{"id":102289,"date":"2026-07-01T22:23:00","date_gmt":"2026-07-01T22:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102289"},"modified":"2026-07-01T22:23:00","modified_gmt":"2026-07-01T22:23:00","slug":"stc16416-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16416-2018\/","title":{"rendered":"STC16416-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16416-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2018-01937-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de septiembre de 2018 mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Eugenia Sarria de Granobles y Jorge Enrique Granobles Chavarro contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, tramite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal adelantado en su contra (radicado 2012-00041). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el asunto de marras el 9 de noviembre de 2016 se les imput\u00f3 el delito de fraude procesal, tr\u00e1mite en el que se ha programado en dos ocasiones la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n misma que no se ha realizado toda vez que el 12 de septiembre de 2017 el ente investigador retir\u00f3 el \u00abescrito de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.2. El 6 de marzo de 2017 se ten\u00eda previsto realizar la diligencia de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n; sin embargo, en oportunidad, la fiscal solicit\u00f3 la nulidad del proceso, pedimento coadyuvado por su apoderado el cual fue negado el 19 de abril posterior, decisi\u00f3n frente a la que interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n confirmada el 12 de julio de 2018 por la Corporaci\u00f3n encartada. <\/p>\n

2.3. Sostuvieron que la decisi\u00f3n de segunda instancia vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales toda vez que \u00abla soluci\u00f3n aplicada por el Tribunal ad quem en el marco de un proceso cuya investigaci\u00f3n se adelant\u00f3 bajo el r\u00e9gimen de legislaci\u00f3n Ley 600 de 2000; se decreta \u201capertura de investigaci\u00f3n previa, se indaga, recaudo de pruebas, con vocaci\u00f3n de permanencia, se define situaci\u00f3n jur\u00eddica, sin embargo el a quo y el ad quem, ordenan en sus fallos que el mentado proceso siga un nuevo curso el de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, denota relevancia constitucional como quiera que son los derechos a ser juzgado conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, a recibir un trato igualitario ante la ley, los que se ven comprometidos desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n hasta el pronunciamiento del honorable Tribunal de Popay\u00e1n\u00bb. <\/p>\n

