{"id":102276,"date":"2026-07-01T22:20:32","date_gmt":"2026-07-01T22:20:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102276"},"modified":"2026-07-01T22:20:32","modified_gmt":"2026-07-01T22:20:32","slug":"stc16403-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16403-2018\/","title":{"rendered":"STC16403-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16403-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02398-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por William Alberto Merch\u00e1n L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al \tdebido proceso a la libertad y a la \u00abpresunci\u00f3n \tde inocencia\u00bb, \tsupuestamente conculcados por \tla autoridad judicial accionada, al haber prorrogado la medida de \taseguramiento de detenci\u00f3n preventiva y negar la libertad por \tvencimiento de t\u00e9rminos, dentro del juicio penal seguido en \tsu contra. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00ab[su] libertad inmediata\u00bb (fl. 5, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tComo soporte f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en compendio, que el 22 de junio de 2017 fue capturado y recluido en un establecimiento carcelario sindicado del delito de \u00abtortura agravada de lesa humanidad\u00bb; que en virtud de lo establecido en la Ley 600 de 2000, el 23 de febrero de la presente anualidad la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dict\u00f3 en su contra resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por la aludida conducta punible, y el 8 de junio siguiente el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 el conocimiento de la causa penal. <\/p>\n

Asevera que el ente acusador solicit\u00f3 \u00abpr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva\u00bb con fundamento en lo dispuesto en \u00ablas leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016\u00bb, a lo cual accedi\u00f3 el a quo accionado en auto del d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o, determinaci\u00f3n frente a la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n; no obstante, en prove\u00eddo del 18 de septiembre del a\u00f1o en curso la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital la confirm\u00f3. <\/p>\n

De esta manera, sostiene que los estrados judiciales convocados incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que desatendieron lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 365 de la Ley 600 de 2000, pues ha trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o y a\u00fan sigue privado de la libertad sin que hasta ahora se haya dictado la respectiva sentencia (fls. 1 al 23, ib.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La \tSala \tPenal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo, que la decisi\u00f3n \tcuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, \traz\u00f3n por la cual es inexistente la vulneraci\u00f3n \talegada por el accionante a trav\u00e9s de este mecanismo (fls. \t43 a 45, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. A \tsu turno, el Procurador 363 Judicial Penal II de esta ciudad indic\u00f3, \tque el actor \u00abse \tencuentra legalmente privado de la libertad, inicialmente con la \tmedida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro de \treclusi\u00f3n, que le fuera impuesta por la Fiscal\u00eda a \ttrav\u00e9s de la Delegada, la cual fue objeto de apelaci\u00f3n \ty confirmada por su superior jer\u00e1rquico, y oportunamente se \tsolicit\u00f3 su pr\u00f3rroga, la cual fue concedida por el \tJuzgado 2\u00b0 tantas veces citado, y tambi\u00e9n confirmada en \tsegunda instancia por el ad quem\u00bb (fls. \t48 al 50, \u00eddem). <\/p>\n

3. Por \tsu parte, el Juzgado Segundo Penal Especializado de esta capital \texpres\u00f3, que no ha conculcado derecho alguno al gestor, \thabida cuenta que \u00abla \tpr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento se dispuso con base en \tla Ley 1786 de 2016 cuya aplicaci\u00f3n ha sido admitida por la \tSala Penal de la Corte Suprema de Justicia a procesos tramitados \tbajo la egida de la Ley 600 de 2000, as\u00ed se le hizo saber al \taccionante en la providencia judicial, tambi\u00e9n fue enf\u00e1tico \tel despacho al justificar la pr\u00f3rroga y, en lo que respecta a \tla libertad provisional, la misma fue negada por cuanto el supuesto \tde derecho invocado por la defensa t\u00e9cnica a esa altura de la \tactuaci\u00f3n resultaba disonante con el supuesto de hecho que se \tse\u00f1alaba, dicho de otra manera, la causal de vencimiento de \tt\u00e9rminos no se hab\u00eda configurado y en esa medida \timprocedente se tornaba la libertad provisional\u00bb (fls. \t52 al 54, \tib\u00eddem). <\/p>\n

