{"id":102190,"date":"2026-07-01T21:55:42","date_gmt":"2026-07-01T21:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102190"},"modified":"2026-07-01T21:55:42","modified_gmt":"2026-07-01T21:55:42","slug":"stc16137-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16137-2018\/","title":{"rendered":"STC16137-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16137-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03297-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la tutela de F\u00e9lix Mar\u00eda Galvis Ram\u00edrez, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, siendo vinculados los intervinientes en el juicio que se le adelant\u00f3 a aqu\u00e9l, rad. 51142. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Directamente, el actor solicit\u00f3 que se le protejan los derechos al debido proceso y doble instancia, ordenando a la accionada dejar sin efecto la sentencia que dict\u00f3 el 21 de febrero de 2018 y, en su lugar, remitir el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia, para que \u00e9sta emita otra que \u00e9l pueda apelar. <\/p>\n

2. En suma, relat\u00f3 que desde el 1\u00ba de septiembre de 2017 se encuentra detenido en el establecimiento La Picota; se allan\u00f3 a los cargos por concierto para delinquir, prevaricato y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros; verificada la legalidad de esa aceptaci\u00f3n, en desarrollo de la diligencia del art\u00edculo 447 de la Ley 906 de 2004 su apoderada pidi\u00f3 trasladarlo a la C\u00e1rcel Nacional Modelo de C\u00facuta, sobre lo que la encartada no ha resuelto; y, por mayor\u00eda, \u00e9sta le impuso 22 a\u00f1os, 8 meses y 6 d\u00edas de prisi\u00f3n, fallo que pese a su inconformidad no pudo atacar porque all\u00ed mismo se le advirti\u00f3 que era de \u00fanico grado, tema sobre el que quienes salvaron su voto pusieron \u201cen evidencia la garant\u00eda de la doble instancia en atenci\u00f3n al acto legislativo 01 de 2018\u201d. <\/p>\n

INTERVENCION DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. La Ponente del veredicto cuestionado indic\u00f3 que perdi\u00f3 competencia porque el asunto fue trasladado a la Sala Especial de Primera Instancia. Asegur\u00f3 que la C-792 de 2014 de la Corte Constitucional no cobija sus pronunciamientos de fondo, puesto que es el \u00f3rgano c\u00faspide de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (fls. 21 al 27). <\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que \u201cninguna referencia hace el accionante respecto de [sus] decisiones\u201d y rese\u00f1\u00f3 lo acontecido con ocasi\u00f3n de la audiencia preliminar que surti\u00f3 (fls. 103 al 107).
\nLa Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos -Ecopetrol- record\u00f3 que en un caso parecido, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no hall\u00f3 arbitrario un proceder semejante al que aqu\u00ed se denuncia, porque la reforma s\u00f3lo comenz\u00f3 a surtir la totalidad de sus efectos al t\u00e9rmino de su implementaci\u00f3n, con la integraci\u00f3n de las Salas Especiales. Adem\u00e1s, este auxilio s\u00f3lo se impetr\u00f3 8 meses despu\u00e9s del presunto agravio. Por \u00faltimo, destac\u00f3 que la demandada obr\u00f3 conforme a sus potestades y salvaguard\u00f3 a las v\u00edctimas de los il\u00edcitos (fls. 113 al 118). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Atinente al primero de tales requisitos, se precisa que la protecci\u00f3n s\u00f3lo es procedente si se impetra en un plazo razonable que, en principio, ha sido fijado en un semestre, salvo que se excuse la dilaci\u00f3n, pues, concederla en cualquier momento atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y los privilegios de los terceros, en tanto que premiar\u00eda la desidia del precursor, quien al dejar pasar el tiempo pasivamente desdice de que en verdad haya resultado deteriorado por el obrar que reprocha. <\/p>\n

Tem\u00e1tica sobre la que esta Corporaci\u00f3n ha predicado que en <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC291-2017). <\/p>\n

Y en otra oportunidad, entre muchas, que \u201c[p]recisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado STC1410-2017). <\/p>\n

En lo que concierne a la residualidad que tambi\u00e9n preside la tutela, la Carta prev\u00e9 que \u201csolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u201d, precepto que reafirma el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1.\u00a0\u00a0Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u201d, cuesti\u00f3n que se explica en el marco de su singular car\u00e1cter, que inhibe al fallador interferir en las \u201cresoluciones\u201d de los naturales o reemplazar esos dispositivos comunes, so pena de convertir esta sede en una adicional o paralela. <\/p>\n

A tales supuestos se suman los espec\u00edficos sobre resoluciones judiciales, con venero en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico y sustantivo, as\u00ed como en error inducido, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan que, en su orden, el emisor carezca totalmente de competencia, obre radicalmente al margen del ritual previsto, no se sirva de las probanzas regularmente acopiadas, aplique las reglas en forma completamente alejada de sus postulados, sea enga\u00f1ado por la actividad de \u201cterceros\u201d, omita analizar debidamente los hechos y disposiciones relevantes, ignore la doctrina que \u00e9l mismo, sus pares o superiores jer\u00e1rquicos han sentado en torno a lo debatido o contrar\u00ede frontalmente las previsiones de la norma b\u00e1sica. <\/p>\n

