{"id":102244,"date":"2026-07-01T22:08:05","date_gmt":"2026-07-01T22:08:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102244"},"modified":"2026-07-01T22:08:05","modified_gmt":"2026-07-01T22:08:05","slug":"stc16357-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16357-2018\/","title":{"rendered":"STC16357-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16357-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03832-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Hernando Moreno Parada en frente de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente contra la magistrada Luc\u00eda Josefina Herrera L\u00f3pez, y vincul\u00e1ndose al Juzgado Veinticuatro de Familia de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio de sucesi\u00f3n de Luciana Parada viuda de Moreno (q. e. p. d.). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En el sub examine, la c\u00e9lula judicial cuestionada, mediante auto de 30 de junio de 2017 (mismo que adicion\u00f3 el 16 de noviembre del mismo a\u00f1o), \u00abresolvi\u00f3 el incidente de exclusi\u00f3n del auxiliar de la justicia [\u2026] Jhon Jairo Zapata Gonz\u00e1lez\u00bb, expuls\u00e1ndolo de la lista correspondiente e imponi\u00e9ndole costas. <\/p>\n

Empero, esa decisi\u00f3n, en su criterio, alberga irregularidades \u00abpor cuanto (i) guard\u00f3 silencio y nada dijo con respecto a la multa que legal y procesalmente debi\u00f3 aplicarse al referida secuestre Jhon Zapata en raz\u00f3n a la gravedad de las faltas cometidas por \u00e9ste auxiliar de la justicia, (ii) guard\u00f3 silencio en relaci\u00f3n con el pedimento del reembolso que deber\u00eda hacer el citado auxiliar de la justicia [\u2026] en raz\u00f3n y por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento que durante cerca de veintid\u00f3s (22) meses cobro o debi\u00f3 cobrar \u00e9ste a los arrendatarios (tambi\u00e9n testigos citados renuentes) a fin de haber puesto oportunamente dichos dineros a \u00f3rdenes del juzgado del a quo y del procesa liquidatorio consabido, como lo prev\u00e9 la ley, y (iii) omiti\u00f3 pronunciarse acerca de la imposici\u00f3n pecuniaria de multa a los arrendatarios que fueron citados en debida forma como testigos y que, tal y como consta en autos, abiertamente se negaron a colaborar con la justicia, siendo que el legislador de familia ha contemplado esas sanciones ejemplarizantes para que la justicia no sea mancillada. Similar actitud despleg\u00f3 la apoderada de la contraparte [abogada] Julia Torres Moreno quien no asisti\u00f3 a la audiencia y no justifica su inasistencia\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Por lo anterior, interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n\u00bb, aconteciendo que \u00abel ad quem mal interpretando los hechos del incidente de exclusi\u00f3n, confirm\u00f3 la injusta decisi\u00f3n del a quo [a trav\u00e9s del pronunciamiento adiado 25 de junio de 2018], al no tener en cuenta las referidas omisiones\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, \u00abno tuvo en cuenta todo el trabajo desplegado por [\u00e9l] para el desarrollo y debido tr\u00e1mite del incidente de exclusi\u00f3n que llev\u00f3 cerca de 4 a\u00f1os de sacrificios econ\u00f3micos y humanos, determinando condenar[lo] injustamente en costas y en agencias de derecho\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, se \u00abrevoque\u00bb el prove\u00eddo de 25 de junio de 2018 y \u00abordenar al secuestre excluido\u00bb que proceda al \u00abpago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados al suscrito, o castigar la p\u00f3liza de seguros correspondiente\u00bb; \u00abcondenar al pago de la indemnizaci\u00f3n por perjuicios civiles, indexada, al auxiliar excluido, en favor del suscrito\u00bb; \u00abaplicar las multas a los testigos renuentes, y a la apoderada de los demandantes quienes no justificaron su inasistencia a la audiencia de testimonios\u00bb; y, \u00abexonerar al suscrito accionante de las condenas en costas y agencias en derecho impuestas injustamente por el ad quem\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el prove\u00eddo revalidatorio de 25 de junio de 2018, dictado por la sala querellada dentro del sub lite. <\/p>\n

3.- Obra como capital demostraci\u00f3n que ata\u00f1e con la disconformidad elevada, la resoluci\u00f3n confirmatoria de 25 de junio de 2018, dictada por la sala entutelada. <\/p>\n

All\u00ed, entre otras reflexiones, citando jurisprudencia, doctrina y tras relievar que al sub lite se le aplica el C\u00f3digo de Procedimiento Civil habida cuenta que la fecha de iniciaci\u00f3n del \u00abincidente de exclusi\u00f3n de auxiliar de la justicia\u00bb fue el \u00abd\u00eda 14 de noviembre de 2013\u00bb, puso de presente que, con base en los art\u00edculos 9 y 11 ejusdem, \u00abel juzgador de primera instancia impuso multa a [\u2026] Jhon Jairo Zapata Gonz\u00e1lez, con acatamiento del principio de legalidad en cuanto a la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n estableci\u00e9ndola en la suma de $2\u2019950.868 pesos, \u201cequivalentes a cuatro (4) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u201d, siendo que su l\u00edmite superior es de diez, adicionalmente, no aparece acreditada en la actuaci\u00f3n circunstancias agravantes que justifiquen el aumento de la multa dentro de los l\u00edmites establecidos en ellas\u00bb. <\/p>\n

