{"id":102258,"date":"2026-07-01T22:14:30","date_gmt":"2026-07-01T22:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102258"},"modified":"2026-07-01T22:14:30","modified_gmt":"2026-07-01T22:14:30","slug":"stc16373-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16373-2018\/","title":{"rendered":"STC16373-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16373-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2018-00414-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 31 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilmer Jeamy Tarazona contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Leasing Bancolombia S.A., Elcy Mar\u00eda Jim\u00e9nez Sierra y dem\u00e1s intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2016-00175. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al disponer las medidas cautelares de embargo y secuestro de un veh\u00edculo automotor recibido en virtud a contrato de arrendamiento financiero. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que el 25 de julio de 2013 celebr\u00f3 con Leasing Bancolombia S.A., el contrato n\u00ba 155040 bajo la modalidad antes referida, respecto de \u00abun cami\u00f3n \u2013 gr\u00faa para el manejo mec\u00e1nico de cargas\u00bb de placa TAQ-706, del cual se establece que como locatario es un \u00abmero tenedor\u00bb del mismo; a su turno, entre \u00e9l y la empresa Graciela Tarazona Gonz\u00e1lez S.A.S., el 12 de julio de 2018 se suscribi\u00f3 un contrato \u00abde alquiler\u00bb de dicho automotor, \u00aba raz\u00f3n de un mill\u00f3n doscientos cincuenta mil pesos (\u2026) con fecha de vencimiento hasta el treinta (30) de enero del a\u00f1o dos mil diecinueve (2019)\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que dentro del ejecutivo de alimentos para sus hijos menores de edad que promovi\u00f3 en su contra Elcy Mar\u00eda Jim\u00e9nez Sierra, el 18 de julio de 2017 el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga \u00abdecret\u00f3 el embargo y posterior secuestro\u00bb del veh\u00edculo, por lo que la compa\u00f1\u00eda de financiamiento le inform\u00f3 al despacho \u00abque el activo es de propiedad exclusiva de LEASING BANCOLOMBIA S.A.S, ahora BANCOLOMBIA S.A., y nuestro cliente [ac\u00e1 accionante], hasta el momento s\u00f3lo goza de una mera expectativa y no de un derecho adquirido\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que con base en lo anterior, el acusado, mediante oficio del 11 de septiembre de 2017, inform\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Inspecci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte de Barrancabermeja, que \u00ablo embargado son los derechos derivados de la posesi\u00f3n\u00bb ejercida por el ejecutado sobre el referido automotor, y as\u00ed fue inscrita la cautela.
\nExplic\u00f3 que enseguida el juzgado dispuso \u00abla aprehensi\u00f3n\u00bb del bien y en virtud de dicha orden la Polic\u00eda de Tr\u00e1nsito de Sucre lo inmoviliz\u00f3 el 9 de agosto de 2018, \u00abestando trabajando para la empresa GRACIELA TARAZONA GONZALES S.A.S.\u00bb, representada legalmente por su progenitora, quien \u00ablo requiere con cl\u00e1usula de apremio y cl\u00e1usula penal pecuniaria\u00bb establecidas en el contrato de arrendamiento. <\/p>\n

Precis\u00f3 que por intermedio de su apoderada judicial, el 3 de septiembre de 2018 solicit\u00f3 levantar las cautelas, aduciendo que \u00e9l no era \u00abel poseedor\u00bb del cami\u00f3n gr\u00faa objeto de gravamen, empero, con auto del 10 de septiembre del mismo a\u00f1o, el querellado neg\u00f3 lo pedido, y el 18 de septiembre de 2018 rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 su abogada, ya que el litigio \u00abes de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n

