{"id":102206,"date":"2026-07-01T21:58:43","date_gmt":"2026-07-01T21:58:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102206"},"modified":"2026-07-01T21:58:43","modified_gmt":"2026-07-01T21:58:43","slug":"stc16185-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16185-2018\/","title":{"rendered":"STC16185-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16185-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2018-01941-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, vida, seguridad social, m\u00ednimo vital, igualdad, indexaci\u00f3n de las mesadas retroactivas de la pensi\u00f3n convencional, \u00abvulneraci\u00f3n de la constituci\u00f3n\u00bb y pago oportuno del reajuste de la pensi\u00f3n convencional, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar i) \u00abrevocar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, el Tribunal de Justicia (sic) de Santa Marta – Sala Laboral y el Juzgado de Descongesti\u00f3n Laboral… de Santa Marta\u00bb; ii) \u00aba los tutelados…[,] conceder la pensi\u00f3n convencional desde el 15 de octubre de 2006…, todos los beneficios de los art\u00edculos del referente convencional de la ley 4\u00aa de 1976 pactado en la cl\u00e1usula octava de la convenci\u00f3n de Electromagdalena de 1985[,] vigente en la convenci\u00f3n de Electricaribe…[;] realizar los reajustes de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales de junio y diciembre de cada a\u00f1o desde el… 2007…[;] el pago de las mesadas retroactivas ordinarias y adicionales de junio y diciembre…\u00bb. <\/p>\n

Subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00abconceder… el reajuste de la pensi\u00f3n convencional otorgada… en el a\u00f1o 2010, por medio de una nueva sentencia judicial por el referente convencional de la ley 4\u00aa de 1976[,] en 15% anual vigente en la convecci\u00f3n de Electricaribe a partir del a\u00f1o 2010[,] con sus incrementos anuales de las mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre…\u00bb; y \u00ab[f]allar con las facultades de los jueces de tutela con criterios extra y ultra petita\u00bb (folios 33 a 35, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1.\tNarr\u00f3 el quejoso que \u00abfue trabajador de la Electrificadora del Magdalena S.A. – ESP, desde el 15 de Octubre de 1986 hasta el 15 de Agosto de 1998 y sustituido patronalmente desde el 16 de Agosto de 1998 a la Electrificadora del Caribe S.A. – ESP hasta el 31 de Diciembre de 2009. Por convenio de sustituci\u00f3n patronal entre las dos empresas con todos los derechos y beneficios convencionales extralegales vigentes para trabajadores y pensionados; donde obtuvo su pensi\u00f3n convencional por Electricaribe el 1\u00ba de enero de 2010…\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tSe\u00f1al\u00f3 que cumpli\u00f3 53 a\u00f1os de edad el 2 de noviembre de 2003 y 20 a\u00f1os de servicio a Electricaribe el 15 de octubre de 2006, por lo que en la \u00faltima data se hizo acreedor de la pensi\u00f3n convencional establecida en el art\u00edculo 12 de la convenci\u00f3n colectiva de 1987, seg\u00fan el cual ten\u00edan derecho a tal prestaci\u00f3n los hombres que cumplieran 50 a\u00f1os de edad y 20 a\u00f1os de servicio. <\/p>\n

2.3.\tPor ello, el 11 de diciembre de 2006 solicit\u00f3 a Electricaribe el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional, la que le fue negada el 21 de marzo de 2007 por no cumplir los requisitos establecidos para tal efecto en el Acta de Acuerdo de 18 de septiembre de 2003, suscrita entre Sintraelecol y Electricaribe, la cual increment\u00f3 en 3 a\u00f1os el requisito de tiempo de servicio. <\/p>\n

2.4.\tAl estar desacuerdo con lo anterior y con la pensi\u00f3n convencional que le fue otorgada s\u00f3lo desde el a\u00f1o 2010, demand\u00f3 a Electricaribe ante el juez laboral, con miras a obtener el reconocimiento de la mentada prestaci\u00f3n desde octubre de 2006, con sus respectivos reajustes y retroactivos, aduciendo que para entonces estaba vigente la convenci\u00f3n colectiva del a\u00f1o 1987, siendo ineficaces las reformas introducidas a trav\u00e9s del Acta de Acuerdo de 2003, como ya lo hab\u00eda definido la jurisdicci\u00f3n en casos similares al suyo. <\/p>\n

2.5.\tSurtidas las etapas de rigor, en sentencia de 4 de mayo de 2012 el Juzgado Laboral de Descongesti\u00f3n de Santa Marta neg\u00f3 las pretensiones al concluir, en esencia, que el Acta de Acuerdo de 2003 cumpl\u00eda todos los presupuestos legales para ser v\u00e1lida y, por ende, vinculante para el demandante. Decisi\u00f3n que apel\u00f3 el inconforme (folios 179 a 182, cuaderno 1). <\/p>\n

2.6.\tEl 25 de abril de 2013 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio pero al considerar que, de acuerdo al par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005 (que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)1, la convenci\u00f3n colectiva invocada por el censor perdi\u00f3 vigencia el 13 de octubre de 2005, sin que, para entonces, aqu\u00e9l contara con un derecho adquirido, por lo que, para octubre de 2006, como \u00e9l lo pidi\u00f3, no era aplicable. Contra esa determinaci\u00f3n el tutelante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n (folios 182 a 185, cuaderno 1). <\/p>\n

2.7.\tEl 17 de julio de 2018 la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal al concluir, en lo medular, que \u00abel demandante no atac\u00f3 la raz\u00f3n principal que tuvo el ad quem para fallar como lo hizo\u00bb, resaltando que: <\/p>\n

…indic\u00f3 que uno de los yerros en que incurri\u00f3 el fallador colegiado, consisti\u00f3 en considerar que las convenciones colectivas de Electromagdalena, siendo la \u00faltima la celebrada en el a\u00f1o 1998, no estaban vigentes. No entendi\u00f3 el impugnante, que esta fue precisamente en la que bas\u00f3 su decisi\u00f3n el Tribunal, cuando, previ\u00f3 el c\u00e1lculo de sus pr\u00f3rrogas legales, asent\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino en que rigi\u00f3, no cumpli\u00f3 con las condiciones para pensionarse conforme a ella. <\/p>\n

Enderez\u00f3 su ataque resaltando los puntos ya relacionados en el ac\u00e1pite correspondiente, pero olvid\u00f3 hacerlo sobre la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n, que no fue otra que, el no cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio, antes del 13 de octubre de 2005. Vale decir, debi\u00f3 por la v\u00eda indirecta, atacar este argumento neural de la decisi\u00f3n. Como no lo hizo, se tiene que dej\u00f3 inc\u00f3lume el aspecto central del fallo (folios 186 a 192, cuaderno 1). <\/p>\n

