{"id":102239,"date":"2026-07-01T22:05:38","date_gmt":"2026-07-01T22:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102239"},"modified":"2026-07-01T22:05:38","modified_gmt":"2026-07-01T22:05:38","slug":"stc16350-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16350-2018\/","title":{"rendered":"STC16350-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16350-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00625-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edilma G\u00f3mez Santamar\u00eda en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La querellante, en su condici\u00f3n de Fiscal 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1, insta la salvaguardia constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades recriminadas dentro del juicio disciplinario que se le adelant\u00f3 (radicado 2012-02277). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 para estribar su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En el asunto sub judice, la sala seccional querellada profiri\u00f3 fallo adiado 20 de abril de 2015 imponi\u00e9ndole sanci\u00f3n consistente en la suspensi\u00f3n por un mes en el ejercicio de su cargo. <\/p>\n

2.2.- Impugn\u00f3 tal decisi\u00f3n, aconteciendo que la sala jurisdiccional disciplinaria ad quem la revalid\u00f3 mediante sentencia de 28 de septiembre de 2018. <\/p>\n

2.3.- Precisa que esas providencias albergan anomal\u00eda dado que, tras rese\u00f1ar las gestiones emprendidas en el decurso de la tramitaci\u00f3n objeto de queja que desencaden\u00f3 aquellas, los juzgadores encartados dejaron de ver que las \u00abactuaciones [que despleg\u00f3] como Fiscal 106, en la \u00f3rbita de [su] competencia siempre h[an] respetado y cumplido la Constituci\u00f3n y las leyes; y respecto a los hechos que motivaron [la] investigaci\u00f3n [disciplinaria], desde la fecha en que asum[i\u00f3] el proceso 845959, reali[z\u00f3] las diligencias que dentro este y en [D]erecho corresponden\u00bb, siendo que \u00abno [se] valor\u00f3 el aspecto favorable como es la carga laboral que ten\u00eda a cargo para la \u00e9poca de los hechos, situaci\u00f3n que se expuso dentro del proceso\u00bb, am\u00e9n que se \u00abdesconoci\u00f3 la autonom\u00eda que tienen los fiscales al momento de tomar decisiones, por cuanto es el \u00fanico que conoce del proceso, en cada una de sus etapas, y en el caso que nos ocupa [se] manifest\u00f3 en [el] fallo sancionatorio que el no resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica en el proceso materia de investigaci\u00f3n, se deb\u00eda a [su] negligencia, desconociendo totalmente las razones de ley, por las cuales no era procedente, y menos a\u00fan un cierre de una investigaci\u00f3n, cuando no se han surtido las etapas requeridas por la ley, m\u00e1xime que se encontraba en la etapa instructiva\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, se \u00abdecrete la nulidad del proceso disciplinario adelantado en [su] contra\u00bb. <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada emerge que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el fallo ratificatorio de 28 de septiembre de 2018, dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

3.- Obra como capital acreditaci\u00f3n que ata\u00f1e con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, la sentencia confirmatoria de marras, emitida por la sala jurisdiccional disciplinaria ad quem. <\/p>\n

En tal, citando jurisprudencia, entre otras reflexiones, expuso que a la reclamante \u00abse le ha llamado a responder disciplinariamente por cuanto hab\u00eda faltado a los deberes consagrados en los numerales 1\u00ba y 15 del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, al desatender lo dispuesto en los art\u00edculos 354, 393 y 394 de la Ley 600 del 2000, cometiendo falta disciplinaria a la luz de lo normado en el art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002 (previamente citados), ya que: [i]ncumpli\u00f3 con sus deberes, si se tiene en cuenta que el radicado penal 845959, fue recibido por su despacho el 19 de octubre de 2011, pero tan solo dio impulso a la investigaci\u00f3n hasta el 24 de mayo de 2012, pese a las m\u00faltiples peticiones del denunciante y hoy quejoso \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Hern\u00e1ndez, quien una y otra vez la exhortaba para que decidiera la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los sindicados y se pronunciara sobre el restablecimiento de sus derechos como v\u00edctima\u00bb (destacado original, como los dem\u00e1s). <\/p>\n