3. Se infiere que lo pretendido es que se invalide la providencia que deneg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que afectan el veh\u00edculo antes referido, y con ello que se emitan las \u00f3rdenes a las autoridades administrativas y operativas de tr\u00e1nsito para que hagan efectivo la cancelaci\u00f3n de las mismas y de su aprehensi\u00f3n, a efectos que se devuelva a su tenedor (fls. 1 a 26, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Procuradora Sexta Judicial II para Asuntos de Familia de Bucaramanga, conceptu\u00f3 que con la providencia cuestionada se vulner\u00f3 el debido proceso del solicitante, \u00abporque la propiedad del rodante radica de manera exclusiva en (\u2026) LEASING BANCOLOMBIA y no del locatario (\u2026), quien durante la vigencia del referido contrato es un mero tenedor y no poseedor como lo cataloga la juez accionada, ya que pese a que tiene el uso y goce del veh\u00edculo, reconoce dominio ajeno\u00bb (fls. 81 y 92, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Juez Quinta de Familia de Bucaramanga se opuso al amparo aduciendo que conforme a la jurisprudencia y la doctrina, es procedente mantener la cautela en cuesti\u00f3n, pues, pese a la diferencia existente entre posesi\u00f3n y tenencia, el demandado no puede verse como \u00abun mero tenedor\u00bb, ya que \u00abejerce actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el veh\u00edculo\u00bb, y que ello se prueba con el contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 con una sociedad, \u00abel cual incluso es prohibido por LEASING BANCOLOMBIA S.A. seg\u00fan el contrato allegado con la acci\u00f3n de tutela\u00bb, y por tanto pidi\u00f3 denegarla porque \u00abesta agencia no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb (fls. 96 y 97, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte de la Polic\u00eda Nacional, por intermedio de la Jefe de la oficina de Asuntos Jur\u00eddicos, y el Comandante del Departamento de Polic\u00eda Magdalena Medio, tras referir que la actuaci\u00f3n desplegada por la entidad en relaci\u00f3n con el caso indagado, se hizo en acatamiento a una orden judicial, solicit\u00f3 se declare la \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA\u00bb (fls. 103 a 107, y 111, \u00eddem). <\/p>\n

4. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo de la Regional Santander, dijo que \u00abes dable por parte de la juez de conocimiento decretar el embargo de la posesi\u00f3n\u00bb ejercida por el demandado sobre el automotor, en tanto \u00e9ste \u00abha demostrado respecto del veh\u00edculo retenido\u00bb que \u00able est\u00e1 generando beneficios econ\u00f3micos\u00bb (fls. 112 y 113, ib.). <\/p>\n

5. Bancolombia S.A., a trav\u00e9s de su representante legal judicial, dijo que la medida cautelar recae sobre un bien del que esa sociedad es \u00abel \u00fanico propietario\u00bb, dijo que apoyaba la demanda tutelar impetrada por el locatario (fl. 115, cit.). <\/p>\n

6. Elcy Mar\u00eda Jim\u00e9nez Sierra, en su calidad de ejecutante en el asunto cuya actuaci\u00f3n se revisa, refut\u00f3 los supuestos de hecho de esta acci\u00f3n, indicando que el leasing respecto del citado veh\u00edculo conlleva \u00abuna opci\u00f3n irrevocable de compra\u00bb, porque \u00ablos pagos de los c\u00e1nones ya fueron satisfechos en su totalidad el d\u00eda 25 de julio de 2018\u00bb, que \u00e9l \u00abcelebr\u00f3 un contrato con su madre por una tarifa diaria de $1\u00b4125.000, esto es $33\u00b4750.000 mensuales [fls. 44 a 51]\u00bb, y pese a que aduce \u00abno contar con trabajo desde hace m\u00e1s de a\u00f1o y medio\u00bb, para proyectar esta tutela el demandante contrat\u00f3 asesor\u00eda jur\u00eddica \u00abpor un monto de $10\u00b4000.000, y una prima de \u00e9xito de $15\u00b4000.000 [fl. 80]\u00bb, por lo que concluye que lo perseguido es que la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del automotor no sea gravada y as\u00ed \u00abenga\u00f1ar a la administraci\u00f3n de justicia y evadir la obligaci\u00f3n alimentaria con sus dos hijos\u00bb, siendo \u00abuno de ellos menor de edad\u00bb (fls. 116 a 121, cd. 1). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al sostener que el accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental, por cuanto \u00abla medida cautelar decreta en auto del 18 de julio de 2017, recae sobre el veh\u00edculo de placas TAQ-706 cuya propiedad radica de manera exclusiva en cabeza de LEASING BANCOLOMBIA S.A., y no del LOCATARIO (\u2026), quien en virtud del contrato de arrendamiento (\u2026), ostenta la calidad de mero tenedor y no poseedor\u00bb, pues \u00abpese a que tiene el uso y goce del rodante, reconoce el dominio ajeno\u00bb y por tanto ello \u00abdebi\u00f3 ser enmendado\u00bb al resolver la solicitud de levantamiento de la medida \u00abaccedi\u00e9ndose a dicho pedimento (sic)\u00bb; en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto el auto del 10 de septiembre de 2018 y orden\u00f3 al convocado emitir nueva decisi\u00f3n \u00abde conformidad con lo expresado\u00bb en dicho fallo (fls. 134 y 144, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la vinculada Elcy Mar\u00eda Jim\u00e9nez Sierra, sin aducir argumento adicional (fl. 158, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al no acceder a la solicitud de levantamiento de una medida cautelar decretada dentro del ejecutivo de alimentos para menores n\u00ba 2016-00175. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad y concretamente de la subsidiariedad. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que la tutela solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Cabe acotar que para conceder la salvaguarda en las condiciones \u00faltimamente descritas, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), aunado a que cuando la actuaci\u00f3n criticada se subordina al ejercicio de otro medio de defensa judicial, esta acci\u00f3n \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n

