{"id":102243,"date":"2026-07-01T22:07:48","date_gmt":"2026-07-01T22:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102243"},"modified":"2026-07-01T22:07:48","modified_gmt":"2026-07-01T22:07:48","slug":"stc16356-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16356-2018\/","title":{"rendered":"STC16356-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16356-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02363-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Eliecer Fern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2007-03476. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en nombre propio, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016, lo conden\u00f3 por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado\u00bb, contra la cual su defensor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que han transcurrido \u00abcerca de 21 de meses sin que la Sala Penal haya tomado una decisi\u00f3n de fondo\u00bb, motivo por el cual, el pasado 20 de septiembre \u00abdesde mi sitio de reclusi\u00f3n envi\u00e9 un derecho de petici\u00f3n ante el despacho del magistrado ponente [solicitando] emitiera pronunciamiento de fondo a mi situaci\u00f3n en cuanto al recurso de alzada, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00abse reestablezca el derecho fundamental vulnerado del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica nacional y sea amparado\u00bb (fls. 1 y 2, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juez Treinta y Nueve Penal del Circuito de esta ciudad, indic\u00f3 que el 24 de noviembre de 2016, profiri\u00f3 sentencia contra el aqu\u00ed accionante conden\u00e1ndole por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, a la pena de 115 meses de prisi\u00f3n, sin posibilidad de subrogado penal (fl. 14, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del magistrado a quien le correspondi\u00f3 dirimir la apelaci\u00f3n en el proceso en cuesti\u00f3n, precis\u00f3 que el 1\u00ba de noviembre de 2018 dio respuesta a la petici\u00f3n elevada por el actor, \u00abinform\u00e1ndosele que el recurso de apelaci\u00f3n al que ya se hizo referencia se encuentra en estudio y en su oportunidad se le dar\u00e1 a conocer la decisi\u00f3n\u00bb (fls. 23 y 24, ib.).
\nFALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda al concluir que se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que \u00ab(\u2026) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de noviembre de 2018 dio respuesta a su petici\u00f3n (\u2026) [e]n ese orden, superfluo resultar\u00eda cualquier cuestionamiento por v\u00eda de tutela, pues aunque no se desconoce que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no se hab\u00eda contestado la solicitud, lo cierto es que la Corporaci\u00f3n demandada se pronunci\u00f3 directamente sobre lo pretendido\u00bb (fls. 27 a 33, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante sin argumentaci\u00f3n adicional
\n(fl. 36, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada al no responder la petici\u00f3n elevada por el actor el 20 de septiembre de 2018, donde solicit\u00f3 \u00abefectuar pronunciamiento de fondo sobre la apelaci\u00f3n interpuesta\u00bb contra la sentencia de primera instancia que lo conden\u00f3 a la pena de 115 meses de prisi\u00f3n.
\n2.\tEl derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n

La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n

En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n

3.\tImprocedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n

En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n

Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n

En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01) <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

El ac\u00e1 actor, a trav\u00e9s de memorial, radicado en la colegiatura accionada el 20 de septiembre de 2018, tras rese\u00f1ar lo sucedido en el proceso que lo involucra, efectu\u00f3 una concreta solicitud en estos precisos t\u00e9rminos: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como se indic\u00f3, el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb es improcedente en el tr\u00e1mite de los procesos judiciales sujetos a un procedimiento espec\u00edfico y normativa especial, y todo lo que \u00e9ste incumbe debe ser resuelto en los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale para el efecto. <\/p>\n

Por lo tanto, al advertirse que tal requerimiento, sin g\u00e9nero de duda, corresponde a un asunto propio de la causa penal que se adelanta, a trav\u00e9s del cual se procura el impulso de la instancia que se surte, no resulta arbitrario que ante la presentaci\u00f3n de dicho escrito, la magistratura censurada respondiera en los t\u00e9rminos en que lo hizo, es decir, indicando someramente que el recurso formulado se encuentra \u00aben estudio\u00bb para ser resuelto (fl. 24 vto., \u00eddem). <\/p>\n

De esta forma, se itera, al emplearse la petici\u00f3n como v\u00eda para impulsar una espec\u00edfica actuaci\u00f3n dentro del referido juicio, hace improcedente el amparo constitucional, ya que no puede afirmarse que el magistrado acusado vulnerara esa prerrogativa por no contestar el memorial aludido conforme a lo se\u00f1alado en la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Por lo anterior, se impone ratificar la negativa del amparo, pero por las razones aqu\u00ed aducidas, esto es, porque resulta impertinente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Hoja de firmas correspondiente al fallo n\u00b0 11001-02-04-000-2018-02363-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16356-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02363-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102243","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102243\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}