{"id":102236,"date":"2026-07-01T22:04:50","date_gmt":"2026-07-01T22:04:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102236"},"modified":"2026-07-01T22:04:50","modified_gmt":"2026-07-01T22:04:50","slug":"stc16347-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16347-2018\/","title":{"rendered":"STC16347-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16347-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03790-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Humberto Alem\u00e1n Jim\u00e9nez en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de Bol\u00edvar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El quejoso depreca la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abjusticia\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de la justicia\u00bb y \u00absupremac\u00eda de la Constituci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas al interior de la queja disciplinaria con radicaci\u00f3n N\u00ba. 2017-00456. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 en sost\u00e9n de su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- El 20 de junio de 2017 formul\u00f3 queja disciplinaria en contra de Fernando A. Quintero \u00c1lvarez, en su condici\u00f3n de Fiscal Seccional 19 de Magangu\u00e9, habida cuenta del \u00abconcierto criminal\u00bb que tuvo con la inspectora de polic\u00eda de esa municipalidad, misma que fue repartida y \u00ablamentablemente le correspondi\u00f3 al magistrado Orlando de Jes\u00fas D\u00edaz Atehort\u00faa, quien en todo momento lo que hace es revictimizar[lo, y s]u compa\u00f1ero de sala fue [el togado] Roberto P\u00e9rez Caballero, a quien no cono[ce]\u00bb, aconteciendo que el consejo seccional recriminado, a trav\u00e9s de auto adiado 31 de octubre de ese a\u00f1o, se declar\u00f3 inhibido para iniciar la investigaci\u00f3n correspondiente en contra de aquel. <\/p>\n

2.2.- Apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, siendo que la sala ad quem entutelada la confirm\u00f3 por pronunciamiento de 1\u00ba de agosto de 2018. <\/p>\n

2.3.- Aduce que tales prove\u00eddos alojan irregularidad, habida cuenta que \u00abno quisieron ver las pruebas\u00bb de manera objetiva y en su conjunto, ya que \u00abs\u00f3lo leyeron, aplicaron y decidieron en forma unilateral, falseando la realidad objetiva de las pruebas y faltando a su deber como jueces\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se \u00abordene tramitar la separaci\u00f3n del cargo del doloso fiscal y de la inspectora y se ordene abrir la correspondiente investigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Analizado el escrito genitor, surge que el peticionario depreca, en \u00faltimas, la invalidaci\u00f3n del pronunciamiento ratificatorio datado 1\u00ba de agosto de 2018, al estimar que obr\u00f3 desprecio de la legalidad por supuestamente configurarse causal especial de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales acreditaciones, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Pronunciamiento fechado 31 de octubre de 2017, a trav\u00e9s del cual el consejo seccional encartado resolvi\u00f3 \u00abinhibirse de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria, en contra de [\u2026] Fernando A. Quintero \u00c1lvarez, en su calidad de Fiscal Seccional 19 de Magangu\u00e9-Bol\u00edvar\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Prove\u00eddo confirmatorio de 1\u00ba de octubre de 2018, dictado por la sala jurisdiccional disciplinaria de segundo grado enjuiciada. <\/p>\n

All\u00ed, entre otras reflexiones, sostuvo que \u00ab[c]onsider\u00f3 el quejoso en el recurso de apelaci\u00f3n, que la intervenci\u00f3n del fiscal con env\u00edo de los oficios a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda para la no realizaci\u00f3n de la diligencia, es una raz\u00f3n suficiente para investigarlo y sancionarlo disciplinariamente, al haber incitado a otro funcionario de abstenerse de cumplir con el deber. Significa lo anterior, que la transgresi\u00f3n de los deberes endilgados a los funcionarios de la Rama Judicial son los contemplados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, concretamente en el art\u00edculo 153 y las prohibiciones contenidas en el art\u00edculo 154 ib[i]dem, a lo cual se suman las faltas grav\u00edsimas de la Ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n

Esgrimi\u00f3, a vuelta de lo anterior, que \u00ab[p]ara absolver los prop\u00f3sitos referidos por el art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002, en momentos del an\u00e1lisis sobre la procedencia o no de iniciar la actuaci\u00f3n disciplinaria, se debe verificar previamente por el operador disciplinario la existencia de hechos que escapen del \u00e1mbito disciplinario ya sea por su atipicidad, falta de ilicitud sustancial o la no afectaci\u00f3n a deberes funcionales relevantes que amparan las normas de la ley disciplinaria, dentro del marco del ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y los principios consagrados en el art\u00edculo 209 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, siendo que \u00ab[c]laramente con la decisi\u00f3n de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Bol\u00edvar, calendada 31 de octubre de 2017, se dio cumplimiento a la disposici\u00f3n legal referida, ya que de los hechos puestos en conocimiento por el signatario Jairo Alberto Alem\u00e1n Jim\u00e9nez no establecen la existencia de un comportamiento irregular por parte de [\u2026] Fernando A. Quintero \u00c1lvarez, que d\u00e9 lugar a reproche disciplinario\u00bb. <\/p>\n

