{"id":102199,"date":"2026-07-01T21:57:19","date_gmt":"2026-07-01T21:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102199"},"modified":"2026-07-01T21:57:19","modified_gmt":"2026-07-01T21:57:19","slug":"stc16178-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16178-2018\/","title":{"rendered":"STC16178-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16178-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2018-00419-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por BTL Colombia S.A.S. contra Luis Fernando Reyes Meza y los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Cuarto de Familia, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de los procesos de reorganizaci\u00f3n de persona natural y de divorcio, radicados bajo los n\u00b0. 2017-215 y 2016-506, respectivamente, seguidos a Luis Fernando Reyes Meza. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al \tdebido proceso y propiedad, \tpresuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. De \tla lectura del \tescrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al \tplenario, se desprenden como hechos que soportan esta s\u00faplica \tlos descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Entre la accionante y Luis Fernando Reyes Meza se celebr\u00f3 contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio sobre el equipo BTL Exilis \u00c9lite serie 715-B01661, dejando su detentaci\u00f3n material al comprador. <\/p>\n

Ante el incumplimiento en el pago de las cuotas pactadas para la adquisici\u00f3n del bien rese\u00f1ado, \u00e9ste fue inhabilitado desde junio de 2017. <\/p>\n

Al comprador Reyes Meza se le iniciaron 2 juicios, el n\u00b0. 2017-215 de reorganizaci\u00f3n ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, y el de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso en el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, expediente 2016-506. <\/p>\n

En los dos decursos se practicaron medidas cautelares respecto del bien descrito con precedencia. <\/p>\n

Arguye haber presentado oposici\u00f3n al secuestro ante el juzgado de familia; sin embargo, esta fue desestimada el 19 de junio del presente a\u00f1o, sin reparo de los extremos de la lid. <\/p>\n

Relata que en el concurso, Reyes Meza reclam\u00f3 la exclusi\u00f3n del equipo tantas veces anunciado explicando no ser su due\u00f1o, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento alguno (fls. 1-5, cdno.1). <\/p>\n

3. Ruega ordenar el levantamiento de las cautelas que recaen sobre el aparato BTL Exilis \u00c9lite serie 715-B01661 de su propiedad, por no ser ella parte en los asuntos atacados (fl. 3, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1. El \ttitular del Juzgado Tercero \tCivil del Circuito refiri\u00f3 que el objeto en cuesti\u00f3n \tfue incluido en los inventarios de activos presentados por Luis \tFernando Reyes Meza en el tr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n, \tpor tanto est\u00e1n afectos al concurso (fls. 36-40, cdno.1). <\/p>\n

2. La \tJuez Cuarta de Familia describi\u00f3 las actuaciones desplegadas \ten el expediente 2016-506 y expuso que deneg\u00f3 la memorada \toposici\u00f3n en auto de 19 de junio del a\u00f1o en curso, el \tcual no fue impugnado, y por ello, solicit\u00f3 denegar este \tsocorro (fl.35, cdno.1). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 la protecci\u00f3n por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la actora no despleg\u00f3 los actos procesales propios para controvertir la decisi\u00f3n auscultada (fls. 67-73, cdno.1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La gestora impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos del libelo (fls. 82-83, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

2. Frente al reparo contra el asunto concursal, sin dificultad se advierte el fracaso del amparo por carecer del requisito de subsidiariedad, pues la litigante no acredit\u00f3 haber expuesto lo aqu\u00ed alegado ante el juzgador cognoscente de ese proceso y, si bien refiri\u00f3 a la petici\u00f3n supuestamente elevada por Reyes Meza exigiendo la exclusi\u00f3n de tal bien, no ados\u00f3 evidencia de ello. <\/p>\n

3. En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador original, no pudiendo atribuirse facultades ajenas. <\/p>\n

Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las herramientas previstas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

4. En punto del prove\u00eddo de la juzgadora de familia, al rompe se advierte el fracaso del amparo, por desatender el mismo presupuesto comentado con antelaci\u00f3n; empero, esta vez porque aun cuando BTL Colombia S.A.S. critica no haberse estimado pr\u00f3spera su oposici\u00f3n, no hizo uso de los mecanismos procesales contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico para impugnar esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n

N\u00f3tese, no formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n2 y apelaci\u00f3n3, permitiendo que el prove\u00eddo atacado por esta senda cobrara ejecutoria. <\/p>\n

En lo concerniente a la citada exigencia, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. Refuerza la denegaci\u00f3n de esta tutela, que el ente social cuenta con la posibilidad de ejercer acciones ordinarias tendientes a retornar para s\u00ed el bien citado con insistencia, tales como la restituci\u00f3n de tenencia5, entre otras. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n2 \tRegla \t318 del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso
\n3 \tNumeral \t9\u00b0 \tart\u00edculo 321 por \tremisi\u00f3n del postulado 596 n\u00b0. 2, \u00eddem.
\n4 \tCSJ. STC de \t6 \tde julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de \t2011, exp. 2010-000380-01.
\n5 \tPostulado \t385 del C.G.P.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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