{"id":102279,"date":"2026-07-01T22:21:03","date_gmt":"2026-07-01T22:21:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102279"},"modified":"2026-07-01T22:21:03","modified_gmt":"2026-07-01T22:21:03","slug":"stc16406-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16406-2018\/","title":{"rendered":"STC16406-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

STC16406-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 54518-22-08-002-2018-00036-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwar Stivers Cortes Silva contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensora de Familia de esa localidad, Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, en representaci\u00f3n del menor de edad XXX1, y el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de alimentos adelantado en su contra por Erika Jaimes Mogoll\u00f3n (radicado No. 2014-00063-00). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el a\u00f1o 2014 se instaur\u00f3 por parte de la madre del menor el proceso de alimentos tr\u00e1mite en el que el 8 de septiembre posterior, en raz\u00f3n al acuerdo conciliatorio, se fij\u00f3 la cuota alimentaria consistente en el 20% de salario que devenga como miembro de la Polic\u00eda Nacional, la cual desde finales de esa anualidad est\u00e1 consignando en la cuenta de ahorros de la demandante. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que \u00abmediante desprendible de pago de [su] salario correspondiente al mes de septiembre de 2018, observ[\u00f3] que [tiene] un descuento por embargo judicial correspondiente a $569.520, decretado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona-Norte de Santander, como consta en el certificado de n\u00f3mina (septiembre) suscrito por el tesorero general de la Polic\u00eda Nacional y constancia del sistema de liquidaci\u00f3n de informaci\u00f3n salarial (LSI) de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, situaci\u00f3n por la que se comunic\u00f3 con el despacho encartado, siendo informado que la medida cautelar \u00abse hab\u00eda decretado porque la se\u00f1ora Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, madre del menor XX, hab\u00eda manifestado que [\u00e9l] no estaba cumpliendo con la cuota alimentaria a favor de [su] hijo, pese a que el menor no reside en esa jurisdicci\u00f3n sino en la ciudad de C\u00facuta Norte de Santander\u00bb afirmaciones que \u00abson falsas y caprichosas, actuando de mala fe como lo demuestr[a] con pruebas contundentes como es la copia del auto de fecha veintis\u00e9is (26) de abril de 2018 emitido por el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta-Norte de Santander, quien efectu\u00f3 liquidaci\u00f3n desde el mes de septiembre de 2014 hasta el d\u00eda 30 de abril de 2018, al igual que anex[a] las copias de la consignaciones realizadas durante los meses de mayo, junio, prima de mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2018, esta \u00faltima consignaci\u00f3n se realiza pese al embargo proferido por el Juzgado en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3. Sostuvo, que \u00abel d\u00eda 17 de octubre de 2018, se realiza nuevamente una llamada al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de C\u00facuta-Norte de Santander, [\u2026] con el fin de acceder al auto o providencia que decreta el embargo de [su] salario, pero nuevamente se [le] informa que no existe ning\u00fan auto que se [le] corra traslado, debido que el embargo se decreta por petici\u00f3n de la se\u00f1ora Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, al manifestar que no estaba cumpliendo con la cuota del menor, y se encuentra con el mismo radicado del proceso adelantado en el 2014\u00bb. <\/p>\n

2.4. Refiri\u00f3, que \u00abse han agotado todos los medios posibles para acceder al auto que decreta el embargo, siendo imposible la obtenci\u00f3n del mismo por omisi\u00f3n de funcionarias del juzgado, adem\u00e1s que es necesario manifestar [\u2026] que resid[e] en la ciudad de Bogot\u00e1 D. C., y por razones laborales y distancia es dif\u00edcil acercar[se] hasta el despacho del respectivo juzgado para obtener informaci\u00f3n; por lo que una vez agotado el acceso a la informaci\u00f3n v\u00eda telef\u00f3nica, proced[i\u00f3] a verificar el link consulta de procesos de la p\u00e1gina de la Rama Judicial, encontrando que no existe informaci\u00f3n de procesos por parte del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de C\u00facuta-Norte de Santander; hecho que configura una violaci\u00f3n clara a [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado se \u00abrevoque la providencia o auto que decreta embargo y retenci\u00f3n de dineros de [su] salario como Oficial de la Polic\u00eda Nacional, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona\u00bb y, en consecuencia, se ordene que \u00ablevante la orden de embargo decretada sobre [su] salario\u00bb (fls. 1-8). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

