{"id":102203,"date":"2026-07-01T21:57:52","date_gmt":"2026-07-01T21:57:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102203"},"modified":"2026-07-01T21:57:52","modified_gmt":"2026-07-01T21:57:52","slug":"stc16182-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16182-2018\/","title":{"rendered":"STC16182-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16182-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02195-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Lenin Alex\u00e1nder Dur\u00e1n Dur\u00e1n, en su nombre y en el de su hija menor, contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Seccional de ese municipio y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido al aqu\u00ed actor por el delito de feminicidio agravado. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante procura la salvaguarda de los derechos de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo, se\u00f1ala que est\u00e1 privado de la libertad, bajo medida de aseguramiento, en raz\u00f3n de lo ocurrido el 13 de marzo de 2016, cuando muri\u00f3 su esposa y madre de su hija. Acota que en dicha data <\/p>\n

\u201c(\u2026) se present\u00f3 una discusi\u00f3n de pareja, que produjo una ri\u00f1a familiar donde intervinieron 13 miembros de la familia de [su consorte] (\u2026) [y] producto de [esos] hechos resulta[ron] heridos (\u2026), [ella] en el t\u00f3rax (\u2026) [y \u00e9l] en el \u00e1rea abdominal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que se encontraron \u201c(\u2026) dos cuchillos como evidencia f\u00edsica (\u2026)\u201d, a los cuales Medicina Legal deb\u00eda practicarles la prueba de ADN para determinar de quien eran los residuos de sangre all\u00ed hallados; no obstante, a\u00fan no se han presentado los resultados de esa experticia por causa de la Fiscal\u00eda, responsable de realizar \u201c(\u2026) una investigaci\u00f3n abierta, imparcial y transversal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Agrega que el fallecimiento de su c\u00f3nyuge tuvo lugar por \u201c(\u2026) posibles fallas [de la Cl\u00ednica Foscal] en la praxis que est\u00e1 establecida en los protocolos de atenci\u00f3n a pacientes por armas corto punzantes, dichas omisiones (\u2026) dan paso a una investigaci\u00f3n por responsabilidad m\u00e9dica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Anota que su abogado deprec\u00f3 la nulidad de las audiencias preliminares de \u201c(\u2026) legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y legalidad de la medida de aseguramiento (\u2026)\u201d, por cuanto las mismas se adelantaron sin tener en consideraci\u00f3n su falta de comprensi\u00f3n sobre ellas, pues fue aprehendido bajo \u201c(\u2026) estado de sedaci\u00f3n y obnubilaci\u00f3n (\u2026)\u201d y perdur\u00f3 m\u00e1s de 45 d\u00edas hospitalizado, mientras se recuperaba de las heridas. <\/p>\n

Sostiene que su pedimento fue denegado el 3 de octubre de 2017 y aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, a la fecha de presentaci\u00f3n de este reparo, no ha obtenido un pronunciamiento, pese a las distintas peticiones elevadas con esa finalidad en el tribunal convocado. <\/p>\n

Dada la situaci\u00f3n descrita, se hallan quebrantadas sus garant\u00edas y las de su hija de 10 a\u00f1os, pues adem\u00e1s de haber perdido a su madre, lo visita en la prisi\u00f3n una vez por mes (fls. 1 al 6, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tExige, en concreto, la protecci\u00f3n de sus derechos y decretar medidas \u201c(\u2026) que garanticen el bienestar y desarrollo integral de (\u2026)\u201d su descendiente (fl. 7, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

1.\tLa Fiscal\u00eda manifest\u00f3 que al actor le han sido respetadas sus prerrogativas. Acot\u00f3 que el procesado ha dilatado el decurso \u201c(\u2026) ante el carrusel de nombramiento de defensores (\u2026)\u201d, buscando con ello \u201c(\u2026) el vencimiento de t\u00e9rminos (\u2026)\u201d. Advirti\u00f3 no estar reportada en la investigaci\u00f3n la presunta intervenci\u00f3n de los 13 familiares de la v\u00edctima en los hechos materia de la misma. Afirm\u00f3 que el tutelante acept\u00f3 ante la madre de la fallecida su responsabilidad y le pidi\u00f3 disculpas por ello; asimismo, agreg\u00f3 que desde el 2005 se presentaban hechos de violencia entre la pareja suscitados por el petente, conforme a los peritajes realizados por medicina legal. <\/p>\n