2.8.\tEn sede de tutela, en copioso escrito, cuestion\u00f3 el gestor que las autoridades acusadas desconocieron sus garant\u00edas esenciales al no concederle la pensi\u00f3n convencional desde octubre de 2006 y todas las dem\u00e1s prerrogativas derivadas de ello, como lo exigi\u00f3, pasando por alto que cumpli\u00f3 todos los requisitos establecidos en la convenci\u00f3n colectiva de 1985 para tal efecto, la que, en su sentir, s\u00ed estaba vigente para aquella data, dado que de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia, el Acta de Acuerdo de 2003 -suscrita entre Sintraelecol y Electricaribe- no ten\u00eda ning\u00fan efecto vinculante, a m\u00e1s que el principio de favorabilidad respecto a las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1993 debi\u00f3 aplicarse de cara a lo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2005, entendi\u00e9ndose que, como tambi\u00e9n lo ha determinado la jurisprudencia, tal normatividad no rest\u00f3 efectos al pacto colectivo inicial. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que su ruego resulta acorde a los precedentes judiciales existentes sobre la materia, tanto en la jurisdicci\u00f3n constitucional como en la ordinaria, los que ignoraron las sedes judiciales acusadas, birlando su derecho a la igualdad (rese\u00f1\u00f3, entre muchas otras, las sentencias CC T-516\/03; T-526\/10 y T-234\/11; CSJ SL, 3 abr. 2008, rad. 29907; SL, 24 abr. 2012, rad. 39797; SL, 8 may. 2012, rad. 37523; SL, 25 sep. 2012, rad. 39783; SL, 7 nov. 2012, rad. 39132; SL, 20 mar. 2013, rad. 54265; SL3088, 13 mar. 2014; SL8768, 8 jul. 2015; y SL, 29 mar. 2017, rad. 56514). <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 ser un sujeto digno de especial protecci\u00f3n por parte del Estado porque lo que actualmente percibe no le alcanza para sufragar las necesidades b\u00e1sicas de su hogar; tiene una deuda \u00abcon la cooperativa CEDEC por… $4.375.972\u00bb; y \u00abes un adulto mayor de 65 a\u00f1os de edad y padece enfermedades de las siguientes patolog\u00edas: dolor lumbar y espalda, nicturia frecuente, parestesias y disestesias en manos, p\u00e9rdida progresiva de peso y problemas neurosiqui\u00e1tricos y [su] se\u00f1ora… padece de las enfermedades: taquicardia parox\u00edstica y artrosis de rodilla izquierda, estre\u00f1imiento cr\u00f3nico, hemorroides internas, p\u00f3lipo de col\u00f3n, incontinencia urinaria\u00bb (folios 1 a 37, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de amparo fue formulada el 10 de septiembre de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el d\u00eda 12 siguiente (folios 1, 166 y 168, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Quinto Laboral de Santa Marta limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las decisiones adoptadas de fondo en el asunto fustigado e indic\u00f3 que \u00abha sido respetuoso, en sus actuaciones, del debido proceso\u00bb (folio 178, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n anot\u00f3 que la salvaguarda deb\u00eda negarse \u00aben atenci\u00f3n a que la decisi\u00f3n adoptada…, en el sentido de no casar el fallo proferido por el Tribunal…, se sustent\u00f3 en determinar si los argumentos presentados, por la v\u00eda de puro derecho (\u00fanico cargo), ten\u00edan la virtualidad de mostrar, con la contundencia que exige el recurso, alg\u00fan error que ameritara el quiebre de la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abdemostrado est\u00e1 que en el tr\u00e1mite del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 [el quejoso] contra… Electricaribe, estuvo asistido por un profesional del derecho, quien cuando lo consider\u00f3 necesario intervino, tanto as\u00ed que frente a las decisiones que le resultaron desfavorables interpuso y sustent\u00f3 los recursos que consider\u00f3 pertinentes\u00bb, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00abal revisar el pronunciamiento dictado el 17 de julio de 2018, se advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia…, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado del aqu\u00ed accionante, de manera clara y precisa expuso los motivos por los cuales no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal\u00bb (folios 213 a 228, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante insistiendo en los planteamientos expuestos en la demanda de tutela (folios 235 a 254, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2.\tPor ende, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

3.\tAhora, de entrada, es claro que el reclamante re\u00fane las condiciones para ser considerado un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, dado que actualmente tiene 65 a\u00f1os de edad -de acuerdo a su documento de identidad naci\u00f3 el 2 de noviembre de 1953-, supuesto que, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1276 de 2009 (seg\u00fan el canon 1\u00ba de dicha norma la misma \u00abtiene por objeto la protecci\u00f3n a las personas de la tercera edad (o adultos mayores)\u2026\u00bb), permite aseverar que aqu\u00e9l hace parte del grupo poblacional de las personas de la tercera edad o adultos mayores, entendidos \u00e9stos como \u00abaquella[s] persona[s] que cuenta[n] con sesenta (60) a\u00f1os de edad o m\u00e1s. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podr\u00e1 ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 a\u00f1os y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste f\u00edsico, vital y psicol\u00f3gico as\u00ed lo determinen\u00bb. <\/p>\n

4.\tZanjado lo anterior, descendiendo al caso de autos, observa la Corte que el accionante enfila su cr\u00edtica contra las providencias de 4 de mayo de 2012, 25 de abril de 2013 y 17 de julio de 2018, proferidas por el Juzgado Laboral de Descongesti\u00f3n de Santa Marta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad y la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, mediante las cuales, en su orden, no se accedi\u00f3 a las pretensiones respecto al reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional desde octubre de 2006, se mantuvo esa decisi\u00f3n y no se cas\u00f3 la dictada por el ad-quem. <\/p>\n

4.1.\tEn el fallo del Juzgado, acorde con lo sintetizado por el Tribunal, las pretensiones de la demanda fueron negadas porque: <\/p>\n

…de acuerdo con la vigencia, al actor le es aplicable el acuerdo del 18 de septiembre de 2003, el cual est\u00e1 debidamente depositado, y tiene las caracter\u00edsticas que define el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; que despacha desfavorablemente la s\u00faplica de ineficacia e inaplicabilidad del acta de acuerdo 2003, por cuanto no es competente para ello; sobre el reajuste de la Ley 4 de 1976, dijo, luego de transcribir el art\u00edculo octavo de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo cuya aplicaci\u00f3n se solicita, que s\u00f3lo se aplica a quienes, a la fecha de suscripci\u00f3n del acuerdo convencional, detentaran el estatus de pensionados; que quienes se pensionaron en vigencia de otros sistemas de reajuste pensional, no tienen derecho al reajuste que se reclama; sobre los reajustes de pensi\u00f3n teniendo en cuenta el auxilio de transporte y lo contemplado en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1981, ya se dijo cu\u00e1l era la aplicable por encontrarse vigente al momento de causarse la pensi\u00f3n, y por ello, mal har\u00eda el despacho en hacer uso de una convenci\u00f3n que no le aplica, pues en ese momento, todav\u00eda no se hab\u00eda configurado el derecho pensional; transcribe el punto octavo de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1985, para decir que de ella no se desprende que se excluya a los pensionados del pago de aportes por los servicios de salud propios y de su n\u00facleo familiar; luego de transcribir el art\u00edculo s\u00e9ptimo de la convenci\u00f3n colectiva de 1970, dice que esa disposici\u00f3n se refiere a la cobertura familiar en salud a los miembros del n\u00facleo familiar del pensionado hasta tanto el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asuma la cobertura del servicio de salud, hecho que ya se produjo desde el advenimiento de la Ley 100 de 1993, que es posterior a la Ley 4 de 1976 y a la convenci\u00f3n cuya aplicaci\u00f3n se pide; que en el par\u00e1grafo segundo se indica que la empresa s\u00f3lo debe pagar el excedente por la prestaci\u00f3n del servicio, que en este caso son los padres del trabajador o pensionado cuando \u00e9ste tiene esposa o compa\u00f1era e hijo, evento en el cual las disposiciones legales prev\u00e9n que los padres pierden el derecho a ser atendidos, y por esta previsi\u00f3n convencional son atendidos por la empresa; que los restantes miembros del grupo familiar, en este caso, la esposa y los hijos, son cubiertos por la afiliaci\u00f3n a la EPS del actor, razones por las cuales no prospera la s\u00faplica del pago del riesgo de salud. <\/p>\n

4.2.\tDecisi\u00f3n que apel\u00f3 el reclamante se\u00f1alando, en lo medular, que: <\/p>\n

