{"id":102211,"date":"2026-07-01T22:00:01","date_gmt":"2026-07-01T22:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102211"},"modified":"2026-07-01T22:00:01","modified_gmt":"2026-07-01T22:00:01","slug":"stc16192-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16192-2018\/","title":{"rendered":"STC16192-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16192-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2018-02486-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Enrique Hern\u00e1ndez Mora contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Tercero Civil del Circuito, Sesenta y Tres y Sesenta y Cuatro Civiles Municipales, todos de esta localidad y todas las partes e intervinientes en el proceso adelantado por H\u00e9ctor Germ\u00e1n Hern\u00e1ndez Mora contra el gestor (radicado 2015-00222-00). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del referido juicio. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El asunto de marras fue promovido el 4 de marzo de 2015y admitido el 21 de mayo posterior, tr\u00e1mite en el que se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n de conformidad con los art\u00edculos 315 y 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y bajo los lineamientos de los c\u00e1nones 428 y siguientes de la rese\u00f1ada obra \u00abya que el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 en vigencia a partir del primero (1) de enero de 2016\u00bb. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que como \u00abconsecuencia de la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, se promovi\u00f3 incidente de nulidad, el cual fue resuelto en apelaci\u00f3n por el Juzgado Sexto Civil del Circuito mediante providencia de fecha dos (2) de febrero de 2017, declarando la prosperidad de la nulidad y la notificaci\u00f3n de la demanda por conducta concluyente, a partir del mencionado auto\u00bb. <\/p>\n

2.3. Refiri\u00f3, que el 31 de julio de 2017 se dict\u00f3 sentencia \u00abdeclarando la no prosperidad de las pretensiones y condenando en costas a la parte demandante\u00bb, determinaci\u00f3n contra la que el extremo activo interpuso recurso de apelaci\u00f3n; sin embargo, el despacho encartado el 18 de julio de 2018 \u00abdecret\u00f3 la nulidad de pleno derecho a partir del cumplimiento de a\u00f1o contado a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 4 del numeral 7 del art\u00edculo 90 del C. G. P., por haber sido proferida la sentencia posterior al a\u00f1o de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n

2.4. Censur\u00f3, que \u00abproducto de la declaratoria de la nulidad se constituy\u00f3 en una v\u00eda de hecho por parte del Juzgado Sexto Civil del Circuito, al aplicar indebidamente el art\u00edculo 90 del C. G. P., toda vez que para la fecha en que se configur\u00f3 la presunta nulidad se encontraba vigente el art\u00edculo 86 del C. P. C., de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 625 del C. G. P.\u00bb. <\/p>\n

2.5. Sostuvo, que \u00abcomo fuente jurisprudencial de la nulidad de pleno derecho, hace referencia el Juzgador a la sentencia STC 8849 de fecha 11 de julio de 2018, M. P. Aroldo Wilson Quiroz, la cual no es aplicable al caso concreto toda vez que el proceso base de la providencia fue radicado el d\u00eda 26 de mayo de 2016, cuando claramente ya estaba en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso y le son aplicables las consecuencias del art\u00edculo 90 de esta codificaci\u00f3n, a diferencia del que se encuentra en discusi\u00f3n que fue radicado e mes de marzo de 2015 y la norma aplicable es el art\u00edculo 84 del C. P. C., que no cuenta con t\u00e9rmino para proferir el auto admisorio de la demanda y su tr\u00e1mite debi\u00f3 ce\u00f1irse a la codificaci\u00f3n anterior hasta la fijaci\u00f3n de la fecha de la audiencia inicial\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, de conformidad con lo expuesto se \u00abdeje sin valor no efecto el auto de fecha 18 de julio de 2018, mediante el cual se decret\u00f3 la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado dentro del proceso 2015-222 tramitado ante el Juzgado 63 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb y, se le ordene a la c\u00e9lula judicial encartada, que \u00abdentro de un t\u00e9rmino perentorio [resuelva] el recurso de apelaci\u00f3n promovido por la parte demandante en contra de la sentencia de fecha 31 de julio del a\u00f1o dos mil diecisiete (2017)\u00bb (fls. 12-19). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el proceso objeto de queja, fue \u00abradicado en \u00e9sta sede judicial el 10 de agosto de 2017, para surtir el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n incoada contra la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, por lo que por auto de la misma fecha se dispuso su admisi\u00f3n y se fij\u00f3 fecha para audiencia, la cual no se surti\u00f3 toda vez que con posterioridad, por prove\u00eddo del 13 de abril del presente a\u00f1o, se resolvi\u00f3 enviar el proceso al Juzgado Sexto (6\u00b0) Civil del Circuito de esta urbe que ya hab\u00eda conocido del mismo, efectu\u00e1ndose su entrega a la Oficina de Reparto el 26 de abril hoga\u00f1o\u00bb, situaci\u00f3n por la que estim\u00f3 que la protecci\u00f3n implorada en su contra se torna improcedente (fls. 32 y 33). <\/p>\n

