{"id":102209,"date":"2026-07-01T21:59:31","date_gmt":"2026-07-01T21:59:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102209"},"modified":"2026-07-01T21:59:31","modified_gmt":"2026-07-01T21:59:31","slug":"stc16189-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16189-2018\/","title":{"rendered":"STC16189-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16189-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00596-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 31 de octubre de 2018, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por \u00c9dison Salazar Bonilla contra el Juzgado Once de Familia de esta capital, con ocasi\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n instaurada por Claudia Carmenza Castro Londo\u00f1o a favor de la menor Raquel Sof\u00eda Salazar Castro respecto del aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor suplica la salvaguarda de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los accionados. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En la Comisar\u00eda Once de Familia \u2013 Suba I, Claudia Carmenza Castro Londo\u00f1o tramit\u00f3 en contra de \u00c9dison Salazar Bonilla una \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d, en la cual se profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 4 de diciembre de 2017, decretando: i) la cesaci\u00f3n de cualquier \u201cagresi\u00f3n f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica\u201d por parte del ahora gestor a su hija Raquel Sof\u00eda Salazar Castro de 17 a\u00f1os de edad, para esa \u00e9poca; ii) \u201cla custodia y tenencia\u201d de la referida adolescente a favor de su progenitora; y iii) una cuota alimentaria a cargo del petente por valor de $1.065.000. <\/p>\n

La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el tutelante, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al Juzgado Once de Familia de esta ciudad, quien el 17 de septiembre pasado, confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n

Se duele el quejoso porque no tuvo oportunidad para solicitar pruebas dentro del comentado subex\u00e1mine, por tanto, no pudo ejercer debidamente la defensa de sus intereses. <\/p>\n

Arguye que no pod\u00edan \u201c(\u2026) privarlo de la custodia (\u2026)\u201d de su hija, y entreg\u00e1rsela a la madre de aqu\u00e9lla, pues exist\u00eda una inasistencia alimentaria por m\u00e1s de 3 a\u00f1os por parte de la progenitora. <\/p>\n

Esgrime que la cuota de alimentos impuesta en su contra \u201c(\u2026) afecta m\u00e1s del 82% de sus ingresos mensuales (\u2026), lo cual es una flagrante violaci\u00f3n a [sus] derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora, en concreto, revocar las decisiones que zanjaron el pleito sublite. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Manifest\u00f3 no haber vulnerado ninguna prerrogativa del actor, por cuanto \u201c(\u2026) en el devenir del proceso [criticado] se observaron las disposiciones aplicables al caso (\u2026)\u201d (fl. 163). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el auxilio tras considerar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]as decisiones relacionadas con el tr\u00e1mite administrativo que dio origen a la medida de protecci\u00f3n impuesta al ac\u00e1 accionante, emitidas tanto por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia, como por el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, fueron debidamente notificadas a \u00c9dison Salazar Bonilla, lo que le permiti\u00f3 ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, a trav\u00e9s de oportunidades tales como solicitar pruebas a su favor o a contradecir las presentadas por la contraparte o contrainterrogar a Raquel Sof\u00eda, cuando rindi\u00f3 declaraci\u00f3n ante la juez accionada; sin embargo (\u2026), no lo hizo dentro de la oportunidad pertinente, as\u00ed como que tampoco asisti\u00f3 a rendir el interrogatorio que la juez decret\u00f3, a efectos de controvertir los hechos de violencia psicol\u00f3gica que le fueron endilgados por su hija (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco se observa vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en relaci\u00f3n a la cuota provisional de alimentos fijada a favor de Raquel Sof\u00eda y a cargo de \u00c9dison Salazar Bonilla en la suma de $1.200.000, pues contrario a lo afirmado por el accionante, tal monto no supera el 50% que prev\u00e9 el ordinal 1\u00b0 del art\u00edculo 130 del C.I.A, teniendo en cuenta que, en la audiencia llevada a cabo el 4 de diciembre de 2017, indic\u00f3 que sus ingresos mensuales ascend\u00edan a $3.700.000, por lo que en tal sentido se queda sin piso el amparo solicitado\u201d. <\/p>\n

