{"id":102249,"date":"2026-07-01T22:09:42","date_gmt":"2026-07-01T22:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102249"},"modified":"2026-07-01T22:09:42","modified_gmt":"2026-07-01T22:09:42","slug":"stc16362-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16362-2018\/","title":{"rendered":"STC16362-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16362-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03809-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Centro de Recuperaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Activos S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 dejar sin efecto la \u00absentencia del 25 de julio de 2018\u00bb y toda la actuaci\u00f3n derivada de su proferimiento.
\n2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1. C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales en liquidaci\u00f3n, promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva en contra de la Corporaci\u00f3n Minuto de Dios, tr\u00e1mite en el que se reconoci\u00f3, como sucesora procesal de la ejecutante a Centro de Recuperaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Activos S.A.S. <\/p>\n

2.2. Mediante sentencia del 9 de junio de 2017 el a quo desestim\u00f3 la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la ejecutante, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 25 de julio de julio de los corrientes, pero por motivos distintos a los esgrimidos por el fallador de primer grado. <\/p>\n

2.3. Critic\u00f3 la gestora del resguardo que el ad quem cuestionado invirti\u00f3 \u00abla carga de la prueba dentro del proceso\u2026 desconociendo lo preceptuado en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; dej\u00f3 de valorar las pruebas que daban cuenta de la existencia del contrato con fundamento en el cual se expidi\u00f3 el t\u00edtulo valor objeto del recaudo; interpret\u00f3 \u00abindebidamente los medios exceptivos propuestos por la ejecutada, dado que atentando contra el principio\u2026 de congruencia\u2026, [estudi\u00f3] una excepci\u00f3n jam\u00e1s propuesta por la demandada, la cual no pod\u00eda derivarse de la \u201cinterpretaci\u00f3n de los hechos alegados para enervar las pretensiones\u201d\u00bb. <\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que el Tribunal enjuiciado \u00abincurri\u00f3 en un defecto procedimental y sustantivo al no ejercer\u2026 el control de legalidad que ten\u00eda a su cargo, cuando\u2026 [admiti\u00f3] el recurso de apelaci\u00f3n\u2026, pues de haberlo ejercido\u2026 se habr\u00eda percatado que todo el tr\u00e1mite de primera instancia se encontraba viciado desde el momento en que se acept\u00f3 la contestaci\u00f3n de la ejecutada\u00bb, comoquiera que aquella se present\u00f3 de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n

2.5. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que la sede judicial acusada \u00aben una errada interpretaci\u00f3n\u2026, [consider\u00f3] que la [ejecutada] hab\u00eda manifestado una negaci\u00f3n indefinida frente a la existencia del negocio causal, raz\u00f3n por la cual no le incumb\u00eda a \u00e9sta acreditarlo\u2026, invirti\u00e9ndose la carga de la prueba\u00bb, decisi\u00f3n que debi\u00f3 informarle previamente al proferimiento del fallo de segunda instancia. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3, a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo, el expediente contentivo del juicio criticado. <\/p>\n

2. La Corporaci\u00f3n El Minuto de Dios expres\u00f3 que \u00abno se explica\u2026 como el accionante, despu\u00e9s de fallado el proceso\u2026 pretenda invocar nulidades que nunca fueron expuestas a lo largo del tr\u00e1mite\u00bb; y que en el juicio fustigado \u00absiempre mantuvo la misma posici\u00f3n frente al t\u00edtulo ejecutivo\u2026 y no ha de ser otra que [desconocer] su contenido\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. Seguros del Estado S.A. destac\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento se [le] menciona\u2026 como el responsable de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que se alegan han sido conculcados\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

2. De entrada debe precisarse que la promotora del resguardo cuestion\u00f3: (i) que se hubiese admitido la alzada contra el fallo de primera instancia, sin efectuar control de legalidad, comoquiera que las excepciones propuestas se formularon extempor\u00e1neamente, por lo que no debieron tenerse en cuenta; y (ii) la sentencia de 25 de julio de 2018, mediante la cual se confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogota, que desestim\u00f3 la ejecuci\u00f3n promovida en contra de la Corporaci\u00f3n Minuto de Dios. <\/p>\n

