{"id":102202,"date":"2026-07-01T21:57:44","date_gmt":"2026-07-01T21:57:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102202"},"modified":"2026-07-01T21:57:44","modified_gmt":"2026-07-01T21:57:44","slug":"stc16181-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16181-2018\/","title":{"rendered":"STC16181-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16181-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2018-00230-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la salvaguarda promovida por Luis Felipe Guti\u00e9rrez Valencia y Martha Valencia Medina contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por los aqu\u00ed accionados frente a la Compa\u00f1\u00eda de Seguridad y Vigilancia Privada Sim\u00f3n Bol\u00edvar Ltda. -Seguridad Bol\u00edvar Ltda.-. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderado judicial, los actores procuran el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, sostienen que el 9 de febrero de 2016, la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite de validaci\u00f3n respecto del acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n empresarial celebrado en relaci\u00f3n con Seguridad Bol\u00edvar Ltda. <\/p>\n

Acotan que con posterioridad, esto es, el 28 de abril de 2016, iniciaron contra la prenombrada compa\u00f1\u00eda un asunto de responsabilidad civil extracontractual, demandando el pago de los perjuicios \u201cinmateriales\u201d causados. <\/p>\n

Dicho litigio concluy\u00f3 con sentencia estimatoria de sus pretensiones, ratificada, en sede de apelaci\u00f3n, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 21 de marzo de 2018. <\/p>\n

Para el cobro de las sumas dispuestas en su favor, promovieron la ejecuci\u00f3n materia de queja. <\/p>\n

En esta \u00faltima, se libr\u00f3 mandamiento compulsivo el 4 de julio de 2018 y se ordenaron las correspondientes medidas cautelares. <\/p>\n

Una vez notificada, la sociedad demandada deprec\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, apoyando su pedimento en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 20061. <\/p>\n

En el traslado de esa manifestaci\u00f3n, arguyeron la improcedencia de la misma, por cuanto la obligaci\u00f3n a recaudarse se caus\u00f3 con posterioridad al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, siendo viable continuar con la ejecuci\u00f3n, conforme al canon 71 \u00eddem2 y a los conceptos de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n

Mediante prove\u00eddo de 20 de septiembre de 2018, el despacho invalid\u00f3 la orden de apremio y las cautelas dispuestas, argumentando que la concursada no se hallaba, todav\u00eda, \u201c(\u2026) en estado de insolvencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Aunque formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, ambos mecanismos se rechazaron por improcedentes, seg\u00fan el citado art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

Ese proceder quebranta sus garant\u00edas, por cuanto desconoce la literalidad de la normatividad aplicable, el objeto del proceso de insolvencia y sus derechos como acreedores, declarados con posterioridad al comienzo de la reorganizaci\u00f3n (fls. 137 al 140, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPiden, por tanto, dejar sin efecto los prove\u00eddos refutados (fl. 140, cdno. 1). <\/p>\n

1.\tRelat\u00f3 los antecedentes del decurso confutado y se\u00f1al\u00f3 no haber lesionado las garant\u00edas de los solicitantes. <\/p>\n

2.\tLa Superintendencia de Sociedades aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva al no estar involucrada en la queja planteada. A\u00f1adi\u00f3 que el 20 de enero de 2016, en uso de sus facultades jurisdiccionales, decret\u00f3 la apertura del \u201c(\u2026) proceso de validaci\u00f3n judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n a la sociedad Compa\u00f1\u00eda de Seguridad y Vigilancia Privada Sim\u00f3n Bol\u00edvar Ltda. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Indic\u00f3 que seg\u00fan el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, a partir del inicio del tr\u00e1mite referido, no es viable admitir ni continuar ning\u00fan cobro coercitivo frente a la concursada. Sin embargo, \u201c(\u2026) si se trata de obligaciones causadas con posterioridad a la admisi\u00f3n del proceso de validaci\u00f3n judicial (\u2026)\u201d, debe atenderse al canon 71 \u00eddem. As\u00ed, <\/p>\n

\u201c(\u2026) se tratar\u00edan de gastos de administraci\u00f3n que tienen preferencia en el pago y pueden ser perseguidos coactivamente (\u2026). En consecuencia, la determinaci\u00f3n de la norma aplicable no parte de lo manifestado por [la] Superintendencia, toda vez que es la situaci\u00f3n de hecho la que indica claramente c\u00f3mo aplicar el r\u00e9gimen concursal frente al caso concreto. Para ello, se debe partir de la causaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, es decir que la obligaci\u00f3n fue o debi\u00f3 ser objeto del acuerdo de validaci\u00f3n, si esta fue causada antes de la fecha de apertura del proceso, sea exigible o no. Mientras que las obligaciones que se causaron con posterioridad a la fecha de apertura del proceso de validaci\u00f3n, tienen el car\u00e1cter de gastos de administraci\u00f3n, y por ende, deben pagarse en la forma prevista en el art\u00edculo 71 ej\u00fasdem (\u2026)\u201d (fls. 161 al 162, \u00eddem). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por ausencia de arbitrariedad en la gesti\u00f3n del juzgado atacado (fls. 169 al 173, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

Los querellantes impugnaron con argumentos similares a los expresados en el libelo introductor (fls. 172 al 180, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tExaminada la actuaci\u00f3n criticada, se establece la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n

2.\tComo lo adujeron los petentes, impulsaron la ejecuci\u00f3n criticada tras la finalizaci\u00f3n de un asunto de responsabilidad civil extracontractual incoado frente a Seguridad Bol\u00edvar Ltda. y donde se dispuso el pago de perjuicios morales. <\/p>\n