…como cumpli\u00f3 los requisitos en vigencia del acto legislativo 1 de 2005, se le debe aplicar el principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Nacional, porque no se pueden pactar nuevas condiciones, para hacer efectivo el derecho de la pensi\u00f3n convencional; que no se debe tener en cuenta el art\u00edculo 51 del acta de acuerdo del 2003, en consonancia con el pronunciamiento de la Sala Laboral del Tribunal del Atl\u00e1ntico, el cual transcribe, quien considera nulo dicho acuerdo para otorgar pensiones convencionales en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005; que se le debe aplicar el art\u00edculo 7 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1981, para tenerse en cuenta el auxilio de transporte como factor salarial; que respecto del incremento salarial por la Ley 4 de 1976, dice que no es correcto el razonamiento que hace la a quo, por cuanto la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es una sola y el Sindicato de Trabajadores certific\u00f3 la vigencia del punto convencional de la Ley 4 de 1976 para todos los pensionados con la convenci\u00f3n de Electricaribe; que la a quo no se pronunci\u00f3 sobre los 30 d\u00edas de prima de servicios que Electricaribe le dej\u00f3 de pagar… en todos los meses de diciembre de los a\u00f1os 1998 a la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato; que Minprotecci\u00f3n sancion\u00f3 a la demandada por vulnerar la convenci\u00f3n de 1963 de Electromagdalena, art\u00edculo 3, sobre la prima de servicio del segundo semestre, y el Tribunal Superior, Sala Laboral, de Santa Marta, conden\u00f3 a Electricaribe a cancelar los 45 d\u00edas de prima de servicios en la sentencia de radicado 438-01; que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1970, obliga a la demandada al pago del riesgo de salud; y que en ning\u00fan momento el par\u00e1grafo segundo est\u00e1 haciendo alusi\u00f3n al servicio de salud de los padres que est\u00e1 muy preciso en el art\u00edculo 7 de la convenci\u00f3n colectiva de Electromagdalena de 1970. <\/p>\n

4.3.\tLa Sala Laboral del Tribunal mencionado confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo pero al concluir que la convenci\u00f3n colectiva invocada por el gestor no estaba vigente para octubre de 2006, atendiendo a lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005; lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

El demandante solicita la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo duod\u00e9cimo de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1987…, el cual reza de la siguiente manera: <\/p>\n

\u201cLa empresa podr\u00e1 reconocer y conceder la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n al trabajador sindicalizado o no sindicalizado que se beneficie de la presente convenci\u00f3n, que el d\u00eda… (1\u00ba) de enero de 1987 tuviere… (10) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio a la empresa cuando cumpla 20 a\u00f1os de servicio, cualquiera que sea su edad.
\n\u201cPara los trabajadores que el 1\u00ba de enero de 1987 tuvieren menos de… (10) a\u00f1os de servicio a la empresa, tendr\u00e1n derecho a solicitar la pensi\u00f3n al cumplir 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad si fueren hombres…, caso en el cual la empresa la reconocer\u00e1\u201d. <\/p>\n

El art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, dispuso una especie de r\u00e9gimen de transici\u00f3n, con el fin de salvaguardar derechos adquiridos de los trabajadores: <\/p>\n

En el caso de marras, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1987, tuvo una vigencia inicial, pactada en la cl\u00e1usula primera, de dos a\u00f1os, a partir del 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1988. <\/p>\n

A su vez el art\u00edculo 478, ib\u00eddem, estipula la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de las convenciones colectivas as\u00ed: <\/p>\n

\u201cA menos que se hayan pactado normas diferentes en la convenci\u00f3n colectiva, si dentro de los sesenta (60) d\u00edas inmediatamente anteriores a la expiraci\u00f3n de su t\u00e9rmino las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestaci\u00f3n escrita de su expresa voluntad para darla por terminado, la convenci\u00f3n se entiende prorrogada por per\u00edodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contar\u00e1n desde la fecha se\u00f1alada para su terminaci\u00f3n\u201d… <\/p>\n

Lo anterior implica que la convenci\u00f3n colectiva mantiene su vigencia hasta tanto sea derogada por una nueva, e, incluso, las cl\u00e1usulas anteriores, deben ser derogadas, sustituidas o modificadas expresamente por el nuevo acuerdo convencional, de lo contrario, continuar\u00e1n vigentes y surtiendo los efectos que en ellas contemplan a beneficio de los trabajadores. <\/p>\n

De ah\u00ed que le corresponda al empleador demostrar que perdieron fuerza tales reglas convencionales, y, como en este caso, no est\u00e1 probado que la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1987 haya sido derogada, modificada o sustituida, ella continu\u00f3 vigente, y habr\u00e1 de determinarse, cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino de vigencia de la \u00faltima convenci\u00f3n suscrita entre el sindicato de trabajadores y el empleador, para efectos de su aplicaci\u00f3n al caso de marras. <\/p>\n

En ese sentido, la \u00faltima convenci\u00f3n colectiva de trabajo que aparece aportada al plenario, es la suscrita el 14 de abril de 1998…, y dentro de los trece art\u00edculos que aparecen en la copia simple aportada no se estipula el t\u00e9rmino de vigencia, sin embargo, de conformidad con el art\u00edculo 477 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en estos casos, se entender\u00e1 celebrada por t\u00e9rminos sucesivos de seis en seis meses, y se tomar\u00e1 la fecha de su firma, esto es, el 14 de abril de 1998. <\/p>\n

Por consiguiente, si se entiende prorrogada de seis en seis meses, de conformidad con lo estipulado en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, la \u00faltima pr\u00f3rroga empez\u00f3 el 14 de abril de 2005 y termin\u00f3 el 13 de octubre de 2005, interregno temporal en el cual debi\u00f3 configurarse el derecho pensional del demandante para que se entienda un derecho adquirido; sin embargo, y, como viene demostrado, el actor cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad el 2 de noviembre de 2003, pero complet\u00f3 el tiempo de servicios de 20 a\u00f1os, el 15 de octubre de 2006, esto es, con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de la vigencia de la regla convencional, lo que quiere decir que el actor no logr\u00f3 consolidar el derecho a la pensi\u00f3n mientras estuvo vigente la regla convencional. <\/p>\n

Aunado a ello, debe decirse que la jurisprudencia constitucional mencionada por el recurrente, se refiere a sentencia de tutela que tiene un efecto inter partes, as\u00ed como tambi\u00e9n, las providencias de los Tribunales Superiores citados, por lo que no puede pretender beneficiarse de las decisiones que, aunque afectaron a la misma demandada, lo fue respecto de otros trabajadores y\/o pensionados. <\/p>\n

El fracaso de la pretensi\u00f3n del reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, afecta la prosperidad del reajuste de la primera mesada con base en el promedio de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios. <\/p>\n

El argumento discurrido para absolver por la pensi\u00f3n convencional, sirve de sustento a la Sala para la absoluci\u00f3n del reajuste de la Ley 4 de 1976, consagrado en la cl\u00e1usula octava de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1985, as\u00ed como las pretensiones de reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la no inclusi\u00f3n del auxilio de transporte como factor salarial. <\/p>\n

Respecto de los beneficios de salud, ha de advertirse que la Ley 100 de 1993, desde su expedici\u00f3n, ha pretendido ser el v\u00e9rtice de una seguridad social integral, donde se eliminen los privilegios de ciertos grupos y se unifiquen para toda la poblaci\u00f3n, evitando la existencia de m\u00faltiples sistemas paralelos, y por el contrario, preservar la unificaci\u00f3n de \u00e9stos en igualdad de condiciones para todos los afiliados, tanto los directos como sus familiares. <\/p>\n

Ese es el esp\u00edritu consagrado en el nuevo sistema de seguridad social integral, que, a trav\u00e9s de sus principios, pretende garantizar la protecci\u00f3n de todas las personas, sin discriminaci\u00f3n alguna, permitiendo la solidaridad y una cobertura integral de todos los sectores econ\u00f3micos, regiones y comunidades. <\/p>\n

Siendo, entonces, la Seguridad Social un servicio p\u00fablico obligatorio, cuya direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control est\u00e1 a cargo del Estado, y que ser\u00e1 prestado por las entidades p\u00fablicas o privadas en los t\u00e9rminos y condiciones establecidos en la Ley 100 de 1993, se deben entender adaptados al sistema todos los beneficios que con anterioridad se ven\u00edan aplicando en los diferentes sectores. <\/p>\n