Ello, ment\u00f3, comoquiera que \u00ab[a]s\u00ed se afirma al observar el contenido de la Resoluci\u00f3n de 5 de agosto de 2013 suscrita por [este \u00faltimo] en su condici\u00f3n de Fiscal 19 Delegado ante el Juzgado Penal del Circuito de Magangu\u00e9 – Bol\u00edvar, pues si bien es cierto las diferentes solicitudes presentadas por \u00e9l ante la Inspecci\u00f3n Central de Polic\u00eda de esa municipalidad, fueron con el fin de suspender la diligencia de entrega de un bien inmueble al [tutelista], ello no fue consecuencia de una actuar il\u00edcito de parte del funcionario que develara su af\u00e1n de torpedear el cumplimiento de la ley y dar curso como lo denomin\u00f3 el quejoso a \u201cun concierto criminal con la Inspectora de Polic\u00eda\u201d en perjuicio suyo, sino el de evitar o poner en peligro la afectaci\u00f3n del derecho fundamental a vivienda digna de una personas de la tercera edad\u00bb. <\/p>\n

Por supuesto, puso de presente, las \u00abpeticiones del fiscal a la inspectora de polic\u00eda mediante los [O]ficios N\u00ba. 0280 de 9 de agosto de 2013, 0147\/19SECC, 0056\/19SECC, como se establece de su contenido, y la decisi\u00f3n del 5 de agosto de 2013, tienen fundamento en una investigaci\u00f3n seguida por la fiscal\u00eda de su titularidad en ese entonces, en la que la parte civil solicit\u00f3 intervenci\u00f3n de la fiscal\u00eda para conminar a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda frente a la suspensi\u00f3n de una diligencia de lanzamiento programada por la autoridad administrativa. Aspecto que como qued\u00f3 visto, est\u00e1 demostrado con el contenido de la decisi\u00f3n aludida y los oficios\u00bb, de modo que \u00ab[s]e desvirt\u00faa el proceder doloso que le endilga el quejoso al fiscal, de querer perjudicarlo, en cuanto se estableci\u00f3 que quien estaba ejerciendo una posesi\u00f3n pac\u00edfica de m\u00e1s de diez a\u00f1os, era una persona de la tercera edad, con quebrantos de salud, siendo \u00e9ste por intermedio de su apoderado, quien se opuso a la diligencia de entrega del bien inmueble ocupado por \u00e9l y su familia y que dio lugar a la primera suspensi\u00f3n de la diligencia en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s de lo anterior, reliev\u00f3, \u00abla pr\u00f3xima diligencia no se suspende por voluntad del Fiscal 19 Seccional, sino por la orden impartida por un juez de tutela, que ampar\u00f3 los derechos fundamentales del debido proceso, vivienda digna a personas de la tercera edad, derecho de defensa y perjuicio irremediable a [\u2026] Manuel Antonio D\u00edaz Guerra y Emperatriz Gonz\u00e1lez Moreno. Conforme lo anterior, [\u2026] no le asiste raz\u00f3n al quejoso, en cuanto se\u00f1ala en su escrito de impugnaci\u00f3n, que la mera intervenci\u00f3n del fiscal a trav\u00e9s de los oficios dirigidos a la inspectora de polic\u00eda para que se abstuviera de realizar la diligencia de entrega del bien inmueble, es suficiente para investigarlo y sancionarlo disciplinariamente, pues como el mismo lo demostr\u00f3 con la documentaci\u00f3n aportada, el actuar del disciplinado, fue en ejercicio de sus funciones y dentro del marco de ley\u00bb. <\/p>\n