4. La \tDirecci\u00f3n Especializada contra Violaciones a los Derechos \tHumanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n argument\u00f3, \tque en el presente caso es inexistente la vulneraci\u00f3n del \tderecho a la libertad alegada por el acusado, puesto que \u00abel \tt\u00e9rmino dispuesto en el numeral 5to del art\u00edculo 365 \tde la Ley 600 de 2000 (6 meses-duplicado por el t\u00e9rmino \tenunciado en el art\u00edculo 15 transitorio-12 meses), debe \tcontarse para que proceda la libertad provisional, desde la \tejecutoria del prove\u00eddo acusatorio (27 de abril del 2017 \t(sic)), \ty hasta el momento la actuaci\u00f3n lleva un t\u00e9rmino de \tseis (6) meses y diez (10) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir que <\/p>\n

\u00ab[E]l procesado hoy accionante, a trav\u00e9s de la defensa t\u00e9cnica, frente a la decisi\u00f3n proferida el 28 de junio de 2018 por el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, utiliz\u00f3 los medios que la ley establece para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, tan es as\u00ed que se opuso a la prosperidad de la pretensi\u00f3n de la Fiscal\u00eda a trav\u00e9s de la cual hab\u00eda solicitado la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro de reclusi\u00f3n e insisti\u00f3 en que deb\u00eda conced\u00e9rsele la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos; y el hecho que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se haya apartado de los planteamientos propuestos y acogido los del ente investigador y funcionario de instancia, no por ello debe decirse que la actuaci\u00f3n de los funcionarios judiciales vaya en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico y amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

M\u00e1xime si se tiene en cuenta que la judicatura para negar las pretensiones invocadas a su favor no solo se apoy\u00f3 para tales efectos en jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (STP16906-2017) que estim\u00f3 aplicables al caso, sino adem\u00e1s expuso las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales no era procedente otorgarle la liberad inmediata, al no haber transcurrido ninguno de los lapsos previstos en el art\u00edculo 365 de la Ley 600 de 2000\u00bb (fls. 78 al 91, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abno ha podido demostrar las razones f\u00e1cticas ni jur\u00eddicas\u00bb que justifiquen su privaci\u00f3n de la libertad, m\u00e1xime cuando no representa un peligro para la sociedad o \u00abpara las supuestas v\u00edctimas\u00bb, y mucho menos realizar alguna actividad que entorpezca el proceso penal seguido en su contra (fls. 99 al 115, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se advierte, que el ciudadano William Alberto Merch\u00e1n L\u00f3pez se duele, concretamente, de los autos del 28 de junio y 18 de septiembre de 2018, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas prorrogaron la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva impuesta en su contra y le negaron la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, dentro del juicio penal seguido en su contra. <\/p>\n

3. Tienen trascendencia para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando los siguientes elementos de juicio, a saber: <\/p>\n

3.1.\t Mediante providencia del 22 de junio de 2017, la Fiscal\u00eda Novena Especializada de Bogot\u00e1 adscrita a la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis y Contextos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, profiri\u00f3 medida de aseguramiento, \u00absin beneficio de libertad provisional\u00bb, en contra del aqu\u00ed accionante \u00abcomo presunto coautor del delito de tortura agravada\u00bb, librando la respectiva orden de captura, la que se materializ\u00f3 en la misma data (fls. 1 al 85, cdno. 2). <\/p>\n

3.2.\tEn decisi\u00f3n del 23 de febrero del a\u00f1o en curso, la Fiscal\u00eda Especializada 189 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, i) dict\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del gestor \u00abcomo presunto coautor del delito de tortura agravada\u00bb; ii) declar\u00f3 que \u00e9ste \u00abno se hace merecedor a la libertad provisional\u00bb; e, iii) insisti\u00f3 en la declaratoria de \u00abcrimen de lesa humanidad\u00bb (fls. 87 al 193, \u00eddem). <\/p>\n

3.3.\tEjecutoriada la anterior determinaci\u00f3n, el proceso penal censurado fue remitido a los Jueces Penales del Circuito Especializados-reparto- de esta capital, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000 (ib\u00eddem). <\/p>\n