Aunado a ello, no es posible condenar por estos conceptos por cuanto no est\u00e1 demostrado, por el demandante, que haya sufragado gastos de asistencia m\u00e9dica, quir\u00fargica y dem\u00e1s servicios all\u00ed se\u00f1alados, siendo imposible disponer una sanci\u00f3n en abstracto. En lo referido a la inclusi\u00f3n del auxilio de transporte como factor salarial para la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales, la Sala se permite decir que el demandante no discrimina en su demanda cada una de las prestaciones sociales, cuya reliquidaci\u00f3n pretende, siendo la \u00fanica concretada el auxilio de cesant\u00eda. <\/p>\n

Sin embargo, se observa a folios 28 y 30 documentos contentivos de la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales del demandante y del salario base de cesant\u00eda, respectivamente, y se incluye dentro de la base de liquidaci\u00f3n de la cesant\u00eda el auxilio de transporte en valor de $670.090, generando un promedio devengado de $1.611.392, el cual sirvi\u00f3 de base para liquidar la cesant\u00eda final. <\/p>\n

Lo anterior significa que el auxilio de transporte s\u00ed fue tenido en cuenta para liquidar la cesant\u00eda definitiva del actor, por consiguiente, no habr\u00e1 lugar a condena alguna por este concepto. <\/p>\n

Por \u00faltimo, respecto de la solicitud del pago de 30 d\u00edas por concepto de prima de servicios, se observa que \u00e9sta no fue incluida dentro del ac\u00e1pite de las pretensiones de la demanda, por lo que, en virtud del principio de congruencia, no podr\u00eda la Sala pronunciarse sobre la misma, al carecer de facultades extra y ultra petita, que son propias de los jueces de primera instancia. <\/p>\n

4.4.\tSentencia del ad-quem que el 17 de julio de 2018, apoy\u00e1ndose en precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte (CSJ SL, 8 may. 2013, rad. 45799; AL993-2017 y SL2042-2018), resolvi\u00f3 no casar la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la misma Colegiatura tras exponer, en lo medular, que: <\/p>\n

…la demanda presenta graves deficiencias t\u00e9cnicas insubsanables, por ser el recurso de casaci\u00f3n dispositivo; aunado a que en su extenso escrito, pretende sustentar el cargo sin se\u00f1alar cuando transcribe al Tribunal y cuando comienza su argumentaci\u00f3n. Tales falencias son: <\/p>\n

1.- Al fijar el alcance de la impugnaci\u00f3n, no indic\u00f3 lo que deb\u00eda hacer la Corte con la sentencia de primer grado; simplemente, pidi\u00f3 que se \u00abcase totalmente\u00bb la… del Tribunal, \u00abmediante la cual confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado…[,] la cual absolvi\u00f3 a la demandada de las s\u00faplicas de la demanda, consistentes en [\u2026]\u00bb. Vale decir, no precis\u00f3 si la sentencia del a quo deb\u00eda ser confirmada, modificada o revocada, siendo su deber hacerlo, ni qu\u00e9 deb\u00eda resolver la Corte una vez instalada en sede de instancia. En \u00faltimas, no formul\u00f3 pretensi\u00f3n impugnaticia… <\/p>\n

2.- Al acusar la sentencia como violatoria de la ley sustancial \u00abpor la v\u00eda directa\u00bb, esta v\u00eda de puro derecho, tendiente a demostrar que el Tribunal por \u00abinfracci\u00f3n directa\u00bb, se rebel\u00f3 contra el contenido de los art\u00edculos 21 y 467 CST, no permite aludir a aspectos propios de la senda de los hechos… <\/p>\n

La censura, no cumple con esta t\u00e9cnica cuando para desarrollar el cargo manifiesta, <\/p>\n

Que, el Tribunal no se pronunci\u00f3 concretamente sobre el Acta de Acuerdo del 18 de septiembre de 2003, que modific\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva de Electromagdalena, para introducir nuevos requisitos para liquidar prestaciones sociales y pensi\u00f3n convencional de los trabajadores convencionados de ELECTRICARIBE Distrito Magdalena, afect\u00e1ndolo, porque no dio cr\u00e9dito a su pensi\u00f3n convencional de acuerdo con el art\u00edculo 12 de la Convenci\u00f3n de Electromagdalena de 1987. <\/p>\n

Punto que, a no dudarlo, debi\u00f3 atacar por la \u00absenda indirecta\u00bb, que es la propia para enrostrar errores de hecho provenientes de la falta de apreciaci\u00f3n de un documento aut\u00e9ntico, como en este aparte lo quiere hacer ver el impugnante. <\/p>\n

As\u00ed como, cuando enfila su argumento en las circunstancias factico-probatorias consistentes en que, <\/p>\n

[\u2026] yerra el Tribunal al no aplicar el art. 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n de Electromagdalena de 1981 para considerar factor salarial a todos los conceptos devengados por el trabajador en dinero o en especie en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio para liquidar prestaciones sociales y la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional del actor [\u2026] <\/p>\n

Que, por lo tanto \u00abtodas las convenciones colectivas de trabajo de Electromagdalena son pruebas fundamentales para que prosperen las reclamaciones laborales del actor\u00bb [\u2026] <\/p>\n

todo se debe realizar con base en la prueba convencional del art\u00edculo 7\u00b0 de la convenci\u00f3n de Electromagdalena de 1981, para liquidar los factores salariales y el art. 12 de la convenci\u00f3n de Electromagdalena de 1987 para otorgarle la pensi\u00f3n convencional al actor desde el 15 de octubre de 2006. [\u2026] <\/p>\n

M\u00e1s aun, cuando critica, <\/p>\n

Que, igualmente se equivoc\u00f3 el Tribunal al asentar que no est\u00e1 demostrado que el actor haya sufragado gastos asistenciales y, que el auxilio de transporte se incluy\u00f3 en la liquidaci\u00f3n de la cesant\u00eda, que por tanto no habr\u00eda lugar a dicha condena. Equivocaci\u00f3n surgida del mismo art\u00edculo 40 del acta de acuerdo de 2003, que establece los factores salariales, dentro de los cuales no est\u00e1 el auxilio de transporte. De igual forma, que es v\u00e1lido como pensionado convencionado, para \u00e9l y su grupo familiar, el reconocimiento del referente de la Ley 4\u00aa de 1976 en forma integral, que est\u00e1 pactada en la CCT Electromagdalena de 1985.
\nY, cuando concluye que, <\/p>\n

Respecto de las primas, indica que el ad quem las neg\u00f3, porque consider\u00f3 que no estaban incluidas dentro de las pretensiones, siendo que, en la demanda se consignaron los siguientes aspectos sobre los 30 d\u00edas de la prima de servicio: <\/p>\n

XVII. En la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de Electromagdalena de 1963 en el art\u00edculo tercero hay pactado (sic) 45 d\u00edas de prima de servicio y la empresa Electricaribe est\u00e1 cancelando 15 d\u00edas solamente. <\/p>\n

Queriendo con esto significar, m\u00e1s bien, una \u00abapreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb de la demanda. Pero, ninguno de estos argumentos, conlleva a la demostraci\u00f3n de que el Tribunal infringi\u00f3 directamente las normas citadas. Por el contrario, se enfilan, por la v\u00eda equivocada, al se\u00f1alar errores de hecho con base en la valoraci\u00f3n probatoria, propio de la v\u00eda indirecta… <\/p>\n

3.- El fundamento central del Tribunal para confirmar el fallo absolutorio, consisti\u00f3 en que, la CCT de 1987, tuvo una vigencia inicial pactada en la cl\u00e1usula primera, de dos a\u00f1os, a partir del 1\u00b0 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1988; que, a su vez, seg\u00fan al art\u00edculo 478 CST, se entiende prorrogada por per\u00edodos sucesivos de seis en seis meses desde la fecha se\u00f1alada para su terminaci\u00f3n, cuando dentro de los 60 d\u00edas inmediatamente anteriores a la expiraci\u00f3n de su t\u00e9rmino, no se exprese la voluntad de darla por terminada. <\/p>\n