Ment\u00f3, seguidamente, que \u00abel impulso dado por la investigada se dio a causa de la acci\u00f3n de tutela que el 10 de mayo de 2012 interpuso \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Hern\u00e1ndez ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, contra la citada funcionarla, para el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los que consider\u00f3 agraviados precisamente por la mora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n penal de marras. Adem\u00e1s, se destaca que la notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela a la investigada se produjo el 15 de mayo de 2012, de la cual dio respuesta al d\u00eda siguiente, es decir el 16 del mismo mes y a\u00f1o en donde en ejercicio de su derecho a la defensa advirti\u00f3 a la autoridad constitucional que \u201c\u2026No se ha resuelto la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las personas implicadas en este asunto por considerar que no es de mi competencia, debido a que los hechos por los cuales se inici\u00f3 la presente investigaci\u00f3n ocurrieron en agosto del 2006 cuando fue cancelado el [O]ficio 101112 en forma fraudulenta con el cual se levant\u00f3 una medida cautelar\u2026\u201d (Sic) considerando por ello que la actuaci\u00f3n penal no pod\u00eda adelantarse bajo el tr\u00e1mite de la Ley 600 de 2000, sino bajo el imperio de la ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n

Empero, prosigui\u00f3, \u00abpese a lo analizado por la [tutelista], en aquella oportunidad, solamente emiti\u00f3 la respectiva resoluci\u00f3n de incompetencia hasta el 24 de mayo de 2012, denot\u00e1ndose as\u00ed la falta de diligencia en su gesti\u00f3n judicial, pues habiendo hecho el an\u00e1lisis por lo menos al momento de dar respuesta a la acci\u00f3n constitucional, lo propio era que de manera inmediata profiriera la decisi\u00f3n que hab[\u00ed]a proclamado ante el juez constitucional, sin embargo tard\u00f3 cinco d\u00edas h\u00e1biles m\u00e1s para desligarse del conocimiento del proceso\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, tras relievar que el amparo tutelar ut supra mentado fue otorgado a favor de \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Hern\u00e1ndez y por tanto \u00abse reconvino a la funcionarla para que remitiera el proceso de manera inmediata a la autoridad competente conforme sus planteamientos, [y] adem\u00e1s all\u00ed se orden\u00f3 continuar con la investigaci\u00f3n pertinente y dar respuesta a las solicitudes elevadas al interior del proceso, orden \u00faltima que compet\u00eda a quien le correspondiera conocer del proceso luego de decidido lo concerniente al conflicto de competencia planteado\u00bb, providencia constitucional que \u00able fue notificada a la fiscal el 29 de mayo de 2012, sin embargo para esta fecha la funcionaria ya hab\u00eda remitido por competencia el expediente a la Fiscal\u00eda 140 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogot\u00e1, quien como qued\u00f3 antes historiado no la acept\u00f3 y en su lugar lo remiti\u00f3 a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1 a fin de dirimir el conflicto, quien se\u00f1al\u00f3 que la competencia reca\u00eda en la hoy investigada\u00bb. <\/p>\n

No obstante, realz\u00f3, \u00abpese a que la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas dirimi\u00f3 el conflicto de competencia el 25 de julio de 2012, sumado a la claridad y perentoriedad del fallo constitucional, solamente hasta el 14 de febrero de 2013, la [quejosa] resolvi\u00f3 sobre el restablecimiento del derecho de la v\u00edctima a la vez que nada resolvi\u00f3 sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los procesados, pese a la multiplicidad de peticiones que en ese sentido elev\u00f3 el denunciante. Quiere decir lo anterior, que desde que la [censora] recibi\u00f3 la denuncia penal de autos en octubre 19 de 2011, hasta el momento en que adopt\u00f3 una decisi\u00f3n \u00fatil al interior del mismo en febrero 14 de 2013, tard\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, c\u00f3mputo que deviene luego de descontar los 2 meses que se ocuparon para resolver el conflicto de competencia ya historiado\u00bb. <\/p>\n