El despacho recriminado, puso de presente que \u00abde conformidad con lo informado por la Secretaria del Juzgado y de la consulta del software de gesti\u00f3n judicial siglo XXI, el proceso declarativo de H\u00e9ctor Germ\u00e1n Hern\u00e1ndez Mora contra Jaime Hern\u00e1ndez Mora, fue devuelto al Juzgado de origen, desde el 2 de agosto de 2018, con oficio No. 1820\u00bb por lo que no le es \u00abposible remitir el expediente, ni tampoco proceder a enviar las comunicaciones para notificar la existencia de la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben relaci\u00f3n con los hechos que fundamentan la acci\u00f3n de tutela, solo pued[e] decir que en la providencia de 27 de julio de los corrientes, se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 121 del C. G. del P. y al precedente jurisprudencial, que para la \u00e9poca de la decisi\u00f3n exist\u00eda, decisi\u00f3n STC8849-2018 de 18 de julio de 2018, proferida por la H. Corte Suprema de Justicia, Sal Civil, lo cual no constituye desde ning\u00fan punto de vista una violaci\u00f3n a ning\u00fan derecho fundamental\u00bb (fl. 36). <\/p>\n

El Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, expres\u00f3 que \u00abefectivamente este Juzgado conoci\u00f3 del proceso 2015-00222, pero en el momento no es posible dar mayor informaci\u00f3n, como quiera que el expediente fue enviado al Juzgado 64 Civil Municipal de Bogot\u00e1, en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 18 de julio de 2018 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito\u00bb (fl. 46). <\/p>\n

El Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1, luego de pronunciarse sobre los hechos del libelo introductor y realizar un recuento de las actuaciones surtida en el sub lite, manifest\u00f3 que \u00abpor parte de este despacho no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, toda vez que se ha actuado conforme a los t\u00e9rminos establecidos y dando cumplimiento a lo ordenado por el Juez 6 del Circuito\u00bb (fls. 47-50).
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpli\u00f3 con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abse observa en el expediente, el accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra del auto de 18 de julio de 2018, por el cual el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 una nulidad de pleno derecho. Siendo pertinente destacar, que dicha decisi\u00f3n era susceptible de ser impugnada por aquella v\u00eda (ver art. 318 del C. G. P)\u00bb (fls. 54-56). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado del accionante, manifestando que \u00absi bien es cierto las partes tienen obligaciones dentro del proceso, acaso \u00bfno es tambi\u00e9n responsabilidad del operador judicial someterse al imperio de la ley, y fallar conforme a las normas aplicables a cada caso concreto?, pues en el presente caso se culpa a las partes, por la indebida aplicaci\u00f3n de la ley del Juzgado Sexto Civil del Circuito al fallar con leyes no vigentes al proceso que se discute\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abpor parte del Tribunal en ning\u00fan momento se valor\u00f3 si hubo o no indebida aplicaci\u00f3n de la ley y transfiere la responsabilidad a las partes por un hecho ajeno a lo actuado al interior del proceso, ya que es evidente que no era aplicable al caso concreto ni el art\u00edculo 90, ni el art\u00edculo 121 del C. G. P., pues la Corte ha manifestado que \u201cen otras palabras, la nulidad \u201cde pleno derecho\u201d de todo lo actuado en un proceso cuando se vencen los plazos m\u00ednimos de duraci\u00f3n en el despacho que lo viene impulsando, solo aplica a partir del 1\u00b0 de enero de 2016, cuando empez\u00f3 la \u201cvigencia en todos los distritos judiciales del pa\u00eds\u201d, del C\u00f3digo General del Proceso, como lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392. Con antelaci\u00f3n a ese marco temporal no podr\u00eda pregonarse como fundamento expreso de invalidaci\u00f3n dicho supuesto, por lo que los planteamientos del embate no encajan dentro de la quinta causal de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria, quedando sin piso (sentencia SC9706-2016 de julio 18 de 2016 Magistrado Ponente: Dr. Fernando Giraldo Gutierrez)\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abcon la negaci\u00f3n del fallo de tutela, se est\u00e1 sacrificando el derecho sustancial y se deja en firme una actuaci\u00f3n irregular del despacho, que afecta el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues se premia la extralimitaci\u00f3n de las funciones del juez y se presenta una dilaci\u00f3n injustificada del proceso, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el proceso ya contaba con sentencia y en la l\u00f3gica del Juzgado Sexto ser\u00edan nulos la totalidad de los procesos que se han tramitado durante los \u00faltimos a\u00f1os en todos los despachos judiciales\u00bb (fls. 72-74). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abprocedimental\u00bb, enfila su inconformismo contra el auto de 18 de julio de 2018. <\/p>\n

3. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Auto de 21 de mayo de 2015 mediante el cual el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda declarativa de \u00absimulaci\u00f3n absoluta contractual o nulidad absoluta contractual\u00bb promovida por H\u00e9ctor Germ\u00e1n Hern\u00e1ndez Mora contra Jaime Enrique Hern\u00e1ndez Mora (aqu\u00ed accionante) (fl. 3 cuaderno tribunal).
\n3.2. Acta de la audiencia surtida el 31 de julio de 2017 en la que se dict\u00f3 sentencia de primera instancia que deneg\u00f3 las pretensiones, determinaci\u00f3n que fue apelada por el demandante (fls. 8 y 9). <\/p>\n