4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala encuentra que la concesi\u00f3n del resguardo deber\u00e1 revocarse, comoquiera que no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad para acceder a la intervenci\u00f3n excepcional ac\u00e1 deprecada. <\/p>\n

El impedimento de procedibilidad en menci\u00f3n surge bajo la modalidad de incuria, porque para intentar que la autoridad judicial convocada reconsiderara su posici\u00f3n acerca del levantamiento de las cautelas por las que el reclamante se duele, \u00e9ste no interpuso el recurso de reposici\u00f3n legalmente previsto, y mucho menos pod\u00eda demostrar que habiendo formulado dicho medio de impugnaci\u00f3n, hubiese obtenido una respuesta desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad. <\/p>\n

Ciertamente, de la inspecci\u00f3n judicial que realiz\u00f3 el tribunal a-quo al expediente y de la verificaci\u00f3n que de ello efect\u00faa la Sala, se establece que el tutelante no enfil\u00f3 de manera id\u00f3nea el ataque contra el prove\u00eddo dictado por el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga el 10 de septiembre de 2018 (fls. 64 a 67, ib\u00edd.), pese a que se encontraba representado por apoderada judicial debidamente reconocida dentro del juicio, y por ende no emple\u00f3 adecuadamente los medios de defensa judicial que hoy pretende revivir a trav\u00e9s de este mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n

Significa lo anterior que el actor desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal para manifestar su inconformidad sobre el punto que hoy plantea en sede constitucional, y frente a tal desatenci\u00f3n la Corte ha venido sosteniendo: \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada en STC10560-2018, 16 ago. 2018, rad. 00281-01, entre otras). <\/p>\n

De igual modo, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuanto se prescinde de hacer uso de las herramientas jur\u00eddicas legalmente previstas, y cuya idoneidad no puede ponerse en entredicho, deviene inadmisible que por medio de este residual tr\u00e1mite constitucional se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la v\u00eda ordinaria, en la medida en que esta acci\u00f3n no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los mecanismos de oposici\u00f3n establecidos por la ley que la solicitante dej\u00f3 de lado como consecuencia de su desidia. <\/p>\n

En este orden, al no haberse agotado apropiadamente las herramientas jur\u00eddicas que la ley previ\u00f3 para definir el pleito y no ser el juez de tutela una instancia adicional a las que ordinariamente se encuentran establecidas, tampoco surge procedente la posibilidad de concederla como mecanismo transitorio, pues no se encuentran configuradas las m\u00ednimas exigencias de necesidad, gravedad, urgencia e inminencia, y menos cuando lo perseguido con esta acci\u00f3n, tiende a afectar las garant\u00edas con que cuentan dos alimentarios, uno de ellos menor de edad, cuyos inter\u00e9s superior conlleva especial protecci\u00f3n constitucional.
\n5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo anteriormente explicado, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, por cuanto la actuaci\u00f3n criticada no supera el presupuesto de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la incuria en que incurri\u00f3 el querellante, sin que para tal proceder se avizore una v\u00e1lida justificaci\u00f3n. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por Wilmer Yeamy Tarazona, y por tanto se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16373-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2018-00414-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102258\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}