Reliev\u00f3 que en caso de evidenciarse una falla m\u00e9dica en la actividad de la Cl\u00ednica Fosca, remitir\u00eda las copias para la investigaci\u00f3n pertinente; no obstante, en la historia cl\u00ednica de la occisa <\/p>\n

\u201c(\u2026) textualmente aparece que ingres\u00f3 por una herida en el pecho que afect\u00f3 \u00f3rganos vitales, luego hasta la fecha, NO aparecen elementos materiales probatorios de un posible suicidio, una muerte accidental o de otros supuestos responsables (\u2026)\u201d (fls. 70 a 72, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl juzgado asegur\u00f3 la ausencia de violaci\u00f3n de garant\u00edas sustanciales y precis\u00f3 que el tribunal ya resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la negativa a la nulidad deprecada por el tutelante, por lo cual se fij\u00f3 el 6 de noviembre de 2018 para la audiencia de acusaci\u00f3n (fl. 83, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tLa corporaci\u00f3n convocada se opuso al resguardo, por cuanto no lesion\u00f3 los derechos del censor; adem\u00e1s, en el curso de este ruego, emiti\u00f3 la decisi\u00f3n echada de menos por el querellante (fl. 90, cdno. 1). <\/p>\n

4.\tLos dem\u00e1s guardaron silencio.
\n2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por estar en curso el asunto criticado. Frente a la fiscal\u00eda, no hall\u00f3 quebrantados los derechos del tutelante, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) si [\u00e9ste] pretende dejar de lado una postura pasiva, y conforme a ello aspira a probar que su esposa falleci\u00f3, no por las heridas causadas por el arma blanca, sino por la irregular atenci\u00f3n m\u00e9dica recibida; no puede a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n imponer tal estrategia defensiva, ni mucho menos obligar a la fiscal\u00eda que abandone su rol de acusador y asuma actividades propias del papel de la defensa, pues ello ser\u00eda tanto como desvirtuar la naturaleza adversarial del sistema penal acusatorio. <\/p>\n

\u201cDel reclamo presentado por el actor no se advierte ninguna vulneraci\u00f3n (\u2026), concretamente por el hecho de que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no recaude los elementos de prueba que acrediten la ocurrencia de los hechos que plantea en su tesis defensiva, pues como se ha visto, estas corresponden a actividades y cargas procesales propias de la defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asegur\u00f3, igualmente, la inviabilidad del reparo contra Medicina Legal, por cuanto el querellante no ha acudido ante esa autoridad para exponerle lo aqu\u00ed ventilado. <\/p>\n

Sobre el reclamo contra el tribunal, advirti\u00f3 que \u00e9ste ya resolvi\u00f3 el recurso propuesto por el accionante, ratificando la desestimaci\u00f3n de la invalidez, como quiera que no existi\u00f3 conculcaci\u00f3n a los derechos del procesado (fls. 118 al 129, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El petente impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el libelo introductor. Asever\u00f3 que \u00e9l no fue quien hiri\u00f3 a su esposa; arguy\u00f3 que la corporaci\u00f3n denunciada, super\u00f3 el \u201c(\u2026) t\u00e9rmino razonable y perentorio (\u2026)\u201d para definir la alzada a su cargo; adem\u00e1s, no bas\u00f3 el pronunciamiento esperado \u201c(\u2026) en el concepto cient\u00edfico adversarial (\u2026)\u201d, del cual se coleg\u00eda su incapacidad para declarar, asistir a las audiencias y aceptar cargos. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 la necesidad de decretar cautelas en favor de su hija, por cuanto existe una denuncia por \u201cacto sexual violento\u201d, donde aqu\u00e9lla es una posible v\u00edctima, sin que la abuela materna, con quien reside la ni\u00f1a, haya \u201c(\u2026) tomado las medidas necesarias para aislar al presunto abusador (\u2026)\u201d. Afirm\u00f3 que la menor ha manifestado su deseo de convivir con su t\u00eda paterna, persona id\u00f3nea porque cuenta con un hogar estable (fls. 144 al 150, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa censura no se abre paso frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, ante la ocurrencia de un hecho superado, pues mediante providencia de 3 de octubre de 2018, esa autoridad emiti\u00f3 el pronunciamiento reclamado por el peticionario; prove\u00eddo donde confirm\u00f3 la negativa a la nulidad invocada por el solicitante. <\/p>\n