Que, conforme al art\u00edculo 479 ib\u00eddem, formulada la denuncia de la CCT, seg\u00fan lo regulado legalmente, \u00e9sta continuar\u00e1 vigente hasta tanto se firme una nueva, y que, <\/p>\n

[\u2026] lo anterior implica que la CCT mantiene su vigencia hasta tanto sea derogada por una nueva, e, incluso, las cl\u00e1usulas anteriores, deben ser derogadas, sustituidas o modificadas expresamente por el nuevo acuerdo convencional, de lo contrario, continuar\u00e1n vigentes y surtiendo los efectos que en ellas contemplan a beneficio de los trabajadores. <\/p>\n

De ah\u00ed, que le corresponda al empleador demostrar que perdieron fuerza tales reglas convencionales, y, como en este caso, no est\u00e1 probado que la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la CCT 1987 haya sido derogada, modificada o sustituida, ella continu\u00f3 vigente, y habr\u00e1 de determinarse, cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino de vigencia de la \u00faltima CCT suscrita entre el sindicato de trabajadores y el empleador, para efectos de su aplicaci\u00f3n al caso de marras. <\/p>\n

En ese sentido, la \u00faltima CCT que aparece aportada al plenario, es la suscrita el 14 de abril de 1998 [f.\u00b0 103-108], y dentro de los 13 art\u00edculos que aparecen en la copia simple aportada no se estipula el t\u00e9rmino de vigencia, sin embargo, de conformidad con el art\u00edculo 477 CST, en estos casos, se entender\u00e1 celebrada por t\u00e9rminos sucesivos de 6 en 6 meses, y se tomar\u00e1 la fecha de su firma, esto es, el 14 de abril de 1998 (negrilla fuera del texto). <\/p>\n

De esta manera, asent\u00f3 el ad quem que, <\/p>\n

[\u2026] la \u00faltima pr\u00f3rroga empez\u00f3 el 14 de abril de 2005 y termin\u00f3 el 13 de octubre de 2005, interregno temporal en el cual debi\u00f3 configurarse el derecho pensional del demandante para que se entendiera un derecho adquirido; sin embargo, y, como viene demostrado, el actor cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad el 2 de noviembre de 2003, pero complet\u00f3 el tiempo de servicios de 20 a\u00f1os, el 15 de octubre de 2006, esto es, con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de la vigencia de la regla convencional, lo que quiere decir que el actor no logr\u00f3 consolidar el derecho a la pensi\u00f3n mientras estuvo vigente la regla convencional (negrilla y rayas fuera del texto). <\/p>\n

Lo anterior, conduce a la Sala a concluir que el ad quem neg\u00f3 las pretensiones, no por considerar que las convenciones colectivas aportadas por el demandante no estaban vigentes; menos emiti\u00f3 juicio de valor respecto de que la tantas veces mencionada \u00abacta de acuerdo\u00bb del 18 de septiembre de 2003 las hubiera modificado, sino que, bas\u00f3 su decisi\u00f3n, precisamente al considerar que como no se prob\u00f3 que la cl\u00e1usula 12 de la CCT de 1987, cuya aplicaci\u00f3n siempre reclam\u00f3 el actor como fuente normativa de su pensi\u00f3n convencional, hubiera sido derogada, modificada o sustituida, ella continuaba vigente. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que habr\u00eda de determinarse cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino de vigencia de la \u00faltima convenci\u00f3n aplicable al caso. Para ello, explic\u00f3 que, la que aparec\u00eda aportada al plenario, era la suscrita el 14 de abril de 1998…, en cuyo cuerpo no se estableci\u00f3 su vigencia; que as\u00ed, de conformidad con el art\u00edculo 477 CST, calcul\u00f3 sus pr\u00f3rrogas y determin\u00f3 que estuvo vigente hasta el 13 de octubre de 2005, fecha l\u00edmite hasta la cual debi\u00f3 el demandante reunir los requisitos para su pensi\u00f3n y as\u00ed poder entenderla como un derecho adquirido, lo cual no sucedi\u00f3, dada la data en que complet\u00f3 el tiempo de servicios (15 de octubre de 2006). <\/p>\n

De tal aserto, se concluye que el demandante no atac\u00f3 la raz\u00f3n principal que tuvo el ad quem para fallar como lo hizo, sino que, se limit\u00f3 a cuestionar situaciones de hecho y probatorias ajenas a esta v\u00eda, as\u00ed como, a se\u00f1alar \u00abequivocaciones\u00bb totalmente alejadas de la realidad procesal, enfilando su ataque respecto de conclusiones a las que jam\u00e1s arrib\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n

As\u00ed, indic\u00f3 que uno de los yerros en que incurri\u00f3 el fallador colegiado, consisti\u00f3 en considerar que las convenciones colectivas de Electromagdalena, siendo la \u00faltima la celebrada en el a\u00f1o 1998, no estaban vigentes. No entendi\u00f3 el impugnante, que esta fue precisamente en la que bas\u00f3 su decisi\u00f3n el Tribunal, cuando, previ\u00f3 el c\u00e1lculo de sus pr\u00f3rrogas legales, asent\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino en que rigi\u00f3, no cumpli\u00f3 con las condiciones para pensionarse conforme a ella. <\/p>\n

Enderez\u00f3 su ataque resaltando los puntos ya relacionados en el ac\u00e1pite correspondiente, pero olvid\u00f3 hacerlo sobre la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n, que no fue otra que, el no cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio, antes del 13 de octubre de 2005. Vale decir, debi\u00f3 por la v\u00eda indirecta, atacar este argumento neural de la decisi\u00f3n. Como no lo hizo, se tiene que dej\u00f3 inc\u00f3lume el aspecto central del fallo… (folios 196 a 208, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tBajo ese contexto, se deduce la procedencia del resguardo impetrado, al encontrarse que la conclusi\u00f3n del ad-quem criticado fue contraria tanto a los precedentes vigentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta colegiatura como a la actual jurisprudencia constitucional. <\/p>\n

En efecto, se destaca que el Tribunal acusado para adoptar la decisi\u00f3n que dict\u00f3 en segunda instancia en contra del aqu\u00ed accionante, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla \u00faltima convenci\u00f3n colectiva de trabajo que aparece aportada al plenario, es la suscrita el 14 de abril de 1998…, y dentro de los trece art\u00edculos que aparecen en la copia simple aportada no se estipula el t\u00e9rmino de vigencia, sin embargo, de conformidad con el art\u00edculo 477 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en estos casos, se entender\u00e1 celebrada por t\u00e9rminos sucesivos de seis en seis meses, y se tomar\u00e1 la fecha de su firma, esto es, el 14 de abril de 1998\u00bb; luego de lo cual, asever\u00f3, que acorde con el par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 25 de julio de 2005, aquel pacto perdi\u00f3 toda fuerza vinculante a partir del 13 de octubre de ese a\u00f1o, al concluir que \u00absi se entiende prorrogada de seis en seis meses, de conformidad con lo estipulado en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, la \u00faltima pr\u00f3rroga empez\u00f3 el 14 de abril de 2005 y termin\u00f3 el 13 de octubre de 2005\u00bb. Supuesto que la tambi\u00e9n accionada Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 especializada en lo Laboral de esta Corte se abstuvo de estudiar de fondo ante la falta de t\u00e9cnica que advirti\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal encausado no resulta de recibo en sede constitucional al apartarse, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, de la interpretaci\u00f3n que de esa disposici\u00f3n normativa (esto es, el Acto Legislativo 01 de 2005) se ha dado por v\u00eda jurisprudencial, mediante la cual se ha dilucidado que la convenci\u00f3n colectiva objeto de estudio fue \u00abobjeto de sucesivas pr\u00f3rrogas por cuenta de lo dispuesto en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb, por lo que las reglas pensionales establecidas en ella \u00absubsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como l\u00edmite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales\u00bb; lo que ha dejado por sentado la especialidad laboral a trav\u00e9s de su \u00f3rgano de cierre y ha sido validado por la Corte Constitucional. <\/p>\n

