{"id":102262,"date":"2026-07-01T22:15:54","date_gmt":"2026-07-01T22:15:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102262"},"modified":"2026-07-01T22:15:54","modified_gmt":"2026-07-01T22:15:54","slug":"stc16385-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16385-2018\/","title":{"rendered":"STC16385-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16385-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2018-00403-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por \u00c1ngela Mar\u00eda Rave Ram\u00edrez, Guillermo Rave Restrepo, Natalia, Vanessa y Laura Marcela Gallo Rave contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, Edgar de Jes\u00fas Rave Ram\u00edrez, Jorge Abad Aristiz\u00e1bal G\u00f3mez y Lucelly C\u00e1rdenas L\u00f3pez, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal del mismo lugar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los promotores reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n

En consecuencia, solicitan se le ordene al estrado de ejecuci\u00f3n acusado que \u00abexcluya de la diligencia de entrega\u2026 [e]l segundo piso o nivel del bien inmueble\u2026 toda vez que el \u00fanico piso o nivel que se secuestr\u00f3\u2026 fue el primer[o]\u2026; y por tanto, tambi\u00e9n fue el \u00fanico\u2026 que fuera avaluado\u00bb; o en caso de no salir avante la presente tutela \u00abpudieren intervenir\u2026 en calidad de terceros intervinientes, como ser\u00eda el caso de la oposici\u00f3n a una diligencia de secuestro\u2026\u00bb (folios 1, 2 y 15, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Jorge Abad Aristiz\u00e1bal G\u00f3mez instaur\u00f3 un juicio hipotecario contra Edgar de Jes\u00fas Rave Ram\u00edrez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite en el que se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro el 8 de octubre de 2017. <\/p>\n

2.2. Mediante providencia de 23 de febrero de 2018 se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n; posteriormente se alleg\u00f3 el aval\u00fao comercial; se remat\u00f3 el inmueble, si\u00e9ndole adjudicado a Lucelly C\u00e1rdenas L\u00f3pez y el 27 de septiembre de los corrientes se aprob\u00f3 lo almoneda. <\/p>\n

2.3. Indicaron los accionantes que en la diligencia de secuestro se dej\u00f3 constancia expresa que no se hab\u00eda ingresado al segundo piso del inmueble objeto del proceso, por lo que no qued\u00f3 legalmente secuestrado y no pod\u00eda ser avaluado ni rematado ante su falta de identificaci\u00f3n; adem\u00e1s que no era viable que se dispusiera la entrega del inmueble. <\/p>\n

2.4. Se\u00f1alaron que no se realiz\u00f3 control de legalidad alguno, pues de haberlo hecho se hubiera ordenado la terminaci\u00f3n de la referida diligencia, en tanto que el inmueble no se encuentra desenglobado y el segundo piso hace parte de \u00e9l; que ten\u00edan que haberlos escuchado y atendido su oposici\u00f3n, pero no se les otorg\u00f3 esa oportunidad. <\/p>\n

2.5. Refirieron que el Inspector que adelant\u00f3 la diligencia pudo ingresar al segundo piso allan\u00e1ndolo para lograr la respectiva identificaci\u00f3n o haberlos citado para que atendieran la diligencia, pero no lo hizo, impidi\u00e9ndoles presentar oposici\u00f3n como poseedores y no simples tenedores; que es evidente que el ejecutado pretende apropiarse indebidamente del bien, pese a que est\u00e1 en los que fue condenado el citado Edgar de Jes\u00fas Rave Ram\u00edrez. <\/p>\n

2.6. Manifestaron que se transgredieron los art\u00edculos 13, 14, 42, 309 y 596 del C\u00f3digo General del Proceso; que no les dieron la oportunidad de actuar en el tr\u00e1mite censurado; que en el aval\u00fao del inmueble no se hizo alusi\u00f3n a las mejoras realizadas en el segundo piso; que se permiti\u00f3 adelantar un remate sin el cumplimiento de los requisitos legales; y de haberse realizado correctamente el secuestro, el aval\u00fao ser\u00eda otro en virtud de las mejoras del segundo piso. <\/p>\n