En lo atinente a la anotada situaci\u00f3n, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.\tAhora, las quejas en torno a la gesti\u00f3n de la Fiscal\u00eda y dem\u00e1s reparos endilgados al procedimiento seguido en el caso del gestor, no salen avante por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues a\u00fan cuenta en el decurso confutado con instrumentos legales encaminados a la defensa de sus derechos, por cuanto el asunto se halla en pleno tr\u00e1mite. <\/p>\n

Ciertamente, como apenas se fij\u00f3 fecha para la audiencia de acusaci\u00f3n, el demandante podr\u00e1 formular los remedios correspondientes en esa etapa; de igual modo, la apelaci\u00f3n respecto de la sentencia de primer grado o, incluso, acudir al recurso de casaci\u00f3n si el fallo del ad quem es contrario a sus intereses. <\/p>\n

En una acci\u00f3n similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. \tEsta Corte recuerda, de nuevo, que censura todo tipo de violencia y reivindica los derechos de la mujer, de los ni\u00f1os y de las personas de la tercera edad, de quienes presentan discapacidad absoluta y, en general, de las v\u00edctimas del maltrato intrafamiliar y de todos los otros tipos de violencia. <\/p>\n

Incumbe entonces a los jueces de la Rep\u00fablica en el Estado constitucional y democr\u00e1tico, actuar con dinamismo y celo dentro del marco del derecho y con el respeto extremo por las garant\u00edas del victimario, observando el debido proceso y haciendo uso de los instrumentos legales y constitucionales del derecho internacional de los derechos humanos, en pos de sancionar las conductas violentas y de prevenir todo clima de intolerancia y en general, toda conducta antijur\u00eddica que amilane y destruya al ser humano y su entorno social. <\/p>\n

3.1. Ante la situaci\u00f3n planteada en esta ocasi\u00f3n, debe se\u00f1alarse que las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008 precept\u00faan la necesidad de proteger a las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar y la \u00faltima de las mencionadas, particularmente, consagra disposiciones \u201c(\u2026) de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres (\u2026)\u201d; asimismo, en el canon 2\u00ba indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Definici\u00f3n de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que le cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico o patrimonial por su condici\u00f3n de mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el \u00e1mbito p\u00fablico o en el privado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPara efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acci\u00f3n de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia econ\u00f3mica, se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n orientada al abuso econ\u00f3mico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por raz\u00f3n de su condici\u00f3n social, econ\u00f3mica o pol\u00edtica. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las econ\u00f3micas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Los ataques respecto de las mujeres en el contexto anterior, son propiciados en raz\u00f3n de su misma condici\u00f3n, pues se trata de un grupo hist\u00f3ricamente discriminado catalogado como inferior en relaci\u00f3n con los hombres, situaci\u00f3n que para los victimarios justifica y apoya sus abusos. <\/p>\n