3. Respecto al primero de esos reproches, se concluye que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que la tutelante omiti\u00f3 hacer uso de los mecanismos de defensa judicial que tuvo a su alcance para esgrimir la supuesta extemporaneidad del escrito de excepciones de su antagonista en la ejecuci\u00f3n fustigada. <\/p>\n

En efecto, revisado el expediente contentivo de dicho asunto, se verifica que la quejosa omiti\u00f3 recurrir el auto de 23 de septiembre de 2016, que corri\u00f3 traslado de los prenotados mecanismos defensivos, as\u00ed como tampoco el prove\u00eddo de 9 de agosto de 2017, a trav\u00e9s del cual el Tribunal convocado admiti\u00f3 la alzada contra la sentencia de primera instancia, siendo esos los escenarios propicios para debatir las supuestas anomal\u00edas suscitadas en torno al tr\u00e1mite de las excepciones propuestas. <\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

4. En lo que ata\u00f1e a la sentencia de 25 de julio de los corrientes, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en dicha providencia el Tribunal convocado explic\u00f3 los motivos por los que las excepciones propuestas ten\u00edan la virtualidad de enervar la ejecuci\u00f3n, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 debe decirse que estudiadas juiciosamente las defensas formuladas por la ejecutada y, cuyo \u00e9xito, condujo al fracaso de las pretensiones, encuentra la Sala que, en las mismas en realidad no se discute el diligenciamiento del pagar\u00e9 en contrav\u00eda de las instrucciones, sino m\u00e1s bien, que no se hubieren tra\u00eddo al debate los documentos con base en los cuales as\u00ed procedi\u00f3 su leg\u00edtimo tenedor, los que en criterio de la ejecutada eran necesarios para "demostrar la obligaci\u00f3n". En sus palabras y resumidamente, se sostuvo que "la Corporaci\u00f3n El Minuto de Dios se\u00f1ala, la violaci\u00f3n de las instrucciones al no demostrarse que lo que se aduce que se va a cobrar no reposa dentro del plenario (…)". <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

5.- Se advierte, entonces, que varios de los reproches propuestos por la ejecutada bajo los aludidos r\u00f3tulos, verdaderamente se dirigen a atacar el negocio causal, as\u00ed como los esgrimidos mediante las nominaciones de "mala fe por el cobro tard\u00edo respecto a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo", "cobro de lo no debido" y "falta de legitimaci\u00f3n por activa", lo que constituye el planteamiento de la excepci\u00f3n derivada "del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n, o transferencia del t\u00edtulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa" (num. 12. Art. 784 C. Co.), conclusi\u00f3n a la que se arriba bajo el entendido de que las excepciones no son nomen iuris, pues el objeto de an\u00e1lisis siempre ser\u00e1 el conjunto de hechos con los cuales se busca enervar las pretensiones. <\/p>\n

Lo dicho conduce a la Sala a estudiar los argumentos as\u00ed planteados, comoquiera que los mismos no lo fueron por el a quo desde la perspectiva del negocio causal, ya que aquella, invirtiendo la carga probatoria, declar\u00f3 la prosperidad de las defensas atinentes al diligenciamiento del t\u00edtulo en blanco, las cuales en realidad estaban destinadas al fracaso… <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