Y es que, apunt\u00f3, \u00ab[t]al y como se estableci\u00f3 en la actuaci\u00f3n adelantada por la fiscal\u00eda, exist\u00edan elementos materiales probatorios serios, que indicaban que la autenticidad del t\u00edtulo valor que dio lugar al proceso civil en el que se orden\u00f3 la entrega del bien estaba cuestionada en cuanto a su autenticidad, adem\u00e1s estaba en peligro de afectaci\u00f3n el derecho fundamental a la vivienda digna de personas de la tercera edad, siendo uno de ellos el denunciante en la actuaci\u00f3n penal adelantad por el Fiscal 19 y en la cual hubo una petici\u00f3n formal de intervenci\u00f3n, ante la inspecci\u00f3n de polic\u00eda. Con ello se concluye que las solicitudes no fueron un proceder doloso del fiscal en concierto con la inspectora de la \u00e9poca para torpedear la entrega del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, denot\u00f3 que \u00ab[n]o encuentra [\u2026] procedente esta instancia, hacer menci\u00f3n a lo se\u00f1alado por el apelante en el numeral 2\u00ba de su escrito, en cuanto all\u00ed se hace relaci\u00f3n a pretensiones de car\u00e1cter civil en el proceso ejecutivo, que escapan de la \u00f3rbita de conocimiento del operador disciplinario, al ser \u00e9ste un tema exclusivo de la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n

4.- Sea lo primero expresar, para evitar equ\u00edvocos, que de acuerdo al numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00abLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u00bb; esta norma se mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que remplaza a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.1.- Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la \u00abregla de competencia\u00bb del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente lo concerniente a las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dado que esta es la \u00fanica que actualmente lo conforma, la cual no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015. <\/p>\n

De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y las salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

Luego, no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.2.- No obstante, la Corte Constitucional ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque en primera y segunda instancias el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto que esta \u00faltima de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo N\u00ba. 12 de 31 de mayo de 1994), todo asunto, incluido las acciones de tutela, viene siendo conocido por la sala en pleno, lo que excluye la posibilidad del surtimiento de la segunda instancia, al no existir secciones o salas dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria. <\/p>\n

Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de \u00abreparto\u00bb, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la sala jurisdiccional disciplinaria, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que si era viable estudiar y decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado proferida por la hom\u00f3loga penal, con base en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s para garantizar los principios de celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

5.- Analizada la resoluci\u00f3n revalidatoria fechada 1\u00ba de octubre de 2018, se observa que la autoridad investigativa ad quem querellada no incurri\u00f3 en la irregularidad que se le enrostra a t\u00edtulo de defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto. <\/p>\n

5.1.- Ello, toda vez que su providencia est\u00e1 sustentada en una postura respetable emitida en ejercicio de las atribuciones competenciales que le corresponden de cara a la Constituci\u00f3n y la ley, la que por dem\u00e1s est\u00e1 asentada en el marco normativo que regula el preciso tema abordado, particularmente, lo establecido en la Ley 734 de 2002 (C\u00f3digo Disciplinario \u00danico), am\u00e9n que al efecto, seg\u00fan qued\u00f3 evidenciado de la transcripci\u00f3n de marras, fue expuesta con suficiencia la debida y respetable motivaci\u00f3n que conllev\u00f3 a as\u00ed decidir, misma que primordialmente se apuntal\u00f3 en el precepto 150 ejusdem, norma que posibilita la \u00abinhibici\u00f3n\u00bb de iniciar actuaci\u00f3n alguna cuando quiera que \u00abla informaci\u00f3n o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa\u00bb, siendo que dicha decisi\u00f3n desvel\u00f3 puntualmente las razones por las cuales la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta no era relevante para dar lugar a la investigaci\u00f3n reclamada, por lo que, entonces, se ve envuelta en las presunciones de legalidad y acierto que no se pueden truncar por la divergencia argumentativa que pueda llegar a exponer el tutelista. <\/p>\n

5.2.- Por tanto, como lo ha sostenido la Corte, la circunstancia de que el resultado de la decisi\u00f3n censurada no se avenga a los intereses del reclamante, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, [\u2026] ya que con ello desconocer\u00eda normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda [\u2026] a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00). <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC 16347-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00famero 11001-02-03-000-2018-03790-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la petici\u00f3n de amparo presentada por el se\u00f1or Jairo Humberto Alem\u00e1n Jim\u00e9nez frente a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar con ocasi\u00f3n de una queja disciplinaria que formul\u00f3 en contra del Fiscal 19 de Magangu\u00e9 Dr Fernando A. Quintero \u00c1lvarez, ante lo cual el Consejo Seccional se declar\u00f3 inhibido para conocer y apelada providencia fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

