{"id":102194,"date":"2026-07-01T21:56:45","date_gmt":"2026-07-01T21:56:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102194"},"modified":"2026-07-01T21:56:45","modified_gmt":"2026-07-01T21:56:45","slug":"stc16173-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16173-2018\/","title":{"rendered":"STC16173-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC16173-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2018-00229-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Mar\u00eda Calle Rodr\u00edguez contra los Juzgados Quinto Promiscuo Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de La Dorada, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201csimulaci\u00f3n\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Ana del Carmen Calle L\u00f3pez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del auxilio exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de La Dorada se tramit\u00f3 el juicio objeto de esta salvaguarda, pretendiendo la \u201csimulaci\u00f3n absoluta\u201d de la compraventa efectuada entre el aqu\u00ed actor y Ana del Carmen Calle L\u00f3pez, sobre el predio denominado \u201cMoravito\u201d identificado con el folio de matr\u00edcula N\u00b0 106-5815. <\/p>\n

Ese litigio fue zanjado el 9 de abril de 2018, neg\u00e1ndose los pedimentos de la demanda, decisi\u00f3n confirmada el 8 de octubre pasado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la citada localidad, acogiendo los argumentos del a quo. <\/p>\n

Seg\u00fan el quejoso, los falladores \u201c(\u2026) incurrier[on] en una desviaci\u00f3n interpretativa (\u2026) beneficiando de manera clara, escueta y sin tapujos a la [convocada] (\u2026), [pues], no realizaron ninguna valoraci\u00f3n de las pruebas documentales allegadas al proceso, ni se pronuncia[ron] detalladamente (\u2026)\u201d frente a lo dicho por cada testigo. <\/p>\n

Sostiene que los juzgadores no se pronunciaron \u201c(\u2026) sobre la tacha que se hizo frente a los testigos (\u2026)\u201d de Ana del Carmen Calle L\u00f3pez por ser familiares de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

3. Pide, en concreto, conceder el auxilio por las \u201cv\u00edas de hecho\u201d en las que incurrieron los estrados querellados. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de La Dorada, remiti\u00f3 el expediente contentivo del litigio bajo estudio (fl. 95). <\/p>\n

2. El estrado del circuito querellado se limit\u00f3 a manifestar que el comentado pleito \u201c(\u2026) fue devuelto al destino de origen (\u2026)\u201d (fl. 97). <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El proceder de los juzgados accionados no ofreci\u00f3 resultados desbordados de la juridicidad y, por ende, no [son] reprobable[s] sus pronunciamientos, [su] argumentaci\u00f3n (\u2026) fue producto de un raciocinio jur\u00eddico aceptable, am\u00e9n de que el procedimiento requerido para el desarrollo del proceso, se surti\u00f3 en todas sus etapas, como se advierte del estudio realizado al tr\u00e1mite de simulaci\u00f3n, sin que se generara vulneraci\u00f3n alguna del derecho fundamental del debido proceso o igualdad, pues cada decisi\u00f3n adoptada fue notificada en debida forma a las partes, sin restricciones al derecho de impugnaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 111 a 122). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor repitiendo los mismos argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor (fls. 532 a 536). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El auxilio se centra en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Jes\u00fas Mar\u00eda Calle Rodr\u00edguez con las actuaciones de los tutelados, al negar la \u201csimulaci\u00f3n\u201d alegada en el litigio sublite. Esta Sala analizar\u00e1 el fallo emitido por el juzgado del circuito convocado, por cuanto en esa instancia el tema aqu\u00ed debatido cobro fuerza de ejecutoria. <\/p>\n

3. El resguardo no sale avante, pues el referido estrado en su providencia, fundadamente sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De los testimonios tra\u00eddos por la parte demandante al interior del presente asunto, se avizora sin lugar a dudas, que ninguno de los testigos tuvo contacto directo con el contrato de compraventa que realizaron los se\u00f1ores Ana del Carmen y Jes\u00fas Mar\u00eda Calle, por ello y como no tuvieron conocimiento de los t\u00e9rminos del contrato, ninguno pudo suministrar informaci\u00f3n concreta sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo las cuales se dio la celebraci\u00f3n del contrato, ni precisar la causa del mismo, resultando bastante inveros\u00edmil la explicaci\u00f3n dada por la testigo Rosa Melba, puesto que dice saber que el negocio se celebr\u00f3 de forma p\u00fablica, pero nunca manifest\u00f3 como se enter\u00f3 del mismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Con todo refulge (\u2026) que la jueza de conocimiento lejos de poner en entredicho las versiones suministradas lo que hizo fue analizarlas conjuntamente con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, para concluir mediante construcci\u00f3n indiciaria que entre los intervinientes procesales, no hubo la mas m\u00ednima concertaci\u00f3n para llevar acabo un negocio ficticio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDebe tenerse muy presente que en casos de simulaci\u00f3n, no obstante de que existe libertad probatoria la Sala de Casaci\u00f3n Civil, reiteradamente ha sostenido la importancia de la prueba indirecta ante la dificultad de acreditar el pacto real frente al aparente, mostr\u00e1ndola como mecanismo ideal para revelar la realidad\u201d. <\/p>\n