3.4.\tEn memorial del 13 de junio de la anualidad que avanza, el ente acusador solicit\u00f3 la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento impuesta en contra del aqu\u00ed tutelante, con fundamento en lo previsto en los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1786 de 2016 (fls. 194 al 197, \u00eddem); entre tanto, el se\u00f1or Merch\u00e1n L\u00f3pez pidi\u00f3 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, con sustento en lo establecido en el numeral 4\u00b0 de canon 365 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n

3.5.\tA trav\u00e9s de auto del d\u00eda 28 del mes y a\u00f1o referidos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital accedi\u00f3 a la pr\u00f3rroga mencionada y desestim\u00f3 el pedimento formulado por el acusado, ahora accionante, decisi\u00f3n que apelada, fue ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad en prove\u00eddo del 18 de septiembre pasado, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n

\u00abLa Ley 1786 de 2016 cre\u00f3 una causal residual de sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en defecto de las causales de libertad provisional, referida a que en ning\u00fan caso, sin importar la etapa del proceso, el procesado no estuviera en detenci\u00f3n m\u00e1s de un a\u00f1o, y que en los 4 casos excepcionales (delitos de competencia de juzgados especializados, sexuales y de corrupci\u00f3n, o si son 3 o m\u00e1s procesados detenidos) se pod\u00edan extender hasta otro a\u00f1o. Desde este punto de vista la norma citada prev\u00e9 un efecto a favor de la libertad personal del procesado porque introduce un l\u00edmite a la duraci\u00f3n de la detenci\u00f3n, que antes no estaba prevista. <\/p>\n

El sistema de libertades provisionales del proceso de ley 600 es distinto al de la ley 906, lo cual es relevante para indicar que el art\u00edculo 1 de la ley 1786 de 2016 est\u00e1 previsto, en principio, para la detenci\u00f3n de esta \u00faltima ley, pues dice que la resuelve un juez de garant\u00edas, que no existe en la ley 600, y dice que la detenci\u00f3n se sustituye por medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que no existen en la ley 600 de 2000. No obstante, es factible aplicarla a este sistema por favorabilidad. Por vencimiento de t\u00e9rminos, en el art\u00edculo 317 de la ley 906 de 2004 se prev\u00e9n tres causales de excarcelaci\u00f3n: i) 60 d\u00edas desde la imputaci\u00f3n sin escrito de acusaci\u00f3n; ii) 120 d\u00edas desde el escrito de acusaci\u00f3n sin iniciar la audiencia de juicio; iii) 150 d\u00edas desde el inicio de la audiencia de juicio sin audiencia de lectura de fallo. Esta ley no prev\u00e9 nada sobre la demora en la segunda instancia y la casaci\u00f3n. <\/p>\n

En el art\u00edculo 365 de la ley 600 de 2000 las causales de excarcelaci\u00f3n por vencimiento de t\u00e9rminos son solo 2: i) 120 sin calificar el sumario; ii) 6 meses desde la ejecutoria de la acusaci\u00f3n sin que se haya agotado la audiencia p\u00fablica. Pero agotada la audiencia p\u00fablica, la ley no prev\u00e9 ninguna otra causal de libertad por el tiempo que dure el juzgado al proferir la sentencia, el Tribunal en resolver la segunda instancia ni la Corte en resolver la casaci\u00f3n. Siendo aplicable esa norma de la ley 600 de 2000, dicha norma debe aplicarse en su integridad y no solo una parte de ella, pues si el plazo m\u00e1ximo de la detenci\u00f3n de aquel sistema, no ser\u00eda de 1 sino de 2 a\u00f1os, con igual raz\u00f3n en \u00e9ste debe producir ese mismo efecto\u00bb. <\/p>\n