Esta Corte, citando a su hom\u00f3loga Constitucional, ha censurado la discriminaci\u00f3n de la cual pueden ser v\u00edctimas las mujeres por el hecho de serlo, as\u00ed, reproch\u00f3 la actuaci\u00f3n de una autoridad p\u00fablica, por cuanto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]esatendi\u00f3 las circunstancias especiales de la gestora y le deneg\u00f3 la pr\u00f3rroga que hab\u00eda pedido por 90 d\u00edas [para posesionarse en un cargo. Ese] actuar (\u2026) no se compadece con su condici\u00f3n de mujer y (\u2026) desconoce el trato preferente que la jurisprudencia constitucional reconoce a dicho g\u00e9nero (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cA ese respecto, la Corte Constitucional ha considerado que: \u00abHist\u00f3ricamente las mujeres, entendidas como grupo social, han sido objeto de discriminaci\u00f3n en todas las sociedades y en la mayor parte de los aspectos de la vida: en sus relaciones sociales, econ\u00f3micas, pol\u00edticas y personales; por esto, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha reconocido y autorizado medidas tendientes a evitar la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo, y ha encontrado en la igualdad, entendida como principio, valor y derecho fundamental, y en la no discriminaci\u00f3n, un pilar fundamental para su protecci\u00f3n a las autoridades en el contexto de un Estado Social de Derecho, que se rige por el principio de igualdad material, le est\u00e1 prohibido dar tratos que fomenten las desigualdades sociales existentes y agraven la condici\u00f3n de pobreza y marginalidad de los ciudadanos, especialmente, de aquellos grupos que han sido tradicionalmente discriminados. \u201cAhora bien, respecto de la especial protecci\u00f3n constitucional de la mujer, como sujeto hist\u00f3ricamente desprotegido y marginado, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado en reiteradas providencias, que en ciertos casos, dicha protecci\u00f3n reforzada y especial de los derechos de las mujeres, es un fin constitucional cuya satisfacci\u00f3n admite el sacrificio de la cl\u00e1usula general de igualdad, en el entendido de que se acepten tratos discriminatorios, con un fin constitucionalmente leg\u00edtimo\u00bb (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

En la actualidad, las reclamaciones de activistas por los derechos de las mujeres, han logrado poner en primera plana la violencia intrafamiliar cometida respecto de ese grupo, particularmente, si es de car\u00e1cter f\u00edsico o sexual y atendiendo a ello, el Alto Tribunal Constitucional ha prohijado catalogar <\/p>\n

\u201c(\u2026) algunos comportamientos como constitutivos de torturas y tratos crueles contra la mujer al interior del hogar. As\u00ed, por ejemplo, esta Corte, en sentencia C-408 de 1996, reconoci\u00f3 que: (\u2026) [L]as mujeres est\u00e1n tambi\u00e9n sometidas a una violencia, si se quiere, m\u00e1s silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el \u00e1mbito dom\u00e9stico y en las relaciones de pareja, las cuales son no s\u00f3lo formas prohibidas de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constituci\u00f3n (CP arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, seg\u00fan la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer (sic), \u2018la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos\u2019 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Aunque la responsabilidad del accionante en relaci\u00f3n con el delito endilgado a\u00fan no se halla declarada, se insiste, en casos como el presente, es necesaria la emisi\u00f3n de decisiones con perspectiva de g\u00e9nero, pues los jueces al igual que todas las autoridades p\u00fablicas, est\u00e1n llamados no s\u00f3lo a seguir lo dispuesto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en las normas, sino adem\u00e1s, a efectuar un control de convencionalidad, el cual les impone, indefectiblemente, revisar la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y los tratados concordantes, tales como la Convenci\u00f3n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -\u201cConvenci\u00f3n De Bel\u00e9m Do Par\u00e1\u201d-, ratificada por Colombia desde el 10 de marzo de 1996. <\/p>\n

En torno a lo esgrimido, la Corte Constitucional en un asunto de similares perfiles, acot\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el caso \u201cXXXX da Penha Fernandes vs. Brasil\u201d concluy\u00f3 que el Estado hab\u00eda vulnerado los derechos a las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial de la demandante, garantizados por los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana, los cuales atribuy\u00f3 a un patr\u00f3n discriminatorio frente a la tolerancia de la violencia dom\u00e9stica contra las mujeres en Brasil por la ineficacia de la acci\u00f3n judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDe igual manera, y a pesar de reconocer que el Estado haya adoptado medidas para reducir el alcance y la tolerancia estatal frente a la violencia dom\u00e9stica, indica que no se hab\u00edan logrado reducir en especial por la inefectividad de la acci\u00f3n policial y judicial en Brasil (\u2026). Por tal motivo, se concluy\u00f3 que el Estado hab\u00eda violado los derechos y que hab\u00eda incumplido los deberes consagrados en el art\u00edculo 7\u00ba de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 en perjuicio de la accionante y en conexi\u00f3n con los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana y en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1(1) de la Convenci\u00f3n, por los actos de omisi\u00f3n y tolerancia de la tal violaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) <\/p>\n