Aunque el juzgador acusado libr\u00f3 el respectivo mandamiento de pago, lo anul\u00f3 junto con las medidas cautelares decretadas el 20 de septiembre de 2018 y si bien los tutelantes incoaron reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, contra esa determinaci\u00f3n, tales remedios se rechazaron por improcedentes, dado el 2\u00b0 inciso del art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

3.\tRevisadas las consideraciones vertidas en el prove\u00eddo de 20 de septiembre de 2018, se evidencia la v\u00eda de hecho endilgada, como quiera que el juez atacado desconoci\u00f3 la normatividad aplicable. <\/p>\n

Ciertamente, si bien precis\u00f3 que, seg\u00fan lo estatuido en la anotada regla 20 \u00eddem, no es viable iniciar y continuar cobros coercitivos frente a una sociedad concursada, al pronunciarse sobre la aplicabilidad del canon 71 ib\u00eddem, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) no le asiste raz\u00f3n a [los demandantes] comoquiera que el art\u00edculo tra\u00eddo a colaci\u00f3n hace referencia al inicio del proceso de insolvencia, el cual es diferente al proceso de reorganizaci\u00f3n y sucede una vez el deudor ha incumplido con el acuerdo, escenario que no ha sucedido en este asunto, puesto que la empresa (\u2026) est\u00e1 en un acuerdo de reorganizaci\u00f3n y no est\u00e1 en insolvencia, motivo por el cual no le es aplicable el anterior precepto (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [F]inalidad del r\u00e9gimen de insolvencia. El r\u00e9gimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

\u201cEl proceso de reorganizaci\u00f3n pretende a trav\u00e9s de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuraci\u00f3n operacional, administrativa, de activos o pasivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl r\u00e9gimen de insolvencia, adem\u00e1s, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, aseverar la inaplicaci\u00f3n del precepto 71 ib\u00eddem, por hallarse la ejecutada apenas en la primera fase, no resulta consonante con lo establecido en la citada ley. Se memora que el anterior canon indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, y podr\u00e1 exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y despu\u00e9s del inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. Igualmente tendr\u00e1n preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administraci\u00f3n, los cr\u00e9ditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 y el par\u00e1grafo 2o del art\u00edculo 34 de esta ley (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

En el caso se demostr\u00f3 que la obligaci\u00f3n objeto de recaudo se gener\u00f3 con posterioridad a la apertura del proceso de validaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, aspecto aceptado por el querellado. De all\u00ed se extrae que el valor de los perjuicios reconocidos en ese tr\u00e1mite jurisdiccional no pudo ser incluido en calidad de cr\u00e9dito dentro del pacto enunciado. Los promotores s\u00f3lo se convirtieron en acreedores de la compa\u00f1\u00eda concursada despu\u00e9s de comenzar aqu\u00e9l procedimiento, si\u00e9ndoles inoponible el mismo. <\/p>\n

Como lo adujo la Superintendencia de Sociedades, autoridad sobre la materia y aqu\u00ed vinculada, a los funcionarios les corresponde determinar el momento de causaci\u00f3n de la acreencia para establecer (i) si \u00e9sta debe integrarse al rese\u00f1ado acuerdo, remiti\u00e9ndose las diligencias al tr\u00e1mite concursal por contraerse antes de su inicio; o (ii) si es pertinente continuar su cobro de forma independiente, al originarse luego del comienzo de la reorganizaci\u00f3n, esto en los t\u00e9rminos del citado canon 71. <\/p>\n

4.\tDado que el fallador accionado no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis en torno a lo descrito, es procedente la protecci\u00f3n para conjurar la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n

As\u00ed, el acusado deber\u00e1 valorar, nuevamente, si la \u00e9poca en la cual se gener\u00f3 la obligaci\u00f3n cobrada permite continuar con el coercitivo como lo impone el enunciado art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de sustentar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del litigio. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tDe acuerdo a lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada para conceder la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para CONCEDER el amparo reclamado. En consecuencia, se le ordena al titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el prove\u00eddo de 20 de septiembre de 2018 y los que de \u00e9ste se desprendan y proceda a definir, nuevamente, la nulidad solicitada en el caso criticado, teniendo en cuenta los aspectos analizados en esta providencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tLey 1116 de 2006, art. 20. \u201cNuevos \tprocesos de ejecuci\u00f3n y procesos de ejecuci\u00f3n en \tcurso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n \tno podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n \to cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, \tlos procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes \tdel inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n \tremitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el \tcr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de \tdecisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, \tpara efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las \tmedidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del \tconcurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la \tmedida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a \tlos objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del \tpromotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad \toperacional, debidamente motivada.
\n\u201cEl \tJuez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad \tde las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito \ten el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno.
\n\u201cEl \tpromotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar \tindividual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez \tcompetente, para lo cual bastar\u00e1 aportar copia del \tcertificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que conste la \tinscripci\u00f3n del aviso de inicio del proceso, o de la \tprovidencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo \tdispuesto en los incisos anteriores incurrir\u00e1 en causal de \tmala conducta (\u2026)\u201d.
\n2 \tLey 1116 de 2006, art. 71. \u201cObligaciones \tposteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones \tcausadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de \tinsolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n \tpreferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de \treorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, \tseg\u00fan sea el caso, y podr\u00e1 exigirse coactivamente su \tcobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas \tpensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, \tcausadas antes y despu\u00e9s del inicio del proceso de \tliquidaci\u00f3n judicial. Igualmente tendr\u00e1n preferencia \ten su pago, inclusive sobre los gastos de administraci\u00f3n, los \tcr\u00e9ditos por concepto de facilidades de pago a que hace \treferencia el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 y el par\u00e1grafo \t2o del art\u00edculo 34 de esta ley. (\u2026)\u201d.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16181-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2018-00230-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102202"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102202\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}