\u201cY, en relaci\u00f3n con la custodia y cuidado personal de Raquel Sof\u00eda que le fue otorgada provisionalmente a la progenitora (\u2026), el examen que se pudiera efectuar al respecto resulta inane, pues ning\u00fan efecto produce actualmente tal medida, debido a que aquella ya cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad, y, por ende, ya es titular actualmente de plena capacidad de goce y de ejercicio y, por ello, puede decidir aut\u00f3nomamente si quiere compartir la vida con alguno de su padres (\u2026)\u201d (fls. 225 a 237). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor (fls. 280 a 288). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El gestor de este auxilio, censura el prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2018, mediante el cual el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de la Comisar\u00eda Once de Familia \u2013 Suba I, donde se impuso una \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d y se fij\u00f3 \u201ccuota de alimentos\u201d a favor de Raquel Sof\u00eda Salazar en contra del aqu\u00ed actor, as\u00ed como la entrega de la custodia de la referida adolescente a su progenitora. <\/p>\n

Al respecto, el estrado confutado razon\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Comisar\u00eda (\u2026) procedi\u00f3 a verificar los derechos de Raquel Sof\u00eda y seguidamente a escuchar el relato de hechos que dieron origen a la apertura del tr\u00e1mite de violencia familiar (\u2026), y seguidamente se le concedi\u00f3 el uso de la palabra al se\u00f1or \u00c9dison Salazar Bonilla, con la finalidad que presentara los respectivos descargos y las pruebas y testigos que pretendiera hacer valer, pero [aqu\u00e9l] tan solo se limit\u00f3 a efectuar pronunciamiento respecto a lo manifestado por la demandante sin solicitar pr\u00e1ctica de prueba alguna para corroborar su dicho\u201d. <\/p>\n

\u201cPuestas de \u00e9ste modo las cosas, evidente resulta que no se configur\u00f3 de manera alguna la violaci\u00f3n al debido proceso y derecho de defensa que endilga el apelante, toda vez que no hizo uso de las (\u2026) oportunidades procesales que tuvo para solicitar el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En cuanto a los cargos relacionados por la extralimitaci\u00f3n de las funciones por parte de la Comisar\u00eda Once de Familia, y el desconocimiento de las disposiciones del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (\u2026) porque se ha tenido en cuenta que la progenitora de Raquel Sof\u00eda Salazar ha presentado mora en el cumplimiento de la cuota alimentaria (\u2026), la se\u00f1ora Claudia Carmenza Castro Londo\u00f1o, manifest\u00f3 que ha cumplido con el pago de los alimentos hasta el 31 de diciembre de 2014, quedando pendiente los a\u00f1os 2015, 2016 y 2017, los que est\u00e1n pendientes, porque ha hecho abonos importantes tanto en dinero como en especie (…) circunstancia que evidencia un allanamiento a cumplir con la obligaci\u00f3n pendiente y por ende, resulta comprensible que dicha situaci\u00f3n la habilit\u00f3 para ser escuchada en la reclamaci\u00f3n de custodia de Raquel Sofia, de ser pertinente a fin de evitar la consumaci\u00f3n de futuros actos de violencia de cualquier tipo por parte de su agresor (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]eferen[te] a la inconformidad relacionada con la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria (\u2026), ha de establecerse que la misma se ha de disponer de car\u00e1cter provisional, dado que fue producto de una medida de restablecimiento de derechos, por lo que ante tal calidad, lo procedente es que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c[R]esulta razonable mantener la medida de protecci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda Once de Familia en favor de Raquel Sof\u00eda Salazar Castro y a cargo de \u00c9dison Salazar Bonilla, toda vez que del relato de hechos esbozados ante esta sede judicial en diligencia adelantada el 6 de julio de 2018, se puede concluir indiscutiblemente que los hechos victimizantes, correspondientes a violencia psicol\u00f3gica, no solo se configuraron el 14 de junio de 2017, sino que han sido continuados por el agresor\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, del relato de Raquel Sof\u00eda Salazar se destaca que las agresiones verbales y psicol\u00f3gicas de las que ha sido v\u00edctima, no solo acontecieron en dicha data, sino que continuaron por parte de su progenitor al punto que la someti\u00f3 al escarnio p\u00fablico en redes sociales al publicar su comportamiento en el hogar, lo que resulta reprochable (\u2026), toda vez que ello se traduce en hechos constitutivos continuados de violencia psicol\u00f3gica, pues no es ese el remedio id\u00f3neo para la falta de obediencia que el victimario endilga respecto de su hija, por cuanto existen otros procedimientos m\u00e1s eficaces para lograr tal cometido\u201d. <\/p>\n