3.3. Prove\u00eddo de 18 de julio de 2018 a trav\u00e9s del cual la c\u00e9lula judicial del circuito recriminada declar\u00f3 la nulidad de pleno derecho de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso a partir de \u00abla actuaci\u00f3n posterior al cumplimiento del a\u00f1o contado a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda al juzgado de conocimiento\u00bb, al estimar que \u00abexaminado nuevamente el expediente ser\u00eda del caso continuar con el tr\u00e1mite de la alzada, de no ser porque se advierte que la primera instancia excedi\u00f3 el t\u00e9rmino del a\u00f1o para proferir sentencia sin que se hubiera prorrogado la competencia, por lo que se estructur\u00f3 la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C. G. P., raz\u00f3n por la cual se impone adoptar medida de saneamiento de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abla demanda fue presentada al juzgado que avoc\u00f3 el conocimiento el 16 de marzo de 2015 (fl. 39, c. 1), la admisi\u00f3n fue dispuesta el 21 de mayo del mismo a\u00f1o, (fl. 44, c. 1), esto es, por fuera de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles que prev\u00e9 el art\u00edculo 90 del C. G. P., por lo que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de un a\u00f1o se debe contar a partir de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, (art\u00edculo 90, numeral 7, inciso cuarto) es decir la duraci\u00f3n del proceso se cumpl\u00eda el 16 de marzo de 2016, no desde la notificaci\u00f3n de los demandados\u00bb por lo tanto \u00abel funcionario de primer grado ten\u00eda hasta el 16 de marzo de 2016 para dictar sentencia pero lo hizo 31 de julio de 2017 cuando ya se hab\u00eda estructurado la referida nulidad, sin que en este caso operara la pr\u00f3rroga de la competencia\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben consecuencia de lo anterior conforme a la regla del art\u00edculo 121 del C. G. P., la declaratoria de la nulidad de pleno derecho debe decretarse desde la actuaci\u00f3n posterior al momento en que el juez haya perdido la competencia, esto es, desde el cumplimiento del a\u00f1o luego de la presentaci\u00f3n de la demanda, y debe rehacerse la actuaci\u00f3n \u00edntegramente, a partir del 16 de marzo de 2016\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abpor lo anterior y en obedecimiento expreso a la norma analizada y al precedente jurisprudencial que fij\u00f3 el alcance de la norma recientemente proferida por la H. Corte Suprema de Justicia-Sala de Casaci\u00f3n Civil- en sentencia STC8849-2018 de fecha 11 de julio de 2018, expediente radicado con el No. 76001-22-03-000-2018-00070-01, Magistrado Ponente Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, se dispondr\u00e1 la nulidad de pleno derecho pues se configuraron los presupuestos all\u00ed indicados y se dejan sin valor ni efecto los proferidos el 18 de mayo y 4 de julio de 2018 proferidos por este despacho con anterioridad a la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en cita\u00bb , por lo tanto orden\u00f3, \u00abdevolver el proceso al Juez 63 Civil Municipal de Bogot\u00e1 D. C., a fin de que adopte las previsiones a que haya lugar, de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 121 del C. G. P.\u00bb, decisi\u00f3n frente a la que no se formul\u00f3 recurso alguno (fls. 10 y 11). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada en el particular asunto deviene inane, toda vez que no se atendi\u00f3 el requisito general de procedencia de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que el gestor cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle a la autoridad querellada las razones de su inconformidad y reclamar en pro de sus intereses, empero dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su descontento, comoquiera que, desperdici\u00f3 el medio de protecci\u00f3n judicial que tuvo a su alcance, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso) contra el auto proferido el 18 de julio de 2018, mecanismo id\u00f3neo mediante el cual era dable que el actor pusiera de presente las particularidades del caso y todas las circunstancias por las que no consideraba factible que se procediera a declarar la nulidad.
\n4.1. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de que se revisten las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

4.2. Frente al tema de la \u00absubsidiariedad\u00bb la Corte ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02). <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, la Sala ha considerado que: <\/p>\n

[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00, citada el 5 sep. y 12 oct. 2012, rads. 00651 y 00135, 31 ene. y 22 may. 2013, rads. 00113 y 00206, respectivamente). <\/p>\n

5. En un asunto de similar tesitura, la Sala sostuvo, en suma, que: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Lo anterior, tanto m\u00e1s cuando quiera que el juzgador constitucional no puede desplazar al de conocimiento en cuanto a determinar si en un determinado asunto litigioso es del caso o no la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 ejusdem, en los eventos en que eso no se ha expuesto y debatido al interior del respectivo tr\u00e1mite judicial, ya que \u201cno son de recibo los argumentos expuestos por el impugnante, atinentes a que se declare de oficio la p\u00e9rdida de competencia conforme al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso o se disponga la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, pues lo cierto es que primero el despacho convocado debe pronunciarse de fondo sobre el particular, esto es, resolviendo la reposici\u00f3n presentada, tal como qued\u00f3 consignado en el fallo de tutela apelado. De manera que el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que deben adoptarse y que son del resorte exclusivo del funcionario judicial criticado, porque invadir\u00eda injustificadamente sus privativas funciones y competencia\u00bb (se denota; CSJ STC7612-2018, 14 jun. 2018, rad. 2018-00175-01 reiterada en STC11934-2018, Sep. 17 de 2018, rad. 2018-01401-01). <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16192-2018
\n(Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2018-02486-01)
\nCon todo respeto, me permito expresar mi disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada por esta Corte en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pues considero que hab\u00eda lugar a conceder el amparo invocado, pues al accionante se le viol\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso al haberse decretado una nulidad que no estaba llamada a ser declarada en el caso sub examine; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nCon el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisi\u00f3n al salvamento de voto que pronunci\u00e9 frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas razones reitero en esta oportunidad.
\nDe los se\u00f1ores magistrados,
\nARIEL SALAZARA RAMIREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC16192-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02486-01
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo frente a la decisi\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso e invadido todo lo actuado (incluida la sentencia de primera instancia del 31 de julio de 2017), bajo el supuesto de que el peticionario no interpuso reposici\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n.
\nNo obstante, considero que exist\u00eda m\u00e9rito para superar dicha incuria debido a que el juzgado en comento omiti\u00f3 analizar en su determinaci\u00f3n la posibilidad de que la supuesta anomal\u00eda se hubiera saneado o convalidado ante <\/p>\n