De tal manera que la custodia exclusivamente se abre paso en los inusuales casos en que los juzgadores incurran en una protuberante trasgresi\u00f3n de la legislaci\u00f3n patria, es decir, \u201ccon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado[s] en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure[n] \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u201d (entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada STC1842-2017), lo que de suyo descarta divergencias meramente interpretativas, con m\u00e1s raz\u00f3n si \u00e9stas ata\u00f1en a la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios, escenario en el que con mayor fuerza campean la independencia y autonom\u00eda que los art\u00edculos 228 y 230 \u00eddem reconocen a la judicatura. <\/p>\n

2. Sea lo primero observar que de los elementos enunciados previamente, el petitorio no colma los de prontitud y residualidad que renglones atr\u00e1s se ampliaron, por cuanto, por un lado, fue formulado el 22 de octubre de 2018, por lo que super\u00f3 el semestre indicado, toda vez que desde el 21 de febrero pasado que se emiti\u00f3 la \u201csentencia\u201d pasaron ocho (8) meses, sin que el censor allegue justificaci\u00f3n alguna por la demora. <\/p>\n

Adicionalmente, si estaba persuadido de la procedibilidad del medio de opugnaci\u00f3n cuya concesi\u00f3n anhela ac\u00e1, no obstante el se\u00f1alamiento que el \u201cfallo\u201d era de \u00fanica instancia, ha debido formularlo all\u00e1, para que la Sala de Casaci\u00f3n Penal examinara sus argumentos, m\u00e1xime que dice acogerse a los salvamentos de voto y en ellos se indica un camino (conjueces) que seg\u00fan el parecer de quienes los elaboraron podr\u00eda suplir la inexistencia en ese entonces de las Salas que contempl\u00f3 el Acto Legislativo 001 de 2018. <\/p>\n

Ahora, siendo que aspira a que se deje sin efecto el prove\u00eddo de m\u00e9rito, es claro que el mecanismo primario para lograr ese cometido anida en el tr\u00e1mite que se le sigui\u00f3, por lo que es all\u00ed a donde debe acudir para impetrar la nulidad, que de acuerdo con los hechos bien podr\u00eda encausar por la falta de \u201ccompetencia\u201d o la violaci\u00f3n de las prebendas fundamentales, conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 456 y 457 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n

En torno a este \u00edtem, en STC14210, al desatar un caso conceptualmente similar, se afirm\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) la censura planteada deviene prematura, en la medida en que no se ha formulado ante la autoridad judicial correspondiente, o por lo menos ello no se acredit\u00f3 por parte del querellante, el planteamiento que aqu\u00ed eleva tendiente a que se deje \u00absin valor y efecto la sentencia de fecha 25 de abril del a\u00f1o 2018 [dictada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal], para que en su lugar proceda ordenar la conformaci\u00f3n de una sala integrada por tres magistrados para que resuelvan el recurso de apelaci\u00f3n promovido en contra de la sentencia de primera instancia que fue emitida dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en [su] contra [\u2026], lo anterior conforme lo establece el numeral 7 del art\u00edculo 3 del Acto Legislativo 001 del 2018\u00bb, precepto alusivo al postulado de la \u00abdoble conformidad\u00bb, pedimento que puede ser encausado conforme al art\u00edculo 457 de la Ley 906 de 2004 o C\u00f3digo de Procedimiento Penal a fin de ventilar la solicitud de invalidez aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n

3. No obstante que lo explicitado ser\u00eda suficiente para declarar la impertinencia del reclamo, comoquiera que tales elementos han de confluir y se extra\u00f1an dos de ellos, en la medida que el debate que conllev\u00f3 la derrota de la ponencia original se centr\u00f3 en la revisi\u00f3n de fondo del problema que all\u00ed se propuso, la Sala encuentra pertinente referirse a ello. <\/p>\n

Pues bien, vista la \u201csentencia\u201d emitida el 21 de febrero de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 responsable a Fernando Casta\u00f1eda Cantillo y F\u00e9lix Mar\u00eda Galvis Ram\u00edrez como coautores de los reatos de concierto para delinquir, peculado por apropiaci\u00f3n agravado a favor de terceros y prevaricato por acci\u00f3n, e impuso al segundo de ellos 22 a\u00f1os, 8 meses y 2 d\u00edas de prisi\u00f3n, esta Sala no otea que su intervenci\u00f3n sea imperiosa, comenzando porque no es cierto que no haya pronunciamiento frente a la petici\u00f3n de traslado de centro de reclusi\u00f3n, puesto que la demandada se\u00f1al\u00f3 su carencia de \u201ccompetencia\u201d, que atribuy\u00f3 al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a quien dispuso enviar el correspondiente escrito, expres\u00e1ndolo as\u00ed: <\/p>\n

(\u2026) el art\u00edculo 73 de la Ley 65 de 1993 faculta al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisi\u00f3n propia o petici\u00f3n formulada ante ella, la cual puede ser presentada por el privado de la libertad o su defensor, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 74-3 \u00eddem. Por consiguiente, la Sala se abstendr\u00e1 de estudiar de fondo la solicitud por carecer de competencia para ello y en su lugar, le dar\u00e1 traslado a la Direcci\u00f3n del INPEC, para que resuelva sobre el particular. <\/p>\n