Aludi\u00f3, a esas cotas, que \u00ab[e]n lo que respecta a la solicitud de reembolso de dineros por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento, tal como lo indic\u00f3 el juzgado de primera instancia, deber\u00e1 el recurrente promover el proceso de rendici\u00f3n de cuentas previsto en el art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso para determinar si el auxiliar de la justicia excluido Jhon Jairo Zapata Gonz\u00e1lez adeuda dinero a la sucesi\u00f3n por la labor de secuestre para la cual fue designado y en qu\u00e9 monto lo adeuda, dichos aspectos no pueden determinarse en el presente incidente de exclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

A la par, reliev\u00f3 que \u00ab[t]ampoco lo es la indemnizaci\u00f3n solicitada, pues si bien el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece la imposici\u00f3n de la multa \u201csin perjuicio de las restantes sanciones y de la indemnizaci\u00f3n a que hubiere lugar\u201d, lo cierto es que este punto no puede ser discutido en el incidente de exclusi\u00f3n, sino a trav\u00e9s de la acci\u00f3n indemnizatoria que puede tramitarse en contra del auxiliar de la justicia\u00bb (destacado original). A esa altura, y ata\u00f1edero con la \u00abejecuci\u00f3n de la cauci\u00f3n a la que hace referencia el recurrente\u00bb, denot\u00f3 que \u00aben este caso, no puede tomarse una decisi\u00f3n acerca de la cauci\u00f3n a la que hace referencia el recurrente para su ejecuci\u00f3n o si \u00e9sta cumple los requisitos legales, ya que primero debe establecerse el perjuicio alegado, aspecto que como se dijo debe hacerse en proceso separado y no a trav\u00e9s del tr\u00e1mite incidental de exclusi\u00f3n de auxiliar de la justicia\u00bb. <\/p>\n

Esclarecido lo de marras, y tocante con \u00abla sanci\u00f3n a los declarantes citados\u00bb, esgrimi\u00f3 que \u00abel recuento procesal antecedente indica, contra lo afirmado por el recurrente, que el Juzgado Veinticuatro de Familia de esta ciudad, s\u00ed se pronunci\u00f3 acerca de la multa a imponer al auxiliar de la justicia y lo hizo seg\u00fan se dijo con acatamiento del principio de legalidad, resolvi\u00f3 lo relativo a los dineros eventualmente objeto devoluci\u00f3n, por parte del secuestre excluido y de la sanci\u00f3n por inasistencia, de los testigos citados en el tr\u00e1mite incidental, tal como se evidencia en el auto del diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en el cual, se adiciono el auto objeto de apelaci\u00f3n, en el sentido de imponer por concepto de multa a John Jairo Zapata Gonz\u00e1lez, la suma de $2\u2019950.868 pesos, adem\u00e1s, neg\u00f3 el reconocimiento de dineros como reembolso por concepto de cuotas de arrendamiento y la sanci\u00f3n a los testigos\u00bb; por ende, \u00ab[v]ista as\u00ed la actuaci\u00f3n, tal como lo anunci\u00f3 el juzgado de primera instancia, no existe m\u00e9rito para proceder a imponer la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 225 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues la inasistencia de los testigos citados, no se debi\u00f3 a desobediencia de estos, sino a la indebida notificaci\u00f3n a las diligencias a las que fueron convocados o porque al final no fueron ubicados en las direcciones manifestadas por el apoderado recurrente\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo, ment\u00f3 que \u00aben cuanto a las agencias en derecho que solicita el recurrente sean reguladas, observa el tribunal que estas fueron tasadas en el auto apelado en la suma de $300.000 pesos, empero no es el recurso de apelaci\u00f3n el mecanismo adecuado para discutir dicho monto, al no ser el mecanismo id\u00f3neo tal como lo indica el C\u00f3digo General del Proceso, en su art\u00edculo 366, en el cual establece que \u201cLas costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior (…). La liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho s\u00f3lo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n

4.- Relativamente con la disconformidad planteada en punto de la determinaci\u00f3n referida en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, el colegiado enjuiciado no incurri\u00f3 en anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

4.1.- Es decir, que la \u00abdosificaci\u00f3n\u00bb de la multa, que a t\u00edtulo de sanci\u00f3n se le impuso al auxiliar de la justicia excluido, obedeci\u00f3 a una ponderaci\u00f3n encuadrada dentro de los par\u00e1metros normativos al efecto estipulados en la normatividad que regul\u00f3 el sub judice, siendo que, por dem\u00e1s, no se evidenciaron \u00abcircunstancias agravantes que justifiquen el aumento de la multa dentro de los l\u00edmites establecidos en ellas\u00bb, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a alterarla. <\/p>\n

Adem\u00e1s, tocante con los diversos pedimentos de \u00abreembolso de dineros por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb, la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb de presuntos perjuicios instada y la \u00abejecuci\u00f3n de la cauci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3 que tales son t\u00f3picos que no pueden ser ventilados en el tr\u00e1mite incidental que fue emprendido, dado que cada uno de esos reclamos tiene cause de resoluci\u00f3n mediante las diversas v\u00edas judiciales establecidas por el legislador, m\u00f3vil por el que mal pod\u00eda ser abordados en el sub examine. <\/p>\n

Del mismo modo, aludi\u00f3 que lo concerniente con la disconformidad en cuanto a la imposici\u00f3n de la condena en agencias en derecho y costas es materia de debate en otra etapa procedimental al interior del sub lite, circunstancia por la que ello habr\u00e1 de ser ventilado con el ejercitamiento de las herramientas de defensa establecidas en la ley procesal civil, hermen\u00e9utica respetable que no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que [\u2026] quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01). <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16357-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03832-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Hernando Moreno Parada en frente de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}