\u201cPara el despacho es pertinente resaltar que si bien el demandado se pronunci\u00f3 de manera oportuna con relaci\u00f3n a los hechos narrados por Raquel Sof\u00eda Salazar, tambi\u00e9n lo es que con su narrativa se infiere a\u00fan m\u00e1s los hechos victimizantes, a trav\u00e9s de los cuales no desconoce de manera alguna el haber sometido a su hija a las publicaciones de sus circunstancias personales en redes sociales, sino que por dem\u00e1s, las encuentra justificadas en la medida en que no se siente respaldado con las labores del hogar o compromisos adquiridos por quien para la \u00e9poca era una adolescente, lo que no justifica de manera alguna su actuar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Aunque el tutelante no comparta los argumentos adoptados por el juzgado fustigado, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitir el paso de esta particular justicia, por cuanto dicho pronunciamiento fue fundamentado en las pruebas recaudadas en ese decurso, las cuales demostraron la necesidad de imponer la medida de protecci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada a favor de Raquel Sof\u00eda Salazar Castro.
\nN\u00f3tese, el estrado tutelado tambi\u00e9n recalc\u00f3 que el petente no solicit\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal la pr\u00e1ctica de ning\u00fan elemento de juicio, por tanto, era obligaci\u00f3n del gestor allegar aqu\u00e9llas probanzas con las cuales pretend\u00eda efectuar la defensa de sus intereses. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

5. \tEsta Corte recuerda, de nuevo, que censura todo tipo de violencia y reivindica los derechos de la mujer, de los ni\u00f1os y de las personas de la tercera edad, de quienes presentan discapacidad absoluta y, en general, de las v\u00edctimas del maltrato intrafamiliar y de todos los otros tipos de violencia. <\/p>\n

Incumbe entonces a los jueces de la Rep\u00fablica en el Estado constitucional y democr\u00e1tico, actuar con dinamismo y celo dentro del marco del derecho y con el respeto extremo por las garant\u00edas del victimario, observando el debido proceso y haciendo uso de los instrumentos legales y constitucionales del derecho internacional de los derechos humanos, en pos de sancionar las conductas violentas y de prevenir todo clima de intolerancia y en general, toda conducta antijur\u00eddica que amilane y destruya al ser humano y su entorno social. <\/p>\n

5.1. Ante la situaci\u00f3n planteada en esta ocasi\u00f3n, debe se\u00f1alarse que las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008 precept\u00faan la necesidad de proteger a las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar y la \u00faltima de las mencionadas, particularmente, consagra disposiciones \u201c(\u2026) de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres (\u2026)\u201d; asimismo, en el canon 2\u00ba indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Definici\u00f3n de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que le cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico o patrimonial por su condici\u00f3n de mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el \u00e1mbito p\u00fablico o en el privado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPara efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acci\u00f3n de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia econ\u00f3mica, se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n orientada al abuso econ\u00f3mico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por raz\u00f3n de su condici\u00f3n social, econ\u00f3mica o pol\u00edtica. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las econ\u00f3micas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Los ataques respecto de las mujeres en el contexto anterior, son propiciados en raz\u00f3n de su misma condici\u00f3n, pues se trata de un grupo hist\u00f3ricamente discriminado catalogado como inferior en relaci\u00f3n con los hombres, situaci\u00f3n que para los victimarios justifica y apoya sus abusos. <\/p>\n

