{"id":102252,"date":"2026-07-01T22:11:46","date_gmt":"2026-07-01T22:11:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102252"},"modified":"2026-07-01T22:11:46","modified_gmt":"2026-07-01T22:11:46","slug":"stc16365-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16365-2018\/","title":{"rendered":"STC16365-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrada ponente <\/p>\n

STC16365-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00422-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gladys Madiedo Rueda en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La querellante, en su condici\u00f3n de jueza de la Rep\u00fablica, insta la salvaguardia constitucional de sus derechos fundamentales a la \u00abdefensa\u00bb, salud, seguridad social, m\u00ednimo vital, \u00abpensi\u00f3n\u00bb y \u00abjusticia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas dentro del pleito disciplinario que se le adelant\u00f3 (radicado 2013-01448). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 para estribar su reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Fungiendo \u00abcomo juez[a] en propiedad en el [J]uzgado [P]rimero [P]romiscuo [M]unicipal de Oiba-Santander\u00bb hall\u00f3 que \u00abel escribiente H\u00e9ctor Combariza Roa, mostr\u00f3 conductas anti\u00e9ticas y contrari[a]s al decoro de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb; por tanto, procedi\u00f3 a realizarle \u00abm\u00faltiples llamados de atenci\u00f3n a trav\u00e9s de memorandos que reposan en su hoja de vida, los cuales eran contestados en forma irreverente, grosera y amenazante\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Ante ello, Combariza Roa \u00abinici[\u00f3] una persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica de denuncias disciplinarias y penales en [su] contra\u00bb, siendo que el juicio sub examine se le inici\u00f3 a ella a secuela del proceso disciplinario que a su vez le apertur\u00f3 a aquel. <\/p>\n

2.3.- En el asunto sub judice, la sala seccional querellada profiri\u00f3 fallo adiado 27 de noviembre de 2017 imponi\u00e9ndole sanci\u00f3n consistente en la suspensi\u00f3n por tres meses en el ejercicio de su cargo, sin analizar \u00abla personalidad del escribiente Combariza Roa, una [sic] individuo adicto al alcohol, pornograf\u00eda, de car\u00e1cter violento, grosero, tosco [\u2026] que denota una personalidad proclive a la mentira, la intriga que con su desmedido actuar al iniciar m\u00faltiples quejas disciplinarias contra la suscrita pretendi\u00f3 tender una cortina de humo para distraer la verdadera raz\u00f3n del proceso disciplinario y su comportamiento anti\u00e9tico, inmoral, haciendo un abuso del derecho, sin embargo as\u00ed y todo, se le da toda la credibilidad a su dicho, aqu\u00ed no se hizo una ponderaci\u00f3n del testigo y sus dichos\u00bb, dado que le dio \u00abtoda credibilidad al escribiente [\u2026] cuando afirma falsamente que no tuvo acceso al expediente y que [ella] lo ten\u00eda bajo llave, [lo que] no es ajustado a la realidad\u00bb. <\/p>\n

Del mismo modo, alude que \u00abno existe proporcionalidad en dicha sanci\u00f3n, no se ponder[\u00f3] la motivaci\u00f3n que tuvo [\u2026] en iniciar dicha investigaci\u00f3n, la carencia de especializaci\u00f3n en dichas materias, la ausencia de da\u00f1o al investigado, la prevalencia de principios constitucionales que ense\u00f1an que prima el derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Impugn\u00f3 tal decisi\u00f3n, aconteciendo que el Consejo Superior de la Judicatura la revalid\u00f3 mediante sentencia de 7 de junio de 2018. <\/p>\n

2.5.- Precisa que lo narrado le ha afectado su salud comoquiera que \u00abactualmente t[iene] tratamientos de alergolog\u00eda, psicolog\u00eda, ortopedia que al suspend[\u00e9]rse[l]e laboralmente se ven truncados, aunado a que en cinco (5) meses adquier[e su] derecho a pensi\u00f3n al cumplir los 57 a\u00f1os de edad y la sanci\u00f3n afecta tambi\u00e9n este derecho laboral\u00bb, adem\u00e1s que est\u00e1 a cargo de su progenitora y que estuvo desprovista de \u00ababogado defensor\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, se \u00abprotejan [sus] derechos fundamentales incoados\u00bb. <\/p>\n

