{"id":102229,"date":"2026-07-01T22:03:24","date_gmt":"2026-07-01T22:03:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102229"},"modified":"2026-07-01T22:03:24","modified_gmt":"2026-07-01T22:03:24","slug":"stc16326-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16326-2018\/","title":{"rendered":"STC16326-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16326-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02069-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cuatro de octubre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c9lida Manuela Henao Espinosa contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, Tribunal Superior y el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, seguridad social e \u00abirrenunciabilidad a derechos laborales\u00bb que considera vulnerados por los accionados al negarle el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez bajo el argumento equivocado que no satisface el n\u00famero de semanas cotizadas. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas por las autoridades demandadas y se emita una nueva decisi\u00f3n \u00abacogiendo el precedente jurisprudencial referente al tema que se aduce en esta acci\u00f3n de tutela y ordenando reconocerme la PENSI\u00d3N DE VEJEZ conforme las semanas reales acreditadas.\u00bb [Folio 105, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La accionante present\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, con la finalidad de que le fuera reconocida la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, en subsidio, con la Ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en la Ley 100 de 1993, as\u00ed como las mesadas causadas, incluidas las de junio y diciembre, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas y lo ultra y extra petita. <\/p>\n

2. Como soporte de sus pretensiones adujo que naci\u00f3 el 12 de marzo de 1944, por lo que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes de 1999. <\/p>\n

2.1. Que reclam\u00f3 ante la entidad la pensi\u00f3n de vejez; que, mediante resoluciones Nros. 14080 de 14 de septiembre de 2004, 11646 de 7 de octubre de 2003 y 021448 de 31 de julio de 2008, se le neg\u00f3 dicho beneficio. <\/p>\n

2.2. Que contrario a lo aducido por la entidad demandada, cotiz\u00f3 un total de 1011.28 semanas, entre tiempos p\u00fablicos y privados, suficientes para acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n

2.3. Que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en la Ley 100 de 1993; que satisfac\u00eda las exigencias del art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988. <\/p>\n

2.4. Que qued\u00f3 agotada la v\u00eda gubernativa y que se retir\u00f3 definitivamente del sistema en el mes de julio de 2006. <\/p>\n

3. La demanda le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn, autoridad que la admiti\u00f3 y dispuso la notificaci\u00f3n a la parte demandada. <\/p>\n

4. Una vez enterado el extremo pasivo procedi\u00f3 a dar respuesta a la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones y, en cuanto a los hechos expuestos, admiti\u00f3 como ciertos los relativos a la fecha de nacimiento de la demandante, las solicitudes de otorgamiento de la pensi\u00f3n de vejez, la emisi\u00f3n de los actos administrativos que negaron la prestaci\u00f3n, la calidad de beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y el agotamiento de la v\u00eda gubernativa. <\/p>\n

En cuanto a lo dem\u00e1s, dijo que no era cierto, que no le constaba o que constitu\u00edan pretensiones de la parte actora. En su defensa propuso las excepciones de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n, prescripci\u00f3n e imposibilidad de condena en costas\u00bb. <\/p>\n

5. El 30 de noviembre de 2010, se emiti\u00f3 sentencia en la que absolvi\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda tras considerar que la actora como beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, no acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de los 55 a\u00f1os de edad o 1.000 semanas sufragadas en cualquier tiempo, ni el cumplimiento de los requisitos de la Ley 71 de 1988. [Folios 29-46,c.1] <\/p>\n

6. En desacuerdo, la tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. La Sala Laboral en descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, mediante fallo del 16 de diciembre de 2011, confirm\u00f3 el fallo al manifestar que la accionante no hab\u00eda efectuado cotizaciones a la seguridad social durante los periodos de tiempo en que hab\u00eda estado vinculada al sector p\u00fablico, por lo que, en consecuencia, no le era aplicable la Ley 71 de 1988, al no cumplir con las exigencias previstas en esta normatividad, decisi\u00f3n con la que no se desconoc\u00edan postulados constitucionales.[Folios 47-57,c.1] <\/p>\n

8. Inconforme, la actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n para cuyo efecto manifest\u00f3 que el ad quem desconoci\u00f3 la posibilidad de sumar las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 al Instituto de Seguros Sociales, Cajas, Fondos, o entidades de seguridad social del sector p\u00fablico o privado, o los tiempos de servicios como servidores cualquiera que fuera el n\u00famero de semanas cotizadas y la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados no es una novedad de la Ley 100 de 1993, por cuanto ya la Ley 71 de 1988 hab\u00eda posibilitado acceder a la pensi\u00f3n en tales t\u00e9rminos. <\/p>\n

9. El 28 de febrero de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, no cas\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal tras considerar que si bien el ad quem incurri\u00f3 en un error trascendente, al excluir los tiempos servidos al sector oficial por parte de la tutelante, al no tener los respectivos aportes o cotizaciones a entidades de seguridad social, cuando lo cierto era que deb\u00eda contabilizarlas para efectos de la pensi\u00f3n pretendida por la demandante, no obstante el n\u00famero de semanas cotizadas entre tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales y tiempos p\u00fablicos, fueron insuficientes para acceder a la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 71 de 1988, tal como lo dio por sentado el sentenciador de segunda instancia. [Folios 58-65,c.1] <\/p>\n