\u201cPor lo anterior, se evidencia que la falta de an\u00e1lisis con perspectiva de g\u00e9nero en las decisiones judiciales que se refieran a violencia o cualquier tipo de agresi\u00f3n contra la mujer puede afectar a\u00fan m\u00e1s los derechos de las mujeres por cuanto se omite valorar detalles y darle importancia a aspectos que para la soluci\u00f3n del caso concreto resultan fundamentales (\u2026)\u201d5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n

\u201c(\u2026) a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las ni\u00f1as de cualquier tipo de discriminaci\u00f3n o violencia ejercida en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

Como lo adujo la Corte Constitucional recientemente en la sentencia T-338 de 2018, el \u00faltimo de los deberes referidos est\u00e1 asignado a la Rama Judicial; por tanto, los jueces tienen la obligaci\u00f3n de velar por lograr la igualdad real para las mujeres y derruir la violencia estructural ejercida contra ellas, actividades que en asuntos como el aqu\u00ed cuestionado, deben orientar sus decisiones. <\/p>\n

En cuanto a lo esbozado, en el citado fallo se sostuvo la necesidad de aplicar <\/p>\n

\u201c(\u2026) una perspectiva de g\u00e9nero en el estudio de [los] casos, que parta de las reglas constitucionales que proh\u00edben la discriminaci\u00f3n por razones de g\u00e9nero, imponen igualdad material, exigen la protecci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan combatir la desigualdad hist\u00f3rica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneraci\u00f3n de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminaci\u00f3n en su contra en los diferentes espacios de la sociedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.2.\t Con todo, la lucha contra la violencia de g\u00e9nero no s\u00f3lo debe suscitarse en los escenarios judiciales y, por tanto, las autoridades jurisdiccionales no son las \u00fanicas responsables de resolver los conflictos derivados de la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo. <\/p>\n

El plano judicial deber\u00eda surgir como \u00faltimo recurso para lograr la igualdad desconocida a las mujeres, pues, lo ideal ser\u00eda contar con pol\u00edticas estatales adecuadas; as\u00ed como con la participaci\u00f3n activa de la sociedad civil y de la familia, para modificar los comportamientos reprochables de quienes estiman inferiores a las mujeres. <\/p>\n

Para el prop\u00f3sito anterior, la educaci\u00f3n cumple un rol fundamental, pues si el contenido de \u00e9sta se nutre de los conceptos de dignidad humana e igualdad y, adem\u00e1s, reconoce las cargas injustas impuestas hist\u00f3ricamente a las mujeres por su condici\u00f3n, es posible contar, en un futuro, con ciudadanos reflexivos y respetuosos de las diferencias. <\/p>\n

Pol\u00edticas que pugnen por \u201c(\u2026) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo (\u2026) [y busquen] prevenir y proteger a las mujeres y las ni\u00f1as de cualquier tipo de discriminaci\u00f3n o violencia ejercida en su contra (\u2026)\u201d7, materializadas a trav\u00e9s de contenidos educativos dirigidos a todos los niveles, comenzando desde preescolar, pueden contribuir a erradicar la violencia de g\u00e9nero y conseguir una sociedad m\u00e1s justa. <\/p>\n

Adem\u00e1s de otras estructuras, los medios de comunicaci\u00f3n deben igualmente involucrarse en el prop\u00f3sito enunciado, pues los esfuerzos institucionales y familiares no podr\u00edan tener \u00e9xito si en los contenidos de dichos medios contin\u00faa instrumentaliz\u00e1ndose a la mujer y sosteni\u00e9ndose su subordinaci\u00f3n al g\u00e9nero masculino, a trav\u00e9s, entre otras, de un lenguaje excluyente y actitudes \u201cmachistas\u201d, pues, se insiste, esas ideas son la base de quienes desconocen y menoscaban los derechos de las mujeres. <\/p>\n