4.- El presente asunto fue suspendido por auto adiado 5 de septiembre de hoga\u00f1o, habida cuenta que se decretaron pruebas de oficio para su estudio. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El Consejo Superior de la Judicatura sostuvo, en suma, que \u00abanaliz\u00f3 el material probatorio, los aspectos apelados y se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n en [D]erecho\u00bb. <\/p>\n

El consejo seccional querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada emerge que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico, material y procedimental absoluto, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el fallo ratificatorio de 7 de junio de hoga\u00f1o dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

3.- Obran como capitales acreditaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, aparte del proceso disciplinario sub lite recaudado en copias, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Providencia de 27 de noviembre de 2017, con que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander sancion\u00f3 a la peticionaria con la suspensi\u00f3n por tres meses en el ejercicio de su cargo como jueza. <\/p>\n

3.2.- Sentencia confirmatoria de 7 de junio de 2018, emitida por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n

En tal, citando jurisprudencia extensamente, entre otras reflexiones, expuso que obra competencia \u00abpara conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la disciplinada contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante la cual se resolvi\u00f3 sancionar con suspensi\u00f3n de tres (3) meses en el ejercicio del cargo a [la censora], Juez[a] Primera Promiscu[a] Municipal de Oiba, luego de hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el art\u00edculo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, por el desconocimiento de los art\u00edculos 6, 12, 103, 128, 140, 160 A y 166 de la Ley 734 de 2002, lo que es constitutivo de falta disciplinaria al tenor del art\u00edculo 196 de la Ley 734 de 2002, imputaci\u00f3n elevada a t\u00edtulo a falta grave culposa atendiendo el art\u00edculo 43 de la Ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n

Denot\u00f3, luego de lo anterior, que \u00abacorde con el acervo probatorio se determin\u00f3 en [el] sub lite que la funcionar\u00eda Gladys Madiedo Rueda, [quien] act\u00fao dentro del proceso disciplinario radicado 2013-605-622699, obr\u00f3 en la calidad de juez[a] de conocimiento sobre el sumario en contra del escribiente H\u00e9ctor Combariza Roa, donde se vulner\u00f3 el derecho de defensa y [e]l debido proceso toda vez que esta constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales para el procesado el cual se encontr\u00f3 inmerso dentro de un procedimiento judicial y por ello le debieron ser respetados sus derechos y una correcta aplicaci\u00f3n de la justicia\u00bb, aconteciendo que \u00abla disciplinada regent\u00f3 para el momento de los hechos la calidad de juez[a] promiscua municipal [y as\u00ed] se constituy\u00f3 como una autoridad estatal, por lo cual cont\u00f3 con la obligaci\u00f3n de adoptar sus decisiones de conformidad al principio de legalidad, es decir actuar dentro del marco jur\u00eddico definido democr\u00e1ticamente, respetando la forma propia de cada juicio y no guiando su actuar de manera omn\u00edmoda\u00bb. <\/p>\n

