{"id":102227,"date":"2026-07-01T22:03:00","date_gmt":"2026-07-01T22:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102227"},"modified":"2026-07-01T22:03:00","modified_gmt":"2026-07-01T22:03:00","slug":"stc16324-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16324-2018\/","title":{"rendered":"STC16324-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16324-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2018-00159-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Orlando Romero contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de Sandra Patricia Venegas Cuestas y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada al desconocer como pasivos las deudas que relacion\u00f3 en la diligencia de inventarios y aval\u00faos dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que sigue contra su ex c\u00f3nyuge. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se le conceda el amparo implorado y en consecuencia, se declare la nulidad de lo decido el 21 de septiembre de 2018, para que el juzgador rehaga la actuaci\u00f3n y decrete pruebas de oficio, para que los bancos aporten los t\u00edtulos valores que la autoridad accionada ech\u00f3 de menos y que el juez se pronuncie expresamente en relaci\u00f3n con las compensaciones. [Folio 8, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 27 de enero de 2007, Luis Orlando Romero contrajo matrimonio civil con Sandra Patricia Venegas Cuesta. <\/p>\n

3. El 12 de septiembre de 2017, el aqu\u00ed accionante, por conducto de apoderado judicial, solicit\u00f3 al despacho proceder con el proceso liquidatorio de la sociedad conyugal. <\/p>\n

4. El d\u00eda 18 del mismo mes, la autoridad accionada admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la liquidaci\u00f3n y dispuso el enteramiento de la demandada. <\/p>\n

5. La diligencia de inventarios y aval\u00faos se llev\u00f3 a cabo el 22 de mayo de 2018, en la cual ambas partes presentaron la relaci\u00f3n de bienes y deudas en donde cada uno elev\u00f3 objeciones. Respecto del pasivo, la demandada estuvo de acuerdo con la deuda sostenida con el Fondo Nacional Del Ahorro el cual acept\u00f3 por un valor de $13.608.652,oo, pero rechaz\u00f3 los dem\u00e1s pasivos relacionados, en tanto que no ten\u00eda conocimiento de que el actor manejara tantas tarjetas, y a su vez, manifest\u00f3 que ella colaboraba con el pago de servicios p\u00fablicos. <\/p>\n

6. En audiencia de 21 de septiembre del a\u00f1o que avanza, el juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 las objeciones presentadas y como resultado, entre otras cosas, resolvi\u00f3 tener como pasivos de la sociedad conyugal, la deuda contra\u00edda con el Fondo Nacional del Ahorro, por la suma de $13.608.652,oo, m\u00e1s las deudas por concepto predial de los bienes inmuebles relacionados como activos, aunado a una compensaci\u00f3n a favor del actor. As\u00ed mismo, excluy\u00f3 los dem\u00e1s pasivos como la obligaci\u00f3n con el Banco Caja Social, y otras cuentas de cr\u00e9dito y servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n

7. En criterio del tutelante, el juzgado accionado desconoci\u00f3, al resolver las objeciones presentadas en la diligencia de inventario y aval\u00faos, las deudas que ten\u00eda la sociedad conyugal por concepto de pr\u00e9stamos con bancos y tarjetas de cr\u00e9ditos, pues si echaba de menos pruebas como t\u00edtulos valores, el juzgado pudo decretarlas de oficio. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 3 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 39, c.1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad, el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica -C\u00f3rdoba, pidi\u00f3 denegar por improcedente la acci\u00f3n constitucional en tanto que no se le han vulnerado los derechos que alega toda vez que el tutelante goza del derecho de postulaci\u00f3n dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que en ese despacho se tramita. [Folio 49, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 17 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que el impulsor de la s\u00faplica no demostr\u00f3 el perjuicio irremediable que pretend\u00eda evitar, pues solo obran pruebas de las actuaciones del proceso censurado. <\/p>\n

En todo caso, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada al advertir que el accionante no formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia por la cual se resolvieron las objeciones a la diligencia de inventario y aval\u00faos, aunado a que el actor, cuenta con otra oportunidad para inventariar las deudas que alega omitidas, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso. [Folios 48 a 53, c. 1] <\/p>\n