5.1.\tAl respecto, en sentencia de 9 de agosto de 2017 (SL12498, rad. 49768), la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte hizo una l\u00ednea jurisprudencial desde el a\u00f1o 2007 en punto al alcance uniforme que ha dado al canon normativo atr\u00e1s referido, en los t\u00e9rminos que, por su trascendencia para el presente asunto, en lo que aqu\u00ed interesa, a continuaci\u00f3n se transcriben in extenso: <\/p>\n

…el fundamento central del fallo del Tribunal es jur\u00eddico y tuvo como soporte el criterio interpretativo de esta Corporaci\u00f3n vertido en la sentencia SL 31000, 31 en. 2007, en la que se estudi\u00f3 el contenido y alcance del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n

…es un hecho indiscutido entre las partes que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo no fue objeto de denuncia, de manera que por efecto del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente por periodos sucesivos de 6 meses. <\/p>\n

En las condiciones descritas, el problema jur\u00eddico que debe resolver la Sala se contrae a dilucidar si la expresi\u00f3n \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, significa que los nuevos acuerdos convencionales o pactos que rijan al momento de la promulgaci\u00f3n de la referida reforma constitucional, conservan su vigencia en materia pensional exclusivamente por el tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado. O si, por el contrario, respecto de ellos es predicable la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de 6 en 6 meses prevista en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, limitada, en todo caso, hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n

Antes de abordar el meollo de la cuesti\u00f3n planteada, vale recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005 pretendi\u00f3 superar la proliferaci\u00f3n y dispersi\u00f3n de requisitos y beneficios reflejada en reg\u00edmenes pensionales aut\u00f3nomos y heter\u00f3nomos que, en criterio del constituyente derivado, compromet\u00edan la sostenibilidad financiera del sistema y creaba situaciones de inequidad. Para ello se suprimieron los reg\u00edmenes especiales y exceptuados, salvo el de la Fuerza P\u00fablica, el Presidente de la Rep\u00fablica y los dem\u00e1s expresamente abordados en ese acto reformatorio; se anticip\u00f3 la finalizaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, y paralelamente se consagr\u00f3, a partir de su vigencia, la prohibici\u00f3n de establecer en \u00abpactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jur\u00eddico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistemas general de pensiones\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n normativa y prestacional pretendida con el Acto Legislativo 01 de 2005, esta Corporaci\u00f3n en sentencia SL 39797, 24 abr. 2012, expuso: <\/p>\n

Antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo n\u00famero 1 de 2005, la Ley 100 de 1993 busc\u00f3 la unificaci\u00f3n de los diversos reg\u00edmenes existentes en materia de pensiones, tanto en el sector privado como en el p\u00fablico, y consagr\u00f3 un sistema universal que brindara la protecci\u00f3n de la seguridad social en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas a toda la poblaci\u00f3n, salvo las excepciones en ella se\u00f1aladas. <\/p>\n

[\u2026] Posteriormente, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo No. 01 de 2005 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las reglas de car\u00e1cter pensional de derechos extralegales y convencionales tomaron otro rumbo, en la medida que por voluntad del constituyente, a partir de su vigencia no es dable en ning\u00fan caso pactar beneficios o prerrogativas que desarticulen el sistema general de pensiones, o alteren la uniformidad de prestaciones respecto de un grupo particular de ciudadanos, pues tajantemente proh\u00edbe convenir condiciones pensionales diferentes a las legalmente establecidas, a\u00fan cuando sean m\u00e1s favorables a los trabajadores. <\/p>\n

As\u00ed pues, en lo que espec\u00edficamente guarda relaci\u00f3n con la materia colectiva, la modificaci\u00f3n constitucional abrog\u00f3 la posibilidad de las partes de acordar, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, as\u00ed:
\n[\u2026] Par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba.\u00a0Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n

La jurisprudencia de esta Sala de la Corte, en sentencia SL 31000, 31 en. 2007, reiterada en SL 30077, 23 en. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016, interpret\u00f3 y desentra\u00f1\u00f3 de esa disposici\u00f3n las siguientes reglas: <\/p>\n

a).– El \u201ct\u00e9rmino inicialmente estipulado\u201d hace alusi\u00f3n al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duraci\u00f3n del mismo, de manera que si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podr\u00e1n las partes ni los \u00e1rbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo econ\u00f3mico posterior. <\/p>\n

b).– En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica. <\/p>\n

c).– Cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y la iniciaci\u00f3n posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido soluci\u00f3n. <\/p>\n

En las dos \u00faltimas situaciones, debe advertirse que la convenci\u00f3n sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00ba transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones contin\u00faan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los \u00e1rbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones m\u00e1s favorables a las que est\u00e1n en vigor a la fecha en que entr\u00f3 a regir el acto legislativo. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendr\u00e1n su curso m\u00e1ximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los \u00e1rbitros pueden regular condiciones m\u00e1s ben\u00e9ficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto. <\/p>\n

N\u00f3tese que, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, del precepto constitucional objeto de an\u00e1lisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, de manera que \u00absi ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d\u00bb. Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalizaci\u00f3n sea ulterior a esta reforma constitucional. <\/p>\n

La distinci\u00f3n entre ambos escenarios, a primera vista, parecer\u00eda arbitraria, empero no lo es. En la primera situaci\u00f3n, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y t\u00e9rminos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociaci\u00f3n colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposici\u00f3n jur\u00eddica. Se evit\u00f3 as\u00ed, la restricci\u00f3n e imposici\u00f3n heter\u00f3noma a lo que aut\u00f3nomamente hab\u00edan negociado las partes y sobre lo cual reca\u00edan sus expectativas leg\u00edtimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral. <\/p>\n

Con esta f\u00f3rmula podr\u00edan darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como ser\u00eda el caso de una convenci\u00f3n colectiva suscrita por primera vez en el a\u00f1o 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 a\u00f1os. <\/p>\n

Este punto tambi\u00e9n fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, en la que al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones emitidas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical, adoptadas por el Consejo de Administraci\u00f3n de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano deb\u00eda adoptar \u00ablas medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cl\u00e1usulas sobre pensiones, cuya vigencia va m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento\u00bb, sostuvo: <\/p>\n

La primera recomendaci\u00f3n que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo t\u00e9rmino haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del par\u00e1grafo transitorio tercero cuando indica que " Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u201d. Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no est\u00e1 desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y est\u00e1 siguiendo lo establecido en el art\u00edculo 58 Superior, as\u00ed como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo se\u00f1alado en la Sentencia C-314 de 2004. <\/p>\n

[\u2026] Adem\u00e1s, como se indic\u00f3 en precedencia, tambi\u00e9n con el par\u00e1grafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa leg\u00edtima de aquellos trabajadores que, si bien no cumpl\u00edan requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, s\u00ed se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al a\u00f1o 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha l\u00edmite fijada por el constituyente. \u00c9stos ten\u00edan una leg\u00edtima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convenci\u00f3n colectiva que firmaron mientras continuara vigente, y as\u00ed lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguir\u00e1n rigiendo hasta el t\u00e9rmino de su vencimiento. <\/p>\n

Esto es justamente lo que est\u00e1 recomendando el Comit\u00e9 Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de car\u00e1cter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En \u00faltimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Par\u00e1grafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y tambi\u00e9n una regla de transici\u00f3n para garantizar que se satisfagan las expectativas leg\u00edtimas de pensi\u00f3n. <\/p>\n

Y todo lo anterior, garantiza tambi\u00e9n la protecci\u00f3n de la negociaci\u00f3n colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical. <\/p>\n

En el segundo escenario, es decir, cuando las reglas pensionales de la convenci\u00f3n ven\u00edan siendo objeto de una o varias pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cuesti\u00f3n adquiere otros matices. <\/p>\n