Y es que, prosigui\u00f3, \u00aben ese sentido (i) la apertura de la investigaci\u00f3n en contra del escribiente se surti\u00f3 en contravenci\u00f3n del art\u00edculo 160 A puesto que como afirma la investigada la misma omiti\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n, faltando lo que dispone el marco jur\u00eddico disciplinario que ordena mediante decisi\u00f3n debidamente notificada deber\u00e1 ordenar el cierre de la misma, y una vez si con la existencia de la providencia de parte del procesado hacer uso del recurso de reposici\u00f3n, y como bien lo recesa [sic] el precedente art\u00edculo s\u00f3lo cuando est\u00e9 firme la decisi\u00f3n a los 15 d\u00edas h\u00e1biles se iniciar\u00eda la evaluaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, por ende tal decisi\u00f3n nunca existi\u00f3 siendo manifiesta la vulneraci\u00f3n al debido proceso[;] (ii) el 27 de noviembre de 2012 la investigaci\u00f3n de conformidad al art\u00edculo 69 de la Ley 734 de 2002, fue remitida por [la] disciplinad[a] ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, bajo tal premisa debi\u00f3 el proceso ser suspendido para que [en dicho] momento el ente de control decidiera sobre el mismo poder preferente y con ello avocar su conocimiento, no obstante para el d\u00eda 4 de diciembre de 2012 que se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por medio de la cual por lo dem\u00e1s remiti\u00f3 la investigada el proceso a la procuradur\u00eda, lo cual muestra una actuaci\u00f3n negligente por parte de la autoridad[;] (iii) para el 27 de noviembre de 2012, la disciplinada profiri\u00f3 providencia por medio de la cual neg\u00f3 parcialmente las pruebas solicitadas por el investigado, no obstante la motivaci\u00f3n jur\u00eddica para fundamentar la negativa en el decreto de pruebas fue precaria y ligera, toda vez que concentr\u00f3 su postura en citar la normas del C\u00f3digo Procedimiento Civil atenientes a la conducencia, pertinencia y utilidad, sin que sobre el punto hiciera una an\u00e1lisis de fondo sobre los mismos respecto de las pruebas negadas, como es menester para proferir una decisi\u00f3n interlocutoria de tal \u00edndole\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, reliev\u00f3, \u00abla actuaci\u00f3n desplegada por parte de la disciplinada vulner\u00f3 el ejercicio de[l] derecho de defensa en cabeza de [\u2026] H\u00e9ctor Combariza Roa, en sentido de[:] (i) para el momento en cual omiti\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n, toda vez que se cercen\u00f3 la posibilidad de interponer recurso de reposici\u00f3n en contra de la providencia, ya que la misma no existi\u00f3, en ese sentido, neg\u00e1ndole al investigado poder pronunciar razonamiento alguno en contra de tal actuaci\u00f3n judicial[;] (ii) a su vez para el 9 de noviembre de 2012 se pronunci\u00f3 el despacho de la investigada, en manifestar que la conducta del referido escribiente se subsum\u00eda en diversas disposiciones de la Ley 734 de 2002, para lo cual previa notificaci\u00f3n personal el investigado se dirigi\u00f3 a tener conocimiento del expediente, sin embargo teniendo dificultades en su acceso y conocimiento por parte de la actuaci\u00f3n de los funcionarios del mismo despacho de la disciplinada, siendo esto contrario a lo previsto en art\u00edculo 166 de la Ley 734 de 2002, ya que materialmente no puede entenderse existiere la real disposici\u00f3n del proceso dentro de la secretar[\u00ed]a del juzgado, para que el procesado hiciere uso de su derecho de defensa sino por el contrario lo viese disminuido al no poder controvertir las pruebas en su contra\u00bb. <\/p>\n

Parejamente, esgrimi\u00f3 que cumple \u00abhacer menci\u00f3n respecto a la experiencia de la juez[a] Madiedo Rueda la cual fue objeto de an\u00e1lisis del [a quo] como fundamento de la causal de exculpaci\u00f3n elevada por la referida, en ese sentido no es relevante lo manifestado por parte de la apelante ateniente a si efectivamente contaba con un conocimiento extenso respecto del ordenamiento jur\u00eddico disciplinario, dado que lo reprochable es que como profesional de derecho haya actuado de manera grave y negligente al no tener el m\u00ednimo de cuidado e inspecci\u00f3n sobre un proceso en cual inexorablemente se manejar\u00eda la Ley 734 de 2002, siendo inviable aceptar un desconocimiento como eximente y no por una amplia trayectoria, sino porque contaba con los deberes extralegales los cuales no acat\u00f3 y en consecuencia vulner\u00f3 el derecho al debido proceso y el de defensa del investigado [\u2026] H\u00e9ctor Combariza Roa, a su vez no es plausible considerar la subsunci\u00f3n de un error invencible como causal de exculpaci\u00f3n puesto que como bien se\u00f1al\u00f3 la corporaci\u00f3n de primer nivel, el mismo debe provenir de una situaci\u00f3n en la cual sea humanamente imposible resistir a[u]n actuando de manera diligente, y en el caso en concreto los yerros cometidos por la disciplinada son en esencia producto de un actuar descuidado y con ausencia de diligencia en los deberes que un juez debe obedecer para la correcta y justa administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n

4.- Sea lo primero expresar, para evitar equ\u00edvocos, que de acuerdo al numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00abLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u00bb; esta norma se mantiene vigente hasta tanto entre en funcionamiento la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que es el organismo que remplaza a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.1.- Por tanto, no resulta aplicable en este momento, la \u00abregla de competencia\u00bb del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, del Decreto 1983 de 2017, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, referida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, normatividad que adscribe competencia para conocer de las acciones de tutelas contra esa entidad en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resuelve por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4., del presente decreto. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 vigente lo concerniente a las acciones de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, dado que esta es la \u00fanica que actualmente lo conforma, la cual no desapareci\u00f3, como si aconteci\u00f3 con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015. <\/p>\n