4. Igualmente trat\u00f3 el t\u00f3pico en que ahora centra su protesta el censor, concerniente a la inimpugnabilidad de la determinaci\u00f3n por tratarse de un litigio de \u201c\u00fanica instancia\u201d, a partir de la observaci\u00f3n de la C-792 de 2014 que declar\u00f3 la inconstitucionalidad de las locuciones de los art\u00edculos 20, 32, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, \u201cen cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias\u2026\u201d, destacando c\u00f3mo la misma difiri\u00f3 sus efectos, dej\u00e1ndolos \u201ctemporalmente vigentes\u2026hasta tanto el legislador regulara lo pertinente para superar la situaci\u00f3n de inconstitucionalidad declarada\u201d, y que aunque concedi\u00f3 un a\u00f1o para ese prop\u00f3sito y que a partir de ello se entender\u00eda que la posibilidad adquir\u00eda vigencia, destac\u00f3 que sobre ello ya se hab\u00eda manifestado en CSJ AP, may. 18 de 2016, rad. 38156, donde evidenci\u00f3 que ello entra\u00f1aba una \u201ccontradicci\u00f3n sustancial\u201d en cuanto sus \u201csentencias condenatorias en juicios de \u00fanica instancia, o las dictadas en segunda instancia que por primera vez imponen condena, o al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, carecen de superior jer\u00e1rquico o funcional con competencia para revisar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de una condena, de acuerdo con los est\u00e1ndares fijados por la Corte Constitucional en C-792 tantas veces citada\u201d. <\/p>\n

En la misma direcci\u00f3n, expuso que aunque se pensara que dicha inexequibilidad cobijaba sus prove\u00eddos de m\u00e9rito, en todo caso, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria los mismos no son susceptibles de revisi\u00f3n por una jerarqu\u00eda mayor, conforme lo reconoci\u00f3 dicha alta Corporaci\u00f3n en C-037 de 1997 al escrutar el ajuste a la Carta del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley 270 de ese a\u00f1o. <\/p>\n

En todo caso, puso de presente que en el estudio de 2014, se aclar\u00f3 insistentemente que <\/p>\n

(\u2026) el pronunciamiento de inexequibilidad diferida se limit\u00f3 al estudio de las normas relativas a competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver en segunda instancia los recursos de apelaci\u00f3n contra los autos y sentencias que profieran en segunda instancia los tribunales superiores, de ah\u00ed que la norma base del cuestionamiento fuera el ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, motivo por el cual no puede extenderse sus alcances a procesos tramitados bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000, ni a competencias diferentes. <\/p>\n

Y en punto al Acto Legislativo 001 de 2018 que fij\u00f3 la \u201cdoble instancia\u201d para las condenas a los aforados, destac\u00f3 c\u00f3mo el inciso 4\u00ba de su art\u00edculo primero prescribi\u00f3 que era de recibo \u201cs\u00f3lo \u2018contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n\u2019, lo que excluye de dicho mecanismo a los fallos emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n\u201d, insistiendo que el art\u00edculo 235 b\u00e1sico la ubica en la c\u00faspide de la especialidad como \u00f3rgano de cierre. <\/p>\n

Semejantes reflexiones en modo alguno ofrecen arbitrariedad, dado que en verdad no es un desprop\u00f3sito entender que la C-792 de 2014 no cubre las \u201csentencias\u201d de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y, en todo caso, que si se asumiera lo contrario, no hab\u00eda ning\u00fan organismo por encima que pudiera abordar la alzada. <\/p>\n

Y de cara a la modificaci\u00f3n introducida por el Acto Legislativo 001 de 2018, tampoco es un exabrupto predicar, conforme su claro tenor literal que el remedio vertical operar\u00eda contra \u201csentencias que profiera la Sala Especial de primera instancia\u201d, siendo claro que no fue esa la c\u00e9lula que emiti\u00f3 la aqu\u00ed reprobada, al punto que entonces no se hallaba configurada. <\/p>\n

Agr\u00e9gase a lo expresado que de acuerdo con el precepto 228 de la Carta magna la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia es \u201cpermanente\u201d, lo cual implica que no puede suspenderse, pues es patente el caos que surgir\u00eda si inopinadamente dejara de ejercerse, como en este caso se plantea, a la espera de situaciones por venir cuya fecha de ocurrencia no est\u00e1 clara. <\/p>\n

En tal sentido, en STC8851-2018, se se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) el Acto Legislativo 01 de 2018, cre\u00f3 la Sala Especial de Primera Instancia; empero, lo cierto es que a\u00fan no se encuentra en funcionamiento esa espec\u00edfica falladora, de consiguiente, la causa sub examine debe mantener su curso ante los actuales jueces de conocimiento, esto es, los magistrados asignados para ello, con el fin de garantizarle al actor la continuidad en el servicio de justicia. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Lo precedente halla coherencia con el canon 228 superior, cuando se\u00f1ala: [l]a Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado (\u2026)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n

De la doctrina y de las reglas citadas fulge claro, nuestro ordenamiento jur\u00eddico descarta de tajo la posibilidad de que el funcionario judicial se abstenga de continuar con el tr\u00e1mite de un proceso, so pretexto de vac\u00edos en la ley, pues ello, sin duda alguna, transgrede principios constitucionales estructurales de un Estado Social de Derecho. <\/p>\n