3. Pidieron, que se declare \u00abla nulidad del fallo proferido el 12 de julio de 2018 por el Honorable Tribunal Superior de Popay\u00e1n, en consecuencia, ordenar que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por [la] Fiscal\u00eda Seccional 62-003 coadyuvada por la defensa de los accionantes, contra la resoluci\u00f3n proferida por el a quo el d\u00eda 19 de abril, siguiendo los presupuestos procesales bajo los cuales se inici\u00f3 la citada investigaci\u00f3n, esto es, la Ley 600 de 2000\u00bb (fls. 1-37). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El juzgado encartado, inform\u00f3 que \u00abcorrespondi\u00f3 conocer por reparto (impedimento), de la etapa de juicio del proceso penal C. U. I. N\u00ba 19001160007032012-00041 que por delito de fraude procesal, se adelanta en contra de los se\u00f1ores Luz Eugenia Sarria de Granobles y Jorge Granobles Chaparro\u00bb tr\u00e1mite en el que \u00abse respetaron todas las garant\u00edas y derechos fundamentales y no se vulner\u00f3 menos el debido proceso ya que se resolvi\u00f3 conforme a la jurisprudencia imperante, y si bien en el procedimiento de la Ley 906 no se ve afectaci\u00f3n por el non bis \u00eddem el principio nom bis in \u00eddem no es solo una prohibici\u00f3n dirigida a las autoridades judiciales con el fin de impedir que una persona ya juzgada y absuelta vuelva a ser investigada, juzgada y condenada por la misma conducta. Tambi\u00e9n es un derecho fundamental que esta funcionaria debe respetar. Y en la presente investigaci\u00f3n no se ha dado tal vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, puso de presente que para el 23 de octubre de 2018 estaba prevista la audiencia de preclusi\u00f3n \u00abobrando conforme a la primera solicitud por [la] cual [fue] remitida esta investigaci\u00f3n a esta juzgadora\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado (fls. 110-112). <\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abdado que la actuaci\u00f3n penal de la cual se duelen los tutelantes, en este momento se encuentra en etapa de investigaci\u00f3n ante la negativa a la nulidad, y el retiro del escrito de acusaci\u00f3n, por lo cual, es en ese escenario donde los actores pueden ejercer sus derechos ante el ente que dirige la instrucci\u00f3n; y, en caso de darse inicio a la etapa de juzgamiento, en ella, a\u00fan tendr\u00edan a su alcance todas las herramientas de defensa judicial como la solicitud de nulidad, interposici\u00f3n de recursos, impugnaci\u00f3n de competencia, a efectos de que tales postulaciones sean resueltas en las oportunidades procesales respectivas, o en fallo de primera instancia si a ello hubiera lugar\u00bb. <\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abrecu\u00e9rdese que las especiales caracter\u00edsticas de este instituto subsidiario y residual de protecci\u00f3n imposibilitan que se acuda a \u00e9l para obtener una intervenci\u00f3n indebida en procesos en curso, toda vez que tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n tuitiva, como mecanismo residual de defensa de los derechos superiores, y no para su declaraci\u00f3n\u00bb (fls. 131-138). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon los accionantes y fue sustentada por la abogada a la que confirieron poder para el efecto, quien manifest\u00f3 que <la distinta caracterizaci\u00f3n de uno u otro sistemas, referida \u2013entre otros t\u00f3picos- a la permanencia de la prueba en el sistema de Ley 600, inmediaci\u00f3n dela prueba en el sistema procesal Ley 906; los funcionarios que intervienen, los t\u00e9rminos para adelantar actuaciones, la forma de interposici\u00f3n de recursos, las funciones espec\u00edficas de un juez de garant\u00edas, la imposibilidad para llevar a cabo negociaciones de pena, etc., todo lo cual conduce inexorablemente a que se deba seleccionar una de las dos legislaciones para aplicarla en su integridad, evitando la mezcla de procedimientos. Es este el derecho reclamado por [sus] patrocinados, en la demanda de tutela> (fls. 155-158). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que los gestores, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental enfilan su reproche frente a la decisi\u00f3n adoptada el 12 de julio de 2018, ratificatoria de la proferida el 19 de abril anterior mediante el cual se neg\u00f3 la nulidad formulada por la fiscal\u00eda. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Acta de la audiencia surtida el 19 de abril de 2018 en la que se neg\u00f3 \u00abla nulidad elevada por la Fiscal\u00eda\u00bb decisi\u00f3n frente a la que, tanto la petente como la defensa de los querellantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n (fls. 115-117 cuaderno 1). <\/p>\n

