{"id":102237,"date":"2026-07-01T22:05:13","date_gmt":"2026-07-01T22:05:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102237"},"modified":"2026-07-01T22:05:13","modified_gmt":"2026-07-01T22:05:13","slug":"stc16348-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16348-2018\/","title":{"rendered":"STC16348-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16348-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00321-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al tramitar y resolver el litigio antes referido. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que seg\u00fan audiencia celebrada en la C\u00e1mara de Comercio de Soacha el 25 de marzo de 2014, con su ex c\u00f3nyuge Nataly Escobar \u00ablogramos conciliaci\u00f3n de custodia, alimentos y visitas a favor de nuestro hijo\u00bb quien \u00abnaci\u00f3 el d\u00eda 24\/03\/2010\u00bb, y pese a que \u00abhe cumplido a cabalidad\u00bb dicho acuerdo, el 18 de marzo de 2016 fue demandado \u00abpor un supuesto incumplimiento\u00bb de la obligaci\u00f3n alimentaria ante el Juzgado de Familia de dicha localidad. <\/p>\n

Adujo que \u00abel t\u00edtulo ejecutivo presenta inconsistencias y no es claro por lo tanto no es exigible\u00bb, refiriendo en particular lo atinente a \u00ablos porcentajes de educaci\u00f3n\u00bb a cargo de cada uno de los padres, as\u00ed como lo referente a \u00abmudas de ropa\u00bb, y por ello en \u00aboctubre de 2016\u00bb contest\u00f3 formulando \u00abexcepciones que a la fecha no han sido resueltas\u00bb, pues \u00abla valoraci\u00f3n probatoria (\u2026) no se ha realizado\u00bb. <\/p>\n

Dijo que el funcionario \u00abdesconoci\u00f3 (\u2026) el procedimiento contemplado en el art. 446 del CGP\u00bb, porque \u00abrealiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb que \u00abmodific\u00f3 (\u2026) el d\u00eda 23 de agosto de 2017 (\u2026), SIN resolver las excepciones presentadas por el suscrito, y sin auto previo que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ni notificada ninguna sentencia\u00bb, ni apreci\u00f3 \u00abla liquidaci\u00f3n que yo radiqu\u00e9 en el despacho (\u2026), en que se conclu\u00eda que yo no me encontraba en mora del pago de mis obligaciones\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que siendo \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n registrada por el juez de Familia de Soacha data del 24 de agosto de 2017\u00bb sin que se hubiera solicitado medidas cautelares, \u00abdespu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o sin actividad en el proceso la se\u00f1ora NATALY solicita el embargo y retenci\u00f3n de mi salario a lo cual accede el se\u00f1or Juez el d\u00eda 11 de septiembre de 2018\u00bb, por lo que impetr\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, y pidiendo \u00abse decretara el desistimiento t\u00e1cito, visto que el proceso estuvo sin actuaciones por m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n