El despacho encartado, sostuvo, en s\u00edntesis, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente comoquiera que existen \u00abotros recursos o medios de defensa judiciales, en raz\u00f3n a que trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n proferida dentro de un proceso de alimentos lo que la origin\u00f3 \u00e9ste no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, y all\u00ed es donde ha debido acudir el accionante a debatir las circunstancias que originaron el embargo, lo que no ha hecho, antes que a la tutela\u00bb am\u00e9n que \u00abes necesario que si se tiene alguna inconformidad respecto a las actuaciones y decisiones que se hayan tomado, lo manifieste por escrito exponiendo las razones de hecho y de derecho por las que considera arbitraria la medida cautelar que se tom\u00f3 en raz\u00f3n al proceso de alimentos para su menor hijo. Lo cierto es que aunque lo fue por v\u00eda telef\u00f3nica, pudo obtener informaci\u00f3n pertinente en cuanto a por qu\u00e9 se tom\u00f3 la decisi\u00f3n en el proceso que se acord\u00f3 la cuota de alimentos, del embargo del 20% del salario que devenga, que no era en raz\u00f3n a un proceso ejecutivo, y as\u00ed lo entendi\u00f3 cuando lo consign\u00f3 en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00aben cuanto a la inconformidad que surgi\u00f3 por el embargo de su salario en el monto de la cuota acordada, que fue consecuencia de la manifestaci\u00f3n escrita de la progenitora del menor a quien debe alimentos, de que cumpli\u00f3 de manera irregular en el tiempo para cancelar, en el monto, cuotas que no le cancel\u00f3 y cuando lo hace, no en la manera y la cantidad acordada, por lo que deben tomarse medidas dr\u00e1sticas para que le cumpla el objetivo, se accedi\u00f3 a ello por tratarse de la obligaci\u00f3n con un menor cuya omisi\u00f3n vulnera sus derechos, previa solicitud al pagador de los valores devengados desde la fecha en que se tas\u00f3 la cuota, verificaci\u00f3n de que en efecto, seg\u00fan lo relatado por la madre no estaba cumpliendo la misma, y la condici\u00f3n hecha en el acta tanto en la parte motiva como en la resolutiva de que \u201c\u2026si se atrasa en una cuota se proceder\u00e1 el embargo del mismo\u2026\u201d, por lo que est\u00e1 debidamente sustentada y ajustada a derecho la decisi\u00f3n, porque as\u00ed lo faculta el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb (fls. 79-82). <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta, deprec\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional pues \u00abno se evidencia que exista vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales ambicionados por el se\u00f1or Edwar Stivers Cortes Silva por parte de este despacho judicial\u00bb (fl. 84).
\nLa Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Pamplona, expres\u00f3 que \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la interpretaci\u00f3n constitucional de la Corte Constitucional en concordancia con la normatividad interna y delegaci\u00f3n de funciones, en forma expresa se\u00f1ala que el ICBF tiene una estructura interna y unas competencias otorgadas por la Ley, por ende, las actuaciones u omisiones que ha realizado presuntamente el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, no pueden ser endilgadas para acci\u00f3n u omisi\u00f3n al ICBF Regional Norte de Santander\u00bb por lo que inst\u00f3 su exclusi\u00f3n del presente asunto (fls. 108 y 109). <\/p>\n

Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, quien act\u00faa en su condici\u00f3n de madre del menor XX, se pronunci\u00f3 sobre los hechos expuestos en el libelo introductor, expresando que \u00aben cuanto a lo enunciado sobre la audiencia de conciliaci\u00f3n efectuada en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia, bajo el radicado 2014-00063-00. No es cierto que en primera instancia [ella] haya aceptado estas condiciones, las plasm\u00f3 el se\u00f1or Cortes Silva. Reiterando siempre que el 20% del salario neto devengado por el antes mencionado no corresponde al valor que \u00e9l deb\u00eda cancelar, violando el derecho fundamental de [su] menor hijo y a lo plasmado en la diligencia de conciliaci\u00f3n antes mencionada; igualmente no es cierto que \u00e9l cumpla oportunamente la consignaci\u00f3n, pues las efect\u00faa cuando \u00e9l quiera y en algunas oportunidades consigna menos\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abno [le] consta las actuaciones realizadas por \u00e9l en cuanto a las llamadas telef\u00f3nicas y las gestiones realizadas. As\u00ed mismo manifiesto Honorable Tribunal que como lo expresa la audiencia de conciliaci\u00f3n de fecha 8 de septiembre de 2014 efectuada en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona en el numeral segundo de la parte resolutiva, que el incumplimiento se proced\u00eda al embargo del sueldo; nunca h[a] podido saber con exactitud cu\u00e1nto debe consignar el se\u00f1or Cortes Silva, raz\u00f3n por la cual el d\u00eda 7 de marzo del 2018 manifest[\u00f3] al Juzgado [su] inconformidad solicitando se oficiara a la pagadur\u00eda de la Polic\u00eda Nacional para que certificara los desprendibles de pago para que el juzgado hiciese la reliquidaci\u00f3n correspondiente y as\u00ed saber con claridad la cuota que deb\u00eda y debe consignar para [su] menor hijo; para lo cual el juzgado ofici\u00f3 a la pagadur\u00eda de la Polic\u00eda Nacional sin que \u00e9ste diera contestaci\u00f3n alguna, por lo cual se requiri\u00f3 en varias oportunidades\u00bb (fls. 156 y 157). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad comoquiera que \u00abno obra en la actuaci\u00f3n escrito del se\u00f1or Edwar Stivers Cort\u00e9s Silva que d\u00e9 cuenta que la inconformidad que presenta en este mecanismo haya sido elevada al interior del proceso instaurado por la madre de su menor hijo con el objeto de fijar una cuota alimentaria\u00bb por lo que \u00abla pretensi\u00f3n de revocar el decreto de embargo de su salario y el consecuente levantamiento de la medida, no ha sido planteado en el marco del proceso de alimentos tramitado en su contra, escenario apto para exponer los fundamentos de la defensa que aqu\u00ed propone\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abque el medio natural para salvaguardar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados al accionante es el mismo proceso de alimentos, donde \u00e9ste, en su calidad de demandado, tiene la oportunidad de alegar la aparente irregularidad en la emisi\u00f3n del prove\u00eddo que decret\u00f3 el embargo de su salario, del cual aduce que no se le corri\u00f3 traslado; comoquiera que es competencia del juez natural encargado de la actuaci\u00f3n salvaguardar las garant\u00edas del debido proceso en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00aben este sentido y atendiendo al cumplimiento del principio de subsidiariedad, como elemento indispensable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, cabe indicar que la acci\u00f3n constitucional objeto de estudio se encuentra condicionada a identificar si al interior del proceso de alimentos, que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que se puede revisar, modificar o revocar la decisi\u00f3n cuando las circunstancias lo indiquen, adelantado en contra del se\u00f1or Edwar Stivers Cort\u00e9s Silva era o es posible dirigirse directamente al Juzgado accionado con el fin de presentar los argumentos que se exponen por esta v\u00eda\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abel accionante no ha acudido a la actuaci\u00f3n judicial para hacer valer sus pretendidos derechos, sino que en un ejercicio inapropiado de este mecanismo, y sin demostrarse la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, tampoco avizorarse que se trate de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, invoca este amparo sin acreditar la falta de idoneidad y eficacia de una petici\u00f3n expresa al interior del tr\u00e1mite procesal; lo cual conlleva a concluir que se interpuso esta acci\u00f3n como un mecanismo sustitutivo, incumpliendo con el requisito de subsidiariedad. Por tanto, el promotor del amparo con su actuaci\u00f3n pretendi\u00f3 trasladar a esta sede la discusi\u00f3n que debe librar al interior de proceso de alimentos, pudiendo dirigirse, como se ha dicho, a la funcionaria competente para formular las inconformidades que por esta v\u00eda presenta\u00bb (fls. 160-166). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante manifestando que \u00abdeb[e] presumir, con contrariedad, que los se\u00f1ores magistrados no examinaron [sus] argumentos acerca de la violaci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales invocados en la acci\u00f3n de tutela, sino que meramente se centraron en argumentar la existencia de otras oportunidades procesales dentro del proceso de alimentos adelantado por el Juzgado Segundo de Familia de Pamplona, y que los mismos no se encontraron dentro del proceso, sin tener en cuenta que manifest[\u00f3] en la tutela que los d\u00edas 12 y 17 de octubre de 2018, reali[z\u00f3] llamadas al Juzgado [\u2026], con el fin de acceder al auto o providencia que decreta el embargo de [su] salario, pero se [le] informa siempre que no existe ning\u00fan auto que se [le] corra traslado, debido que el embargo se decreta por petici\u00f3n de la se\u00f1ora Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, al manifestar que no estaba cumpliendo con la cuota del menor, y se encuentra con el mismo radicado del proceso adelantado en el 2014, vale la pena resaltar que no resid[e] en el Departamento de Norte de Santander, sino que por [su] trabajo [se] encuentr[a] radicado en la ciudad de Bogot\u00e1, donde [le] es imposible acercar[se] hasta las instalaciones del Juzgado Segundo de Familia de Pamplona para acceder al proceso o verificar el porqu\u00e9 del embargo de [su] salario, informaci\u00f3n que reiter[a] se [le] niega v\u00eda telef\u00f3nica, por lo cual pretend[e] hacer valer [sus] derechos con esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abel perjuicio es inminente, por cuanto se estar\u00eda haciendo doble pago a la se\u00f1ora Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, ya que la tesorer\u00eda de la Polic\u00eda Nacional est\u00e1 consignando a las arcas del Juzgado lo correspondiente a la cuota y a la vez est[\u00e1] realizando el pago de la misma a la cuenta personal de la se\u00f1ora Jaimes Mogoll\u00f3n, por lo que consider[a] que una vez cancelados los t\u00edtulos a la demandante, estos no podr\u00edan ser reintegrados debido a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la misma, existiendo un menoscabo material grave a [su] econom\u00eda, m\u00e1s aun cuando de [\u00e9l] depende [su] esposa y el hijo que existe de una nueva uni\u00f3n familiar. Por lo anterior se requiere medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable que se causar\u00eda y es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo m\u00e1s oportuno, eficaz e impostergable ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad; as\u00ed la no vulneraci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales invocados en esta acci\u00f3n, pues se busca asegurar una recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia y la debida fundamentaci\u00f3n de las resoluciones judiciales\u00bb (fls. 172 y 173). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \treiterada \tjurisprudencia constitucional ha \tsostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la \tv\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole \tlegal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa \therramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna \tdeterminaci\u00f3n \u00abcon \tostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y \tapoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que \testructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, \ty bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un \tt\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno \tdisponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb \t(ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abprocedimental\u00bb, enfila su inconformismo contra el auto de 27 de julio de 2018 que decret\u00f3 el embargo de su salario dentro del proceso de alimentos adelantado en su contra. <\/p>\n

3. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria promovida en el a\u00f1o 2014 por Erika Jaimes Mogoll\u00f3n, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su hijo menor de edad XXX, contra Edwar Stivers Cortes Silva (aqu\u00ed accionante) (fls. 36-39 cuaderno tribunal). <\/p>\n

3.2. Auto admisorio de 14 de abril de 2014 (fls. 41 y 42). <\/p>\n

3.3. Contestaci\u00f3n del libelo introductorio en la que se formularon las excepciones de \u00abenriquecimiento sin causa, abuso del derecho y cumplimiento de la obligaci\u00f3n e inexistencia de causa para pedir\u00bb (fls. 44-52). <\/p>\n

3.4. Acta de la audiencia surtida el 8 de septiembre de ese a\u00f1o en la que el despacho encartado imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes, el cual consisti\u00f3 en \u00abfijar la cuota alimentaria con que contribuir\u00e1 el se\u00f1or Edwar Stivers Cortes Silva [\u2026], el equivalente al 20 % del salario devengado por el obligado fuera de los descuentos de ley a cancelar a partir de septiembre del a\u00f1o en curso, m\u00e1s el 20% de la prima de diciembre y el 10% de la prima de mitad de a\u00f1o, incrementada cada vez que alguna circunstancia aumente el salario del obligado, a consignar en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales de este juzgado a nombre de la se\u00f1ora Erika Jaimes Mogollon, quedando condicionada a que si se atrasa en una cuota se proceder\u00e1 al embargo del mismo. As\u00ed mismo, como garant\u00eda de cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria se ordena el embargo del 20% de las cesant\u00edas de Cortes Jaimes\u00bb (fls. 58-60). <\/p>\n

3.5. Escrito presentado el 7 de marzo de 2018 por la demandante en el que manifest\u00f3 que el actor no ha \u00abincrementado\u00bb la cuota alimentaria, aunado a que \u00abpara el pago de las primas de mitad de a\u00f1o y diciembre no han sido constantes, as\u00ed mismo le manifiesto que la prima de diciembre de 2017 no fue consignada y en ocasiones la cuota ha sido disminuida sin raz\u00f3n alguna y a la fecha no tengo conocimiento si las sumas que me ha cancelado el padre de mi menor hijo corresponden o no al 20% de su salario que fue fijado en la conciliaci\u00f3n\u00bb por lo que solicit\u00f3 se \u00abofici[ara] a la pagadur\u00eda de la Polic\u00eda Nacional para que certifi[cara] los salarios del demandado de los a\u00f1os 2014-2018, ya que hoy en d\u00eda el se\u00f1or Cortes Silva ostenta el cargo de Capit\u00e1n\u00bb y de ser posible \u00abel embargo del demandado pues ha incumplido lo pactado en la audiencia de conciliaci\u00f3n\u00bb (fls. 61 y 62). <\/p>\n

3.6. Auto de 14 de marzo posterior, mediante el cual se dispuso \u00aboficiar al Jefe Grupo de Novedades de Nomina, Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional, con el fin de que envi\u00e9 certificaci\u00f3n del salario devengado por el se\u00f1or Edwar Stivers Cortes Silva durante los a\u00f1os 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (sueldo, primas, bonificaciones y dem\u00e1s), informando si el incremento del a\u00f1o en curso ya fue aplicado\u00bb (fl. 63). <\/p>\n

3.7. Prove\u00eddo de 27 de julio hoga\u00f1o, que decret\u00f3 el embargo del 20% del salario devengado por el quejoso, toda vez que \u00abrevisada la actuaci\u00f3n, constatado que el se\u00f1or Edwar Stivers Cortes Silva no ha dado cumplimiento al pago de la cuota de alimentos a favor de su hijo XXX, como se dispuso en audiencia de fecha 8 de septiembre de 2014, y atendiendo la manifestaci\u00f3n de la demandante de que si bien lo ha hecho a trav\u00e9s de una cuenta personal no ha sido constante, desde entonces solo ha cancelado $500.000,oo sin incrementarla, al contrario en ocasiones la disminuye sin raz\u00f3n alguna y adeuda algunas\u00bb (fl. 64). <\/p>\n

3.8. Memorial radicado el 6 de octubre del presente a\u00f1o por la demandante en el que expres\u00f3 su inconformidad frente al embargo realizado por la Polic\u00eda Nacional pues consider\u00f3 que no era el valor adecuado (fl. 68). <\/p>\n

3.9. Decisi\u00f3n de 18 de octubre siguiente, en la que se requiri\u00f3 \u00abal Jefe Grupo Liquidaci\u00f3n de Nomina de la Polic\u00eda Nacional informar con car\u00e1cter prioritario, en un t\u00e9rmino no mayor a ocho (8) d\u00edas sobre qu\u00e9 rubros realiz\u00f3 el descuento y sustentarlo, tomar nota de lo aqu\u00ed expuesto y proceder a retener y consignar los valores dejados de cancelar, so pena de hacerse responsable solidario de los mismos, porque contrario a lo manifestado en oficio S-2018-047440\/ANOPA-GRUNO calendado 6 de septiembre de 2018, no se acat\u00f3 la orden en los t\u00e9rminos comunicados en oficio 973 del 1 de agosto de 2018\u00bb (fl. 69). <\/p>\n

