reivindica los derechos de las mujeres, como grupo social hist\u00f3ricamente discriminado. Desde esta perspectiva, ha de precisarse que cuando una mujer es v\u00edctima de una relaci\u00f3n abusiva, independientemente de que se trate de su c\u00f3nyuge o excompa\u00f1ero, quien a trav\u00e9s del empleo de la fuerza f\u00edsica, actos de hostigamiento, acoso e intimidaci\u00f3n, la mancilla en su dignidad e integridad f\u00edsica y moral; ha de ser amparada por la sociedad y el Estado, y m\u00e1s a\u00fan, por parte de los jueces, como garantes en el restablecimiento de sus derechos (\u2026)\u201d6 (\u00c9nfasis fuera de texto). <\/p>\n

6.2. En este contexto, ha de se\u00f1alarse que si bien, tanto la normatividad nacional como los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad7, imponen que en toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta8; dicho imperativo no puede ser aplicable en forma absoluta, en los casos en que razonadamente se sospeche la presunta ocurrencia de un estado de alienaci\u00f3n parental, pues resulta claro que en dicho evento, la voluntad del menor se halla determinada por el padre controlador. <\/p>\n

Desde luego, ello debe ser sometido a una rigurosa valoraci\u00f3n probatoria que permita al juez llegar al pleno convencimiento sobre la imposibilidad del infante de emitir libremente su opini\u00f3n, sin perjuicio de la garant\u00eda al debido proceso tanto de \u00e9ste como de sus progenitores. <\/p>\n

6.3. En punto a los hechos de violencia intrafamiliar presuntamente perpetrados por la se\u00f1ora MMEM en contra de su hija XXXX, se observa que conforme a la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 la juez aqu\u00ed accionada al interior del proceso de custodia, esas acusaciones fueron desmentidas. <\/p>\n

De otro lado, el estado actual de las denuncias penales impetradas por el aqu\u00ed tutelante en contra de la madre de la menor, obligan a aplicar a favor de \u00e9sta la presunci\u00f3n de inocencia, de manera que hasta tanto no se emita sentencia condenatoria en su contra, y atendiendo a los antecedentes particulares del caso, no puede imped\u00edrsele a la progenitora el acercamiento hacia su hija. <\/p>\n

Ahora bien, al examinar los elementos probatorios adosados al plenario, se advierte que la se\u00f1ora MMEM, admite que en alguna ocasi\u00f3n si abofete\u00f3 a XXXX y la grit\u00f3 con el \u00e1nimo de disciplinar su comportamiento, infiriendo que por tratarse de un hecho aislado y de ninguna gravedad en la integridad f\u00edsica de la menor, ello no la convierte en autora del delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha de puntualizar que si bien los padres gozan de un poder correctivo hacia sus hijos, el prop\u00f3sito fundamental de esa potestad es y debe ser la educaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; es decir, contribuir positivamente a su desarrollo como ser humano, lo cual excluye, de plano, el acudir a cualquier tipo de maltrato f\u00edsico o psicol\u00f3gico. <\/p>\n

As\u00ed, aunque la Sala destaca la importancia de que los padres acompa\u00f1en activamente la crianza de sus hijos, para lo cual, deben ser consistentes a la hora de reprobar aquellos comportamientos que consideren reprensibles, ello no abre la posibilidad para que \u00e9stos recurran a agresiones como gritos, golpes, manipulaciones o cualquier forma de amedrentamiento, que aun cuando no sean apreciados socialmente como graves, causan una afectaci\u00f3n indeleble a nivel psico-afectivo en nuestros ni\u00f1os. <\/p>\n

De esta manera, el poder correccional no debe ser entendido como un salvoconducto de los progenitores o de quienes ejercen la custodia o gozan de la patria potestad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, para lesionarlos en su integridad f\u00edsica y moral, con la excusa de adiestrar su comportamiento; sino m\u00e1s bien como la potestad que le ha sido otorgada por la ley de intervenir libremente, desde el amor y el respeto, en la formaci\u00f3n moral de sus hijos para favorecer su adecuado desarrollo humano. <\/p>\n

7. Aunque le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n inmiscuirse en las actuaciones adelantadas por los jueces dentro del marco de sus competencias, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, esta Corte ha sostenido, en casos como el presente, que \u201c(\u2026) estando en juego derechos fundamentales de quienes merecen protecci\u00f3n reforzada, por la necesidad de resguardo que de los mismos se requiera para restablecerlos, sin duda, bien puede, excepcionalmente y por razones supremas, posibilitar[se] la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tales \u00e1mbitos (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