2.7. Sostuvieron que en un proceso declarativo que promovieron en contra de Edgar de Jes\u00fas Rave Ram\u00edrez fue aprobado un acuerdo conciliatorio y terminado el proceso, reconoci\u00e9ndose el derecho a retener el segundo piso de la edificaci\u00f3n, mientras no se les pagaran las mejoras reconocidas, lo que no ha ocurrido, por lo que la demanda continua inscrita; que solo fueron rematados 72 metros cuadrados, siendo esos los que deben ser entregados; que las mejoras les fueron reconocidas antes de llevarse a cabo el remate del bien. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el 8 de octubre de 2017 fue secuestrado el inmueble, sin que se presentara oposici\u00f3n alguna; que los accionantes no han elevado ninguna petici\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares; que lo actuado se ha ajustado a la normatividad aplicable; que las determinaciones adoptadas no son arbitrarias; que no se transgredieron los derechos fundamentales de los accionantes; que no cumple con el requisito de la subsidiariedad, ya que los gestores, contra quienes no produjo efectos directos la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n cuentan con la posibilidad de formular oposiciones a la entrega del inmueble; que el pago de las mejoras reconocidas y el derecho de retenci\u00f3n, son aspectos sobre los cuales se abstiene de ahondar, por cuanto podr\u00edan ser objeto de decisi\u00f3n posterior y son de \u00edndole patrimonial. <\/p>\n

2. Jorge Abad Aristizabal G\u00f3mez refiri\u00f3 que el terreno no est\u00e1 desenglobado; que el inmueble dado en garant\u00eda, junto con sus mejoras, responden por todas las deudas; que el acreedor hipotecario tiene un derecho real que es prevalente, mientras que los petentes de un personal; que los promotores pod\u00edan haber presentado oposici\u00f3n al secuestro; que el remate es de contenido estrictamente patrimonial; que la hipoteca se extiende a las mejoras; y que se debe declarar improcedente el resguardo. <\/p>\n

3. Lucelly C\u00e1rdenas L\u00f3pez adujo que con gran esfuerzo econ\u00f3mico reuni\u00f3 los recursos para participar en el remate, en donde le fue adjudicado el inmueble subastado; que ofert\u00f3 casi un 50% adicional de la base del remate y pag\u00f3 impuestos; que ha cumplido con todos los requisitos legales; que no cuenta con muchos recursos y solo espera la entrega de lo adjudicado. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Dispuso conceder transitoriamente el amparo, indicando que \u00abdeber\u00e1 entenderse que la medida provisional decretada contin\u00faa vigente hasta tanto el asunto sea decidido de fondo por el Juzgado\u2026.\u00bb, esto, \u00absiempre y cuando los demandantes se dirijan a tal Despacho con el fin de poner en conocimiento los hechos expuestos en el presente tr\u00e1mite \u2013 y espec\u00edficamente lo atiente a su calidad de tenedores con derecho de retenci\u00f3n sobre el segundo piso del aludido inmueble-\u2026\u00bb (folio 85, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 91, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, de entrada, advierte la Corte que el resguardo concedido por el a quo constitucional debe ser revocado, comoquiera que los gestores tienen a su alcance otros mecanismos de defensa. <\/p>\n

En efecto, los peticionarios cuentan con la posibilidad de plantear sus reclamos en la diligencia de entrega, en donde pueden exponer la calidad que dicen que ostentan respecto del inmueble all\u00ed perseguido y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n

Al respecto, se advierte que un asunto en el que no fue identificado completamente el inmueble al ser secuestrado, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n

\u2026en lo que concierne al caso, si bien la poseedora en el proceso ejecutivo contaba con la oportunidad de reclamar la posesi\u00f3n material al momento del secuestro o dentro de los veinte d\u00edas siguientes, de conformidad con los art\u00edculos 686, numeral 2\u00ba, y 687, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigentes para la \u00e9poca, debe entenderse, en garant\u00eda del derecho de defensa, que ello ten\u00eda lugar cuando la diligencia le era oponible, porque si no, los t\u00e9rminos ten\u00edan que computarse a partir de la \u00e9poca en que se enter\u00f3 de su existencia. <\/p>\n

En el caso, la medida cautelar no pudo afectar a la poseedora, porque como se observa en el acta respectiva, nadie atendi\u00f3 la diligencia ni a ninguna persona se le inform\u00f3 acerca de su pr\u00e1ctica, al punto que ni siquiera se constat\u00f3 la presencia o no de moradores, pues el predio se identific\u00f3 mediante \u201crecorrido (\u2026) en un una embarcaci\u00f3n\u201d, y porque no aparece que previo al levantamiento del secuestro, a ra\u00edz del remate del bien, dicha se\u00f1ora haya intervenido en el proceso. <\/p>\n