Anot\u00f3 que con prove\u00eddo del 18 de octubre de 2018, el juzgado \u00abrechaza las pretensiones realizadas y solo repone el numeral que tiene que ver con el porcentaje de embargo decretado\u00bb, pero \u00absiguen sin resolver de fondo los requerimientos (\u2026) y no ha resuelto las excepciones ni se ha dictado sentencia\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que \u00abse rehaga el proceso\u00bb procediendo a \u00abrechazar la solicitud de demanda por cuanto el t\u00edtulo utilizado no cumple los requisitos exigidos por la ley\u00bb, y \u00abse deje sin efectos jur\u00eddicos las actuaciones\u00bb adelantadas en su contra (fls. 36 a 39, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1. El Procurador Ciento Veintiocho Judicial II \u2013 Familia de Bogot\u00e1 se opuso al auxilio, aduciendo que las decisiones que el actor cuestiona se ajustan a la legalidad y no vulneran derecho fundamental alguno, por lo que \u00abno son susceptibles de quebrantamiento por la v\u00eda excepcional y extraordinaria de la tutela\u00bb, y menos cuando contra ellas el interesado no interpuso los recursos previstos en la ley (fls. 48 a 50, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Juez de Familia de Soacha inform\u00f3 que mediante providencia del 28 de marzo de 2017, al no mediar conciliaci\u00f3n entre las partes, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n \u00abpor concepto de las sumas dinerarias adeudadas por el demandado y que no logr\u00f3 acreditar su pago\u00bb, y que tal actuaci\u00f3n \u00abse encuentra en firme y debidamente ejecutoriada\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que \u00abcon posterioridad las partes presentan la correspondiente liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, operaci\u00f3n que fue modificada por su despacho el 23 de agosto de 2017 \u00abteniendo en cuenta algunos documentos aportados por el demandado, espec\u00edficamente que acreditan el pago de gastos educativos\u00bb, y con auto del 11 de octubre del mismo a\u00f1o neg\u00f3 el tr\u00e1mite a los recursos interpuestos \u00abpor extempor\u00e1neos\u00bb. Sobre las medidas cautelares acot\u00f3 que el 10 de septiembre de 2018, a solicitud de la ejecutante, decret\u00f3 el embargo del 30% del salario del demandado, decisi\u00f3n que reform\u00f3 el 17 de octubre reduciendo el gravamen al 25% (fls. 52 y 53, ib\u00edd.). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Declar\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n al encontrar que no cumpl\u00eda el \u00abprincipio de subsidiariedad\u00bb, ya que \u00abel se\u00f1or P\u00e1rraga no interpuso recurso de reposici\u00f3n para alegar las supuestas falencias del t\u00edtulo ejecutivo que ahora discute y que extempor\u00e1neamente present\u00f3 impugnaci\u00f3n frente al auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026); de modo que el desinter\u00e9s y la negligencia del actor en la gesti\u00f3n (\u2026), ocasion\u00f3 que el medio de defensa id\u00f3neo feneciera, y por tanto no puede pretenderse que tales deficiencias sean resultas (sic) por la v\u00eda de la tutela\u00bb, y advirti\u00f3 que eran infundados los reclamos en relaci\u00f3n con que no se produjo pronunciamiento de las excepciones, inactividad del despacho y omisi\u00f3n en dictar sentencia (fls. 55 a 57, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La impetr\u00f3 el promotor del auxilio para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, criticando que \u00abmediante un auto sin motivar\u00bb se hubiera desestimado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que present\u00f3 a consideraci\u00f3n del juzgado, y que para cuestionarle negligencia en su actuar, el tribunal omiti\u00f3 analizar que \u00e9l no contaba con \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb que le permitiera controvertir las decisiones judiciales, pero que el juez constitucional est\u00e1 llamado a develar \u00abla verdad\u00bb y de esa manera concluir en \u00abrehacer el proceso\u00bb, en tanto parti\u00f3 de un t\u00edtulo ejecutivo con falencias (fls. 70 a 72, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado de Familia de Soacha, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas del debido proceso que invoca el querellante, porque, en su criterio, adelant\u00f3 ejecutivo de alimentos en su contra sin atender el tr\u00e1mite previsto en el ordenamiento legal, y produjo decisi\u00f3n adversa a sus intereses, sin que se le hubiera garantizado la contradicci\u00f3n de las decisiones all\u00ed adoptadas por carecer de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha venido se\u00f1alando que para la viabilidad del amparo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al auxilio se hayan agotado los mecanismos de defensa. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas al expediente, aunado a la informaci\u00f3n proporcionada por el despacho accionado, prontamente se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, porque: (i) la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad; y, (ii) lo pretendido denota una evidente ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

En cuanto al aspecto temporal, \u00e9ste fue incumplido en la medida en que radicando la inconformidad cardinal del all\u00ed ejecutado y ac\u00e1 accionante, en la supuesta falta de idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo por no ser claras, expresas ni exigibles algunas de las prestaciones alimentarias all\u00ed contenidas, la oportunidad para refutar por esta senda excede ampliamente el t\u00e9rmino que se ha previsto como prudencial y razonable. <\/p>\n

Esto, porque aunado a que cuando concurri\u00f3 al proceso no puso de manifiesto las eventuales irregularidades del documento base del cobro judicial, mediante el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, el planteamiento realizado a trav\u00e9s de excepciones fue atendiendo por el juzgado al desatar la \u00fanica instancia, y en tal virtud la tutela debi\u00f3 intentarse oportunamente teniendo en cuenta que tal determinaci\u00f3n se produjo desde el 28 de marzo de 2017, pero solo lo hizo el 29 de octubre de 2018 (fl. 40, ib\u00edd.). <\/p>\n

Ahora, siendo la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito otra oportunidad para refutar los posibles yerros por la no incorporaci\u00f3n de los rubros de alimentos pagados, se observa que la inmediatez en la presentaci\u00f3n del resguardo no se refleja actualmente, en la medida en que dicha operaci\u00f3n contable tuvo lugar el 23 de agosto de 2017, y tampoco ser\u00eda viable si el lapso tempestivo para incoarlo se contara a partir del auto del 11 de octubre de 2017, cuando el juzgado declar\u00f3 \u00abextempor\u00e1neos\u00bb los recursos interpuestos. <\/p>\n

N\u00f3tese, finalmente, que los autos proferidos por el enjuiciado el 10 de septiembre y 17 de octubre de 2018, si bien son consecuencia de la acci\u00f3n persuasiva que se sigue contra el tutelante, no son objeto de controversia, y menos cuando con este \u00faltimo se reduce el embargo del salario del ejecutado, acogiendo as\u00ed la aspiraci\u00f3n por \u00e9ste elevada. Por tanto, no son esas las fechas de tales decisiones las que podr\u00edan habilitar la invocaci\u00f3n tempestiva del amparo. <\/p>\n

En las condiciones descritas, la presente censura respecto de la tem\u00e1tica en comento, ciertamente resulta tard\u00eda, comoquiera que el solicitante dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino id\u00f3neo que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado para no desconocer el principio de la inmediatez, vista \u00e9sta como la urgencia para acudir al auxilio, pues ese interregno, \u00abno puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n\u00bb, por tanto \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre otras en STC11374-2018, 6 sep. 2018, rad. 00079-01). <\/p>\n