Dicha intromisi\u00f3n queda respaldada, adem\u00e1s, por la Convenci\u00f3n Interamericana de los Derechos del Hombre que en su art\u00edculo 19 establece: \u201c(\u2026) Todo ni\u00f1o tiene derecho a las medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (\u2026)\u201d, y guarda sinton\u00eda con el principio de inter\u00e9s superior del menor, consagrado en el canon 3 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, en virtud del cual todas las decisiones respecto de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que tomen las instituciones p\u00fablicas, entre las que se hallan las autoridades jurisdiccionales, deben estar basadas en la consideraci\u00f3n del inter\u00e9s superior de \u00e9stos. <\/p>\n

7.1. Podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos; no obstante, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8. Por los argumentos aqu\u00ed esbozados se conceder\u00e1 el amparo invocado respecto de la menor XXXX, en consecuencia, se ordenar\u00e1 a la titular del estrado accionado, que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas emita nuevo pronunciamiento atendiendo a las recientes circunstancias dilucidadas y a las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

En dicha decisi\u00f3n deber\u00e1 disponer que tanto XXXX como su mam\u00e1, reciban apoyo psicoterap\u00e9utico en aras de lograr progresivamente la recuperaci\u00f3n del v\u00ednculo materno filial que ha sido menoscabado; y determinar las medidas que considere necesarias para el pronto y efectivo cumplimiento del fallo. <\/p>\n

La materializaci\u00f3n de esa sentencia no podr\u00e1 exceder el plazo de un mes contado desde la fecha de expedici\u00f3n del aludido prove\u00eddo, salvo que el an\u00e1lisis de ulteriores elementos probatorios impongan otra cosa, evento en el cual la funcionaria deber\u00e1 emitir una providencia debidamente motivada, explicando dicha circunstancia. <\/p>\n

Asimismo, teniendo en cuenta que como producto de las circunstancias, en la actualidad, la relaci\u00f3n afectiva entre XXXX y su padre es muy estrecha, le corresponder\u00e1 a la juez establecer la pertinencia de regular un r\u00e9gimen de visitas, con el fin de no afectar negativamente el v\u00ednculo paterno-filial. Para este prop\u00f3sito, el progenitor deber\u00e1 acreditar que ha recibido intervenci\u00f3n en psicolog\u00eda cl\u00ednica a trav\u00e9s de su entidad prestadora de salud o de la instituci\u00f3n que designe la juez, en aras de garantizar el respeto y el buen trato en el relacionamiento con su excompa\u00f1era e hija. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tREVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para, en su lugar, conceder el amparo invocado respecto de la menor XXXX. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas emita nuevo pronunciamiento atendiendo a las recientes circunstancias dilucidadas y a las consideraciones aqu\u00ed expuestas, particularmente lo indicado en su numeral octavo. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 13 \tde febrero de 2013, exp. 00168-00; \treiterada el 20 \tde marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.
\n2 \tCSJ, STC 21589 -2017
\n3 \tCorte Constitucional, Sentencia C-367-14.
\n4 \tCSJ, STC, Rad. 2016-308.
\n5 \tT\u00e9ngase en cuenta que en la evaluaci\u00f3n psicol\u00f3gica \tpracticada a C\u00e1rdenas Y\u00e1\u00f1ez, al interior del \tproceso de familia por la profesional de medicina legal, se \tidentificaron como hallazgos \u201c(\u2026) \trasgos \tde personalidad predominante[mente] \tnarcisistas y paranoides \t[que guardan] correspondencia \t(\u2026) \tcon los hechos asociados al conflicto familiar y de custodia \t(\u2026)\u201d.
\n6 \tCSJ, STC, Rad. 2018-00245-01.
\n7 \tEl art\u00edculo 12 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del \tNi\u00f1o, dispone: \u201c(\u2026) 1. Los \tEstados Partes garantizar\u00e1n al ni\u00f1o que est\u00e9 en \tcondiciones de formarse un juicio propio del derecho a expresar su \topini\u00f3n libremente en todos los asuntos que afecten al ni\u00f1o, \tteni\u00e9ndose debidamente en cuenta las opiniones del ni\u00f1o, \ten funci\u00f3n de la edad y madurez del ni\u00f1o. 2. \tCon tal fin, se dar\u00e1 en particular al ni\u00f1o oportunidad \tde ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que \tafecte al ni\u00f1o, ya sea directamente o por medio de un \trepresentante o de un \u00f3rgano apropiado, en consonancia con \tlas normas de procedimiento de la ley nacional.
\n8 \tArt\u00edculo 26, C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia.
\n9 \tCSJ. STC de \t9 de septiembre \tde 2014, exp. 17001-22-13-000-2014-00225-01.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n26<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16106-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-001-2018-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto a la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018 por la Sala \u00danica del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}