En efecto, aqu\u00ed, la renovaci\u00f3n de los acuerdos se produce por ministerio de la ley, no por voluntad de las partes. En este caso, de conformidad con el par\u00e1grafo transitorio 3, los beneficios pensionales perdurar\u00e1n hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que perecen por expreso mandato constitucional. Por la misma raz\u00f3n, es v\u00e1lido que los trabajadores alcancen los requisitos pensionales durante las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas iniciadas antes del 29 de julio de 2005 y que continuaron su curso hasta el 31 de julio de 2010, data en que las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas se extinguen. <\/p>\n

Igualmente, la Corte Constitucional, en la citada sentencia de unificaci\u00f3n, adopt\u00f3 este criterio de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes t\u00e9rminos:
\nCon relaci\u00f3n a la segunda parte de este par\u00e1grafo transitorio: \u201cEn los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u201d la Constituci\u00f3n tambi\u00e9n protege las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las pr\u00f3rrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Pr\u00f3rrogas que conservar\u00e1n los mismos beneficios que ven\u00edan rigiendo, teniendo en cuenta la prohibici\u00f3n de pactar condiciones m\u00e1s favorables. <\/p>\n

En estos eventos, teniendo en cuenta que por virtud del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo las convenciones colectivas podr\u00e1n prorrogarse autom\u00e1ticamente cada seis meses cuando sesenta d\u00edas antes de su vencimiento las partes no manifiestan su voluntad expresa de terminarlas, existir\u00eda la expectativa leg\u00edtima de pensionarse incluso cuando los requisitos no se cumplen antes del t\u00e9rmino inicialmente pactado sino tambi\u00e9n despu\u00e9s de \u00e9l por la acostumbrada renovaci\u00f3n sucesiva de los pactos y convenciones. <\/p>\n

Bajo ese entendido, este par\u00e1grafo transitorio s\u00f3lo proteger\u00eda los derechos y expectativas de aquellos que cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. Por el contrario, no podr\u00eda constituir una expectativa leg\u00edtima la de aquel trabajador que, en virtud de una renovaci\u00f3n autom\u00e1tica de la convenci\u00f3n, que, sin la citada prohibici\u00f3n vencer\u00eda con posterioridad al 31 de julio de 2010, adquiri\u00f3 su derecho despu\u00e9s de dicho l\u00edmite. <\/p>\n

[\u2026] Se considerar\u00e1n expectativas leg\u00edtimas las de aquellos trabajadores que cumplieron los requisitos durante las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de las convenciones (vigentes, es decir, cuyos t\u00e9rminos iniciales no se vencieron a la entrada en vigencia del acto legislativo) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. <\/p>\n

A juicio de la Sala, con base en esta lectura del par\u00e1grafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia l\u00f3gica a las expresiones \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb y \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb. La primera alude a la observancia del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n colectiva de trabajo y, la segunda, a las pr\u00f3rrogas legales autom\u00e1ticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 ven\u00edan operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n

De esta forma, entones, es posible compatibilizar y dar contenido a cada uno de los preceptos constitucionales, pues no cabe duda que cada uno de los entes del texto objeto de an\u00e1lisis expresa una regla y, por ello, la labor interpretativa de la Corte debe ser garantizar en la mayor medida la eficacia de cada uno de sus enunciados y buscar que en sus relaciones exista interacci\u00f3n material y l\u00f3gica entre s\u00ed y con el resto de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n

5.2.\tPor ese sendero, en un caso sim\u00e9trico al aqu\u00ed auscultado en el que, valga anotar, el demandante estructur\u00f3 su derecho pensional s\u00f3lo hasta el 28 de diciembre de 2007 -esto es, con posterioridad al accionante en el caso del ep\u00edgrafe, quien cumpli\u00f3 los requisitos convencionales el 15 de octubre de 2006-, con sentencia de 11 de abril de 2018 (SL1055, rad. 59795) la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte cas\u00f3 la proferida el 28 de agosto de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla -que hab\u00eda negado el reconocimiento prestacional-, reiterando su acrisolada jurisprudencia sobre la materia, lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos:
\nLa controversia gira en torno a establecer si los incrementos a que hace referencia la Ley 4\u00aa de 1976, consagrados dentro de la Compilaci\u00f3n de los Convenios Colectivos suscrito por la Electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A. E.S.P. y Sintraelecol 1998-1999, exactamente en el art\u00edculo 2.\u00ba del Acuerdo Convencional 1983-1985, perdieron su vigencia el \u00ab31 de diciembre de 2005\u00bb, como consecuencia de la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n

Dada la senda escogida por la censura, parte la Corte de los siguientes supuestos f\u00e1cticos encontrados por el ad-quem acreditados en la litis: i) que el actor es beneficiario del Acuerdo Convencional suscrito en 1983, incluido dentro de la Compilaci\u00f3n de Convenios Colectivos suscritos por la Electrificadora del Atl\u00e1ntico y Sintraelecol 1998-1999; ii) que estructur\u00f3 su derecho pensional el 28 de diciembre de 2007 y, iii) que el valor de su mesada pensional no supera el tope de cinco (5) SMLV. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, al abordar una controversia similar a la formulada en el sub lite, contra la misma entidad aqu\u00ed demandada, expuso en la sentencia SL050-2018, que a su vez rememor\u00f3 la decisi\u00f3n proferida bajo el radicado SL5844-2014, que el Acto Legislativo 01 de 2005 no desconoci\u00f3 los derechos adquiridos en materia pensional consolidados con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. As\u00ed se pronunci\u00f3 la Sala en dicha oportunidad: <\/p>\n

[\u2026] Realmente, incurri\u00f3 el Tribunal en el yerro hermen\u00e9utico que se le endilga, al dar en el fallo recurrido un entendimiento a la norma que no corresponde a su verdadera ex\u00e9gesis, debido a que el reajuste pensional controvertido en el presente juicio, en realidad, constituye un derecho leg\u00edtimamente adquirido por los pensionados demandantes, de conformidad con las reglas pensionales existentes, debido a que la p\u00e9rdida de vigencia de las disposiciones pensionales, que dispuso la reforma constitucional establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005, no abarca el desconocimiento de los derechos consolidados con anterioridad al 31 de julio de 2010, mientras los estatutos convencionales que le dieron nacimiento tuvieron vigor, como en el presente caso. <\/p>\n

En efecto, en la sentencia SL5844-2014, al estudiar un asunto similar al hoy analizado por esta Sala, se dijo: <\/p>\n

Para resolver los cargos, es suficiente con se\u00f1alar que el tema tra\u00eddo por la censura ya ha sido dilucidado por esta Sala de la Corte, de lo que es ejemplo la sentencia de 23 de enero de 2009, radicaci\u00f3n 30077, a la que pertenecen los siguientes p\u00e1rrafos: <\/p>\n

Ahora bien, descendiendo a la \u00f3rbita de lo jur\u00eddico, la controversia se centra en definir si el beneficio convencional del reajuste pensional de la Ley 4\u00aa de 1976 que se le concedi\u00f3 a los demandantes, puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que se\u00f1al\u00f3 en su par\u00e1grafo 2\u00b0 que \u2018A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podr\u00e1n establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jur\u00eddico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones\u2019, y en el par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 que \u2018Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u2019, o por el contrario si se extinguen definitivamente y en este \u00faltimo evento desde el 29 de julio de 2005 cuando cobr\u00f3 vigencia dicho acto legislativo, o a partir del 31 de julio de 2010. <\/p>\n

Para resolver este interrogante, se debe comenzar por decir que la expedici\u00f3n del Acto Legislativo n\u00famero 1 de 2005 no hace perder el derecho al reajuste pensional de marras, por tratarse de un derecho leg\u00edtimamente adquirido de conformidad con las reglas pensionales existentes para el momento en que se reconoci\u00f3, as\u00ed la norma convencional que le dio origen desaparezca. <\/p>\n