Lo comentado para subrayar que en el sub examine, estando el pleito para proveer de fondo porque el procesado se allan\u00f3 a los cargos, mal podr\u00eda la Sala de Casaci\u00f3n Penal resignar sus competencias, paralizar las actuaciones a su cargo y dejarlas en el limbo aguardando la implementaci\u00f3n de la Sala Especial de Primera Instancia, cuya existencia ahora es f\u00e1cil rese\u00f1ar y datar, pero para entonces, 21 de febrero de 2018, no se sab\u00eda cu\u00e1ndo iba a darse, atentando de paso contra las prerrogativas de los dem\u00e1s intervinientes en el proceso, en particular de las v\u00edctimas, para quienes la \u201csentencia\u201d es la forma mediata de lograr un resarcimiento del da\u00f1o sufrido. <\/p>\n

En este orden de ideas, perc\u00edbase que si bien la tendencia generalizada es a decidir con el conocimiento de hoy lo que sucedi\u00f3 ayer, tal obrar no es de recibo en todos los casos, puesto que si bien a estas alturas, con el acto legislativo en cita plenamente operante no hay dificultad en decir lo que pudo haber sido, la perspectiva adecuada es la que tuvieron en su tiempo los administradores de justicia, ante quienes el panorama era dejar de cumplir su tarea a la espera de una materializaci\u00f3n para entonces incierta, cuando por otro lado, no hab\u00eda obst\u00e1culo constitucional o legal alguno, siendo que actuaban en el marco de sus facultades y la novedosa previsi\u00f3n de la alzada no se refer\u00eda a sus veredictos, sino a los de una \u201cSala Especial\u201d a\u00fan por conformar.
\n5. En consecuencia, se negar\u00e1 el ruego deprecado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de F\u00e9lix Mar\u00eda Galvis Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto en esta providencia y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a la decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda de la Sala, con base en los siguientes argumentos:
\n1. Es cierto que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sometida a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las que se encuentra el cumplimiento de los requisitos de la inmediatez y la subsidiaridad, en el entendido de que cuando el reclamante pretenda cuestionar un acto judicial, debe acudir a este mecanismo excepcional en un t\u00e9rmino razonablemente cercano a la fecha de la vulneraci\u00f3n y haber agotado previamente las herramientas legales que tenga a su alcance para cuestionar las decisiones que estima lesivas a sus prerrogativas.
\nNo obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso (segunda instancia y doble conformidad de la primera condena) y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.
\nAs\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones
\nque censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible
\n\u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal".
\n(Tutela de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)
\nEn id\u00e9ntico sentido se ha admitido que en atenci\u00f3n a la
\nesencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n." (Sentencia de Tutela de 13 de agosto
\nde 2013. Exp.: 2013-093-01, reiterada en STC20333-2017, STC7349-2018, entre muchas otras.)
\n1.1. Las anteriores reflexiones conllevan a admitir que aun cuando el actor impetr\u00f3 la solicitud de amparo ocho meses despu\u00e9s de la fecha en que fue emitido el fallo que es objeto de reproche, ello no era un motivo suficiente para negar la protecci\u00f3n invocada, si se tiene en cuenta que el proceder de la autoridad accionada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en tanto se le impidi\u00f3 el acceso a la segunda instancia y, por ende, a la doble conformidad de la sentencia condenatoria dictada en su contra, pese a tratarse de una garant\u00eda consagrada en una
\nnorma superior vigente y que fue expedida por el legislador, en cumplimiento a la orden que la m\u00e1xima guardiana de la Carta Pol\u00edtica profiri\u00f3 hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, tal como esta Sala lo viene reconociendo en su jurisprudencia, como m\u00e1s adelante se expondr\u00e1.
\n1.2. Aunado a lo anterior, contrario a lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n mayoritaria, en mi sentir, el presupuesto de la subsidiaridad se hallaba satisfecho, porque no es cierto que el tutelante contara con medios defensivos ordinarios para hacer valer las prerrogativas vulneradas, en la medida en que en la sentencia que se reprocha se dej\u00f3 claro que ning\u00fan recurso proced\u00eda en su contra, por tratarse de una decisi\u00f3n de \u00fanica instancia, tal como puede leerse en las p\u00e1ginas 69 a 87 y 90 de la respectiva providencia, donde se anot\u00f3:
\n\u00ab…recu\u00e9rdese que el Acto Legislativo 001 de 2018, al implementar la doble instancia para aforados constitucionales, en el inciso 4\u00b0 de su art\u00edculo 1' se\u00f1al\u00f3 que solo "contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, lo que excluye de dicho mecanismo a los fallos emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, conclusi\u00f3n que guarda armon\u00eda con lo dispuesto por el art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues la Corte Suprema de Justicia es el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, por lo mismo de cierre. Por consiguiente, carece de superior funcional
\ny jer\u00e1rquico que pueda revisar sus decisiones en materia penal.\u00bb <\/p>\n