Importante es se\u00f1alar que la creaci\u00f3n de todo t\u00edtulo valor supone una causa, una raz\u00f3n para su emisi\u00f3n. Es la relaci\u00f3n fundamental o negocio subyacente como contrato o negocio que, independientemente del t\u00edtulo valor une a las partes y en relaci\u00f3n con el cual se origina el documento (compraventa, mutuo, contrato de sociedad, etc.). El t\u00edtulo valor est\u00e1 ligado a esta relaci\u00f3n, empero, ella es diferente al derecho incorporado en el t\u00edtulo. En efecto: en tanto la relaci\u00f3n de las partes en el negocio que da origen al t\u00edtulo tiene unas reglas propias, la relaci\u00f3n cartular que de all\u00ed puede nacer entre el obligado en el t\u00edtulo y su tenedor es bien distinta, a prop\u00f3sito que a partir de ese momento, se crea un nuevo negocio jur\u00eddico con caracteres propios que lo diferencian, al punto que el t\u00edtulo puede circular y comprender a terceros ajenos al negocio causal, evento en el que adquiere plena relevancia la caracter\u00edstica, de autonom\u00eda que impregna los documentos de ese linaje, dado su tr\u00e1fico efectivo y transferencia, seg\u00fan rezan los art\u00edculos 627 y 657 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

7.1.- Siguiendo esos derroteros, considera la Sala que cumple contextualizar el litigio, toda vez que la discusi\u00f3n surge aqu\u00ed, seg\u00fan la actora, en torno a la afectaci\u00f3n de unas p\u00f3lizas expedidas por virtud de un contrato de seguro de cumplimiento y a la subrogaci\u00f3n que dice oper\u00f3 a su favor, por haber indemnizado a la beneficiar\u00eda, ante el desacato contractual de la tomadora ejecutada.
\nEn ese sentido, se tiene que el numeral 3 del art\u00edculo 203 de Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero establece que "por el hecho de pagar el seguro la entidad aseguradora se subroga en los derechos de la entidad o persona asegurada contra la persona cuyo manejo o cumplimiento estaba garantizado, con todos sus privilegios y accesorios", disposici\u00f3n que guarda concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 1099 del C. Co. conforme al cual la subrogaci\u00f3n estar\u00e1 limitada en su alcance a los t\u00e9rminos del contrato, entre otros, los contenidos en el seguro de cumplimiento. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que, para el ejercicio de la acci\u00f3n subrogataria y en lo que resulta pertinente a los seguros de cumplimiento, deben verificarse los siguientes presupuestos: (i) la vigencia de un seguro al momento de la ocurrencia del siniestro, y (ii) que se haya efectuado la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado por el siniestro, lo que se erige como t\u00edtulo de la subrogaci\u00f3n legal. <\/p>\n

7.2.- Teniendo como base ese marco normativo, se debe analizar, en primer lugar, la existencia de las p\u00f3lizas indicadas en la carta de instrucciones, numeradas 100006472 y 100101861, toda vez que fueron desconocidas por la ejecutada, quien manifest\u00f3, en palabras de su apoderado, que "El Minuto de Dios desconoce por completo la existencia de las p\u00f3lizas soporte de las obligaciones". <\/p>\n

Al retomar la regla de la carga de la prueba, it\u00e9rese que "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen" (primer inciso del art. 167 C. G. de P.), por lo cual, en principio, a la ejecutada le correspond\u00eda acreditar los hechos alegados en su defensa; no obstante, \u00e9sta emiti\u00f3 una negaci\u00f3n indefinida, como lo fue la inexistencia del negocio causal, la cual est\u00e1 exenta de prueba en la forma contemplada por el \u00faltimo inciso de la norma en cita. <\/p>\n

Significa ello que la carga de demostrar la existencia de las p\u00f3lizas 100006472 y 100101851 le incumb\u00eda a la ejecutante, qui\u00e9n no acredit\u00f3 lo propio. Y es que, si bien se adujo que las p\u00f3lizas afectadas correspond\u00edan a las No. OCS01175 (\u2026) y No. OCS01176 (\u2026), y que la divergencia en la numeraci\u00f3n se debi\u00f3 a una orden de la Superintendencia Financiera para dejar de identificar esos documentos de forma alfanurn\u00e9rica y hacerlo s\u00f3lo num\u00e9ricamente, ese hecho qued\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba, sin que se pueda tener como tal, la mera afirmaci\u00f3n de la parte. <\/p>\n