La decisi\u00f3n de la Sala Civil fue negativa al amparo invocado, y aunque no tengo reparos en cuanto a la decisi\u00f3n de fondo, debo dejar aclaraci\u00f3n de mi voto en lo concerniente a la competencia para la tutela, en el sentido de que considero que la situaci\u00f3n planteada respecto al establecimiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que pone en duda la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en particular lo relacionado en el art\u00edculo 1\u00ba numeral 2\u00ba, y su contrapartida la aplicabilidad del Decreto 1983 de 2017, art\u00edculo 1\u00ba , numeral 8\u00ba, lo cual genera una dicotom\u00eda de competencias entre las secciones de la misma instituci\u00f3n tutelada y entre las Corporaciones ahora se\u00f1aladas como competentes, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en sus diferentes salas o secciones). <\/p>\n

Frente a lo anterior, es pertinente acoger el concepto de la Corte Constitucional que reconoce competencia en cualquiera de las salas de la Corte Suprema de Justicia para conocer en cualquiera de las instancias de la tutela contra la Sala Disciplinaria actual por tratarse de la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, pero a la vez, si se acoge uno de los dos decretos mencionados, considero que tampoco se advierte vulneraci\u00f3n de derechos fundamental alguno, pues en ambos casos se trata de autoridades que vienen funcionando como m\u00e1ximas jerarqu\u00edas de la justicia y sus decisiones se encaminan a la protecci\u00f3n de los derechos sin dar lugar a demoras y vueltas innecesarias en la aplicaci\u00f3n de la justicia. <\/p>\n

Por tal motivo considero que si se aplica cualquiera de las dos normas en pugna, en ambos casos se debe reconocer competencia y darle validez a las actuaciones privilegiando el respeto por lo actuado y no por la nulidad de las decisiones. <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

STC16347-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03790-00 <\/p>\n

Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que neg\u00f3 la tutela formulada por Jairo Humberto Alem\u00e1n Jim\u00e9nez contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto al no estar de acuerdo con parte de la motivaci\u00f3n que se tuvo en cuenta para atribuir la competencia a esta Corporaci\u00f3n, conforme paso a exponer: <\/p>\n

1. En el fallo se sostiene que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000 que facult\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer las tutelas interpuestas en su contra \u00abse mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb y que \u00abno resulta aplicable en este momento la \u201cregla de competencia\u201d del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutela contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado\u00bb (f. 214). <\/p>\n

2. El numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 consagra: \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4. del presente Decreto\u00bb (resalta la Sala). <\/p>\n

Dicha norma se encuentra plenamente vigente, en la medida en que no ha sido derogada o declarada inexequible; adicionalmente, debe entenderse que la menci\u00f3n que se hace a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial corresponde actualmente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la medida en que est\u00e1 ejerciendo las funciones de la primera; por consiguiente, las autoridades legalmente habilitadas para tramitar las salvaguardas contra esta \u00faltima son, a prevenci\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. <\/p>\n

De manera que, al haber dirigido la reclamante su solicitud ante esta Colegiatura, era viable imprimirle tr\u00e1mite seg\u00fan la regla atr\u00e1s trascrita. <\/p>\n

3. En un asunto similar, en el que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura invoc\u00f3 la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para conocer de un resguardo en su contra, la Corte expuso: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el Decreto 1983 de 2017 se encuentra plenamente vigente desde el 30 de noviembre de ese a\u00f1o cuando fue publicado, sin que haya sido suspendido, ni mucho menos declarado inexequible como en su momento tampoco sucedi\u00f3 con la mayor\u00eda de preceptos del 1382 de 2000 que lo precedi\u00f3, de similar rango, origen y contenido, conforme lo determin\u00f3 el 18 de julio de 2002 el Consejo de Estado. <\/p>\n

El mismo tiene mandatos de obligatorio cumplimiento que en lo que concierne a tutelas dirigidas \u201ccontra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u201d disponen que \u201cser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u201d. <\/p>\n

La Corte no observa ninguna excepci\u00f3n de inconstitucionalidad que declarar como lo pide el extremo citado, por cuanto aquel compendio trae meras pautas de reparto entre todos los juzgadores de la jurisdicci\u00f3n constitucional, no por ello de menor observancia, las que en este caso se han preservado cabalmente en armon\u00eda con el principio \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, por cuanto el accionante dirigi\u00f3 este libelo a los \u201cSe\u00f1ores (as) Magistrados (as) Sala de Casaci\u00f3n Civil Corte Suprema de Justicia\u201d y en esa medida lo radic\u00f3 en esta sede, circunstancia simple pero suficiente por la cual no habr\u00eda motivo para que lo rehusara y enviara a otra falladora. <\/p>\n