contra este fallo no procede recurso alguno.\u00bb
\nLuego, ninguna herramienta defensiva dej\u00f3 de utilizar el libelista antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela, porque la propia autoridad demandada le se\u00f1al\u00f3 con claridad, que su decisi\u00f3n no era susceptible de censura, al paso que, adicionalmente, hizo \u00e9nfasis en la improcedencia de una eventual solicitud de nulidad por falta de competencia:
\n(\u2039…es indudable que la Sala de. Casaci\u00f3n Penal conserva las competencias que ha venido cumpliendo, hasta tanto entren en funcionamiento las Salas Especiales, momento en el cual pasar\u00e1n a los nuevos dignatarios, una vez se posesionen de sus cargos ante el Presidente de la Rep\u00fablica.
\nAs\u00ed las cosas, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para proferir sentencia dentro del proceso adelantado contra Fernando Casta\u00f1eda Cantillo y F\u00e9lix Mar\u00eda Golvis Ram\u00edrez, de conformidad con los art\u00edculos 235\u00ad4 de la Carta Pol\u00edtica y 32-6 de la ley 906 de 2004, por cuanto los delitos atribuidos se hallan estrechamente vinculados al ejercicio del cargo desempe\u00f1ado como Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, condici\u00f3n que ostentaban los acusados para la \u00e9poca en que los hechos investigados tuvieron ocurrencia, al haber suscrito en dicha calidad los fallos de tutela objeto de acusaci\u00f3n, como se desprende de las copias de cada
\nuna de las respectivas decisiones.\u00bb
\nEn ese sentido, no es cierto que el actor contara con la posibilidad cierta de elevar solicitud de nulidad contra el fallo cuestionado, porque los fundamentos de su demanda de amparo ya hab\u00edan sido analizados de manera oficiosa por la autoridad demandada y, en todo caso, es palmario que de acuerdo con lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) resulta jur\u00eddicamente inviable reclamar la invalidez de una sentencia ejecutoriada, esto es, que ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no es susceptible de ser anulada por la misma autoridad que la profiri\u00f3.
\nAs\u00ed, era procedente el estudio de fondo de la queja planteada.
\n2. En mi sentir, resulta contradictorio e incomprensible que en algunos casos la Sala acceda a proteger los derechos a la segunda instancia y a la doble conformidad de la primera condena, pero en otros, como el presente, se niegue tal posibilidad, so pretexto de requisitos formales que, como se dijo, no pueden atar al juez constitucional.
\nNo es posible que en este asunto se argumente que es razonable la tesis expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal para dictar sentencia, porque ello comporta, <\/p>\n

inexorablemente, hacer nugatorio al accionante su derecho a la impugnaci\u00f3n y, de contera, a la doble conformidad de la primera condena, cuando al resolver asuntos similares hemos dejado claro que esas prerrogativas son de irrestricto acatamiento por parte del Estado, en especial, porque solo de esa manera se satisfacen las obligaciones adquiridas con la comunidad internacional en virtud de los tratados suscritos por Colombia.
\nDe hecho, es evidente que la decisi\u00f3n mayoritaria dej\u00f3 de lado el control de convencionalidad que hemos destacado en otros pronunciamientos y que, de haber sido abordado en el presente, habr\u00eda conllevado a otorgar la salvaguarda reclamada, ya que esa es la tesis que ven\u00eda sosteniendo uniformemente esta Sala.
\n2.1. En efecto, en decisi\u00f3n mayoritaria de fecha 11 de julio de 2018, se dej\u00f3 claro que la Sala de Casaci\u00f3n Penal deb\u00eda garantizar el derecho a impugnar la decisi\u00f3n de m\u00e9rito con la que se resolviera el juicio adelantado contra un aforado constitucional a quien continu\u00f3 investigando, no obstante la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2018.
\nEn aquella providencia, la Sala argument\u00f3: <\/p>\n