Esta Corte, citando a su hom\u00f3loga Constitucional, ha censurado la discriminaci\u00f3n de la cual pueden ser v\u00edctimas las mujeres por el hecho de serlo, as\u00ed, reproch\u00f3 la actuaci\u00f3n de una autoridad p\u00fablica, por cuanto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]esatendi\u00f3 las circunstancias especiales de la gestora y le deneg\u00f3 la pr\u00f3rroga que hab\u00eda pedido por 90 d\u00edas [para posesionarse en un cargo. Ese] actuar (\u2026) no se compadece con su condici\u00f3n de mujer y (\u2026) desconoce el trato preferente que la jurisprudencia constitucional reconoce a dicho g\u00e9nero (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En la actualidad, las reclamaciones de activistas por los derechos de las mujeres, han logrado poner en primera plana la violencia intrafamiliar cometida respecto de ese grupo, particularmente, si es de car\u00e1cter f\u00edsico o sexual y atendiendo a ello, el Alto Tribunal Constitucional ha prohijado catalogar <\/p>\n

\u201c(\u2026) algunos comportamientos como constitutivos de torturas y tratos crueles contra la mujer al interior del hogar. As\u00ed, por ejemplo, esta Corte, en sentencia C-408 de 1996, reconoci\u00f3 que: (\u2026) [L]as mujeres est\u00e1n tambi\u00e9n sometidas a una violencia, si se quiere, m\u00e1s silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el \u00e1mbito dom\u00e9stico y en las relaciones de pareja, las cuales son no s\u00f3lo formas prohibidas de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constituci\u00f3n (CP arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, seg\u00fan la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer (sic), \u2018la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos\u2019 (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

6. Frente a la forma como el juzgado fustigado resolvi\u00f3 lo atinente a la \u201ccustodia y cuidado personal\u201d de la adolescente involucrada en el asunto bajo estudio, cualquier pronunciamiento al respecto, resultar\u00eda en vano, pues la prenombrada en la actualidad ya cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad4, por tanto se considera emancipada5 conforme al numeral 3 del art\u00edculo 314 del C\u00f3digo Civil6. <\/p>\n

Ahora, si el petente se encuentra en desacuerdo con la cuota provisional alimentaria impuesta en su contra, puede acudir ante el juez de familia y adelantar el respectivo proceso, con el fin de buscar la exoneraci\u00f3n o disminuci\u00f3n de la misma. <\/p>\n

7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ \tSTC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \tde 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n2 \tCJS. STC de 21 de julio de 2016, exp. 13001-22-21-000-2016-00060-01
\n3 \tCorte Constitucional. Sentencia T-338 de 2018
\n4 \tSeg\u00fan la entrevista efectuada por la Comisar\u00eda de \tFamilia, visible a folio 128 del cuaderno principal, Raquel Sof\u00eda \tSalazar naci\u00f3 el 30 de junio del 2000.
\n5 \tSeg\u00fan el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Civil \u201cla \temancipaci\u00f3n es un hecho que pone fin a la patria potestad\u201d.
\n6 \t\u201c(\u2026) La \temancipaci\u00f3n legal se efect\u00faa (\u2026): \t3. Por haber cumplido el hijo la mayor\u00eda de edad (\u2026)\u201d
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n19<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16189-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00596-01 (Aprobado en sesi\u00f3n cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 31 de octubre de 2018, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}