De igual forma y por el mismo motivo, a\u00fan no es aplicable el par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que priv\u00f3 de competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para conocer de acciones de tutela, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que todav\u00eda no est\u00e1n funcionando y, mientras as\u00ed suceda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y las salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales mantienen intacta sus competencias hasta cuando cesen en sus funciones. <\/p>\n

Luego, no se puede invocar la reglamentaci\u00f3n en precedencia para reclamar competencia en materia de tutela en favor de la Corte Suprema e incluso del Consejo de Estado, a prevenci\u00f3n, cuando la accionada sea la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n

4.2.- No obstante, la Corte Constitucional ha avalado que cualquiera de las salas de esta Corporaci\u00f3n avoque en primera y segunda instancias el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto que esta \u00faltima de acuerdo a su reglamento interno (Acuerdo N\u00ba. 12 de 31 de mayo de 1994), todo asunto, incluido las acciones de tutela, viene siendo conocido por la sala en pleno, lo que excluye la posibilidad del surtimiento de la segunda instancia, al no existir secciones o salas dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria. <\/p>\n

Asimismo, la Corporaci\u00f3n cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha reiterado el criterio de que no se configura una aplicaci\u00f3n grosera o arbitraria de las normas de \u00abreparto\u00bb, por el hecho que una acci\u00f3n constitucional de amparo dirigida contra la sala jurisdiccional disciplinaria, sea repartida a cualquiera de las salas de la Corte Suprema, ni se genera conflicto de competencia alguno, por tratarse del organismo m\u00e1ximo de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que se encuentra al mismo nivel de aquella, por lo que si era viable estudiar y decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado proferida por la hom\u00f3loga penal, con base en lo dispuesto por los art\u00edculos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s para garantizar los principios de celeridad y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, y en cuanto concierne con el rebate planteado en punto del fallo de 7 de junio de 2018, proferido en sede de segundo grado, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, el mismo no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, por cuanto que no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental absoluto enrostrada, ya que, independientemente que la Corte lo proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que las pruebas obrantes en el plenario fueron apreciadas seg\u00fan la sana cr\u00edtica, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

5.1.- Esto es, que la quejosa fue sancionada disciplinariamente, en su condici\u00f3n de jueza de la Rep\u00fablica, por proceder imputable a t\u00edtulo de \u00abfalta grave en modalidad culposa\u00bb al haber actuado como instructora, dentro de un juicio disciplinario que -a su vez- le adelant\u00f3 al escribiente H\u00e9ctor Combariza Roa, con desconocimiento del ordenamiento legal aplicable y afectaci\u00f3n del \u00abderecho de defensa\u00bb de este, ya que pretermiti\u00f3 etapas propias de dicha actuaci\u00f3n y obst\u00f3 el ejercicio de mecanismos de protecci\u00f3n que el mentado investigado ten\u00eda a su alcance, tanto m\u00e1s cuando no se pod\u00eda tener como excusa de ello la supuesta falta de \u00abexperiencia\u00bb en la materia dado que obr\u00f3 de \u00abmanera grave y negligente al no tener el m\u00ednimo de cuidado e inspecci\u00f3n sobre un proceso en cual inexorablemente se manejar\u00eda la Ley 734 de 2002\u00bb, am\u00e9n que no hubo \u00aberror invencible\u00bb alguno que excusara su comportamiento, hermen\u00e9utica respetable que no puede ser alterada por esta v\u00eda para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo y, as\u00ed, entonces, la enunciada providencia no se ve carente de las presunciones de legalidad y acierto que la sostienen. <\/p>\n

5.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), sobre todo cuando el debate judicial objeto de pronunciamiento se ventil\u00f3 ante las dos instancias autorizadas por ley. <\/p>\n

Cabe destacar, por dem\u00e1s, que en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, en CSJ STC, 24 jun. 2011, rad. 01225-00, que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho [\u2026], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrada ponente STC16365-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00422-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gladys Madiedo Rueda en frente de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102252"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102252\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}