Lo anterior obedece a que la p\u00e9rdida de vigencia de las reglas de car\u00e1cter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos de trabajo, laudos arbitrales y en acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, no comporta la merma de los derechos adquiridos, mientras esos estatutos o actos estuvieron en pleno vigor. <\/p>\n

Sin embargo, es menester aclarar que de los apartes transcritos del Acto Legislativo en comento, se extrae una regla general, consistente en que a partir de la vigencia del citado acto legislativo, no se puede acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jur\u00eddico alguno, reg\u00edmenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el sistema general de pensiones. Es decir, que desde entonces, no es l\u00edcito que los convenios colectivos de trabajo o actos jur\u00eddicos de cualquier clase establezcan sistemas pensionales distintos a los implementados por la ley, aun cuando sean m\u00e1s favorables a los trabajadores. <\/p>\n

Del mismo modo, queda vigente un r\u00e9gimen de naturaleza transitoria, seg\u00fan el cual las condiciones pensionales que reg\u00edan a la fecha de vigencia del acto legislativo contenidas en convenios colectivos de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, mantienen su vigencia por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado sin que en los convenios o laudos que se suscriban entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, puedan pactarse condiciones pensionales m\u00e1s favorables a las que se encontraren vigentes, perdiendo vigencia en cualquier caso, en la \u00faltima calenda anotada. <\/p>\n

Ahora, el <t\u00e9rmino inicialmente estipulado> hace alusi\u00f3n a la duraci\u00f3n del convenio colectivo, de manera que si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, dicho acto jur\u00eddico regir\u00eda hasta cuando se finalice. Ocurrido esto, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere. <\/p>\n

Lo que significa, que por voluntad del constituyente, las disposiciones convencionales respecto de las pensiones de jubilaci\u00f3n que se encontraban rigiendo a la fecha de expedici\u00f3n del Acto Legislativo No. 01 de 2005, mantendr\u00e1n su curso m\u00e1ximo hasta el 31 de julio de 2010, ello con el prop\u00f3sito de que esta materia sea regulada exclusivamente por la ley de seguridad social, la cual tiende a evitar la proliferaci\u00f3n de pensiones a favor de un mismo beneficiario y a acabar los dispersos reg\u00edmenes en ese aspecto, procurando con ello cumplir con los fines y principios que le fueron asignados y que aparecen consignados en el T\u00edtulo Preliminar, Cap\u00edtulos I y II de la Ley 100 de 1993 y el art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica.
\nEn este orden de ideas, a partir del 31 de julio de 2010 perder\u00e1n vigor \u2018Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo\u2019, pero no los derechos que se hubieran causado antes de aquella data al amparo de esas reglas pensionales, como es el caso de los reajustes pensionales objeto de condena que se concedieron mientras la norma convencional que los cre\u00f3 estaba rigiendo. <\/p>\n

Finalmente, es de precisar que la circunstancia de que la sentencia impugnada se haya dictado despu\u00e9s de promulgado el Acto Legislativo No. 1 de 2005, no tiene ninguna incidencia en la medida que en la presente causa no opera la aplicaci\u00f3n de ese mandato constitucional en forma retrospectiva como lo sugiere el censor, pues se repite el derecho a los reajustes en los t\u00e9rminos de la Ley 4\u00aa de 1976 como beneficio convencional, se adquieren en virtud de la aplicaci\u00f3n de la norma convencional existente y vigente para la fecha de causaci\u00f3n del derecho. <\/p>\n

Vistas as\u00ed las cosas, como los reajustes pensionales se causaron en vigencia de la norma convencional 1998- 1999, es por lo que constituyen derechos adquiridos, que no pod\u00edan ser desconocidos por las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n

En aplicaci\u00f3n del anterior precedente jurisprudencial debe indicar la Corte que el Tribunal incurri\u00f3 en error al hacerle producir efectos inmediatos al Acto Legislativo 01 de 2005 frente al acuerdo convencional contentivo del derecho reclamado por el actor, pues al haber estructurado el actor el derecho pensional el 28 de diciembre de 2007 y estar vigente la convenci\u00f3n colectiva a la entrada en rigor del referido Acto, sus efectos tendr\u00edan vigencia en todo caso hasta el 31 de julio de 2010, y no como lo erradamente lo concluy\u00f3 el ad quem hasta el 31 de diciembre de 2005, seg\u00fan lo consagrado en el Par\u00e1grafo Transitorio 3.\u00ba, ib\u00eddem. <\/p>\n

Lo anterior, toda vez que no fue materia de controversia la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de la convenci\u00f3n colectiva, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 478 del C.S. del T. y de la S.S. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el cargo prospera y, en consecuencia, se casar\u00e1 totalmente el fallo impugnado… <\/p>\n

6.\tEl panorama expuesto deja ver que para denegar el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional reclamada por el accionante, junto con todos los beneficios derivadas de ella, el Tribunal criticado concentr\u00f3 su an\u00e1lisis en que para el momento en que aqu\u00e9l acredit\u00f3 los requisitos convencionales el pacto colectivo hab\u00eda perdido vigencia, de conformidad con el entendimiento que dio al par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del Acto legislativo 01 de 2005, el cual fue contrario a la jurisprudencia vigente desde del a\u00f1o 2007 respecto a la interpretaci\u00f3n de esa norma, acorde con la cual, en casos como el aqu\u00ed expuesto, la convenci\u00f3n colectiva que ataba a Electricaribe con sus empleados y pensionados ten\u00eda plenos efectos hasta el 31 de julio de 2010; lo que, sin duda, permite advertir la incursi\u00f3n en causal especifica de procedencia del resguardo supralegal invocado. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo aqu\u00ed consignado, se impone revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el resguardo rogado por Roger Enrique G\u00f3mez Bornachera, garantizando los principios de justicia y equidad, sin perjuicio de la cosa juzgada, particularmente, porque aqu\u00e9l es una persona de la tercera edad y por tal situaci\u00f3n merece una especial protecci\u00f3n por parte del Estado. <\/p>\n

Por tanto, se infirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n del a-quo constitucional para, en su lugar, acceder al amparo reclamado, dejando sin efecto las sentencias de 17 de julio de 2018 y 25 de abril de 2013, proferidas, en su orden, por la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9stas dependan, ordenando a la \u00faltima colegiatura que profiera una nueva en la que resuelva el asunto sometido a su conocimiento, con base en la jurisprudencia nacional vigente en cuanto al alcance e interpretaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 de cara a la convenci\u00f3n colectiva cuya aplicaci\u00f3n reclam\u00f3 el accionante, acorde con las anteriores consideraciones. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar: <\/p>\n

Primero.\tConcede el amparo a los derechos al debido proceso y a la igualdad del accionante. <\/p>\n

Segundo.\tDeja sin efecto la sentencia proferida el 17 de julio de 2018 por la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como el fallo emitido el 25 de abril de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, y las providencias que de estos dependan, en el proceso ordinario laboral incoado por Roger Enrique G\u00f3mez Bornachera contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe (rad. 47001-31-05-005-2011-00480). <\/p>\n

Tercero.\tOrdena a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que en el t\u00e9rmino de un (1) mes, contado a partir de que reciba el expediente contentivo del proceso criticado, emita la decisi\u00f3n que corresponda, atendiendo las razones consignadas en esta providencia. <\/p>\n

Cuarto.\tOrdena al Juzgado Quinto Laboral de Santa Marta, remitir de inmediato el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo resuelto en el ordinal anterior. <\/p>\n

Quinto.\tDispone que la autoridad accionada entere a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n

Sexto.\tComun\u00edquese a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u00abPar\u00e1grafo \ttransitorio 3\u00ba. Las reglas de car\u00e1cter pensional que \trigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en \tpactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos \tv\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino \tinicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se \tsuscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de \tjulio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales \tm\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente \tvigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de \t2010\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16185-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2018-01941-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, vida, seguridad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102206","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102206"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102206\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}