{"id":102214,"date":"2026-07-01T22:00:38","date_gmt":"2026-07-01T22:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102214"},"modified":"2026-07-01T22:00:38","modified_gmt":"2026-07-01T22:00:38","slug":"stc16204-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16204-2018\/","title":{"rendered":"STC16204-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16204-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01209-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que Jos\u00e9 Jesus Arroyave Hincapi\u00e9 promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal y a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los cuales estima vulnerados por el Tribunal accionado quien dentro del tr\u00e1mite constitucional que promovi\u00f3 en contra de Colpensiones concedi\u00f3 la protecci\u00f3n que reclam\u00f3, no obstante, en la parte resolutiva del fallo all\u00ed emitido indic\u00f3 que la protecci\u00f3n se conced\u00eda a favor de \u00abGerman Rodr\u00edguez Campo\u00bb, nombre con el cual no se identifica. As\u00ed mismo se\u00f1ala que la resoluci\u00f3n que Colpensiones emiti\u00f3 en cumplimiento de tal decisi\u00f3n, no acata en debida forma el amparo, pues reduce sus semanas de cotizaci\u00f3n a 750, cuando -afirma- ha cotizado m\u00e1s de 1049. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, solicita que se ordene al Tribunal corregir el error en que incurri\u00f3 y adem\u00e1s se ordene a Colpensiones realizar un conteo adecuado de sus semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de Colpensiones con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a la que el mismo afirma tener derecho, por cumplir con la edad y periodos de cotizaci\u00f3n que dicha prestaci\u00f3n requiere. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, autoridad judicial que, tras agotar el tr\u00e1mite pertinente, emiti\u00f3 sentencia el 22 de febrero de 2018 en la que deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por el actor. <\/p>\n

3. Impugnada la anterior decisi\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, a trav\u00e9s de prove\u00eddo emitido el 21 de abril de 2018 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, para en su lugar amparar los derechos del actor, pues si bien Colpensiones realiz\u00f3 un estudio riguroso de la solicitud pensional, lo cierto es que no tuvo en cuenta los periodos de cotizaci\u00f3n comprendidos entre el 1 de abril de 1968 y el 22 de julio de 1969. <\/p>\n

En la parte resolutiva de tal decisi\u00f3n, el Tribunal incurri\u00f3 en un error aritm\u00e9tico, pues en lugar de incluir el nombre del tutelante, manifest\u00f3 conceder la protecci\u00f3n de los derechos a favor de \u00abGerm\u00e1n Rodrigo Ocampo\u00bb. <\/p>\n

4. En cumplimiento de la referida orden constitucional, Colpensiones emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n de 9 de mayo de 2018, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 que a pesar de incluirse las semanas ordenadas por el Tribunal, el actor no satisfac\u00eda las exigencias legales para reconocer el beneficio pensional. <\/p>\n

5. El cotizante acude al amparo constitucional por estimar que el Tribunal Superior de Pereira vulner\u00f3 sus derechos fundamentales pues de acuerdo a su entender, a pesar de que \u00e9l fue quien ejerci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, el amparo se otorg\u00f3 a nombre de una persona diferente. As\u00ed mismo exterioriza su inconformidad con la Resoluci\u00f3n emitida por Colpensiones el 9 de mayo de 2018 pues en la misma se indica que solamente cuenta con 945 semanas de cotizaci\u00f3n, cuando, seg\u00fan sus c\u00e1lculos ha permanecido afiliado por m\u00e1s de 1049 semanas. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 18 de junio de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, sin hacer menci\u00f3n frente a los hechos de la tutela, remiti\u00f3 copia del auto emitido el 21 de junio de 2018 a trav\u00e9s del cual se corrigi\u00f3 la sentencia proferida dentro del proceso constitucional. <\/p>\n

Colpensiones intervino en el tr\u00e1mite para manifestar que en cumplimiento de la orden constitucional, expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n 126027 de 9 de mayo de 2018, en la que explic\u00f3 con claridad las razones por las que no era posible conceder la pensi\u00f3n reclamada por el promotor. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que si aquel considera que la resoluci\u00f3n no acat\u00f3 la orden constitucional emitida con anterioridad, no es este tr\u00e1mite el adecuado para plantear tal debate, pues para el efecto debe acudir al incidente de desacato. <\/p>\n

3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo de 27 de junio de 2018 deneg\u00f3 el amparo pretendido, pues, en cuanto a la sentencia emitida dentro del tr\u00e1mite constitucional anterior, se hab\u00eda presentado un hecho superado ya que el error aritm\u00e9tico al que hace alusi\u00f3n el actor ya hab\u00eda sido corregido. En cuanto a la resoluci\u00f3n que se emiti\u00f3 en cumplimiento de la orden constitucional, advirti\u00f3 que la evaluaci\u00f3n de aquella debe ser adelantada por el juez que conoci\u00f3 en primera instancia dicha acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

