{"id":102263,"date":"2026-07-01T22:16:28","date_gmt":"2026-07-01T22:16:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102263"},"modified":"2026-07-01T22:16:28","modified_gmt":"2026-07-01T22:16:28","slug":"stc16387-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16387-2018\/","title":{"rendered":"STC16387-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC16387-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2018-00264-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 1\u00ba de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Leonidas Ocampo G\u00f3mez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 2005-00156. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl solicitante, obrando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2014, le fue adjudicado en subasta p\u00fablica el bien inmueble comprometido en el ejecutivo hipotecario que el Banco Popular S.A., promovi\u00f3 contra M\u00f3nica Patricia Caballero Barona y otro. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino legal consign\u00f3 el excedente del remate y el valor del impuesto del 3% y, desde ese mismo d\u00eda, puso de presente al Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, \u00abque una vez se apruebe el remate se abstenga a entregar el acreedor el producto del remate hasta que no se me haga entrega del inmueble y me sea reembolsado lo que hubiera pagado por impuestos, mega obras y servicios p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que el 4 de marzo de 2015 elev\u00f3 solicitud de \u00abdevoluci\u00f3n de impuesto predial y mega obra (\u2026)\u00bb, pero el juez se abstuvo de acceder al pedimento porque el auto de aprobaci\u00f3n de remate no se encontraba en firme. <\/p>\n

Asegur\u00f3 haber cancelado tambi\u00e9n una deuda con EMCALI as\u00ed como el impuesto predial de 2015, de manera que, el 22 de septiembre de 2016 radic\u00f3 memorial informando dichos pagos e insistiendo en el reembolso de lo consignado, pero el 18 de octubre de 2016, el juez accionado desestim\u00f3 la petici\u00f3n por \u00abextempor\u00e1nea\u00bb, por cuanto \u00abel recurso de alzada en contra del auto que aprob\u00f3 el remate fue confirmado y notificado el 20 de noviembre de 2015 y que era a partir de ese momento en que se empezaba a contar el t\u00e9rmino de los quince (15) d\u00edas para presentar devoluci\u00f3n de gastos por concepto del remate\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el 27 de febrero de 2018, repiti\u00f3 el requerimiento \u00abpor cuanto a esa fecha a\u00fan no se le hab\u00eda entregado el mentado bien [y] debe entregarse saneado\u00bb, a lo cual, el 24 de mayo de 2018, nuevamente el juez bajo el argumento de la \u00abextemporaneidad\u00bb lo neg\u00f3, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo despachado desfavorablemente el primero (4 de octubre de 2018) y rechazado el segundo por improcedente. <\/p>\n

Acus\u00f3 esa determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho pues \u00ab(\u2026) los quince d\u00edas se cuentan a partir de la entrega del bien rematado y no desde el momento en que se aprueba el remate\u00bb y porque contrario a lo resuelto por el accionado, desde el mismo momento en que le fue adjudicado el bien impetr\u00f3 la referida solicitud, \u00abpor lo que no puede considerarla extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide \u00ab(\u2026) dejar sin efecto el auto n\u00ba 1092 de octubre 4 de 2018 proferido por el Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, (\u2026) y que se ajuste a lo que en derecho corresponda a reintegrarme el valor total de pasivos que presentaba el inmueble rematado (\u2026) que asciende a un total de $41\u2019265.030. (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 11, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1.\tEl Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones adelantadas en la etapa procesal que le correspondi\u00f3 tramitar dentro del compulsivo en cuesti\u00f3n, donde el actor funge como adjudicatario del bien ejecutado, destacando que \u00abel art\u00edculo 530 de la norma adjetiva [C\u00f3digo de Procedimiento Civil] impone en su parte final una carga procesal al adjudicatario respecto de solicitar la devoluci\u00f3n de los gastos dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n del remate, los cuales en el presente se encuentran m\u00e1s que superados por el accionante (\u2026) dado que han transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde que se aprobara el mismo y contin\u00faa solicitando el reintegro de los gastos, yendo en contrav\u00eda de los 15 d\u00edas establecidos\u00bb (fl. 92, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\t Luis Enrique Arcila, demandado en el coercitivo radicado n\u00ba 2005-00156, se opuso a la acci\u00f3n y adujo que \u00abel rematante est\u00e1 induciendo en error al despacho por el mal pago efectuado por \u00e9ste en [Emcali] (\u2026) pues el recibo cancelado y remitido al expediente del cual se est\u00e1 pidiendo devoluci\u00f3n del dinero corresponde al predio (\u2026) de M\u00f3nica Patricia Caballero Barona, pero [no] corresponde al bien inmueble rematado por el [actor]\u00bb (fl. 121, ib.). <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al concluir que el prove\u00eddo recriminado se advierte sensato y ajustado a derecho \u00absin que se avizore que haya sido arbitrario o caprichoso, que deba ser objeto de ataque constitucional\u00bb y, porque \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para preservar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (fls. 124 a 128, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante reiterando los argumentos de su reclamo, insistiendo en que present\u00f3 la solicitud de reembolso en tiempo, la cual efectu\u00f3 desde el mismo momento en que el fuere adjudicado el bien, es decir, \u00abcon antelaci\u00f3n\u00bb al auto de aprobaci\u00f3n del remate, y reiter\u00f3 que la normativa aplicada no se interpret\u00f3 adecuadamente (fls. 136 a 142, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el juzgado accionado, vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas, al denegar la petici\u00f3n de reembolso de los dineros que el rematante, aqu\u00ed tutelante, consign\u00f3 por concepto de impuestos, \u00abmega obras\u00bb y servicios p\u00fablicos, la cual estim\u00f3 extempor\u00e1nea (ejecutivo hipotecario n\u00ba 2005-00156). <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n

Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio y a partir de la queja constitucional relativa a la interpretaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto al t\u00e9rmino previsto all\u00ed para que el rematante solicite el reintegro de los gastos solventados conforme a dicha regla, contrario a lo alegado por el actor, se advierte que la misma no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad que amerite la concurrencia del mecanismo excepcional invocado, en tanto luce ajustada a esa normativa y lo acreditado en el proceso respecto al momento en que el interesado impetr\u00f3 tal solicitud. <\/p>\n

Ciertamente, en el auto de 24 de mayo de este a\u00f1o, al absolver el requerimiento referido en torno a la devoluci\u00f3n de los gastos sufragados por el adjudicatario del inmueble, el juzgado indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no obstante, el remate fue realizado en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo cual, los gastos deb\u00edan ser solicitados durante los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate, teniendo en cuenta que en el proceso qued\u00f3 ejecutoriada, una vez fueron resueltos los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues, la parte interesada no puede pretender se aplique la normatividad vigente, por tanto, el despacho se abstiene de ordenar el pago, ya que, a la fecha los dineros que pretende su devoluci\u00f3n, tambi\u00e9n se encuentran extempor\u00e1neos\u00bb (fl. 48, ib.). <\/p>\n

Luego, al resolver el recurso de reposici\u00f3n contra ese pronunciamiento y tras rese\u00f1ar las actuaciones acaecidas, coligi\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) dentro del presente asunto, se observa que la diligencia de remate se llev\u00f3 a cabo el 1\u00ba de diciembre de 2014 (\u2026), la cual fue aprobada con auto de fecha 12 de febrero de 2015 (\u2026), siendo recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, quedando ejecutoriada el 25 de noviembre de 2015; posteriormente se dicta un auto de fecha 4 de marzo de 2016 (\u2026) donde se ordena la devoluci\u00f3n por concepto de valorizaci\u00f3n (\u2026) e impuesto predial. <\/p>\n

Ahora bien, el inmueble fue entregado el 31 de mayo de 2018 y la parte adjudicataria solicita se ordene la devoluci\u00f3n de los gastos adicionales (\u2026) respecto del impuesto predial (\u2026) servicios p\u00fablicos de Emcali (\u2026) y gases de occidente (\u2026) escritos que son allegados al Despacho cuando ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas desde la aprobaci\u00f3n del remante sin que la rematante (sic) haya solicitado la entrega o reembolso de gastos independiente de la entrega del bien al adjudicatario; es decir, no puede pretender se ordene en esta instancia la devoluci\u00f3n de dichos gastos, ya que se encuentran extempor\u00e1neos <\/p>\n

De lo anterior, es di\u00e1fano concluir que los argumentos se\u00f1alados por el recurrente no son de recibo por parte del despacho judicial, pues, la actuaci\u00f3n cuestionada se sujeta a la legalidad, motivo por el que la reposici\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb (fls. 67 y 68, \u00eddem). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, conforme lo anterior, se tiene que el Juzgado s\u00ed motiv\u00f3 su decisi\u00f3n teniendo en cuenta la norma que regula la situaci\u00f3n concreta, cosa diferente es que en tal ejercicio no haya extractado lo pretendido por el accionante. <\/p>\n

Adem\u00e1s, en un asunto que guarda simetr\u00eda al que aqu\u00ed se discute, dej\u00f3 dicho la Sala que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n del ad-quem, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, la autoridad mencionada tuvo en cuenta para confirmar el pronunciamiento de primer grado que no era jur\u00eddicamente viable ordenar la entrega de los dineros que cancel\u00f3 la rematante por impuesto predial, servicios p\u00fablicos y cuotas de administraci\u00f3n hasta la entrega del inmueble porque s\u00f3lo pod\u00edan reconocerse las sumas reclamadas hasta dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n de la almoneda, citando para el efecto el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb (CSJ STC5297-2017, 19 abr. 2017, rad. 2017-00445-01). Resalta la Corte. <\/p>\n

Entonces, al encontrarse edificada la criticada decisi\u00f3n en una aplicaci\u00f3n respetable del texto legal en cita, esto es el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no puede calificarse de transgresora de los derechos fundamentales del accionante, circunstancia que conlleva a descartar su desconocimiento por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n

A ese respecto, se ha indicado: <\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, y STC1496-2016). <\/p>\n

Ahora, el que el tutelante disienta del soporte del proferimiento que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n

Sobre esto la Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [C]omparta o no, [esta Corporaci\u00f3n] el an\u00e1lisis (\u2026) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC2526-2016, 2 mar. 2016, rad. 00371-00). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque el prove\u00eddo cuestionado no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al encontrarse razonable y porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 76001-22-03-000-2018-00264-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16387-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2018-00264-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de diciembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 1\u00ba de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102263","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102263\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}