Dicho lapso, prosigui\u00f3, \u00abse hace menos incomprensible si se tiene en cuenta que el denunciante \u00c1lvaro Guzm\u00e1n Hern\u00e1ndez, frente a la continuada inactividad de la funcionar[i]a investigada y conforme a lo decidido en la acci\u00f3n de tutela 2012-01321-00, el 10 de agosto de 2012 formul\u00f3 incidente de desacato el cual le fue notificado a la [querellante] el 13 de agosto de 2012, sin embargo demor\u00f3 otros 6 meses con posterioridad a dicha notificaci\u00f3n para resolver sobre el restablecimiento del derecho de las v\u00edctimas, letargo que se suma a la silente postura frente a la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los vinculados formalmente a la investigaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, denot\u00f3, \u00abfue tambi\u00e9n aparentemente renuente, en resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Jos\u00e9 Roberto Saavedra Sarmiento, Oscar Mauricio Sotomayor, vinculados mediante declaratoria de persona ausente y de los indagados Rogelio Prieto Guerrero, Nelson Vidales Mart\u00ednez y Jairo Gait\u00e1n Lozano, y de las indagadas Mar\u00eda Del Carmen G\u00f3mez Pati\u00f1o, Ana Beatriz Acevedo \u00c1ngel, como fase inherente a la etapa de instrucci\u00f3n penal, y por contera, como presupuesto para proceder al cierre y calificaci\u00f3n del m\u00e9rito del sumario. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el Fiscal 43 Seccional de Melgar, solamente resolvi\u00f3 situaci\u00f3n jur\u00eddica respecto de Sindy Roc\u00edo Prieto Mendoza y de Ornar Castillo\u00bb. <\/p>\n

Todo el mentado proceder, \u00aba juicio del a quo, result\u00f3 grave seg\u00fan lo preceptuado en los art\u00edculos 42 y 43 de la Ley 734 de 2002, por cuanto se analiz\u00f3 el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, la trascendencia social de las conductas, sociedad que demanda una r\u00e1pida y pronta justicia con calidad y la jerarqu\u00eda de la funcionaria como titular de su despacho, conducta \u00e9sta que adem\u00e1s se calific\u00f3 a t\u00edtulo de culpa, pues se observ\u00f3 que aparentemente desatendi\u00f3 con negligencia el cumplimiento de esas normas en concreto\u00bb, ante lo cual, \u00aben sede de alzada, la defensa ha expuesto en s\u00edntesis que sala seccional [recriminada] solo tuvo en cuenta lo desfavorable para ella y que ha debido tenerse en cuenta los hechos en relaci\u00f3n con la carga laboral que deb\u00eda asumir en el despacho, porque as\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n deb\u00eda orientarse a revocar en su totalidad la sentencia apelada y en su lugar ordenar el archivo de las diligencias en su contra\u00bb, argumentaci\u00f3n tal que no es de recibo. <\/p>\n

Lo propio, comoquiera que \u00absi bien es evidente que la funcionaria convocada a proceso disciplinario, al igual que muchos de los jueces y fiscales de la Rep\u00fablica, sufren de una evidente congesti\u00f3n judicial en sus despachos, ello por s\u00ed solo no resulta como justificaci\u00f3n v\u00e1lida para dilatar exageradamente sus asuntos como lo es el del asunto sub examine, valga decir que, existe dilaci\u00f3n injustificada de los asuntos sometidos a su guarda, tutela e impulso\u00bb, habida cuenta que \u00abpues no puede la [accionante] excusarse \u00fanica y exclusivamente en su carga laboral para haber dado un trato dilatorio exagerado a este caso, m\u00e1xime cuando mediaban \u00f3rdenes de tutela que impon\u00edan un deber expreso en cuanto a su impulso\u00bb, tanto m\u00e1s cuando quiera que \u00abel principal deber impuesto por la Norma de Normas a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y por ende a sus Delegados, como lo es la disciplinable en el caso concreto, [\u2026] es el de perseguir el delito, activamente en las diferentes esferas de su competencia, adem\u00e1s de hacerlo con total apego a la [C]onstituci\u00f3n, la ley y la jurisprudencia, lo cual, encuentra asidero en las dem\u00e1s normas que regulan sus funciones, como lo es la Ley 270 de 1996 y en este caso espec\u00edfico, la Ley 906 de 2004; es por ello, que resulta pertinente y acertado determinar si tal como lo plante\u00f3 el despacho a quo, el no impuls[o d]el asunto de autos c\u00e9leremente, es o no verdaderamente violatorio de ese deber funcional\u00bb. <\/p>\n