3.3.\t Esta Corte, igualmente, censura la violencia de g\u00e9nero porque adem\u00e1s de suscitar graves secuelas en la dignidad de quienes son discriminadas, ha llevado a erigir patrones de violencia despiadada no s\u00f3lo contra las mujeres, sino respecto de los ni\u00f1as y transexuales, llegando hasta su esclavismo, explotaci\u00f3n sexual y feminicidio, entre otros delitos, y conductas inaceptables. <\/p>\n

Las estad\u00edsticas en torno al maltrato f\u00edsico respecto de las mujeres, muestran como a pesar de los esfuerzos institucionales, relativos, entre otros, a la agravaci\u00f3n de las penas y promoci\u00f3n del respeto por aqu\u00e9llas, en Colombia se mantienen y aumentan los homicidios y lesiones personales por y en raz\u00f3n de la condici\u00f3n femenina. <\/p>\n

Ante tal evidencia, de ninguna manera pueden amilanarse los esfuerzos que deben seguir realiz\u00e1ndose en procura de lograr la igualdad real. Se insiste, el Estado, la familia, los establecimientos educativos, los medios de comunicaci\u00f3n y dem\u00e1s actores sociales, est\u00e1n compelidos a censurar y visibilizar el maltrato dom\u00e9stico, a restarle el car\u00e1cter de normal atribuido hist\u00f3ricamente y a derruir los estereotipos sobre las mujeres. <\/p>\n