Record\u00f3, que \u00abfue el constituyente en el acto legislativo 03, quien dispuso la implementaci\u00f3n gradual del sistema acusatorio, por zonas geogr\u00e1ficas previamente delimitadas de nuestro pa\u00eds, para delitos cometidos a partir del 1 de enero del a\u00f1o 2005, imponi\u00e9ndose finalmente en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2008. Siendo de resaltar por tanto, que legislador no contempl\u00f3 la derogatoria de la Ley 600, la cual contin\u00faa vigente, hasta la culminaci\u00f3n de los procesos que se ven\u00edan adelantando por el procedimiento all\u00ed previsto\u00bb por lo que \u00abfrente a los delitos de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, de manera pac\u00edfica se concluye que si estos se estructuraron en vigencia de la Ley 600, el proceso se regir\u00e1 por el procedimiento previsto en la citada Ley, y la ley 906 si el delito se actualiz\u00f3 en vigencia de \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abfrente a las conductas denunciadas, en particular frente al fraude procesal que tendr\u00eda como principio de ejecuci\u00f3n la presentaci\u00f3n de la demanda civil ordinaria y la solicitud de amparo de pobreza en el mes de febrero de 2006, resultar\u00eda aplicable la ley 600 de 2000, sin embargo trat\u00e1ndose de un delito permanente extendido seg\u00fan la denuncia por lo menos hasta el 2008, siendo que el sistema penal acusatorio entr\u00f3 en vigencia para la ciudad de Popay\u00e1n a partir del 1 de enero de 2007; resultar\u00eda aplicable la ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00ablas elevadas implicaciones que para los derechos fundamentales de las partes, tiene una decisi\u00f3n, en uno u otro sentido, cuando en esta tem\u00e1tica se comprometen derechos tan trascendentes como las garant\u00edas procesales, que valga la pena resaltar no pueden ser limitadas ni a\u00fan en los Estados de Excepci\u00f3n, imponi\u00e9ndose entonces una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, del ordenamiento jur\u00eddico, focalizada en el respeto y garant\u00eda de los derechos fundamentales de las personas que ya como procesados, o como v\u00edctimas se vinculan con el proceso penal\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abel tr\u00e1nsito legislativo es una imposici\u00f3n estatal, que no puede derivar en cargas procesales para los ciudadanos que caen en la esfera del derecho penal, en favor de quienes se conserva la vigencia de sus derechos, frente a cualquiera de los sistemas procesales que se impongan, resultando pertinente, constatar que en no pocos eventos el ente acusador, ajeno a una visi\u00f3n hol\u00edstica del proceso penal, en conductas de ejecuci\u00f3n permanente, ha recurrido a adelantar dos procesos separados, sometiendo la misma conducta, a un proceso regido por la ley 600 y otro por los mismos hechos regido por el sistema acusatorio, ley 906, sin reparar en la carga moral y econ\u00f3mica que implica para un ciudadano ser sometido a un proceso penal; duplicando \u00e9ste indebidamente para que responda ante dos autoridades distintas y con diverso procedimiento. Actuaci\u00f3n que resulta inadmisible dada la evidente afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, del debido proceso, de non bis in \u00eddem, derecho de defensa, entre otras, siendo absurdo adem\u00e1s el desgaste innecesario e indebido del sistema de justicia\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abtampoco queda al arbitrio del Fiscal, menos de los sujetos procesales determinar que norma va a regir el procesamiento de las personas que caen en la esfera del derecho penal, cuando se encuentra decantada una regla jurisprudencial, que ilustra la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica, invocando entonces criterios de raz\u00f3n objetiva, que finalmente permiten decantar la norma procesal aplicable\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abante un delito de conducta permanente como es el fraude procesal, resulta trascendente e importante la fecha de la denuncia, tal como lo direccion\u00f3 la Corte en las sentencias anteriormente mencionadas, y como lo plante\u00f3 acertadamente la primera instancia, que en el presente asunto ocurri\u00f3 en junio de 2008, cuando se encontraba vigente ya en este distrito judicial, el Sistema Penal Acusatorio, fecha que delimita el \u00e1mbito de la norma a seguir, la cual evidentemente deber ser la Ley 906 de 2004\u00bb aunado a que \u00abdebe tenerse en cuenta claramente que estamos frente a un delito de car\u00e1cter permanente, donde el Tribunal Superior de Popay\u00e1n en su Sala Civil, emiti\u00f3 una providencia el 13 de febrero de 2008, en la que confirm\u00f3 el amparo de pobreza en favor de la procesada LUZ EUGENIA SARRIA DE GRANOBLES, decisi\u00f3n que puede o no resultar equivocada y por la que est\u00e1 siendo precisamente enjuiciada\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abes importante mencionar que, no es dable invocar la favorabilidad de los procedimientos para reclamar la aplicaci\u00f3n de uno o de otro sistema, cuando finalmente el sustento jur\u00eddico de garant\u00edas fundamentales que deben orientar el proceso penal, se contemplan de manera estricta en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional y de manera amplia, a todas las normas que referidas a derechos humanos, est\u00e9n contempladas en los tratados Internacionales ratificados por Colombia, que v\u00e1lidamente y a nivel de norma superior integran nuestro ordenamiento jur\u00eddico, de all\u00ed que como lo haya dicho el \u00f3rgano de cierre de la especialidad penal, el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de favorabilidad entre otros, rigen y pueden ser exigidas en uno y otro procedimiento\u00bb. <\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abigualmente en cuanto a los principios que rigen las nulidades y especialmente el de trascendencia, la verificaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los derechos de las partes, no desciende en abstracto, cuando la exigencia para que proceda la causal de nulidad, es la afectaci\u00f3n material, es decir, real para cada caso concreto, por tanto la trascendencia no se ha de verificar en la vigencia de las normas que tutelan los derechos, sino en el respeto, garant\u00eda y reconocimiento en su ejercicio material, Bajo tal presupuesto a juicio de la Sala, el yerro de la Fiscal\u00eda al momento de seleccionar el procedimiento aplicable a este proceso, no caus\u00f3 ning\u00fan tipo de perjuicios materiales y concretos a las garant\u00edas y derechos de los procesados\u00bb por lo que \u00abhabiendo precisado que no se trasgrede el principio de legalidad cuando se acude a un sistema procesal penal espec\u00edfico al presentarse un delito de car\u00e1cter permanente en vigencia de un tr\u00e1nsito legislativo tan particular como el Colombiano en el que concurren dos sistemas procesales, es imperioso se\u00f1alar que en el caso sub examine, la conducta endilgada a la se\u00f1ora Luz Eugenia Sarria de Granobles, data del a\u00f1o 2006 en vigencia de la Ley 600 de 2000 continu\u00e1ndose en el tiempo hasta la denuncia presentada el 13 de junio de 2008 bajo el amparo del sistema penal acusatorio, lo cual como se explic\u00f3 ampliamente, no acarrea la nulidad de la investigaci\u00f3n y los actos adelantados por el Estado frente a \u00e9sta, pues en este caso, la normatividad que imprime los linderos del procedimiento a seguir es la Ley 906 de 2004\u00bb (fls. 118-127). <\/p>\n