el silencio de las partes durante el tr\u00e1mite del pleito aspecto al que se circunscribe mi desacuerdo, conforme se pasa a explicar.
\nDel car\u00e1cter saneable de la nulidad invocada.
\n1. En reiteraci\u00f3n y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritaria m ente hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic., rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en
\nse\u00f1alar: \u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que r
\nel juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.\u00bb.
\nDe esta forma, el legislador dio continuidad a la pol\u00edtica procesal inicialmente vertida en el canon 9\u00b0 ce la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duraci\u00f3n de las instancias ante cuya superaci\u00f3n acaece la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podr\u00eda suscitarse en punto de la completa con iguraci\u00f3n de un aut\u00e9ntico factor temporal de atribuci\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminaci\u00f3n de la aptitud del funcionario cognoscente por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanci\u00f3n una particular ineficacia que aunque desarticulada del r\u00e9gimen de nulidades de la codificaci\u00f3n procesal, resulta expresa y aplicable.
\n2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo cierto es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento invalidante especial con los lineamientos generales del Cap\u00edtulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de dura: de la instancia ser\u00eda saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
\nSobre el particular corresponde precisar que aunque la disposici\u00f3n en cita refiere que la nulidad que afecta \u00abla actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u00bb, opera de pleno derecho, ello no supone que la misma se torne insubsanable.
\nCiertamente, la expresi\u00f3n de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jur\u00eddico de los vocablos, tan s\u00f3lo supondr\u00eda, en principio, que los efectos de la nulidad se producir\u00edan autom\u00e1ticamente, sin necesidad de <\/p>\n

reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no precisamente la calidad de insaneable del vicio procesal.
\nEn este orden, la previsi\u00f3n dar\u00eda cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaraci\u00f3n judicial), la cual no constituye por s\u00ed sola incompatibilidad alguna con los dem\u00e1s principios que informan la materia en el \u00e1mbito procesal civil, a s\u00faper: taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n, legitimaci\u00f3n. y convalidaci\u00f3n.
\nPor lo anterior, nada obsta para que en la hip\u00f3tesis de transgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia, deban estudiarse los condicionamientos de alegaci\u00f3n_ del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
\nAl respecto, es determinante se\u00f1alar que los \u00fanicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de p\u00e9rdida de la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n de la instancia, pues tal hip\u00f3tesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores
\n1 En tanto que en los \u00e1mbitos sustantivo y procesal, la nulidad s\u00f3lo se concibe mediante su reconocimiento por v\u00eda de pronunciamiento judicial, tal cual se extrae de los art\u00edculos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del C\u00f3digo Civil y las precepti\\ as del cap\u00edtulo de nulidades procesales del C\u00f3digo General del Proceso (c\u00e1nones 132 a 138), en especial el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 138 ib\u00eddem.
\n2 Art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual se han previsto pautas diferenciadas para el caso de su desatenci\u00f3n en el canon 138. <\/p>\n