En cuanto a lo discurrido, la Corte Constitucional, advirti\u00f3: <\/p>\n

\u201cLa Recomendaci\u00f3n General n\u00famero 19, emitida por el (\u2026) Comit\u00e9 [de Naciones Unidas para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer] el 29 de enero de 1992, explic\u00f3 que \u201cla violencia en la familia es una de las formas m\u00e1s insidiosas de la violencia contra la mujer\u201d. Por lo anterior, recomend\u00f3 a los Estados que ratificaron la CEDAW como Colombia, establecer las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cMedidas dentro de las cuales figuran: (i) sanciones penales en los casos inexcusables y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; (ii) legislaci\u00f3n que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida; (iii) servicios para garantizar la seguridad de las v\u00edctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitaci\u00f3n; (iv) programas de rehabilitaci\u00f3n para agresores; y (v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n en 1994, en la Cuarta Conferencia de Beijing se indic\u00f3 que la violencia contra las mujeres y las ni\u00f1as que ocurre en la familia o en el hogar, a menudo es tolerada. \u201cEl abandono, el abuso f\u00edsico y sexual y la violaci\u00f3n de las ni\u00f1as y las mujeres por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, as\u00ed como los casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por lo que son dif\u00edciles de detectar\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn 2005, la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud present\u00f3 el informe titulado \u201cEl Estudio multipa\u00eds de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia dom\u00e9stica contra la mujer\u201d, en cuyo pr\u00f3logo se indic\u00f3 que \u201cla violencia dom\u00e9stica, en particular, contin\u00faa siendo terriblemente com\u00fan y es aceptada como \u201cnormal\u201d en demasiadas sociedades del mundo\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn el mismo sentido, en marzo de 2007, el informe y las recomendaciones hechas al Estado colombiano, por parte del Comit\u00e9 de la CEDAW, precis\u00f3 que \u201cel reporte [sobre violencia dom\u00e9stica] por parte del Instituto de Medicina Legal del 2005 [mostr\u00f3] que las mujeres constituyen el 84% de los 17.712 dict\u00e1menes realizados, y el 84% de estas son menores de edad. Asimismo, en 2005, el 41% de las mujeres alguna vez unidas report\u00f3 haber sido v\u00edctima de violencia f\u00edsica y\/o sexual por su pareja, porcentaje no muy diferente al 39% reportado en 2000. Lo anterior sin tener en cuenta que se presenta una muy baja tasa de denuncia o b\u00fasqueda de ayuda: en 2005, el 76.1% de mujeres v\u00edctimas de violencia report\u00f3 no haber buscado ayuda al respecto\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEl II Informe sobre la implementaci\u00f3n de la Ley 1257 de 2008, publicado en diciembre de 2013, se\u00f1al\u00f3 que \u201cconforme a la informaci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), en el a\u00f1o 2012 se presentaron 65.210 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 47.620 casos de violencia ejercida por la pareja o expareja contra mujeres, 18.100 casos de violencia sexual contra mujeres y 138 casos de feminicidios \u00edntimos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cA pesar de los esfuerzos de las autoridades los actos de violencia contra las mujeres se mantienen. En efecto, en el Bolet\u00edn Epidemiol\u00f3gico sobre la Violencia de G\u00e9nero en Colombia en los a\u00f1os 2014, 2015 y 2016 publicado por Medicina Legal, se evidencia que en el Pa\u00eds mueren 2.6 mujeres al d\u00eda, con relaci\u00f3n al componente del hecho de ser mujer. El feminicidio como delito se tipific\u00f3, sin embargo, entre el a\u00f1o 2016 y 2017, se present\u00f3 un incremento del 22% de casos de feminicidio. El 85% de las mujeres que mueren son solteras o viven en uni\u00f3n marital de hecho. En cuanto a lesiones personales, fueron reportados por Medicina Legal 134.423 casos en tres a\u00f1os, teniendo en cuenta la cantidad de cifras negras que se manejan en Medicina Legal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAsimismo, en el informe presentado por Medicina Legal en el 2017 sobre la violencia contra las mujeres, se reportaron 35.690 casos de violencia en parejas, de los cuales 8.659 casos son en Bogot\u00e1. Respecto de situaciones de violencia intrafamiliar, se encontraron 13.422, en los que 4.631 involucraron situaciones con ni\u00f1as de 0 a 4 a\u00f1os de edad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se evidencia entonces que, a pesar de los esfuerzos, todav\u00eda persisten obst\u00e1culos para que la violencia \u00edntima o dom\u00e9stica pueda ser considerada un acto real de violencia. Tales obst\u00e1culos son, entre otros, la dicotom\u00eda entre las esferas p\u00fablico-privadas y la incapacidad cultural para ver el maltrato \u00edntimo como violencia, debido a su normalizaci\u00f3n en las culturas patriarcales o su invisibilizaci\u00f3n. Por ello, algunas feministas, afirman que \u201cla violencia contra la mujer es un acto pol\u00edtico; su mensaje es la dominaci\u00f3n: \u2018Qu\u00e9dense en su sitio, o tengan miedo\u2019 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tFinalmente, ante la gravedad de las denuncias aducidas en la impugnaci\u00f3n, relativas a la supuesta situaci\u00f3n padecida por la menor agenciada, se impone requerir tanto a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambos en Bucaramanga, para que adopten las medidas correspondientes y necesarias con el fin de garantizar los derechos de la ni\u00f1a, de cara a las alegaciones del aqu\u00ed promotor, las cuales ser\u00e1n puestas en su conocimiento. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Requerir a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambos en Bucaramanga, para que verifiquen de forma inmediata la situaci\u00f3n de la menor aqu\u00ed agenciada y adopten las medidas del caso, teniendo en consideraci\u00f3n lo alegado por el tutelante. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele a dichas entidades copia de esta decisi\u00f3n, del escrito de impugnaci\u00f3n y sus anexos. <\/p>\n

TERCERO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCSJ STC de \t13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros \ten fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n2 \tCSJ, \tSTC \tde 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01
\n3 \tCJS. STC de 21 de julio de 2016, exp. 13001-22-21-000-2016-00060-01
\n4 \tCorte Constitucional. Sentencia T-338 de 2018
\n5 \tCorte Constitucional. Sentencia T-241 de 2016
\n6 \tCorte Constitucional. Sentencia T-338 de 2018 <\/p>\n

8 \tCorte \tConstitucional. Sentencia T-338 de 18
\n9 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n13 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n14 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n15 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16182-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02195-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Lenin Alex\u00e1nder Dur\u00e1n Dur\u00e1n, en su […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102203\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}