{"id":102284,"date":"2026-07-01T22:22:02","date_gmt":"2026-07-01T22:22:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102284"},"modified":"2026-07-01T22:22:02","modified_gmt":"2026-07-01T22:22:02","slug":"stc16411-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16411-2018\/","title":{"rendered":"STC16411-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16411-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2018-00273-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Sonia Yaneth Barrantes Murillo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo mixto adelantado por el Banco Popular contra la Junta de Vivienda Comunitaria la Habana y otros (radicado 2000-00083-00). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del referido juicio. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el asunto de marras el 14 de diciembre de 2011 se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia en la que se se\u00f1al\u00f3, que \u00ablas obligaciones fueron adquiridas por la Junta de Vivienda Comunitaria La Habana\u00bb por lo que \u00ablas personas naturales demandadas no tienen comprometido su patrimonio personal, en tanto que no se obligaron en los pagar\u00e9s. Y por tal raz\u00f3n contra ellos no existe t\u00edtulo ejecutivo quirografario que permita ejecutarlos\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abla Junta de Vivienda Comunitaria La Habana, como solo era y es propietaria del derecho real de dominio de los lotes de terreno, que quedaron sujetos a garant\u00eda hipotecaria, en el proceso ejecutivo mixto, lo que debe perseguir el Banco son los lotes; lo que es distinto a las mejoras de las casas que construyeron cada una de las personas naturales, sobre las cuales no adquirieron ninguna obligaci\u00f3n crediticia\u00bb. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que \u00abdentro del proceso ejecutivo mixto, se present\u00f3 un aval\u00fao del total del bien inmueble que [posee], se especifica casa y el lote de terreno, pero no se diferenci\u00f3 o no se diferenci\u00f3 o individualiz\u00f3, por parte del perito el mandato establecido en la sentencia ordenada por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 [\u2026], por cuanto solo se est\u00e1 llevando un proceso con garant\u00eda de los lotes y as\u00ed aparece globalizado el valor para los remates\u00bb pues \u00absi bien, se establece el valor del terreno a un justo precio, [la] suscrit[a] puede intervenir y adquirir el lote de terreno, pero no como se presenta la situaci\u00f3n, que est\u00e1 sacando provecho de las mejoras de propiedad [suya], mejorando el valor del inmueble y enriqueciendo al banco, entidad bancaria que pretende despojar[los] de [sus] casas de habitaci\u00f3n construida y adquirida con mucho sacrificio por [la] suscrit[a] y [su] familia, en ella se encuentra depositados todos [sus] ahorros y todo [su] trabajo a lo largo de [su] vida, es el arraigo de [su] familia\u00bb. <\/p>\n

2.3. Sostuvo, que \u00abdentro del proceso ejecutivo mixto, el Juzgado de conocimiento, no tuvo en cuenta dicho valor y hoy d\u00eda se pretende rematar, casas lotes, sobre mejoras que no est\u00e1n dentro de la garant\u00eda, despoj\u00e1ndo[los] de [sus] derechos. El barrio solo eran lotes de terreno, con [su] propio peculio [levantaron] las casas, [\u2026]. El valor comercial, de [su] casa, la construcci\u00f3n fue unida, vinculada al valor del lote de terreno y es il\u00f3gico e injusto\u00bb. <\/p>\n