Relativamente a tal cuestionamiento, expres\u00f3 que \u00abdicho actuar s\u00ed constituye violaci\u00f3n de su deber funcional, pues como se analiz\u00f3 previamente, no ejerci\u00f3 acciones efectivas durante un lapso considerable de tiempo a fin de impulsar un asunto que dicho sea de paso decirlo, estaba en sus anaqueles desde hac\u00eda un tiempo considerable sin que lo sustanciara, m\u00e1xime si existe un elemento axial, un mandato legal y expreso que le impon\u00eda el deber \u00e9tico a la funcionaria de tramitarlos en tiempos y con apego a las garant\u00edas de las partes. Por lo que, actuar de la manera como lo hizo, pretermitiendo el tr\u00e1mite debido, agudiz\u00f3 m\u00e1s lo reprochable de la omisi\u00f3n en tramitar adecuadamente sus asuntos, pues dilat\u00f3 las decisiones sobre tal circunstancia, desacreditando fehacientemente a la administraci\u00f3n de Justicia y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Aunado a lo anterior, es menester hacer hincapi\u00e9 que la fiscal\u00eda debe como \u00f3rgano del Estado, propender por el cumplimiento y respeto de las normas que a ella ata\u00f1en, no siendo aceptable el proceder de la [reclamante] en este caso, pues como se dijo y se itera, desconoci\u00f3 de forma flagrante un mandato legal y expreso aplicable a su situaci\u00f3n en concreto\u00bb. <\/p>\n

Ergo, explicit\u00f3, \u00abse tiene probada la conducta y la responsabilidad de la disciplinable en estos cargos, y se tiene establecido con certeza la no existencia de justificaci\u00f3n alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que las conductas investigadas, conforme a la ley y a juicio de esta Sala ad quem, son constitutivas de faltas disciplinarias, por ende, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria\u00bb. <\/p>\n

4.- Sea lo primero expresar, para evitar equ\u00edvocos, que de acuerdo al numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00abLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u00bb; esta norma se mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que remplaza a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.1.- Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la \u00abregla de competencia\u00bb del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente lo concerniente a las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dado que esta es la \u00fanica que actualmente lo conforma, la cual no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015. <\/p>\n

De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y las salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

Luego, no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.2.- No obstante, la Corte Constitucional ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque en primera y segunda instancias el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto que esta \u00faltima de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo N\u00ba. 12 de 31 de mayo de 1994), todo asunto, incluido las acciones de tutela, viene siendo conocido por la sala en pleno, lo que excluye la posibilidad del surtimiento de la segunda instancia, al no existir secciones o salas dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria. <\/p>\n

Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de \u00abreparto\u00bb, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la sala jurisdiccional disciplinaria, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que si era viable estudiar y decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado proferida por la hom\u00f3loga penal, con base en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s para garantizar los principios de celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, y en cuanto concierne con el rebate planteado en punto del fallo de 28 de septiembre de 2018, proferido en sede de segundo grado, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, el mismo no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, por cuanto que no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico enrostrada, ya que, independientemente que la Corte lo proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que las pruebas obrantes en el plenario fueron apreciadas seg\u00fan la sana cr\u00edtica, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

5.1.- Esto es, que la quejosa fue sancionada disciplinariamente, en su condici\u00f3n de Fiscal 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1, por proceder imputable a t\u00edtulo de falta grave en modalidad culposa al haber actuado negligente y morosamente dentro de un juicio penal a su cargo y en el que durante un largo interregno cej\u00f3 realizar las gestiones propias que le correspond\u00edan, entre ellas resolver acerca de, por un lado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los investigados y, por otro, el restablecimiento del derecho de las v\u00edctimas, por lo que \u00abno ejerci\u00f3 acciones efectivas durante un lapso considerable de tiempo a fin de impulsar\u00bb el asunto criminal sub lite, hermen\u00e9utica respetable que no puede ser alterada por esta v\u00eda para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo y, as\u00ed, entonces, la enunciada providencia no se ve carente de las presunciones de legalidad y acierto que la sostienen. <\/p>\n

Cabe destacar, por dem\u00e1s, que en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, en CSJ STC, 24 jun. 2011, rad. 01225-00, que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho [\u2026], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2018-00625-00 <\/p>\n

Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar que comparto la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pero me aparto parcialmente de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, acojo la determinaci\u00f3n porque con ella se deneg\u00f3 el resguardo deprecado. <\/p>\n

Sin embargo, no comparto del todo el planteamiento expuesto en tal pronunciamiento, respecto a la inaplicabilidad de la regla de competencia consagrada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el canon 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, en lo que ata\u00f1e a las acciones de tutela promovidas en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

Ello en la medida en que la referida disposici\u00f3n del citado decreto 1983 de 2017, expresamente establece que: <\/p>\n

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

Entonces, sin desconocer que el Consejo Superior de la Judicatura, en la actualidad, s\u00f3lo est\u00e1 integrado por la Sala Administrativa, teniendo en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 2016, que declar\u00f3 inexequible, parcialmente, el art\u00edculo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015, lo cierto es que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por su parte, funge como un organismo interino, que cumple las funciones asignadas a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en tanto se posesionan los Magistrados llamados a conformarla (par\u00e1grafo transitorio, art\u00edculo 19 del citado Acto Legislativo), por lo que, en mi concepto, resulta cobijada por la norma de competencia antes mencionada. <\/p>\n

En suma, las breves consideraciones precedentes justifican mi apoyo a la decisi\u00f3n final acogida por la Sala que no a la integridad de su motivaci\u00f3n por cuanto, se insiste, compete a esta Colegiatura o, si es el caso, al Consejo de Estado, tramitar los amparos promovidos contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues, en \u00faltimas, est\u00e1 ejerciendo las funciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la petici\u00f3n de amparo presentada por la se\u00f1ora Edilma G\u00f3mez Santamar\u00eda frente a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo S3ccinal de la Judicatura de Bogot\u00e1 con ocasi\u00f3n del proceso disciplinario adelantado en su contra , por cuanto no tengo reparos en cuanto a la decisi\u00f3n de fondo, debo dejar aclaraci\u00f3n de mi voto en lo concerniente a la competencia para la tutela, en el sentido de que considero que la situaci\u00f3n planteada respecto al establecimiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que pone en duda la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en particular lo relacionado en el art\u00edculo 1\u00b0 numeral 2\u00b0, y su contrapartida la aplicabilidad del Decreto 1983 de 2017, art\u00edculo 1\u00b0 , numeral 8\u00b0, lo cual genera una dicotom\u00eda de competencias entre las secciones de la misma instituci\u00f3n tutelada y entre las Corporaciones ahora se\u00f1aladas como competentes, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en sus diferentes salas o secciones).
\nFrente a lo anterior, es pertinente acoger el concepto de la Corte Constitucional que reconoce competencia en cualquiera de las salas de la Corte Suprema de Justicia para conocer en cualquiera de las instancias de
\nla tutela contra la Sala Disciplinaria actual por tratarse de la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, pero a la vez, si se acoge uno de los dos decretos mencionados, considero que tampoco se advierte vulneraci\u00f3n de derechos fundamental alguno, pues en ambos casos se trata de autoridades que vienen funcionando como m\u00e1ximas jerarqu\u00edas de la justicia y sus decisiones se encaminan a la protecci\u00f3n de los derechos sin dar lugar a demoras y vueltas innecesarias en la aplicaci\u00f3n de la justicia.
\nPor tal motivo considero que si se aplica cualquiera de las dos normas en pugna, en ambos casos se debe reconocer competencia y darle validez a las actuaciones privilegiando el respeto por lo actuado y no por la nulidad de las decisiones. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.
\nEn lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mareo de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales.
\nParticularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control.
\nA mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados,
\ncomo sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude.
\nDicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en 'una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste.
\nLa raz\u00f3n de lo anterior reside en que\u201e tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional', los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo ,1-`) ib\u00eddem., conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales".
\nDe ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos <\/p>\n

1 Sentencias C-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C–,11,38-2009 entre otras.
\ninternacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, 0-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028- 2006, 0-355-2006 y 0-488-2009).
\nAdicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014).
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre dicha figura, pues las afirmaciones consignadas al respecto en la providencia corresponden a una opini\u00f3n personal del ponente.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16350-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00625-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edilma G\u00f3mez Santamar\u00eda en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102239"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102239\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}