{"id":102254,"date":"2026-07-01T22:12:29","date_gmt":"2026-07-01T22:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102254"},"modified":"2026-07-01T22:12:29","modified_gmt":"2026-07-01T22:12:29","slug":"stc16371-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16371-2018\/","title":{"rendered":"STC16371-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16371-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2018-02597-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Bartolom\u00e9 S\u00e1nchez Guerrero contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes en el pleito 2000-00894. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al negar la solicitud de incumplimiento del acuerdo en el proceso concordatario de Juan Francisco Gonz\u00e1lez. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que inform\u00f3 al Juez Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 donde se adelantaba el proceso en cita, que vendi\u00f3 a Carmen Adela Gonz\u00e1lez \u00ablos derechos litigiosos\u00bb que le \u00abcorrespondieran\u00bb, en la suma de \u00ab$39.631.782\u00bb, y solicit\u00f3 que se reconociera a dicha persona \u00abcomo cesionaria, ocupando el lugar que a m\u00ed corresponda en la lista de acreedores\u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que su petici\u00f3n no fue aceptada por el estrado judicial (f. 3 cd. 1), pese a los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra tal providencia (f. 5, ib\u00eddem), pues dicha autoridad determin\u00f3 que \u00abno se aceptaron las cesiones por cuanto en este proceso no se est\u00e1n debatiendo derechos litigiosos\u00bb (\u2026) Como en este asunto se presentan los cr\u00e9ditos para su cobro, pues son derechos ciertos, m\u00e1s [no] est\u00e1n en debate para declarar su existencia, como son los eventos inciertos, mal puede hablarse de cesi\u00f3n de derechos litigiosos. As\u00ed las cosas, la reposici\u00f3n no procede. Igual suerte corre la apelaci\u00f3n subsidiaria, pues el auto impugnado no es susceptible de alzada\u00bb. <\/p>\n

Adujo que luego de la negativa del convocado de aceptar el negoci\u00f3 jur\u00eddico que hab\u00eda realizado para ceder su posici\u00f3n en el proceso, hizo la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo valor con el que le hab\u00edan garantizado la compra de su acreencia. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que luego de ello, el fallador que conoc\u00eda del tr\u00e1mite al adicionar la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de acreencias, reconoci\u00f3 a su favor una suma de dinero de \u00ab$39.631.782.oo, m\u00e1s el 20% de sanci\u00f3n e intereses moratorios\u00bb.
\nDijo que el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, declar\u00f3 \u00abTENER por saneadas todas las actuaciones surtidas hasta este momento dentro del presente asunto\u00bb (f. 26, cd 1), y, el 14 de diciembre de 2017, neg\u00f3 el incidente que propuso para declarar que se incumpli\u00f3 el acuerdo del concordato, resolviendo para ello que \u00absu acreencia hab\u00eda sido satisfecha totalmente\u00bb; agreg\u00f3 que contra dicha providencia, interpuso sin \u00e9xito reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pues se estableci\u00f3 que ese auto no era susceptible de \u00abalzada\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende, se proceda a \u00abrevocar en todas sus partes los autos de fechas 14 de diciembre de 2017 y 7 de mayo de 2018\u00bb que resolvieron el incidente de incumplimiento del acuerdo concordatario, y, \u00abse ordene al Juez 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que en el t\u00e9rmino de setenta y dos horas, proceda a dictar una nueva providencia (\u2026) (ff. 33 a 41, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juez Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 las actuaciones surtidas en desarrollo del presente asunto y remiti\u00f3 copias de las piezas procesales relevantes (ff. 50 y 51 cd. 1). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abno hay lugar a ver como constitutiva de v\u00eda de hecho la labor efectuada por el Juzgado del Circuito accionado, que le sirvi\u00f3 de base a su decisi\u00f3n. Cabe decir, en ese orden, que en el contexto de lo actuado, las premisas de su adopci\u00f3n no son abiertamente ex\u00f3ticas, corresponden a la realidad procesal y sustancial que encontr\u00f3 demostrada y a la valoraci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos y normativos del caso, en el marco, reit\u00e9rase, de la independencia y autonom\u00eda que gobiernan su labor judicial\u00bb (ff. 97 a 102, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor del resguardo a trav\u00e9s de apoderado judicial aduciendo que el juez accionado viol\u00f3 el principio de la cosa juzgada al desconocer las providencias que se encontraban \u00abejecutoriadas\u00bb y que inclu\u00edan el rechazo de la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos, la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y su correspondiente adici\u00f3n, pues al negar su petici\u00f3n de incumplimiento del acuerdo, desconoci\u00f3 la calidad de acreedor que le fue reconocida al momento de calificar las acreencias, y, contrario a lo dicho \u00abno existe prueba alguna que la parte concordada JUAN FRANCISCO GONZALEZ WANDURRAGA-COLEGIO LICEO DE LONDRES, le haya pagado al acreedor (\u2026) su cr\u00e9dito concordatario\u00bb (ff. 134 a 140, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al declarar impr\u00f3spera la solicitud de incumplimiento del acuerdo que present\u00f3 el gestor dentro del concordato n\u00ba 2000-00894, con fundamento en que ya le fue cancelada la obligaci\u00f3n reconocida a su favor.
\n2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones judiciales; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC10752-2018, 21 ago. 2018, rad. 00356-01). <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

