{"id":102184,"date":"2026-07-01T21:53:58","date_gmt":"2026-07-01T21:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102184"},"modified":"2026-07-01T21:53:58","modified_gmt":"2026-07-01T21:53:58","slug":"stc16108-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16108-2018\/","title":{"rendered":"STC16108-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16108-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2018-00334-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 12 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la salvaguarda promovida por Beatriz Eugenia P\u00e9rez P\u00e9rez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores Luisa Fernanda, Emmanuel y Jer\u00f3nimo Cardona P\u00e9rez, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello (Antioquia), con ocasi\u00f3n del ejecutivo hipotecario n\u00ba. 2017-129, seguido por H\u00e9ctor Alonso Corrales Restrepo, a Pablo Alex\u00e1nder Pel\u00e1ez Rodr\u00edguez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del auxilio demanda la protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y vivienda digna, aparentemente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Luis Fernando Cardona (q.e.p.d.), quien en vida fuera el compa\u00f1ero permanente de Beatriz Eugenia P\u00e9rez P\u00e9rez y padre de los restantes accionantes, el 20 de marzo de 2016 celebr\u00f3 promesa de compraventa del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00ba. 01N-29067, con el se\u00f1or Pablo Alex\u00e1nder Pel\u00e1ez Rodr\u00edguez como promitente vendedor. Seg\u00fan la tutelante, el precio convenido se pag\u00f3; empero, la transferencia no se realiz\u00f3, sin embargo, ella y sus hijos actualmente ocupan el lugar. <\/p>\n

El contratante presuntamente incumplido, constituy\u00f3 hipotecas sobre el predio de mayor extensi\u00f3n donde se halla construido el referenciado apartamento, en favor de M\u00f3nica Alejandra Ramos Gonz\u00e1lez y Rodrigo Antonio L\u00f3pez Casta\u00f1eda, mediante escrituras p\u00fablicas 0695 y 1501, del 15 de abril y 27 de julio de 2015, en su orden. <\/p>\n

Posteriormente, las prerrogativas derivadas de aqu\u00e9llos documentos fueron cedidas a H\u00e9ctor Alonso Corrales Restrepo, quien inici\u00f3 el compulsivo 2017-129 para hacer efectiva las garant\u00edas reales. <\/p>\n

Estimando espurios los t\u00edtulos soporte de ese coercitivo, los ac\u00e1 promotores emprendieron dos juicios de simulaci\u00f3n para deslegitimar su contenido, los cuales cursan en los Juzgados Quinto y Noveno Civiles del Circuito de Medell\u00edn, bajo los radicados 2017-419 y 2017-430, respectivamente. <\/p>\n

Los tutelantes, a trav\u00e9s de apoderada judicial, han solicitado en tres ocasiones la suspensi\u00f3n del ejecutivo en raz\u00f3n a los declarativos se\u00f1alados; no obstante, todas ellas han fracasado por no ser sujetos procesales en ese asunto (fls. 1-7, cndo.1). <\/p>\n

Arguy\u00f3, la existencia de procesos penales por los mismos hechos, pues lo ocurrido a Luis Fernando Cardona en relaci\u00f3n con esos bienes, tambi\u00e9n le aconteci\u00f3 a otras personas, afectando a varias familias que actualmente residen en la edificaci\u00f3n, incluida la se\u00f1ora Piedad Lorena Ram\u00edrez Albanez. <\/p>\n

3. Persigue, en \u00faltimas, se amparen los derechos que considera tener sobre la heredad objeto de cautela en el sumario atacado (fl. 6, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta de la accionada <\/p>\n

El fallador convocado, previo recuento del decurso procesal, reclam\u00f3 la negaci\u00f3n del auxilio aduciendo estar incumplido el presupuesto de subsidiariedad, pues la quejosa no formul\u00f3 los recursos ordinarios contra las determinaciones desestimatorias de su requerimiento. <\/p>\n