privilegiados, sino al contrario, una secuela encaminada a finiquitar la atribuci\u00f3n que ven\u00eda regularmente dada, como mecanismo de coerci\u00f3n y sanci\u00f3n para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su deber de -decisi\u00f3n.
\nDe igual manera, las \u00fanicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falte de competencia funcional y subjetiva- son las det1 liadas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136, es decir: \u00abLas nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, ninguna de las cuales se aviene al evento de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia.
\nPor tal raz\u00f3n, se insiste, tienen plena aplicaci\u00f3n los condicionamientos de alegaci\u00f3n del vicio (legitimaci\u00f3n, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegaci\u00f3n y no convalidaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita -art. 135), as\u00ed como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
\nDe esta forma, la deficiencia podr\u00e1 ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuaci\u00f3n, dada la inoportuna alegaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, y muy puntualmente, \u00abCuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb.
\n3. Conviene destacar que en esta clase de hip\u00f3tesis, no puede pasarse por alto el criterio hermen\u00e9utico de
\nprevalencia del derecho sustancial consagrado en el art culo
\n228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, replicado en el canon 11_ del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abel objeto (de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb.
\nEn relaci\u00f3n con lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha ilustrado:
\n\u00ab(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sust\u00e1nciales (..). Al interpretar la ley procesal, el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad c e los derechos reconocidos por la ley sustancial (..)".
\n"(…) [L]a relaci\u00f3n de medio a fin es ostensible, lo que hace ve r que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci\u00f3] principios generales del derecho procesal, los :cales deben estar para cumplir la garant\u00eda constitucional del \u00e1 2bido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislad >r ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n G. a las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediar te la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del Ci2bido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4\u00b0, C. de P. C.)\u00bb (SC 27 abr. 006, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
\nEn la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u00ab38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garant\u00eda del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de \u00e9ste; (ii) la regulaci\u00f3n procesal debe propender por la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales al suministrar una v\u00eda para la soluci\u00f3n de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una funci\u00f3n instrumental que no es un fin en s\u00ed mismo, debe ce\u00f1irse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garant\u00edas fundamentales.\u00bb (C-193\/ 16).
\n4. As\u00ed las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jur\u00eddico, una postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuaci\u00f3n consumada, m\u00e1xime cuando las causas de la extensi\u00f3n en los t\u00e9rminos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (t\u00e1cita o expl\u00edcita) o a\u00fan m\u00e1s, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor val\u00eda, cual es obtener la debida pr\u00e1ctica de una prueba para la definici\u00f3n de la litis.
\nSe acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, en especial la decisi\u00f3n definitiva, y sin que medie la alegaci\u00f3n oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicaci\u00f3n de una pauta que justamente busca la obtenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues los fines pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n judicial ya estar\u00edan satisfechos. <\/p>\n

As\u00ed, sin duda, cumplido un acto sin violaci\u00f3n_ del derecho de defensa, es m\u00e1s grande el favor que se le p.. esta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidaci\u00f3n que justamente bus, .a la obtenci\u00f3n del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
\nPor todo lo anterior, la hip\u00f3tesis de invalidaci\u00f3:1 no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga, por la conservaci\u00f3n de los actos procesales y reclama por la sanci\u00f3n cuando las partes la aleguen en su debida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.
\nEsta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cual \u00abLa regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepci\u00f3n, en cambio, la posibilidad de su invalidaci\u00f3n\u00bb. En sustento de lo anterior se ilustr\u00f3:
\n\u00abNada es m\u00e1s nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequ\u00edvoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como \u00e9sta, taladran el oficio judicial y comprometen la etic\u00eddad del director del proceso, a la par que oscurecen su labor\u00edo, en E l que siempre debe imperar la b\u00fasqueda se\u00f1era de la justicie en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar <\/p>\n

en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo, iiteralismo' o procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y pot\u00edsimo fundamento, es pues una deleznable pr\u00e1ctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol, por excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y noble que ello implica, y no convertirse en una especie de enterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento\u00bb (CSJ
\nSC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01).
\n5. De otra parte, la invalidaci\u00f3n enunciada, es precisamente la ant\u00edtesis de la eficacia del proceso y la resoluci\u00f3n de la litis, a la cual debe acudirse como \u00faltimo remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debebido proceso y no para extender a\u00fan m\u00e1s en el tiempo la materializaci\u00f3n del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia.
\nEn este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisi\u00f3n de fondo en un t\u00e9rmino razonable, aniquilar la actuaci\u00f3n que ya se verific\u00f3 sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, quienes sin perjuicio del inter\u00e9s de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definici\u00f3n respectiva.
\nPor lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de instancia, es claro que la justificada extensi\u00f3n del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la <\/p>\n

aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad d al conocimiento del asunto en orden a la definici\u00f3n de la \/Lis.
\nUn entendimiento contrario sit\u00faa en vilo la garant\u00eda de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia de la tutela jurisdiccional, m\u00e1xime cuando la cl\u00e1usula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resoluci\u00f3n de la controversia, en tanto no prev\u00e9 sanci\u00f3n o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir \u00abel juez o magistrado que le sigue en turno\u00bb, supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas may\u00fasculas cuando la causa de la prolongaci\u00f3n no es exclusiva de la gesti\u00f3n de un despacho en concreto, sino com\u00fan a los dem\u00e1s de su misma categor\u00eda, especialidad y territorialidad.
\n6. El compromiso del Estado en materia de las garant\u00edas relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada e el estudiado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y menos con la interpretaci\u00f3n que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposici\u00f3n en el desempe\u00f1o de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicci\u00f3n, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacci\u00f3n de un m\u00ednimo conjunto de condiciones que, no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administraci\u00f3n judicial, a saber: <\/p>\n

\u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. [36]
\nAquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jur\u00eddicas, de exigir justicia, impone a las autoridades p\u00fablicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p\u00fablico y derecho sea real y efectivo.
\nEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n se determinar\u00e1 el contenido del derecho fundamental a la administraci\u00f3n de justicia.
\nEn primer lugar, la obligaci\u00f3n de respetar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el g\u00e9nero, la nacionalidad y la casta.
\nEn segundo lugar, la obligaci\u00f3n de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho.
\nEn tercer lugar, la obligaci\u00f3n de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. <\/p>\n

proporciona para formular sus pretensiones.
\nEn cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996 establece que, dentro de los principios que informen la administraci\u00f3n de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (art\u00edculo 2\u00b0), la celeridad (art\u00edculo 4\u00b0), la eficiencia (art\u00edculo 7\u00b0) y el respeto de los derechos (art\u00edculo 9\u00b0), los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
\nTambi\u00e9n se facilita la administraci\u00f3n de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.
\nAsimismo, el deber de tomar medidas implica la obligaci\u00f3n ()n de remover los obst\u00e1culos econ\u00f3micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y ase jurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad.
\nPor otra parte, hacer efectivo el derecho a la administraci\u00f3n de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que \u00e9ste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados.\u00bb (CC. T-443\/ 13).
\nAcorde con lo anterior, la consagraci\u00f3n de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, exigir\u00eda que la normativa, adem\u00e1s de congruente con la taxatividad de la causal y los fen\u00f3menos de pr\u00f3rroga y subsanaci\u00f3n, brindara satisfacci\u00f3n a los condicionamientos. <\/p>\n

constitucionales y estatutarios de estar aparejada o acompa\u00f1ada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de consecuencias- de cargas razonables para cada despacho
\nDe lo contrario, la aplicaci\u00f3n de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulaci\u00f3n insaneable, supondr\u00eda retrotraer la eficacia de la actuaci\u00f3n consumada, cuando lo pretendido es justamente su realizaci\u00f3n; hermen\u00e9utica que as\u00ed vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garant\u00edas de las justiciables.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

3 Conviene rese\u00f1ar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de \u00abCAP.\/ CIDAD M\u00c1XIMA DE RESPUESTA\u00bb, el cual tiene incidencia exclusiva en los par\u00e1metros de la calificaci\u00f3n de servicios, m\u00e1s no repercusi\u00f3n procesal directa y autor, \u00e1tica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA 6- 106 18 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16192-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2018-02486-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}