{"id":102251,"date":"2026-07-01T22:11:31","date_gmt":"2026-07-01T22:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102251"},"modified":"2026-07-01T22:11:31","modified_gmt":"2026-07-01T22:11:31","slug":"stc16364-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16364-2018\/","title":{"rendered":"STC16364-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16364-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00538-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando D\u00edaz Buitrago en frente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

1.- El gestor depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n encartada. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 apuntalando su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- El d\u00eda 2 de agosto de 2018, present\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante la entidad enjuiciada. <\/p>\n

2.2.- A la \u00abfecha y despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas establecidos legalmente\u00bb, no ha recibido contestaci\u00f3n al mismo. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se \u00abproduzca la repuesta o actos pretermitidos\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en compendio, manifest\u00f3 que \u00abning\u00fan escrito relacionado con dicha queja ha sido radicada en la ventanilla de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, habilitada para tal fin, la cual se encuentra ubicada en Calle 12 No. 7 -65, segundo piso del Palacio de Justicia. En este mismo sentido, se tiene que una vez revisados el Sistema de Gesti\u00f3n de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales – SIGOBIUS- que se lleva en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se constat\u00f3 la inexistencia de registro alguno e ingreso de petici\u00f3n del despacho, tal y como se desprende claramente de la constancia secretarial que se anexa a la presente. As\u00ed las cosas, solicito a su se\u00f1or\u00eda, la desvinculaci\u00f3n de esta Superioridad, por cuanto es ajena a la situaci\u00f3n t\u00e1ctica y jur\u00eddica descrita, es decir, no intervino en la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental que se debate al interior de la presente acci\u00f3n de amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en los casos previstos en la ley, la cual est\u00e1 condicionada para su procedencia, entre otras cosas, a los postulados de inmediatez y subsidiariedad a los que atiende, como que tambi\u00e9n ha de observarse que no se est\u00e9 ante un hecho superado como tampoco frente a uno consumado. <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el inconformismo que enfila el reclamante gravita en torno a la supuesta omisi\u00f3n desplegada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en punto de la formulaci\u00f3n por \u00e9l elevada el d\u00eda \u00ab2 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n

3.- Obran como capitales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Escrito -sin sello de recibido- fechado 30 de julio de 2018, con que el tutelista adujo que \u00abpor medio de la presente quiero colocar una queja debido a que me siento enga\u00f1ado por los servicios prestados en asesor\u00eda legal por parte del abogado Joseph Andrew Garc\u00eda G\u00f3mez, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 80.852.044 y tarjeta profesional de abogado N\u00b0 196557. Debido que el abogado antes mencionado se aprovech\u00f3 de su profesi\u00f3n para armar un caso del cual yo ya hab\u00eda ganado y utiliz[\u00f3] como pretexto que el abogado que me hab\u00eda asesorado antes en el caso me hab\u00eda cobrado mucho m\u00e1s del porcentaje indicado por la ley, argumentando que era el 10 % que ten\u00eda que cobrar\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Constancia Secretarial fechada 25 de octubre de 2018, expedida por la Secretar\u00eda Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se\u00f1alando que \u00abrevisado el Sistema de Correspondencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sibogius no se encontr\u00f3 registro de queja de [\u2026] Hernando D\u00edaz Buitrago\u00bb. <\/p>\n

4.- Sea lo primero expresar, para evitar equ\u00edvocos, que de acuerdo al numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00abLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u00bb; esta norma se mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que remplaza a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.1.- Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la \u00abregla de competencia\u00bb del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente lo concerniente a las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dado que esta es la \u00fanica que actualmente lo conforma, la cual no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015. <\/p>\n

De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y las salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

Luego, no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.2.- No obstante, la Corte Constitucional ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque en primera y segunda instancias el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto que esta \u00faltima de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo N\u00ba. 12 de 31 de mayo de 1994), todo asunto, incluido las acciones de tutela, viene siendo conocido por la sala en pleno, lo que excluye la posibilidad del surtimiento de la segunda instancia, al no existir secciones o salas dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria. <\/p>\n

Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de \u00abreparto\u00bb, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la sala jurisdiccional disciplinaria, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que si era viable estudiar y decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado proferida por la hom\u00f3loga penal, con base en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s para garantizar los principios de celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, cumple se\u00f1alar que dan cuenta las probanzas que el querellante, contrario sensu a lo por \u00e9l aseverado, en el escrito arrimado, que se repite no tiene sello de recibido, no elev\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que se debiere rituar bajo los par\u00e1metros del canon 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino que, en cambio, lo que all\u00ed se evidencia es la presunta formulaci\u00f3n de una queja disciplinaria en contra del letrado a que alude en su memorial, misma que habr\u00eda de tramitarse prevalentemente bajo las pautas de la Ley 1123 de 2007 o C\u00f3digo Disciplinario del Abogado. <\/p>\n

5.1.- Relativamente a la tem\u00e1tica de la \u00abcarga de la prueba\u00bb en las acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, entre otras providencias, en CSJ STC15680-2014, 14 nov. 2014, rad. 2014-02574-00, que: <\/p>\n