En la misma l\u00ednea ha se\u00f1alado la Corte que la protecci\u00f3n inmediata que conlleva la acci\u00f3n, demanda del afectado una reclamaci\u00f3n oportuna ante la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u00bb, y que \u00aben orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC15573-2018, 28 nov. 2018, rad. 03572-00). <\/p>\n

3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n

Este impedimento de procedibilidad surge bajo la modalidad de incuria, porque, como acaba de verse, ninguna de las providencias desde la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la demanda hasta la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue recurrida, ni respecto de esta \u00faltima actuaci\u00f3n se present\u00f3 una clara y contundente objeci\u00f3n que permitiera al juzgador revisar las eventuales inconsistencias ahora tra\u00eddas por esta v\u00eda, pese a la procedencia, idoneidad y eficacia de tales instrumentos jur\u00eddicos previstos ordinariamente en el ordenamiento procesal. <\/p>\n

Acerca de la omisi\u00f3n en el uso de los medios legalmente previstos, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que la tutela no tiene cabida, pues dado su car\u00e1cter residual solo es viable cuando quien acude a ella, ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. En otros t\u00e9rminos, proceder\u00eda el auxilio cuando no se cuenta con otro medio defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido, situaci\u00f3n \u00e9sta que tampoco se ajusta a este caso. <\/p>\n

Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC12808-2018, 3 oct. 2018, rad. 02793-00, entre otras). <\/p>\n

3.3. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

De otro lado, en lo relativo al reclamo seg\u00fan el cual, el despacho convocado no ha definido el litigio en los t\u00e9rminos que la ley prev\u00e9, porque en consideraci\u00f3n del demandante no se han resuelto los medios exceptivos por \u00e9l propuestos, claramente se establece que esa aseveraci\u00f3n es infundada, en tanto, como lo verific\u00f3 el tribunal a-quo al inspeccionar el expediente y lo inform\u00f3 el accionado, la sentencia en el proceso en cuesti\u00f3n se profiri\u00f3 desde el 28 de marzo de 2017, orden\u00e1ndose seguir adelante la ejecuci\u00f3n y con ello las consecuencias jur\u00eddicas que de tal decisi\u00f3n dimanan (fls. 16 a 18, \u00eddem). <\/p>\n

En lo referente a la desestimaci\u00f3n de la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tal resoluci\u00f3n tampoco conlleva afectaci\u00f3n alguna a las prerrogativas invocadas, en la medida en que tal figura jur\u00eddica carece de soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico, en tanto que la inactividad que bien pudo llegar a darse por espacio superior a un a\u00f1o, no es suficiente para configurar esa forma anormal de concluir el pleito, puesto que para ello se requer\u00eda ausencia de actuaci\u00f3n por un lapso de dos (2) a\u00f1os, dado que el asunto se halla en la situaci\u00f3n descrita en el literal b) del art\u00edculo 317-2 del C\u00f3digo General del Proceso.
\nFrente a eventos como el que ac\u00e1 se expone, retoma vigencia el precedente jurisprudencial seg\u00fan el cual para soportar una salvaguarda \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental\u00bb, sino que es menester la demostraci\u00f3n de que \u00e9ste u otros de orden superior \u00abhan sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC6751-2018, 24 may. 2018, rad. 00069-01, entre otras), lo cual ac\u00e1 no aconteci\u00f3. <\/p>\n

4. De la falta de defensa t\u00e9cnica y de la responsabilidad del apoderado judicial. <\/p>\n

Sobre esta tem\u00e1tica se hace necesario se\u00f1alar que el comportamiento incurioso del actor, y por ende la improcedencia de la tutela, no encuentra respaldo jur\u00eddico alguno en las exculpaciones ahora esbozadas, esto es, en que no contaba con representante judicial que asumiera a cabalidad su defensa t\u00e9cnica, pues no es atribuible al querellado que el afectado no concurriera con abogado o que habi\u00e9ndolo hecho, \u00e9ste no hubiera adelantado las gestiones que legalmente le corresponden. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que siendo la eventual carencia de recursos econ\u00f3micos una de las causas recurrentes para que no se cuente con representante judicial, la alegaci\u00f3n de ausencia de defensa t\u00e9cnica no resulta fundada si el interesado no hizo uso del amparo de pobreza y con ellos los beneficios que dicha figura jur\u00eddica consagra.
\nEn un asunto de similares contornos jur\u00eddicos, \u00e9sta sostuvo que: \u00ab(\u2026) Ha sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n

Aunado a ello, debe precisarse que independientemente de que la parte en un proceso haya conferido poder a un abogado, \u00abno se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01). <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo anteriormente discurrido, se impone respaldar la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n incoada, toda vez que la tutela no alcanza a superar los requisitos gen\u00e9ricos de la inmediatez y la subsidiariedad, y porque lo atinente a la falta de defensa t\u00e9cnica, de no haberse tramitado en debida forma el juicio y de no declararse el desistimiento t\u00e1cito, surgen infundadas y no configura desafuero susceptible de correcci\u00f3n por este residual sendero jur\u00eddico. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones dadas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 25000-22-13-000-2018-00321-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16348-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2018-00321-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}