En tal orden de ideas, es contradictorio alegar que las \u00fanicas disposiciones de competencia a tener en cuenta en el sub lite son las establecidas en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n y 37 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la fijan \u201ca prevenci\u00f3n\u201d en cualquier juez de la Rep\u00fablica, excepto en el caso de los medios de comunicaci\u00f3n, pero en \u00faltimas acogerse a los dictados del derogado Decreto 1382 de 2000 que en el caso de una guarda contra \u201c\u2026el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u201d contempla que \u201cser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u201d (inc. 2, num. 2, art. 1). <\/p>\n

Porque de no ser con base en este \u00faltimo canon de igual rango que el nuevo (1983), no podr\u00eda entenderse que el accionado reclame el caso para el Consejo Superior de la Judicatura, comoquiera que bien podr\u00eda ser cualquier otra \u201cautoridad\u201d la habilitada para ese fin, sin que resulte un desprop\u00f3sito que sea la Corte Suprema como lo prev\u00e9 la nueva normatividad. <\/p>\n

En consecuencia, se desestimar\u00e1 la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad propuesta, no se dispondr\u00e1 nulidad alguna ni resignar\u00e1 la competencia, como tampoco se suscitar\u00e1 conflicto por esta situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC8457, 4 julio de 2018). <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03790-00 <\/p>\n

Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar que comparto la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pero me aparto parcialmente de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, acojo la determinaci\u00f3n porque con ella se deneg\u00f3 el resguardo deprecado. <\/p>\n

Sin embargo, no comparto del todo el planteamiento expuesto en tal pronunciamiento, respecto a la inaplicabilidad de la regla de competencia consagrada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el canon 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, en lo que ata\u00f1e a las acciones de tutela promovidas en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Ello en la medida en que la referida disposici\u00f3n del citado decreto 1983 de 2017, expresamente establece que: <\/p>\n

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

Entonces, sin desconocer que el Consejo Superior de la Judicatura, en la actualidad, s\u00f3lo est\u00e1 integrado por la Sala Administrativa, teniendo en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 2016, que declar\u00f3 inexequible, parcialmente, el art\u00edculo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015, lo cierto es que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por su parte, funge como un organismo interino, que cumple las funciones asignadas a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en tanto se posesionan los Magistrados llamados a conformarla (par\u00e1grafo transitorio, art\u00edculo 19 del citado Acto Legislativo), por lo que, en mi concepto, resulta cobijada por la norma de competencia antes mencionada. <\/p>\n

En suma, las breves consideraciones precedentes justifican mi apoyo a la decisi\u00f3n final acogida por la Sala que no a la integridad de su motivaci\u00f3n por cuanto, se insiste, compete a esta Colegiatura o, si es el caso, al Consejo de Estado, tramitar los amparos promovidos contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues, en \u00faltimas, est\u00e1 ejerciendo las funciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE V9TO
\nCon todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, y estando de acuerdo con su parte resolutiva, me permito expresar mis aclaraciones frente a la motivaci\u00f3n que se tuvo en cuenta para atribuir la competencia a esta Corporaci\u00f3n como a continuaci\u00f3n paso a consignar.
\nEn efecto, la determinaci\u00f3n sostuvo que conforme al numeral 8, del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 del 2017, no es posible darle aplicaci\u00f3n a la regla de competencia, pues a su juicio, las acciones de tutela que se promuevan contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se conocer\u00e1n por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, lo que no ocurre con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, toda vez que \u00e9sta desapareci\u00f3 con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015.
\nSin embargo, tomo distancia de aquellas consideraciones, toda vez que no puede desconocerse que para este momento se encuentra vigente el Decreto 1983 de 2017 por medio del cual se reglamento lo relativo al reparto de las acciones de tutela, previendo en el art\u00edculo 1\u00b0, numeral 8\u00b0, que:
\n"Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de
\nJusticia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento a que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto".
\nEn este orden, teniendo en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16, \u00e9sta facult\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para ejercer funciones jurisdiccionales disciplinarias sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; de all\u00ed que es del caso afirmar que la citada Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es un organismo que ejerce funciones de car\u00e1cter transitorio, a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial.
\nPor consiguiente las autoridades legalmente competentes para tramitar y resolver los amparos constitucionales promovidos contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura son \u00e9sta Colegiatura y si es del caso el Consejo de Estado.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo aclarada mi posici\u00f3n.
\nDe los Se\u00f1ores Magistrados,
\nARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16347-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03790-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Humberto Alem\u00e1n Jim\u00e9nez en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}