Acto legislativo 01 de 2018c con mayor garantismo y
\nsin ambages regul\u00f3 sustancialmente tales competencias, al crear dentro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: 9 la Sala Especial de Instrucci\u00f3n encargada de las investigaciones de los mencionados funcionarios, y ii) la Sala Especial de Primera Instancia, para juzgar a los mismos.
\nLa citada reforma constitucional reglament\u00f3 la separaci\u00f3n material entre las funciones de instrucci\u00f3n y juzgamiento para aforados constitucionales, como garant\u00eda adscrita a la prerrogativa fundamental del debido proceso; no obstante, reforz\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n y a la doble conformidad judicial, y asign\u00f3 adem\u00e1s a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la competencia para absolver (…) los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia".
\nAclarado lo anterior, indiscutible es, las Salas de Instrucci\u00f3n y de juzgamiento previstas en el Acuerdo 006 del 2002, modificado por el 001 de 2009, incorporados en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, tienen competencia para seguir instruyendo y conociendo el asunto materia de este amparo. Lo precedente porque corno el Acto Legislativo 01 de 2018, no prev\u00e9 cl\u00e1usula de suspensi\u00f3n ni r\u00e9gimen de transici\u00f3n, es patente, la Sala querellada puede continuar con su tr\u00e1mite hasta tanto se implementen las se\u00f1aladas salas, garantizando eso s\u00ed el derecho de impugnaci\u00f3n a fin de materializar la garant\u00eda de la doble instancia con relaci\u00f3n a la sentencia que ponga fin a la causa,.
\nLo anterior, por cuanto solo de esa manera se respetar\u00e1 la finalidad de esa reforma constitucional, para:
\n"(…) adecuar las instituciones jur\u00eddicas de tal manera que se reconozca a los condenados en primera instancia, su derecho a la revisi\u00f3n de la sentencia por otro funcionario o corporaci\u00f3n dentro de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, tal como lo prev\u00e9n tratados internacionales ratificados por Colombia y, de igual manera, de acuerdo a la exhortaci\u00f3n que hiciera la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2014".\u00bb (CSJ STC8851-
\n2018, MP. Dr. Armando Tolosa Villabona) (Subraya y negrilla para resaltar)
\n2.2. Tal postura jurisprudencial fue reiterada el 26 de septiembre de 2018 (STC12447-2018), al resolver el caso de otro aforado- un congresista-, cuya sentencia condenatoria fue proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuando ya hab\u00eda entrado en vigor la enmienda constitucional a que se ha hecho alusi\u00f3n y, adem\u00e1s de ello, con desconocimiento a su derecho fundamental a la igualdad, toda vez que en el caso de otro funcionario en semejante situaci\u00f3n jur\u00eddica, la accionada s\u00ed remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Especial de Primera Instancia para que emitiera el fallo. En ese pronunciamiento, la Sala, por unanimidad, dej\u00f3 dicho que:
\n\u00ab…con la puesta en marcha de la reforma a la Carta Pol\u00edtica, el legislador busc\u00f3 efectivizar los derechos fundamentales conculcados hasta antes de su expedici\u00f3n a los funcionarios que
\ndeben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, para lo cual impuso a la accionada, garantizar a los aforados constitucionales las prerrogativas con que cuentan los procesados en los juicios ordinarios, con miras a proteger la imparcialidad objetiva de los jueces(…)
\nSi la enmienda, por su car\u00e1cter constitucional, es de aplicaci\u00f3n inmediata, no hay raz\u00f3n que justifique que al tutelante se le nieguen sus derechos a ser juzgado por la autoridad judicial competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), pues, para cuando se dict\u00f3 la sentencia, ya estaba en vigor, lo que obligaba que, contrario a "reafirmar" la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte. Suprema de Justicia, se procediera a ordenar su remisi\u00f3n a la Sala Especial instituida para tal efecto(…)
\nCon la decisi\u00f3n de arrogarse la competencia para fallar el asunto, no solo se desconoci\u00f3 el derecho a ser escuchado el Juez investido de facultades parar tal efecto sino que se cercen\u00f3 de talo la posibilidad de recurrir la sentencia, esto es, acceder a la doble instancia: circunstancia que desconoce flagrante y gravemente los derechos del actor, tal como lo reconoci\u00f3 la Corte Constitucional desde hace varios a\u00f1os en la sentencia antes citada K-792 de 20141 y con base en la cual fue expedido el Acto Legislativo cuya aplicaci\u00f3n se reclama(…) (CSJ STC12447-2018, MP. Ariel Mazar Ram\u00edrez)
\n2.3. Incluso, es necesario destacar que en dos proyectos que fueron sometidos a consideraci\u00f3n de la Sala desde el 31 de octubre de 2018 y que fueron aprobados el 12 de diciembre siguiente, esto es, con posterioridad a la emisi\u00f3n de la providencia de la que me aparto, en un nuevo cambio de jurisprudencia, se concedi\u00f3 el amparo a las prerrogativas al debido proceso y "doble conformidad", invocadas por tres personas condenadas por primera vez en segunda instancia, para que el Tribunal accionado respetara aquellas prerrogativas.
\nEn aquellas sentencias se reliev\u00f3 la necesidad de ajustar la interpretaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas a las disposiciones supralegales e internacionales que el Estado colombiano ha suscrito, lo cual debe aplicarse tanto a los aforados constitucionales como a todo aquel que se vea enfrentado a un juicio penal, dada la preponderancia de su derecho a que la primera sentencia condenatoria que se emita en su contra, sea objeto de revisi\u00f3n en aras de evitar injusticias originadas en yerros o irregularidades en que la judicatura no est\u00e1 exenta de incurrir.
\nAl respecto, vale la pena resaltar los siguientes apartes de aquellos pronunciamientos, donde, adicionalmente, fueron reiteradas las ideas centrales de los ya memorados en precedencia: <\/p>\n

Por otro lado, es inocultable el limitado alcance que el legislador colombiano le dio al Acto Legislativo No. 01 del 18 de enero de 2018, en tanto que circunscribi\u00f3 la reforma all\u00ed introducida a los "aforados constitucionales", en relaci\u00f3n con quienes, en el art\u00edculo 2', previ\u00f3 que "la Sala de Casaci\u00f3n Penal y las Salas Especiales garantizaran la separaci\u00f3n de la instrucci\u00f3n y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena" (\u00e9nfasis de la providencia transcrita)
\nEn consecuencia, a la hora de ahora resulta incuestionable la procedibilidad de la doble conformidad de acuerdo con la doctrina constitucional de la sentencia C-792 de 2014 y la vigencia Inmediata del Acto Legislativo 01 de 2018, cuyos art\u00edculos 2 y 3 autorizan expresamente "(…)el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena (…); o la solicitud "(…)de la doble conformidad judicial de la primera condena (…) o de los fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o <\/p>\n