2.4. Refiri\u00f3, que promovi\u00f3 demanda \u00abpor prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, ya que llev[a] m\u00e1s de quince a\u00f1os, viviendo de manera quieta, tranquila e ininterrumpida, con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a, se inscribi\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Honda, [\u2026]. Pero, pasa que dentro del remate de hipoteca, se determina la construcci\u00f3n, cuando lo que se garantiz\u00f3 fue solamente el lote de terreno\u00bb am\u00e9n que se \u00abopuso a la diligencia de secuestro y a pesar de tener testigos y poner en conocimiento las mejoras, no se tuvo en cuenta [su] oposici\u00f3n, como tampoco se dio el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, que \u00abse reconozca el valor de [sus] mejoras, que se revoque el auto que decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble de la referencia y que se ordene por el Juzgado de instancia el levantamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 362-224448 manzana G casa 7\u00bb (fls. 1-7). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El despacho encartado, inform\u00f3 que \u00abde acuerdo con los hechos de las acciones de tutela, en este Juzgado se tramita el proceso EJECUTIVO MIXTO, siendo demandante BANCO POPULAR contra la JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA LA HABANA Y OTROS, demanda que una vez subsanada, fue admitida el d\u00eda 22 de mayo de 2000 y notificada en legal forma a los demandados\u00bb tr\u00e1mite en el que \u00aben ning\u00fan momento se le ha vulnerado el debido proceso a los accionantes, pues ha tenido las oportunidades para actuar en el proceso, seg\u00fan los tramites que se le ha imprimido\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abpor otra parte se presentaron los aval\u00faos de los inmuebles hipotecados, habi\u00e9ndose corrido traslado a las partes demandadas, quienes guardaron silencio\u00bb por lo que \u00abse procedi\u00f3 a fijar fecha para el remate, fij\u00e1ndose el 24 de octubre del 2018 a las 9 A. M, por auto de septiembre 4 del presente a\u00f1o, sin ser objeto de ning\u00fan recurso\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue la protecci\u00f3n invocada (fl. 38). <\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abse observa que el reclamo constitucional se dirige frente a la decisi\u00f3n del decreto de medida cautelar, la cual se pretende por esta v\u00eda dejar sin efecto, esto es, el auto calendado del 1\u00b0 de noviembre del 2000, providencia frente a la cual verificado el cumplimiento del requisito de inmediatez no se satisface, en tanto que entre su proferimiento y la presentaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional – 11 de octubre de 2018 -, han pasado casi dieciocho (18) a\u00f1os, es decir, no est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino inferior de los seis (6) meses requeridos\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00aben cuanto a la subsidiariedad, en el caso sub examine respecto a la decisi\u00f3n judicial censurada del 1\u00b0 de noviembre del 2000 no se cumple, pues es claro que frente a tal decisi\u00f3n en raz\u00f3n a que la tutelante no es parte en el proceso, pod\u00eda acudir a otros medios de defensa en esa oportunidad, como lo era el solicitar ante el mismo Despacho judicial accionado el levantamiento de la referida medida cautelar tal y como lo dispon\u00eda en ese entonces el art\u00edculo 687 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 597 y 599 y S.s. del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se advierta que la se\u00f1ora Yaneth Barrantes Murillo Reyes hubiera hecho uso de este mecanismo por medio del cual conseguir\u00eda los mismos resultados que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela persigue, omisi\u00f3n que conllev\u00f3 que la tutelante perdiera esta oportunidad de defensa\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00aben relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n encaminada al reconocimiento de las mejoras construidas por el tutelante sobre el lote correspondiente a la Manzana G, Casa 7 con matr\u00edcula inmobiliaria No. 362-22448 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Honda – Tolima, embargado, secuestrado y avaluado en el referido proceso ejecutivo, encuentra igualmente la Sala su improcedencia, en tanto que no advierte la Sala vulneraci\u00f3n de derecho fundamental habida cuenta que el 9 de septiembre de 2016, fecha para la cual se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro del bien inmueble embargado donde se encuentran las mejoras reclamadas, la accionante tuvo la posibilidad de alegar el derecho que ahora persigue por esta v\u00eda constitucional\u00bb pues \u00aba pesar que la accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial en la diligencia del 9 de septiembre de 2016 hizo oposici\u00f3n al secuestro del bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 362-22448 (Manzana G, Casa 7), se evidencia que la misma fue rechazada en tanto que la opositora no demostr\u00f3 los requisitos esenciales para la posesi\u00f3n del inmueble a secuestrar, decisi\u00f3n frente a la cual la Sala no tiene reparo alguno pues de su contenido no se advierte que haya sido emitida de manera irregular y por el contrario, se encuentra debidamente motivada, sin que pueda decirse, como lo hace entender la parte tutelante, que por el hecho de haber sido negada dicha oposici\u00f3n, tal determinaci\u00f3n constituya la vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abY es que tampoco es posible aceptar que luego de dos (2) a\u00f1os y a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, pretenda la parte tutelante acceder a lo que en esa oportunidad le fue negado, lo que demuestra el desconocimiento del principio de Inmediatez\u00bb (fls. 48-55). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la accionante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y manifestando, en s\u00edntesis, que \u00abamparado en el principio de la buena fe y de legalidad, adicionado en el derecho a la propiedad amparada en la Constituci\u00f3n Nacional. Considero que no es resorte de otro proceso para hacer valer [su] derecho fundamental, frente al proceso ejecutivo que se adelanta. Y no lo es porque lo que se ventila aqu\u00ed es, de acuerdo a la sentencia dada por el Tribunal de Ibagu\u00e9, son lotes de terreno, porque la propiedad del ejecutado, Junta de Vivienda Comunitaria La Habana, era sobre lotes de terreno que fue la garant\u00eda hipotecaria y no sobre [su] propiedad, que son las mejoras, la construcci\u00f3n. La aventura del banco, no [le] pueden cargar y responsabilizar a [ella]\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que estima que \u00abno opera para el caso que nos ocupa el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues las obligaciones derivadas de los t\u00edtulos de cr\u00e9dito no opera tal razonamiento, y adicionalmente porque el banco tuvo el pleno conocimiento de la casa de habitaci\u00f3n construida, desde un principio, lo que entonces generar\u00eda una mala fe del banco y un enriquecimiento sin causa para el grupo aval\u00bb (fls. 65-68). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abprocedimental\u00bb, enfila su inconformismo contra los autos de 1\u00b0 de noviembre de 2000 que decret\u00f3 el embargo y secuestro sobre el predio respecto del cual aduce detenta la posesi\u00f3n, 9 de septiembre de 2016 que neg\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 en la diligencia de secuestro practicada en esa data y 4 de septiembre de 2018 que fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate, pretendiendo, en \u00faltimas, el levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n

3. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Demanda ejecutiva adelantada por el Banco Popular contra la Junta de Vivienda Comunitaria La Habana (fls. 4-14, cuaderno Corte). <\/p>\n

3.2. Mandamiento de pago librado el 22 de mayo de 2000 (fls. 15 y 16). <\/p>\n

3.3. Auto de 1\u00b0 de noviembre posterior, que decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble ubicado en la manzana G, lote 7 identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 362-22448 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Honda-Tolima, sobre el cual aduce la actora ostenta la posesi\u00f3n (fl. 17). <\/p>\n

3.6. Diligencia de \u00absecuestro\u00bb surtida el 9 de septiembre de 2016, en la que formul\u00f3 oposici\u00f3n siendo rechazada por el comisionado en esa oportunidad al aducir que no se encontr\u00f3 demostrado el \u00abanimus\u00bb, decisi\u00f3n respecto a la que se estim\u00f3 por parte del despacho que no proced\u00eda recurso alguno (fls. 18-20). <\/p>\n

3.7. Prove\u00eddo de 4 de septiembre de 2018 que fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate de los bienes embargados, secuestrados y avaluados, la cual no se realiz\u00f3 (fl. 21). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde la ocurrencia de los concretos y puntuales hechos de los que se duele la quejosa, esto es, el auto de 1\u00b0 de noviembre de 2000 mediante el cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio sobre el que aduce ejerce la posesi\u00f3n y 9 de septiembre de 2016 en el que se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 en la diligencia de \u00absecuestro\u00bb, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 11 de octubre de 2018, lo cual, desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni se invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora. <\/p>\n

4.1. Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un lapso razonablemente prudencial, de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo tiempo antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo no puede abrirse paso. <\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC4175-2015 14 abr. 2015 y en CSJ STC4024-2018 22 Mar. de 2018, rad. 2017-01285-02). <\/p>\n

5. Aunado a lo anterior, la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada de igual manera resulta improcedente, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que la actora cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle a la autoridad querellada las razones de su inconformidad y reclamar en pro de sus intereses, empero dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su descontento, comoquiera que, desperdici\u00f3 el medio de protecci\u00f3n judicial que tuvo a su alcance, conforme a la ley civil adjetiva, para que transitaran los motivos en que apoya su queja constitucional, concretamente, la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, pues si bien en la oportunidad en la que la misma se realiz\u00f3 formul\u00f3 \u00aboposici\u00f3n\u00bb por intermedio de apoderado la misma le fue rechazada por cuanto no prob\u00f3 el \u00abanimus\u00bb, elemento indispensable para que su posesi\u00f3n saliera avante. <\/p>\n

5.1. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento adecuado de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de que se revisten las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

5.2. Frente al tema de la \u00absubsidiariedad\u00bb la Corte ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02). <\/p>\n

6. Con todo, cumple relevar que en relaci\u00f3n con la providencia de 4 de septiembre de 2018 mediante la cual se dispuso la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate, la misma, no denota connotaci\u00f3n arbitraria o caprichosa, sino que m\u00e1s bien es la raz\u00f3n de ser de que la litis llegara a dicho estadio, circunstancia que s\u00f3lo corresponde a las formas propias del tr\u00e1mite judicial, es decir, constituye la subsecuente secuela procedimental que es menester adelantar en aras de que prevalezca el derecho sustancial reconocido en el proceso ejecutivo objeto de la queja, m\u00e1xime que tal labor\u00edo s\u00f3lo es la materializaci\u00f3n del imperativo legal que regula el punto en comento; por ende, por sustracci\u00f3n de materia, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el resguardo instado am\u00e9n que la almoneda a la fecha no se ha realizado debiendo exponer sus inconformidades ante el juez natural. <\/p>\n

6.1. De ah\u00ed que, seg\u00fan acot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado: <\/p>\n

la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01)\u201d\u00bb (CSJ STC4108-2015, 13 abr. 2015, rad. 00382-01 reiterada en CSJ STC12720-2017 ago. 23 de 2017, rad. 2017-00271-01). <\/p>\n

7. Finalmente, advierte la Sala que si bien en oportunidad anterior, en sentencia CSJ STC8203-2018 de 27 de junio de 2018 se accedi\u00f3 a la salvaguarda constitucional all\u00ed implorada, los fundamentos f\u00e1cticos del caso estudiado difieren de los ahora invocados, puesto que en aquella oportunidad se estudi\u00f3 la razonabilidad de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el incidente de levantamiento de la medida cautelar, por lo que dicha decisi\u00f3n no resulta aplicable al sub lite. <\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16411-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2018-00273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}