Ahora bien, aunque el representante legal de la ejecutada, en interrogatorio de parte (\u2026), acept\u00f3 que la Corporaci\u00f3n hab\u00eda suscrito las p\u00f3lizas No. OCS01175 y No. OCS01176, y que conoc\u00eda que las mismas hab\u00edan sido afectadas, incluso por una suma mayor a la pretendida en la demanda; jam\u00e1s refiri\u00f3 que ellas tuvieran alguna relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 ejecutado, situaci\u00f3n que impide estimar que hubo confesi\u00f3n sobre el punto -la que tampoco se halla contenida en ninguna parte de la r\u00e9plica de la demanda- para as\u00ed superar el vac\u00edo probatorio al que se hizo referencia en el p\u00e1rrafo anterior. No se acredit\u00f3 tampoco que las p\u00f3lizas 100006472 y 100101861 hubieren sido as\u00ed identificadas en raz\u00f3n a la renovaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o pr\u00f3rroga de las No. OCS01175 y No. OCS01176, pese a que en esta instancia se decretaron pruebas para dilucidar el punto. <\/p>\n

Tampoco es \u00fatil para dilucidar lo propio, que las p\u00f3lizas No. OCS01175 y No. OCS01176 hagan referencia al n\u00famero de contragarant\u00eda 329059, y que \u00e9ste coincida con el del t\u00edtulo ejecutado, pues no puede la Sala modificar el contenido de las instrucciones ni interpretarlas, dado que la caracter\u00edstica de literalidad, tambi\u00e9n se predica de las mismas, y ellas son claras en indicar que las p\u00f3lizas a las que debe remitirse quien pretenda verificar el llenado de los espacios en blanco, son las No. 100006472 y 100101861. Esta no es una mera formalidad, pues a partir de las caracter\u00edsticas que se predican los t\u00edtulos valores, es que se genera seguridad en el tr\u00e1fico mercantil, y se permite el ejercicio del derecho de defensa de quienes son requeridos judicialmente como deudores. En consecuencia, ante la inexistencia de prueba de un negocio causal para diligenciar el t\u00edtulo valor base de la acci\u00f3n, la actora no justific\u00f3 la causa efectiva para cobrar la suma pretendida en la demanda con soporte en el pagar\u00e9 que la acompa\u00f1a. <\/p>\n

En otras palabras, si la parte ejecutada no suscribi\u00f3 las p\u00f3lizas numeradas 100006472 y 100101861, que seg\u00fan la actora fueron afectadas, y con base en ellas llen\u00f3 los espacios en blanco del instrumento cambiario en que cimienta su reclamaci\u00f3n judicial, a juicio de esta Sala, no hay lugar al desembolso del dinero que ahora se persigue por v\u00eda ejecutiva, pues no hay causa alguna para que a ello haya lugar. <\/p>\n

S\u00f3lo una p\u00f3liza de seguro existente y v\u00e1lida facultaba al leg\u00edtimo tenedor para diligenciar los espacios en blanco del t\u00edtulo valor, y comoquiera que ella no se acredit\u00f3, debe concluirse que aqu\u00e9l fue completado y presentado judicialmente para el cobro sin ning\u00fan apoyo jur\u00eddico, lo que le resta eficacia jur\u00eddica al documento base de la acci\u00f3n y as\u00ed, exigibilidad.
\nAs\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 la demanda y valor\u00f3 los elementos de juicio recaudados, a la luz de las normas de disciplina probatoria, concluyendo, inicialmente, que la ejecutada cuestion\u00f3 la existencia del negocio causal, toda vez que en sus excepciones refiri\u00f3 que no se allegaron las p\u00f3lizas cuyo pag\u00f3 determin\u00f3 la subrogaci\u00f3n de la demandante y, por tanto, el diligenciamiento del pagar\u00e9 objeto de recaudo, de acuerdo a las instrucciones dadas. <\/p>\n

Entonces, las deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n

5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.
\nComun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Ausencia justificada
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16362-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03809-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Centro de Recuperaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Activos S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102249"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102249\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}