As\u00ed, en sentencia STC8851 de 11 de julio de 2018, aunque se desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque el caso del aforado accionante se hallaba en la etapa de instrucci\u00f3n y a\u00fan no exist\u00eda sentencia, se destac\u00f3 el alcance y necesidad de garantizar la impugnaci\u00f3n para el fallo cuando este se emitiera, conforme a lo establecido en] el enunciado Acto Legislativo.
\nRecientemente, en fallo STC12447 de 26 de septiembre de 2018, esta Sala accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada por un exsenador de la Rep\u00fablica, por cuanto estim\u00f3 que a la luz de la enmienda constitucional rese\u00f1ada la Sala de Casaci\u00f3n Penal carec\u00eda de competencia para emitir el fallo all\u00ed dictado y deb\u00eda, en consecuencia, remitir el decurso a la Sala Especial de Primera Instancia, creada con ese prop\u00f3sito, y donde se le garantizar\u00eda al petente el derecho a controvertir la decisi\u00f3n final.
\nEn esta oportunidad, aunque las aristas del juicio estudiado no son id\u00e9nticas a las de los referenciados, la interpretaci\u00f3n efectuada sobre el vigor del Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 2018, si tiene plena correspondencia, pues no hay duda de su vigencia, de su finalidad, relativa a prohijar la prerrogativa a impugnar la primera condena, y de las dependencias creadas para conocer de los recursos erigidos respecto de tales decisiones (num. 6 y 7, art. 30, Acto Legislativo 01 de 2018).\u00bb (CSJ STC 16824-2018 y STC16825-2018, 19 de diciembre de 2018, MP. Dr. Armando Tolosa Villabona) (Negrilla y subraya para resaltar).
\n3. De manera que, como la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que plantea el asunto materia de examen es similar a aquellas que fueron analizadas en los pronunciamientos acabados de rese\u00f1ar, porque lo que buscaba el reclamante era obtener la protecci\u00f3n de su derecho a impugnar la primera condena dictada en su contra cuando ya estaba vigente el Acto Legislativo 01 de 2018, no hab\u00eda raz\u00f3n v\u00e1lida para contrariar el precedente jurisprudencial ya rese\u00f1ado, m\u00e1xime cuando ning\u00fan argumento jur\u00eddico se expres\u00f3 para fundamentar tan incomprensible viraje.
\n3.1. A\u00fan de admitir que por razones de conveniencia la Sala de Casaci\u00f3n Penal deb\u00eda continuar conociendo y fallando los procesos que ten\u00eda a su cargo contra aforados constitucionales, hasta tanto las Salas Especiales de Instrucci\u00f3n y Primera Instancia iniciaran labores, con miras a evitar libertades por vencimiento de t\u00e9rminos o el cumplimiento de los requisitos para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, lo cierto es que en este asunto ni siquiera se hizo alusi\u00f3n a ese tipo de circunstancias que, por lo dem\u00e1s, no se vislumbran.
\nNo se evidenciaron motivos que hicieran necesaria la emisi\u00f3n de la sentencia anticipada por parte de la accionada y no por la autoridad competente, porque el actor se allan\u00f3 a los cargos endilgados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n
\n(27 de septiembre de 2017), lo cual tornaba en inaplicables las causales de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos previstas en el art\u00edculo 317 del C.P.P. (Ley 906 de 2004), tal como lo norma el par\u00e1grafo cuarto del art\u00edculo 317 A, del mismo ordenamiento.
\nEn ese sentido, una vez admitida la responsabilidad penal por parte del enjuiciado y verificada la legalidad de aquella manifestaci\u00f3n unilateral de voluntad -audiencia de 30 de octubre de 2017-, solo restaba la emisi\u00f3n de la sentencia anticipada correspondiente, para lo cual el legislador no consagr\u00f3 un t\u00e9rmino perentorio que impidiera posibilitarle al procesado ser juzgado por la Sala Especial de Primera Instancia, con miras a proteger su derecho a la impugnaci\u00f3n, m\u00e1xime, cuando no se advert\u00eda riesgo alguno de que operara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, dada la magnitud de las sanciones establecidas para los delitos investigados.
\n3.2. La vulneraci\u00f3n a aquella prerrogativa, no debe olvidarse, fue reconocida hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os en la sentencia C-792 de 2014, donde la Corte Constitucional, de manera precisa concluy\u00f3 que:
\n"(…)Cuando el tribunal m\u00e1s alto del pa\u00eds act\u00faa como primera y \u00fanica instancia, la ausencia de todo derecho a revisi\u00f3n por un tribunal superior no queda compensada por
\nel hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarqu\u00eda del Estado parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a este efecto\u00bb
\n(…)existe un derecho a controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el \u00fanico fallo incriminatorio que se dicta en juicios penales de \u00fanica instancia, y por otro, la facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia. Esta regla tiene el siguiente fundamento: (i) los art\u00edculos 29 de la Carta Pol\u00edtica, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a impugnar las sentencias condenatorias, sin limitar este derecho a los fallos de primera instancia; (ii) la facultad para impugnar los fallos condenatorios tiene por objeto garantizar el derecho de defensa de las personas que han sido sancionadas en un proceso penal, esta defensa s\u00f3lo se puede materializar si existe la posibilidad de controvertir la primera sentencia condenatoria que se dicta en un proceso penal; (iii) la facultad de impugnaci\u00f3n tiene por objeto asegurar que las condenas sean impuestas correctamente, mediante la exigencia de la doble conformidad judicial, y esta \u00faltima s\u00f3lo se configura cuando en los juicios de \u00fanica instancia, el fallo correspondiente puede ser controvertido, y cuando en los juicios de doble instancia, la providencia de segundo grado que impone por primera vez una condena, puede ser recurrida; (iv) l\u00e1