10. En criterio de la reclamante con las decisiones adoptadas por los accionados se vulneraron los derechos deprecados por cuanto \u00abno tuvieron en cuenta la totalidad y real n\u00famero de semanas con que cuenta para la resoluci\u00f3n de su pensi\u00f3n\u00bb, ya que con ello completar\u00eda un total de 1000.69 semanas, que es lo exigido por la normatividad aplicable a su caso. [Folios 95-106,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 24 de septiembre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 14-15,c.1] <\/p>\n

2. El Gerente de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la accionante por cuanto no se advierte ninguna v\u00eda de hecho o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de las autoridades demandadas como quiera que es el resultado de la aplicaci\u00f3n de las normas que rigieron el caso y jurisprudencia vigente de la m\u00e1xima autoridad laboral. [Folios 34-36,c.1,c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 4 de octubre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo tras considerar que no se evidencia en la decisi\u00f3n censurada que la accionada hubiere incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la procedencia del amparo, pues se encuentra ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales que regulan el caso y por el contrario se observa que la accionante pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello. [Folios 25-33,c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3 tras indicar que se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad al no aplicarse debidamente la sumatoria del tiempo p\u00fablico y privado que labor\u00f3 y que deviene en el reconocimiento de su pensi\u00f3n. [Folios 44-46, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de la decisiones proferidas por el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn, Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Corte solamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 la \u00faltima autoridad, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para no casar la sentencia proferida por el Tribunal al interior del proceso ordinario promovido por la accionante contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la Sala demandada se\u00f1al\u00f3 que respecto al cargo presentado por la actora en el que le endilga al ad quem considerar equivocadamente \u00abla improcedencia de la sumatoria de tiempos del sector p\u00fablico y el privado en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, desconociendo con ello que el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y, concretamente su par\u00e1grafo, que disponen la posibilidad de sumar las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 al Instituto de Seguros Sociales, Cajas, Fondos, o entidades de seguridad social del sector p\u00fablico o privado, o los tiempos de servicios como servidores cualquiera que fuera el n\u00famero de semanas cotizadas\u00bb, le asist\u00eda raz\u00f3n a la quejosa. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto, el Ad Quem dej\u00f3 de tener en cuenta los tiempos de servicios prestados por la accionante a entidades del sector oficial, bajo el argumento de no haberse efectuado cotizaciones a cajas o entidades de seguridad social, criterio que contraviene la jurisprudencia vigente de esa Sala seg\u00fan la cual, para efectos de la pensi\u00f3n por aportes del art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, se deben contabilizar tales tiempos de servicios, as\u00ed las entidades empleadoras no hayan efectuado aportes o cotizaciones, dado que esta circunstancia no puede enervar la consolidaci\u00f3n del derecho pensional del trabajador, al no serle imputable y porque tal interpretaci\u00f3n desarrolla en estricto rigor los propios mandatos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y del Sistema General de Pensiones, tem\u00e1tica que ha sido abordada en la sentencia SL4457-2014 y reiterada en providencias SL13678- 2016, SL18427- 2016, SL18611-2016 y SL1017-2017, entre otras. <\/p>\n

En ese orden de ideas, advirti\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 \u00aben un error trascendente\u00bb, toda vez que, al examinar las exigencias previstas en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, excluy\u00f3 los tiempos servidos al sector oficial por parte de la tutelante, al no tener los respectivos aportes o cotizaciones a entidades de seguridad social, cuando lo cierto era que deb\u00eda contabilizarlas para efectos de la pensi\u00f3n pretendida por la accionante. <\/p>\n

Sin embargo, resalt\u00f3 que si bien el cargo es fundado, \u00ablo cierto es que, en sede de instancia, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n de absolver a la entidad demandada, toda vez que la demandante solo contabilizaba un total de 820.85 semanas, entre tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales y tiempos p\u00fablicos, insuficientes para acceder a la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 71 de 1988, tal como lo dio por sentado el sentenciador de segundo grado, m\u00e1xime que en la demanda inicial la promotora del juicio aleg\u00f3 haber cotizado un total de 1011.28 semanas, entre aportes al ISS y tiempos servidos al Estado, que tampoco le permitir\u00edan obtener la prestaci\u00f3n de vejez pretendida, puesto que los veinte (20) a\u00f1os de aportes corresponden a 1028 semanas\u00bb. <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. Finalmente, no se demostr\u00f3 la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no existe prueba de que los encausados hubiese dispensado un trato diferente a la actora en relaci\u00f3n con otras personas puestas en la misma situaci\u00f3n o en igualdad de condiciones a las de ella, ni tampoco se acredit\u00f3 de manera alguna que las autoridades accionadas hubiese procedido de manera arbitraria o caprichosa, de lo que se concluye la improcedencia de este mecanismo. <\/p>\n

5. En ese orden, no hab\u00eda lugar a conceder el amparo, por tanto se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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