4. Inconforme, la tutelante formul\u00f3 impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De acuerdo con el escrito contentivo de la demanda de tutela, advierte la Sala que la inconformidad del promotor gira en torno a dos situaciones, la primera relacionada con el error en que incurri\u00f3 el Tribunal al emitir la sentencia de segundo grado dentro de una acci\u00f3n constitucional que se promovi\u00f3 con anterioridad; y la segunda, encaminada a cuestionar la resoluci\u00f3n con la cual Colpensiones acat\u00f3 la orden de protecci\u00f3n que en el tr\u00e1mite anterior se emiti\u00f3. <\/p>\n

2. Con el fin de resolver la primera de las inconformidades, pertinente es recordar, como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, que la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.1 <\/p>\n

3. En el caso objeto de estudio, como lo estim\u00f3 el juez constitucional de primer grado, necesaria se torna la declaratoria mencionada, pues el error contendi\u00f3 en la sentencia, fue corregido mediante auto de 21 de junio de 2018, prove\u00eddo en el cual el Tribunal advirti\u00f3 que se hab\u00eda incurrido en un error aritm\u00e9tico, por lo que se tornaba necesario aclarar que la protecci\u00f3n constitucional otorgada amparaba los derechos del hoy accionante, y no de la persona que all\u00ed se mencion\u00f3 <\/p>\n

As\u00ed las cosas, corregida por parte de la autoridad judicial accionada la inconsistencia que se present\u00f3, no hay raz\u00f3n para conceder la protecci\u00f3n constitucional que al respecto reclama el actor. <\/p>\n

4. Ahora bien, en cuanto a la segunda de las quejas planteadas por el promotor, necesario es advertir que corre la misma suerte de la anterior, al no ser este mecanismo el adecuado para verificar si la orden de protecci\u00f3n que se emiti\u00f3 a favor del hoy promotor fue cumplida en debida forma. <\/p>\n

Debe recordarse que de conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, es causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

En el presente caso, aduce el promotor que la resoluci\u00f3n con la que Colpensiones pretendi\u00f3 dar cumplimiento a la orden que emiti\u00f3 el tribunal a su favor, es equivoca y en ella persiste la vulneraci\u00f3n de sus derechos, pues de forma injustificada, seg\u00fan su entendimiento, redujo las semanas que durante toda su vida ha cotizado al sistema de seguridad social en pensiones. <\/p>\n

Sin embargo, ha sido insistente la jurisprudencia constitucional en se\u00f1alar que la informidad que el beneficiario de una orden de tutela tenga con las actuaciones adelantadas para su satisfacci\u00f3n, no pueden ser atacadas mediante otra acci\u00f3n de tutela, ya que para el efecto cuenta con el tr\u00e1mite incidental de desacato, medio a trav\u00e9s del cual, dichas actuaciones son evaluadas por el juez que conoci\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional en primera instancia, pues solo \u00e9ste es el llamado a verificar si con tales actuaciones finaliz\u00f3 la vulneraci\u00f3n advertida. <\/p>\n

AL respecto, la Corte Constitucional, en Auto 136A emitido el 20 de agosto de 2002 se plante\u00f3 el referido interrogante y se concluy\u00f3: <\/p>\n

(\u2026)\u00a0La Corte considera que el juez competente para conocer del tr\u00e1mite de desacato de una tutela, es el juez singular o plural que tramit\u00f3 la\u00a0 primera instancia.\u00a0
\n\u00a0
\nExisten cuatro razones constitucionales fundadas en el debido proceso constitucional y en la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del Decreto 2591 de 1991, que sirven de sustento a esta interpretaci\u00f3n: (a) la plena eficacia de la garant\u00eda procesal del grado jurisdiccional de consulta, (b) la necesidad de garantizar la igualdad en las reglas de competencia, (c) el poder de irradiaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de tutela, y (d) la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del decreto 2591, en lo que respecta a las funciones del juez de primera instancia <\/p>\n

De esa manera, surge con claridad que el actor cuenta a su alcance con un mecanismo de defensa que se torna eficaz para proteger sus derechos fundamentales, siendo necesario recordar que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de \tabril de 2010, exp. T-00135-01, reiterada en sentencias de 24 de \toctubre de 2011, exp. T-00305-01, 1\u00ba de agosto de 2012, exp. \tT-00497-01 y 3 de abril de 2013, exp. T-00044-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC16204-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01209-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}