{"id":102208,"date":"2026-07-01T21:59:25","date_gmt":"2026-07-01T21:59:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102208"},"modified":"2026-07-01T21:59:25","modified_gmt":"2026-07-01T21:59:25","slug":"stc16188-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16188-2018\/","title":{"rendered":"STC16188-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC16188-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01819-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 2 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la tutela promovida por Erick Arturo Bent Myles frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al actor por el delito de \u201csecuestro extorsivo agravado\u201d. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la defensa y debido proceso, entre otras, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Erick Arturo Bent Myles fue condenado el 8 de enero de 2004, por el Juzgado \u00danico Penal Especializado de San Andr\u00e9s a 34 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por el delito de \u201csecuestro extorsivo agravado\u201d, sin conced\u00e9rsele ning\u00fan subrogado penal. <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, neg\u00f3 el 21 de marzo de 2018, una \u201csolicitud de rebaja de condena\u201d impetrada por el actor con sustento en el art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 20051, aduciendo que ese canon hab\u00eda sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006, y la petici\u00f3n no se efectu\u00f3 dentro de la vigencia de esa disposici\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por el tribunal convocado, en providencia de 3 de agosto pasado. <\/p>\n

Considera el quejoso que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene por sentado \u201c(\u2026) que las personas (\u2026) condenadas en el lapso de vigencia (\u2026)\u201d de la citada normatividad, pueden disfrutar de los beneficios all\u00ed establecidos, situaci\u00f3n que se aplica a su caso. <\/p>\n

3. Requiere, ordenar \u201c(\u2026) se redosifique la pena impuesta (\u2026)\u201d en su contra. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El tribunal querellado solicit\u00f3 ser desvinculado del presente ruego, por inexistencia de \u201c(\u2026) elemento que indique la violaci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de [esa] magistratura (\u2026)\u201d (fl. 81). <\/p>\n

2. El juzgado confutado adujo haber \u201c(\u2026) plasmado con claridad las razones por las cuales se neg[\u00f3] la rebaja de pena invocada [por el actor] (\u2026)\u201d (fl. 91). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el ruego, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) las decisiones cuestionadas no resultan arbitrarias ni irracionales, pues las simples diferencias que puedan surgir en la resoluci\u00f3n de los asuntos objeto de debate, no son susceptibles de ser planteadas en esta sede, en tanto la revisi\u00f3n constitucional en casos como estos queda limitada a detectar la presencia de una causal de procedencia de tutela contra sentencias de la que, adem\u00e1s, se derive un perjuicio iusfundamental (\u2026)\u201d (fls. 97 a 108). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La interpuso el promotor se\u00f1alando que no pudo solicitar el memorado beneficio en vigencia de la norma que lo contemplaba, por \u201cculpa de la administraci\u00f3n judicial\u201d al demorar la designaci\u00f3n del juez encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia emitida en su contra (fl. 128 a 135). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Solamente las decisiones judiciales notoriamente arbitrarias o caprichosas con incidencia directa en los derechos fundamentales de quienes como parte o terceros, intervienen en los procesos donde han sido proferidas, son susceptibles de cuestionarse por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, que quien recurre a esta especial forma de protecci\u00f3n, haya agotado los medios legales ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n en la respectiva actuaci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n

2. Se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto el tribunal, al confirmar la negativa de otorgar al accionante la rebaja de la condena conforme al art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 2005, fundadamente sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l acusado argumenta tener una sentencia condenatoria ejecutoriada que data del a\u00f1o 2005, sobre la que solicita la rebaja de la pena consagrada en el art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 2005, petici\u00f3n que alude efectu\u00f3 ante las autoridades carcelarias dentro del lapso de aplicaci\u00f3n de la norma y luego reiter\u00f3 ante los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, dado su traslado a diferentes establecimientos penitenciarios en distintas ciudades del pa\u00eds, no obstante, sus afirmaciones (\u2026) carecen (sic) de sustento probatorio alguno\u201d. <\/p>\n

\u201cAl respecto, revisadas las actuaciones, se tiene que la causa fue repartida inicialmente al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda que avoc\u00f3 la vigilancia de la pena el 7 de febrero de 2006, no obstante, fueron remitidas a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Valledupar el 15 de agosto de 2007, y finalmente, el 19 de enero de 2012, fue avocada por el Juzgado 4 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, que mediante auto del 1 de octubre de 2013, resolvi\u00f3 negativamente por primera vez la reiterativa solicitud de rebaja de pena conforme lo dispone el art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 2005, decisi\u00f3n que fue confirmada por este Tribunal mediante auto del 11 de septiembre de 2014, en que se indic\u00f3 que la petici\u00f3n elevada por el penado desbordaba el l\u00edmite temporal establecido para el efecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn este orden, sin que haya variado la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni el fundamento jur\u00eddico para la negativa del beneficio deprecado, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n recurrida, siguiendo los lineamientos dispuestos por esta Sala en otrora oportunidad, esto es, que la petici\u00f3n que hoy se estudia fue elevada extempor\u00e1neamente, sumado a que, como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, no obran pruebas de colaboraci\u00f3n con la justicia y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, requisitos indispensables para la concesi\u00f3n de la rebaja punitiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Aunque el actor no comparta los argumentos adoptados en la anterior decisi\u00f3n, ello no convierte dicha determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitir el paso de esta particular justicia, pues el gestor no requiri\u00f3 la redosificaci\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 2005, dentro del tiempo en el cual esa normatividad tuvo efectos jur\u00eddicos, esto es, entre el 25 de julio de 20052, y el 18 de mayo de 2006, fecha esta, en la que se declar\u00f3 inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-370 de esa anualidad. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tLey de justicia y paz. \u201cArt\u00edculo \t70. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente \tley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendr\u00e1n \tderecho a que se les rebaje la pena impuesta en una d\u00e9cima \tparte. Except\u00faese los condenados por los delitos contra la \tlibertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, lesa humanidad y \tnarcotr\u00e1fico. Para la concesi\u00f3n y tasaci\u00f3n del \tbeneficio, el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \tseguridad tendr\u00e1 en cuenta el buen comportamiento del \tcondenado, su compromiso de no repetici\u00f3n de actos \tdelictivos, su cooperaci\u00f3n con la justicia y sus acciones de \treparaci\u00f3n a las v\u00edctimas.
\n2 \tSeg\u00fan el art\u00edculo 72 de la Ley 975 de 2005, esa \tnormatividad \u201crige \ta partir de su promulgaci\u00f3n\u201d, \testo es, 25 de julio de ese a\u00f1o. <\/p>\n

4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n15<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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