Aclar\u00f3 que a\u00fan no se ha materializado el secuestro del predio, siendo esa la ocasi\u00f3n para presentar los argumentos expuestos por esta v\u00eda residual. <\/p>\n

Finaliz\u00f3, informando que existe una orden de embargo sobre los bienes del deudor Pedro Alex\u00e1nder Pel\u00e1ez Rodr\u00edguez, emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello, por lo cual no puede disponerse nada sobre ellos (fls. 40-41, cdno.1). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 el no agotamiento de los recursos ordinarios respecto de las providencias que rechazaron la suspensi\u00f3n del ejecutivo, contraviniendo el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela (fls. 214-219, cdno. 1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 Piedad Lorena Ram\u00edrez Albanez calificando de superflua la decisi\u00f3n pues al margen de se\u00f1alar la falta de legitimaci\u00f3n de la actora, se abstuvo de reparar en la afectaci\u00f3n sustancial de las prerrogativas involucradas en el asunto, que para su caso refieren a la vivienda digna. <\/p>\n

Sostuvo, que cuando \u201cadquiri\u00f3\u201d el predio, no se hallaban constituidos los grav\u00e1menes, por tanto, en su sentir, avalar la ejecuci\u00f3n espuria har\u00eda ilusoria la adquisici\u00f3n formal de su lugar de habitaci\u00f3n (fls. 235-236, cdno 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La impugnante fue vinculada al presente asunto porque arguy\u00f3 ser tambi\u00e9n promitente compradora de una fracci\u00f3n del bien hipotecado; en consecuencia, las cautelas all\u00ed decretadas perturban la detentaci\u00f3n material que viene ejerciendo. <\/p>\n

2. Al rompe se advierte la improsperidad del amparo reclamado por desconocimiento del principio de subsidiariedad, al constatarse que la se\u00f1ora Ram\u00edrez Albanez no ha agotado todos los mecanismos a su alcance como correspond\u00eda. <\/p>\n

N\u00f3tese, a voces del canon 309 del C.G.P.1 por remisi\u00f3n del numeral segundo de la regla 596 \u00ecdem2, cuenta con la posibilidad de oponerse al secuestro, para defender las potestades invocadas en su escrito impugnatorio. <\/p>\n

En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenidas en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la afectada anhela un veredicto de esta jurisdicci\u00f3n residual, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el fallador competente; las cuales no hallan asidero en esta herramienta subsidiaria y extraordinaria. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, le est\u00e1 vedado a esta Colegiatura en sede constitucional anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador original, no pudiendo atribuirse facultades ajenas. <\/p>\n

Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios edificantes de esta v\u00eda residual. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3. En punto de la defensa de los intereses de los tutelantes izada por la vinculada Ram\u00edrez Albanez, cabe se\u00f1alarse, la apelante no acredit\u00f3 facultad de representaci\u00f3n frente a los quejosos primigenios, ni adujo ninguna circunstancia constitutiva de agencia oficiosa, por tanto, carece de legitimidad para enarbolar las prerrogativas de los censores originarios. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, aspira a contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. La convalidaci\u00f3n del fallo impugnado atiende a los argumentos aqu\u00ed plasmados. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo anotado en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tART\u00cdCULO \t309: \u201c(\u2026) \tOPOSICIONES \tA LA ENTREGA. Las oposiciones a la entrega se someter\u00e1n a las \tsiguientes reglas: (\u2026) \t2. \tPodr\u00e1 oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien \ty contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier \tforma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta \tprueba siquiera sumaria que los demuestre \t(\u2026)\u201d.
\n2 \tART\u00cdCULO 596: \u201c(\u2026) OPOSICIONES \tAL SECUESTRO. A las oposiciones al secuestro se aplicar\u00e1n las \tsiguientes reglas: \t(\u2026) 2. \tOposiciones. A las oposiciones se aplicar\u00e1 en lo pertinente \tlo dispuesto en relaci\u00f3n con la diligencia de entrega (\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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