3.10. Escrito presentado el 14 de noviembre de 2018 por el quejoso, estando en tr\u00e1mite esta acci\u00f3n constitucional y luego del fallo de primer grado, en el que solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar (fls. 7 y 8 cuaderno Corte). <\/p>\n

3.11. Auto del d\u00eda 19 posterior, en el que se neg\u00f3 el pedimento elevado por el querellante al considerar, en suma, que \u00abcontrario a lo dicho por el se\u00f1or Edwar Stivers Cortes Silva y la documentaci\u00f3n por \u00e9l mismo aportada, no es cierto que se encuentre al d\u00eda en el pago de la cuota de alimentos para su menor hijo, partiendo desde mayo de 2018 que seg\u00fan el juzgado 2\u00b0 de Familia de C\u00facuta qued\u00f3 al d\u00eda, e incluso no lo estaba antes de esta fecha porque el inicio de un proceso ejecutivo por s\u00ed solo es prueba de incumplimiento, como lo ratifica la demandante en escrito anterior y esto, conforme a la norma antes referenciada y la petici\u00f3n de la representante legal, faculta al juez para decretar el embargo del salario como garant\u00eda de cumplimiento, como efectivamente se hizo, circunstancias que permiten inferir que no es viable el levantamiento de la medida solicitada\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abahora, la mencionada norma, en el inciso 4\u00b0 prev\u00e9: \u201cel embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u201d. De la que deber\u00e1 hacer uso si insiste en su pretensi\u00f3n\u00bb, frente al cual no se interpuso recurso alguno (fls. 9-11). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada en el particular asunto deviene inane, toda vez que no se atendi\u00f3 el requisito general de procedencia de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que el gestor cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle a la autoridad querellada las razones de su inconformidad y reclamar en pro de sus intereses, empero dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su descontento, comoquiera que, desperdici\u00f3 el medio de protecci\u00f3n judicial que tuvo a su alcance, conforme a la ley civil adjetiva, para que transitaran los motivos en que apoya su queja constitucional, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso) contra el auto proferido el 19 de noviembre de 2018, que si bien, se profiri\u00f3 con posterioridad al fallo de primera instancia, decidi\u00f3 lo pertinente a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n

4.1. De igual manera, el querellante ha debido plantear todas las inconformidades que expone mediante esta senda ante la c\u00e9lula judicial encartada para que \u00e9sta, en la oportunidad correspondiente, las estudiara de la manera adecuada y profiriera la decisi\u00f3n que estimara del caso frente a la que en \u00faltimas tambi\u00e9n proceder\u00edan los recursos de ley por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de que se revisten las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

4.2. Aunado a lo anterior, es dable, tal como lo estim\u00f3 la funcionaria recriminada que, el querellante, preste cauci\u00f3n tendiente al levantamiento del embargo decretado tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia contando, en definitiva, con un mecanismo id\u00f3neo para la salvaguarda de sus prerrogativas esenciales y lograr de esa manera lo que pretende mediante esta senda eminentemente subsidiaria. <\/p>\n

4.3. Frente al tema de la \u00absubsidiariedad\u00bb la Corte ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02). <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, la Sala ha considerado que: <\/p>\n

[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00, citada el 5 sep. y 12 oct. 2012, rads. 00651 y 00135, 31 ene. y 22 may. 2013, rads. 00113 y 00206, respectivamente). <\/p>\n

5. Finalmente, y en relaci\u00f3n con los argumentos de la impugnaci\u00f3n referentes a que con la decisi\u00f3n cuestionada se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, resta se\u00f1alar que est\u00e1 introduciendo un hecho nuevo dado que esa precisa circunstancia no fue planteada desde un principio cual era de esperarse, lo que no es susceptible de ser investigado en esta instancia porque la acci\u00f3n de tutela como medio de defensa de los derechos superiores no obstante caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, entre las que se destaca la prerrogativa del acusado a aducir pruebas y controvertir las allegadas (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a lo expuesto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

[E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00416-01 y CSJ STC1551-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00254-01). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEn virtud del art\u00edculo \t47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado \tcon el canon 7 de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre del menor.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO STC16406-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54518-22-08-002-2018-00036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}