\u201cNo se aprecia arbitrariedad, ni contra evidencia alguna en la construcci\u00f3n indiciaria hecha por el a quo, ni sus inferencias se muestran absurdas o il\u00f3gicas, menos a\u00fan cuando soport\u00f3 sus deducciones tambi\u00e9n en la sentencia de pertenencia (\u2026) emitida al interior del proceso instaurado por el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda Calle, contra Ana del Carmen Calle, pues en tal decisi\u00f3n (\u2026), se concluy\u00f3 que el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda no cumpl\u00eda con los presupuestos legales para que la usucapi\u00f3n se abriera paso, demostr\u00e1ndose que el mismo no ten\u00eda \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el predio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEst\u00e1 demostrado al interior del presente proceso que el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda Calle Rodr\u00edguez y la se\u00f1ora Ana del Carmen Calle L\u00f3pez son hermanos (\u2026), que la capacidad econ\u00f3mica del comprador (\u2026) de conformidad con la prueba testimonial, se evidencia que la compradora (\u2026) laboraba y ten\u00eda buenos ingresos econ\u00f3micos, pues ella lo refiri\u00f3 en su interrogatorio de parte y la secretaria del se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda Calle en su testimonio, as\u00ed lo asever\u00f3, pues indic\u00f3 que a la misma le pagaban un salario que pod\u00eda oscilar entre 800.000 y 1.000.000 de pesos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se tiene que el inmueble fue vendido por el valor de 10.000.000 de pesos; empero, el mismo testigo aportado por la parte actora indic\u00f3 de forma clara que ello se deb\u00eda a que los celebrantes del negocio jur\u00eddico no quer\u00edan pagar un monto alto de impuestos al efectuar la compraventa del bien inmueble (\u2026), lo que justifica el monto del negocio jur\u00eddico celebrado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa forma de pago, frente a este requisito la parte demandada adujo haber pagado el valor del inmueble \u201cMoravito\u201d en la habitaci\u00f3n del demandante, manifestaci\u00f3n que no fue desvirtuada por el demandante, no ofreciendo as\u00ed una claridad al despacho frente al no pago del predio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl \u00e1nimo simulatorio (\u2026) no se logr\u00f3 demostrar al interior del presente asunto, pues para este despacho es claro que las pruebas aportadas, as\u00ed como los testimonios no permiten inferir que los contratantes se pusieron de acuerdo para realizar un acto o un negocio ficticio, aunado a ello, y atendiendo la prueba testimonial se logra entrever que ninguno de los deponentes tuvo contacto directo con el convenio realizado por las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

N\u00f3tese, en la determinaci\u00f3n criticada el juzgado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar, que el demandante no demostr\u00f3 fehacientemente que la compraventa confutada haya sido simulada, al punto que algunas de sus aseveraciones simplemente quedaron en suposiciones sin ning\u00fan respaldo probatorio. <\/p>\n

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

6. Ahora, si para el quejoso el ad quem omiti\u00f3 pronunciarse frente a la tacha de algunos testigos del extremo pasivo, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n del fallo de segunda instancia, conforme lo establecido en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso2, para que ese juzgador en sentencia complementaria resolviera lo pertinente; empero, no lo hizo, hecho que le cierra el paso a esta senda excepcional por su car\u00e1cter netamente residual. <\/p>\n

7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no.
\nLo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8. Por los argumentos anteriores, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \t\u201cCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los \textremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad \tcon la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 \tadicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la \tejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma \toportunidad. El juez de segunda instancia deber\u00e1 complementar \tla sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la \tomisi\u00f3n haya apelado; pero si dej\u00f3 de resolver la \tdemanda de reconvenci\u00f3n o la de un proceso acumulado, le \tdevolver\u00e1 el expediente para que dicte sentencia \tcomplementaria. Los autos solo podr\u00e1n adicionarse de oficio \tdentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte \tpresentada en el mismo t\u00e9rmino. Dentro del t\u00e9rmino de \tejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementaci\u00f3n \tpodr\u00e1 recurrirse tambi\u00e9n la providencia principal\u201d.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC16173-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2018-00229-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}