Esto porque cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al reclamo constitucional y con vista en la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y la que reposa en las copias de las actuaciones procesales adosadas al expediente, se establece que el fallo denegatorio de primer grado habr\u00e1 de ser respaldado, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada no se torna caprichosa o arbitraria y, por tanto, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n

3.1. En efecto, para que el despacho querellado, mediante providencia del 14 de diciembre de 2017 declarara impr\u00f3spera la \u00absolicitud de (\u2026) incumplido el acuerdo concordatario\u00bb, precis\u00f3 que \u00ab a folios 19 y ss del cuaderno 14, obra escrito contentivo de una cesi\u00f3n efectuado por el peticionario a la se\u00f1ora CARMEN ADELA GONZ\u00c1LEZ, que si bien es cierto no fue tenida en cuenta, dicha negativa consisti\u00f3 en la forma como se hab\u00eda presentado la misma\u00bb (resalta la Sala). <\/p>\n

Asegur\u00f3 a continuaci\u00f3n que \u00abDe dicha documental se vislumbra sin el menor asomo de duda que la (sic) se\u00f1or JOS\u00c9 BARTOLOM\u00c9 le fue pagada la suma de $ 39.631.782.oo, y as\u00ed \u00e9ste lo reconoci\u00f3 al momento de imponer su firma en el mentado escrito, el cual de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, constituye plena prueba, pues nunca fue redarg\u00fcido de falso\u00bb (negrilla fuera del texto original). <\/p>\n

Acot\u00f3 que \u00abEn este mismo sentido, se tiene que con los interrogatorios de parte absueltos, se vislumbra sin el menor asomo de duda que en efecto al aqu\u00ed peticionario le fue garantizado su cr\u00e9dito, y si bien es cierto fue en un monto inferior al recocido (sic), tambi\u00e9n lo es que ello obedece al libre albedr\u00edo del acreedor, el cual puede disponer de su dinero, m\u00e1s aun cuando no se desconocieron derechos fundamentales\u00bb (f. 27, cd. 1). <\/p>\n

Al resolver la reposici\u00f3n frente a tal prove\u00eddo, el funcionario record\u00f3 que la solicitud de incumplimiento se predic\u00f3 por la falta de pago de la obligaci\u00f3n a favor del recurrente, \u00abempero, como se indic\u00f3 en el auto cuestionado, obra en el expediente documento en el cual deja ver que en efecto la acreencia reclamada por el inconforme fue satisfecha\u00bb (resaltado fuera del texto original) (ff. 31 y 32, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.2. En las circunstancias descritas, queda claro que lo pretendido por el demandante en esta oportunidad, es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, mediante este instrumento la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

En este orden, el hecho del que el promotor del resguardo disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; ello, porque no es suficiente una providencia discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto.
\nEn ese sentido, la Sala ha dicho que al margen de que la Corte comparta o no la totalidad de los anteriores razonamientos, estos hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis para sustituir al funcionario de conocimiento, puesto que este mecanismo: \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC8553-2018, 5 jul. 2018, rad. 00124-01). <\/p>\n

Sobre el particular tambi\u00e9n ha reiterado que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente del excepcional auxilio, y se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: <\/p>\n

\u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC9849-2018, 2 ago. 2018, rad. 02074-00). <\/p>\n

Se precisa que el juzgador excepcional no est\u00e1 llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, porque ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida en que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio probatorio o por haberlo realizado indebidamente, lo cual ac\u00e1 no acontece, pues la decisi\u00f3n criticada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, y ante ello no se abre paso la salvaguarda ya que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto cuya actuaci\u00f3n se censura (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, reiterada en STC10245-2018, 10 ago. 2018, rad. 00332-01, entre otras). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

De conformidad con lo anteriormente precisado, se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, toda vez que lo resuelto por el accionado no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 11001-22-03-000-2018-02597-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16371-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2018-02597-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102254","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102254"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102254\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}