Esa cuesti\u00f3n, por supuesto, qued\u00f3 superada al interior de la respectiva ejecuci\u00f3n, al habilitarse al tercero la oportunidad de recuperar la posesi\u00f3n, como lo se\u00f1al\u00f3 en ese entonces el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en auto de 4 de octubre de 1999, al decir que por las \u201cparticulares circunstancias del caso debatido\u201d, concretamente, porque al momento del secuestro, el \u201crecorrido del predio se hizo en una embarcaci\u00f3n, que la identificaci\u00f3n\u2026no qued\u00f3 completa, y que adem\u00e1s no se dej\u00f3 constancia en el acto de que personas se encontraban\u2026al momento de practicarse la diligencia\u201d, no se hab\u00eda dado la \u201cposibilidad de que terceros pudieran haber presentado su oposici\u00f3n basada en una posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Los reproches, por tanto, que se hacen en el cargo alrededor de esa diligencia, a la actividad del secuestre y del ejecutante, carecen de eficacia, frente a la decisi\u00f3n final, porque al reconocer el ad-quem en este proceso que la posesi\u00f3n de Blanca Oliva Puentes De Molina, se extendi\u00f3 desde el 22 de mayo de 1983, hasta el 22 de febrero de 1999, as\u00ed en la demanda de reconvenci\u00f3n \u00e9sta haya confesado que la ejerc\u00eda desde el 25 de agosto del mismo a\u00f1o, no otra cosa estaba denotando que el secuestro del inmueble le era inoponible\u2026 <\/p>\n

No se discute, como tiene dicho la Corte, que la \u201csituaci\u00f3n posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida [cautelar] tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los art\u00edculos 792 y 2523 del C\u00f3digo Civil (\u2026), la posesi\u00f3n debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Desde luego que, cual se reiter\u00f3 en la sentencia de 23 de noviembre de 1999, citada, si por el secuestro el \u201cdeudor o un tercero, no pierde la posesi\u00f3n\u201d, pero que \u201crecuperada la tenencia por el demandado, haya sido o no perdida por \u00e9l o por alguno de sus antecesores, tal recuperaci\u00f3n, en ausencia de prueba en contrario, debe considerarse legalmente lograda y no interrumpida la posesi\u00f3n\u201d, la pregunta que surge es cu\u00e1ndo se entiende que el poseedor distinto al ejecutado, al cual no le es oponible la diligencia de secuestro, pierde el poder de se\u00f1or\u00edo, frente a una orden judicial de entrega, emanada del remate del bien. <\/p>\n

Como en ese caso, por lo dicho, segu\u00eda vigente la posibilidad de reclamar la posesi\u00f3n material, sin perjuicio de los derechos del rematante, la respuesta debe buscarse en el conocimiento que haya tenido el poseedor de esa orden judicial. Si se ha enterado de su existencia antes de que se materialice, es apenas obvio que su actividad debe dirigirla a evitar que la entrega se realice, teniendo como l\u00edmite el \u201cd\u00eda en que el juez identifique el sector del inmueble\u201d, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 338, par\u00e1grafo 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

Empero, si el tercero se notifica de la situaci\u00f3n, luego de verificada la diligencia, esto es, por haberse \u201cefectuado la entrega real o simb\u00f3lica de la cosa\u201d1, bien por haberla presenciado, pero sin abogado, ya por no haber concurrido a la misma, por las circunstancias que fueren, tambi\u00e9n resulta di\u00e1fano que no le queda alternativa distinta a la de pedir la restituci\u00f3n del poder de se\u00f1or\u00edo, en la forma y t\u00e9rminos previstos en el par\u00e1grafo 4\u00ba del precepto anteriormente citado. <\/p>\n

Frente a lo expuesto, surge claro que el ejecutado, due\u00f1o del inmueble, y de suyo el rematante, pues aqu\u00e9l ser\u00eda el causante de \u00e9ste, se repite, no se hace nuevamente a la posesi\u00f3n, en primer lugar, cuando el tercero logra mantenerse en el inmueble y a pesar de la insistencia a la entrega, la oposici\u00f3n se acepta, y en segundo t\u00e9rmino, cuando obtiene la restituci\u00f3n del poder de se\u00f1or\u00edo. En correlaci\u00f3n, el poseedor pierde el derecho a conservar la posesi\u00f3n, de una parte, si no formula oposici\u00f3n antes que el \u201cjuez identifique el sector del inmueble\u201d, y de otra, en los eventos en que, efectuada la diligencia, no solicita la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n \u201cdentro de los treinta d\u00edas siguientes\u201d (CSJ SC, 13 dic. 2010, rad. 2003-00103-01). <\/p>\n

Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de los promotores, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n

3. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se negar\u00e1 el resguardo impetrado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, niega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Ausencia justificada
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tVid. \tSentencia 260 de 19 de octubre de 2005, expediente 0245.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16385-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2018-00403-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de octubre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102262\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}