[L]a acci\u00f3n constitucional que ahora ocupa la atenci\u00f3n, si bien se caracteriza por ser de naturaleza c\u00e9lere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas, seg\u00fan corresponde. <\/p>\n

Por supuesto, en materia de la carga de prueba en \u00abacciones de tutela\u00bb, se ha dicho que: \u201c[\u2026] quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u201d (Sentencia T-835 de 2000). En aplicaci\u00f3n de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisi\u00f3n distinta que la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada, pues correspond\u00eda a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo (CSJ STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 abr. 2013, rad. 00009-01; y, CSJ STC, 24 jul. 2014, rad. 00120-01). <\/p>\n

5.2.- As\u00ed las cosas, y en vista de que, por un lado, el tutelista declin\u00f3 asumir el onus probandi que le incumb\u00eda a fin de denotar que s\u00ed radic\u00f3 el memorial contentivo de su \u00abqueja\u00bb de fecha 30 de julio de hoga\u00f1o ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, por otro, dado que esta \u00faltima asever\u00f3 que \u00abrevisado el Sistema de Correspondencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sibogius no se encontr\u00f3 registro de queja de [\u2026] Hernando D\u00edaz Buitrago\u00bb, lo cual es una afirmaci\u00f3n efectuada por una autoridad p\u00fablica en ejercicio de sus funciones legales, dimana que, por sustracci\u00f3n de materia, en manera alguna se logr\u00f3 acreditar que obre infracci\u00f3n a los intereses del censor por cuenta de los hechos que originan la presente acci\u00f3n, motivo por el cual, el amparo rogado, sin m\u00e1s, deviene inane. <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2018-00538-00 <\/p>\n

Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar que comparto la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pero me aparto parcialmente de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, acojo la determinaci\u00f3n porque con ella se deneg\u00f3 el resguardo, al encontrar que \u00aben manera alguna se logr\u00f3 acreditar que obre infracci\u00f3n a los intereses del censor por cuenta de los hechos que originan a presente acci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n

Ello en la medida en que la referida disposici\u00f3n del citado decreto 1983 de 2017, expresamente establece que: <\/p>\n

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n

Entonces, sin desconocer que el Consejo Superior de la Judicatura, en la actualidad, s\u00f3lo est\u00e1 integrado por la Sala Administrativa, teniendo en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 2016, que declar\u00f3 inexequible, parcialmente, el art\u00edculo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015, lo cierto es que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por su parte, funge como un organismo interino, que cumple las funciones asignadas a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en tanto se posesionan los Magistrados llamados a conformarla (par\u00e1grafo transitorio, art\u00edculo 19 del citado Acto Legislativo), por lo que, en mi concepto, resulta cobijada por la norma de competencia antes mencionada. <\/p>\n

En suma, las breves consideraciones precedentes justifican mi apoyo a la decisi\u00f3n final acogida por la Sala que no a la integridad de su motivaci\u00f3n por cuanto, se insiste, compete a esta Colegiatura o, si es el caso, al Consejo de Estado, tramitar los amparos promovidos contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues, en \u00faltimas, est\u00e1 ejerciendo las funciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n

Fecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la petici\u00f3n de amparo presentada por el se\u00f1or Herrando D\u00edaz Buitrago frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n.
\nNo tengo reparos en cuanto a la decisi\u00f3n de fondo tomada por la Sala Civil, pero debo dejar aclaraci\u00f3n de mi voto en lo concerniente a la competencia para la tutela, en el sentido de que considero que la situaci\u00f3n planteada respecto al establecimiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que pone en duda la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en particular lo relacionado en el art\u00edculo I\u00b0 numeral 2\u00b0, y su contrapartida la aplicabilidad del Decreto 1983 de 2017, art\u00edculo 1\u00b0 , numeral 8\u00b0, lo cual genera una dicotom\u00eda de competencias entre las secciones de la misma instituci\u00f3n tutelada y entre las Corporaciones ahora se\u00f1aladas como competentes, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en sus diferentes salas o secciones).
\nFrente a lo anterior, es pertinente acoger el concepto de la Corte Constitucional que reconoce competencia en cualquiera de las salas de la Corte Suprema de Justicia para conocer en cualquiera de las instancias de la tutela contra la Sala Disciplinaria actual por tratarse de la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, pero a la vez, si se acoge uno de los dos decretos mencionados, considero que tampoco se advierte vulneraci\u00f3n de derechos fundamental alguno, pues en ambos casos se trata de autoridades que vienen funcionando como m\u00e1ximas jerarqu\u00edas de la justicia y sus decisiones se encaminan a la protecci\u00f3n de los derechos sin dar lugar a demoras y vueltas innecesarias en la aplicaci\u00f3n de la justicia. <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la. Convenci\u00f3n, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la. Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.
\nEn lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mareo de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales.
\nParticularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control.
\nA mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados,
\ncomo sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude.
\nDicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en 'una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos <\/p>\n

1 Sentencias C-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C–,11,38-2009 entre otras.
\ninternacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, 0-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028- 2006, 0-355-2006 y 0-488-2009).
\nAdicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014).
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre dicha figura, pues las afirmaciones consignadas al respecto en la providencia corresponden a una opini\u00f3n personal del ponente.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16364-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00538-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando D\u00edaz Buitrago en frente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102251\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}