El Fiscal en este caso, en su deber de control sobre el plazo razonable, solicit\u00f3 el 15 de junio del 2018 la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento conforme la Ley 1786 de 2016, en el que indic\u00f3 \u201c\u2026que la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n privativa de la libertad, impuesta a Merch\u00e1n L\u00f3pez y materializada el 22 de junio de 2017, debe extenderse conforme al plazo razonable enunciado por el art\u00edculo 1\u00b0 par\u00e1grafo 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 1786 de 2016, dispuesto para este tipo de delitos de conocimiento de la justicia especializada\u2026\u201d. Por eso la actuaci\u00f3n de la fiscal\u00eda de pedir la pr\u00f3rroga y del juzgado de concederla, es razonable y se confirmar\u00e1, por este aspecto, el auto apelado. Adem\u00e1s, se acoge el criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n penal sobre la ley 1786 de 2016, con referencias a la Sentencia C-221 de 2017. (\u2026) <\/p>\n

En el auto del 28 de junio de 2018, apelado, no se prorrog\u00f3 la medida de aseguramiento, lo que se hizo fue indicar que el procesado, en todo caso no podr\u00e1 estar detenido m\u00e1s all\u00e1 de dos a\u00f1os, para lo cual el juzgado contaba con facultad legal, por la naturaleza del proceso y la determinaci\u00f3n tomada, adem\u00e1s lo hizo con base en una motivaci\u00f3n pertinente. Y al procesado no se le concedi\u00f3 libertad provisional porque no se configur\u00f3 ninguna causal de las prevista en la ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n

En efecto, los Despachos criticados con observancia en lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1786 de 20161 y en los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura respecto de la aplicaci\u00f3n de dicho mandato normativo a los juicios tramitados bajo el imperio de la Ley 600 de 2000, concluyeron que, por la categor\u00eda del delito (tortura agravada), se deb\u00eda prorrogar la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva por un (1) a\u00f1o m\u00e1s al aqu\u00ed interesado, la cual, en todo caso, no pod\u00eda superar los 2 a\u00f1os contados a partir de su captura. Adem\u00e1s, que no se cumpl\u00edan los presupuestos previstos en la legislaci\u00f3n procesal penal anterior para acceder a la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos; de ah\u00ed que, entonces, se insiste, no puede considerarse desmedida la determinaci\u00f3n tomada por los estrados atacados. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, el promotor del presente amparo pretende indebidamente a trav\u00e9s del mismo que se haga un juzgamiento paralelo para controlar a las autoridades judiciales de instancia, lo cual descalifica de entrada su reclamo constitucional, pues aunque la Corte pudiera no compartir \u00edntegramente el entendimiento utilizado por \u00e9stas, ello es insuficiente para dejar sin efecto las determinaciones cuestionadas, pues analizadas las mismas desde la perspectiva ius fundamental, se reitera, no existe un comportamiento desbordado que permita dar por establecida la vulneraci\u00f3n superior aqu\u00ed esbozada. <\/p>\n

6. En la materia, reiteradamente se ha pregonado que, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, STC1385-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

7.\tCorolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tSalvo lo \tprevisto en los par\u00e1grafos 2o y 3o del art\u00edculo\u00a0317\u00a0del \tC\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el t\u00e9rmino \tde las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podr\u00e1 \texceder de un (1) a\u00f1o. Cuando el proceso se surta ante la \tjusticia penal especializada, o sean tres (3) o m\u00e1s los \tacusados contra quienes estuviere vigente la detenci\u00f3n \tpreventiva, o se trate de investigaci\u00f3n o juicio de actos de \tcorrupci\u00f3n de los que trata la Ley\u00a01474\u00a0de \t2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el T\u00edtulo \tIV del Libro Segundo de la Ley\u00a0599\u00a0de \t2000 (C\u00f3digo Penal), dicho t\u00e9rmino podr\u00e1 \tprorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la v\u00edctima, \thasta por el mismo t\u00e9rmino inicial. Vencido el t\u00e9rmino, \tel Juez de Control de Garant\u00edas, a petici\u00f3n de la \tFiscal\u00eda, de la defensa o del apoderado de la v\u00edctima \tpodr\u00e1 sustituir la medida de aseguramiento privativa de la \tlibertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento \tno privativas de la libertad de que trata el presente art\u00edculo.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16403-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02398-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102276","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102276"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102276\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}