\nfacultad para atacar estos fallos no afecta la garant\u00eda de la doble instancia, porque \u00e9sta \u00fanicamente exige que una misma controversia jur\u00eddica sea sometida a dos operadores jur\u00eddicos distintos, de distinta jerarqu\u00eda, y este requerimiento no se anula por el hecho de que se controvierta la sentencia de segunda instancia, o la sentencia de \u00fanica instancia; (iv) de entenderse que el derecho a la impugnaci\u00f3n recae \u00fanicamente sobre la sentencias que se dictan en la primera instancia, se subsumir\u00eda este derecho en la garant\u00eda de la doble instancia y se anular\u00edan los efectos de los art\u00edculos 29 dela Carta Pol\u00edtica, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP; (u) la interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual el derecho a la impugnaci\u00f3n comprende la facultad para controvertir los fallos que imponen por primera vez una condena es consistente con el que impera en la comunidad jur\u00eddica, y en particular con la interpretaci\u00f3n acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Comit\u00e9 de Derechos Humanos.\u00bb (Subraya y negrilla fuera de texto.)
\nCon fundamento en estas consideraciones, el m\u00e1ximo
\nTribunal Constitucional decidi\u00f3 EXHORTAR al Congreso de la Rep\u00fablica para que, en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este t\u00e9rmino, se entender\u00e1 que procede la impugnaci\u00f3n de todas las sentencias condenatorias ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena.\u00bb, decisi\u00f3n que fue
\nratificada en la SU 2015 de 2016.
\nEn esa l\u00ednea de pensamiento, resulta desproporcionado que se contin\u00fae negando la materializaci\u00f3n de aquellas
\nprerrogativas, dado que ellas no pueden estar supeditadas a la implementaci\u00f3n de las disposiciones \u2018constitucionales y\/o legales que las reconocen y protegen, de ah\u00ed que esta Corporaci\u00f3n haya amparado los derechos de ciudadanos condenados por primera vez en segunda instancia, haci\u00e9ndoles extensivos los efectos del Acto Legislativo 01 de 2018, que vino a reglamentar ese derecho para los aforados constitucionales, condici\u00f3n que ostenta el aqu\u00ed reclamante.
\nAs\u00ed lo dispuso esta Sala en las precitadas sentencias STC 16824 y STC 16825 de diciembre 19 de 2018:
\n\u00ab(…)Si bien el mencionado \u00f3rgano legislativo no ha implementado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico penal una ,reforma subsanando la se\u00f1alada omisi\u00f3n reglamentaria, s\u00ed realiz\u00f3 un cambio sustancial en la competencia atribuida constitucionalmente a la Sala Penal de esta Corte, pues con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018, estipul\u00f3 como atribuci\u00f3n de esa corporaci\u00f3n: "(…) resolver (..), la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de (…) los fallos que (…) profieran los Tribunales Superiores o Militares (…)".
\nAhora bien, que en la actualidad no harta un reglamento jur\u00eddico sobre la forma como se debe tramitar la impugnaci\u00f3n de la "primera condena" cuando aqu\u00e9lla es emitida en segunda instancia, no significa que hoy esa posibilidad est\u00e9 cercenada para el procesado, por cuanto al existir el \u00f3rgano jurisdiccional con competencia constitucional para conocer de ese espec\u00edfico asunto, es il\u00f3gico afirmar, que esa autoridad no pueda ejercer dicha funci\u00f3n por configurarse un vac\u00edo meramente formal, pues ante estos eventos, es indispensable aplicar directamente
\nlas normas integradoras del bloque de constitucionalidad, las cuales,
\nsin duda alguna, permiten acceder a la "doble conformidad"(…)\u00bb
\n(Subraya para resaltar)
\n3_3. Y aunque se han contrastado los efectos jur\u00eddicos de la vigencia del Acto Legislativo 001 de 2018 con los de la reforma consagrada en el Acto Legislativo 03 de 2002, estimo que no existe punto de comparaci\u00f3n entre uno y otro, pues el \u00faltimo en su art\u00edculo 5\u00b0 dispuso: presente
\nActo Legislativo rige a partir de su aprobaci\u00f3n, pero se aplicar\u00e1 de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y \u00fanicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca.\u00bb, mientras que la enmienda que nos ocupa se\u00f1al\u00f3 de manera contundente que: presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.\u00bb (Art. 4\u00b0) (Subraya y negrilla
\npara resaltar). <\/p>\n

Lo cierto es que pese a estar reconocido por la jurisprudencia constitucional, la Carta Pol\u00edtica y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de la naci\u00f3n, as\u00ed como por el precedente elaborado por esta misma Sala en asuntos an\u00e1logos, el sentenciado no tuvo la posibilidad de controvertir las sanciones penales que le fueron impuestas, pese a no encontrarse de acuerdo con ellas y haber colaborado con la administraci\u00f3n de justicia al aceptar los cargos formulados, en la primera oportunidad prevista para ello, derecho que s\u00ed se ha respetado en el caso de otros procesados, lo que, insisto, vulnera su derecho fundamental a recibir el mismo trato ante la ley.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden dejo consignado mi disenso con lo decidido.
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Magistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC16137-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03297-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la tutela de F\u00e9lix Mar\u00eda Galvis Ram\u00edrez, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, siendo vinculados los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102190","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}