3.3. Consulta de procesos efectuada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial en la que se evidencia que se fij\u00f3 fecha para realizaci\u00f3n de la audiencia de preclusi\u00f3n la cual se llevar\u00e1 a cabo el 29 de marzo de 2019 (fls. 3 y 4 cuaderno Corte). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, observa la Sala que el amparo no puede prosperar dado el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad incorporado en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 despojando a la acci\u00f3n de tutela de sus efectos, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, ante la existencia de un medio judicial de defensa; comoquiera que en el asunto en estudio el proceso penal sub judice est\u00e1 en curso, siendo aquel el escenario, donde se pueden desplegar todos los mecanismos posibles para la demostraci\u00f3n de lo alegado mediante esta senda eminentemente residual. <\/p>\n

4.1. Por supuesto, si los gestores tienen a su alcance todos los medios de contradicci\u00f3n que se le brindan dentro de la actuaci\u00f3n penal, no puede pretender que a trav\u00e9s de la \u00abtutela\u00bb incoada, ni aun invocando la existencia de un supuesto \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se provea la soluci\u00f3n a los planteamientos e inconformidades sobre los cuales corresponde pronunciarse al juez natural, lo anterior, por cuanto, se encuentra pendiente resolver sobre la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n y en definitiva no se ha proferido sentencia la cual puede ser objeto del recurso de apelaci\u00f3n y en \u00faltimas del extraordinario de casaci\u00f3n, en donde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia efectuar\u00e1 el estudio correspondiente en procura de la salvaguarda del debido proceso. <\/p>\n

4.2. Sobre un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Corte tuvo ocasi\u00f3n de manifestar lo siguiente: <\/p>\n

En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n

En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia de primera instancia, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n

Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin (CSJ STC 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01, reiterada, entre otros, el 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01, CSJ STC2043-2016 19 feb. 2016 rad. 2015-02232-01 y CSJ STC6091-2018 May. 10 de 2018, rad. 2018-00253-01). <\/p>\n

4.3. Del mismo modo, ha pregonado insistentemente, entre otras providencias, en CSJ STP, 4596-2014, que: <\/p>\n

[N]o es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 el mecanismo de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n (negrilla original). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16416-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2018-01937-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de septiembre de 2018 mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}