4. El quejoso impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n bajo el argumento que el apoderado judicial incurri\u00f3 en una falla en el cumplimiento de sus deberes al dejar de interponer el recurso de apelaci\u00f3n e insisti\u00f3 en lo expuesto en su escrito introductor. [Folios 56- 62 y 71, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que la salvaguardia constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para propender por la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas que ahora estima vulneradas, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se puede sustituir el mecanismo ordinario, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama. <\/p>\n

3. En efecto, del planteamiento de la queja, surge claro que el tutelante censura, la exclusi\u00f3n que se hiciere de los pasivos, tales como las deudas que relacion\u00f3 con entidades bancarias por concepto de pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito, as\u00ed como una compensaci\u00f3n por pagos que realiz\u00f3 hasta la fecha de la separaci\u00f3n. <\/p>\n

Del examen hecho a las probanzas arrimadas, se observa, que si bien, el quejoso enlist\u00f3 una serie de obligaciones entre las que anot\u00f3 tarjetas de cr\u00e9dito y servicios p\u00fablicos domiciliarios, lo cierto es que estos fueron objetados por la pasiva, por no tener conocimiento de la existencia de las mismas, aunado a que prestaba colaboraci\u00f3n en el pago de los aludidos servicios p\u00fablicos. <\/p>\n

Ya, al momento de resolver dicha objeci\u00f3n, la operadora judicial cuestionada, accedi\u00f3 a la misma y las excluy\u00f3 por considerar que seg\u00fan lo reglado por el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00ab(\u2026) En el pasivo de la sucesi\u00f3n se incluir\u00e1n las obligaciones que consten en t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial (\u2026), as\u00ed que no pod\u00eda incluirlos porque la parte demandada los objet\u00f3, aunado a que los servicios p\u00fablicos domiciliarios forman parte del giro ordinario de la manutenci\u00f3n del hogar por ellos formado y por ello no pueden constituirse en cr\u00e9ditos en favor de ninguno de los consortes hoy divorciados. (record. 35:40 a 38:52) <\/p>\n

Ahora, para lo que aqu\u00ed interesa, tal determinaci\u00f3n no fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n por parte del interesado, tal como se lo permit\u00eda el inciso final del numeral 2 del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que desencaden\u00f3 en la firmeza de la disposici\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se advierte que de haber estado pendiente de lo acaecido en la audiencia por la cual se resolv\u00edan las objeciones presentadas en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, el actor habr\u00eda podido cuestionar oportunamente y a trav\u00e9s del mecanismo legal establecido para tal efecto, sobre unos rubros que a su juicio deb\u00edan ser incluidos y aprobados. <\/p>\n

Resulta, entonces, ostensible, que si el accionante no agot\u00f3 oportunamente las herramientas que ten\u00eda a su alcance, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes. <\/p>\n

La Sala, en supuestos similares ha indicado que: <\/p>\n

(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC 26 ene. 2011, Rad. 00027-00.) <\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 las herramientas que ten\u00eda a su alcance, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n

4. En suma, el gestor de la s\u00faplica, en justificaci\u00f3n, no puede atribuir la culpa al apoderado que lo represent\u00f3, en tanto que esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al indicar que tal supuesto resulta insuficiente para el buen suceso del reclamo tutelar. En efecto, as\u00ed se ha se\u00f1alado: <\/p>\n

(\u2026) la contingente incuria de los apoderados judiciales (\u2026) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. (CSJ STC, 9 jun. 2004, rad. 00448; 26 jul. 2005, rad. 00097; 27 ene. 2006, rad. 00014; y 18 ago. 2010, rad. 00045-01). <\/p>\n

5. De otro lado, den\u00f3tese, que bajo los par\u00e1metros del C\u00f3digo General del Proceso \u2013art\u00edculo 502-, nada impide que las partes acudan al despacho para propender por un inventario y aval\u00fao adicional, cuando se hubieren dejado de inventariar bienes o deudas, incluso cuando la partici\u00f3n ya se haya aprobado. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la presunta irregularidad denunciada no tiene el car\u00e1cter vulnerador de los derechos fundamentales del quejoso, toda vez que de insistir en las deudas vigentes, tal situaci\u00f3n podr\u00e1 solventarse con sujeci\u00f3n a las reglas previstas en el canon 502 rese\u00f1ado. <\/p>\n

6. Las anteriores consideraciones se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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