{"id":102290,"date":"2026-07-01T22:23:14","date_gmt":"2026-07-01T22:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102290"},"modified":"2026-07-01T22:23:14","modified_gmt":"2026-07-01T22:23:14","slug":"stc16417-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16417-2018\/","title":{"rendered":"STC16417-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16417-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02311-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Gonzalo de Jes\u00fas D\u00edaz Gaviria contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva del proceso laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petici\u00f3n, al trabajo, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la \u00abirrenunciabilidad de derechos m\u00ednimos\u00bb, a la \u00absituaci\u00f3n m\u00e1s favorable para el trabajador\u00bb y a la \u00abprimac\u00eda de la realidad sobre las formas\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia emitida en sede de casaci\u00f3n el 12 de abril de 2018, en el marco del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 frente a la Empresa de Telecomunicaciones Telecom en Liquidaci\u00f3n, la Empresa Colombiana Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y el Consorcio Remanentes Telecom, como representante del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n, con radicado No. 2006-00418-00. <\/p>\n

Solicita entonces de manera concreta para salvaguardar sus prerrogativas, que se \u00abrevoque\u00bb la citada providencia, y que como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Corte, proferir una nueva decisi\u00f3n conforme a \u00abla sentencia aditiva de la Corte Constitucional C-1037 [de 2003]\u00bb, esto es, accediendo a las pretensiones incoadas en el aludido litigio (fl. 14, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su pedimento aduce en s\u00edntesis, que entre el 20 de agosto de 1979 y el 15 de noviembre de 2005, prest\u00f3 sus servicios a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), en calidad de trabajador oficial y en el cargo de \u00abt\u00e9cnico del \u00e1rea de transmisi\u00f3n\u00bb, tiempo durante el cual estuvo afiliado y fue directivo de las organizaciones sindicales \u00abATT, Sittelecom y USTC\u00bb. <\/p>\n

Asevera que su desvinculaci\u00f3n se produjo de manera unilateral por parte de su empleador, ya para ese momento en proceso de liquidaci\u00f3n, sin tener en cuenta la solicitud que elev\u00f3 para que \u00e9sta fuera a partir del 28 de diciembre de 2005, como s\u00ed ocurri\u00f3 con otros compa\u00f1eros, quien mediante \u00aboficio 05-07259\u00bb adujo como justa causa del despido el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 797 de 2003, por haberle reconocido una pensi\u00f3n convencional. <\/p>\n

Se\u00f1ala que en virtud de lo anterior, promovi\u00f3 el juicio laboral referido en l\u00edneas precedentes, con el fin de que se condenara a la demandada al pago de la indemnizaci\u00f3n convencional por despido injustificado, la indemnizaci\u00f3n moratoria de que trata el Decreto Ley 797 de 1949, y la indexaci\u00f3n de las sumas que sean reconocidas, pretensiones que fueron negadas en ambas instancia. <\/p>\n

Finalmente sostiene, que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 Especializada en la materia de la Corte Suprema, al resolver mediante providencia del 12 de abril hoga\u00f1o el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el fallo adoptado por el ad -quem, se abstuvo de quebrarlo pese a reconocer el yerro en que incurri\u00f3 dicha autoridad, tras considerar que la causal justa de despido alegada se hallaba demostrada, desconociendo lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1037 de 2003, esto es, que para que opere el despido, adem\u00e1s de la notificaci\u00f3n del reconocimiento pensional, debe mediar la comunicaci\u00f3n al trabajador de su inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados, lo que no ocurri\u00f3 en su caso, raz\u00f3n por la que estima que la citada Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, y por ende, su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n (fls. 1 a 15, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, limit\u00f3 su respuesta a relacionar los nombres, direcci\u00f3n y tel\u00e9fono de las partes y los dem\u00e1s intervinientes del juicio en referencia (fl. 133, ejusdem). <\/p>\n

b. La Magistrada ponente de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso laboral objeto de debate constitucional, luego de memorar las razones en las que fundament\u00f3 la misma, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, por cuanto que \u00abfue producto del an\u00e1lisis de todos los presupuestos procesales y materiales de los actos jur\u00eddicos puestos en conocimiento\u00bb, y \u00abse ci\u00f1\u00f3 a los par\u00e1metros establecidos por la Constituci\u00f3n, la ley y la jurisprudencia para resolver el recurso extraordinario, as\u00ed como a los deberes del juez en sus actuaciones\u00bb (fls. 141 a 142, \u00eddem). <\/p>\n

c. La apoderada general del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom, aunque de manera extempor\u00e1nea, pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, toda vez que en la decisi\u00f3n criticada \u00abno se evidencia vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales al accionante\u00bb, sumado a que \u00abal no cumplirse y no haber demostrado el actor las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, no es posible siquiera analizar la configuraci\u00f3n de alguna de las causales especiales\u00bb (fls. 176 a 184, Cfr.). <\/p>\n

d. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tras hacer una rese\u00f1a de los requisitos de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, comoquiera que <\/p>\n

\u00ablejos est\u00e1 de constituir la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia una afrenta a los derechos fundamentales del accionante, por la simple circunstancia de no haber acogido sus pretensiones para casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, la cual le resulta adversa a sus intereses\u00bb, ya que \u00abla corporaci\u00f3n accionada se ocup\u00f3 de estudiar la problem\u00e1tica en ella planteada, e hizo pronunciamiento expreso sobre los cargos formulados contra la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn y de las r\u00e9plicas que en oposici\u00f3n a aqu\u00e9llos cit\u00f3 la parte demandada en el tr\u00e1mite ordinario\u00bb, por lo que \u00abcontrario al parecer del demandante, no est\u00e1 a su arbitrio acudir a la acci\u00f3n constitucional para exponer su tesis y obtener un resultado favorable, de ah\u00ed que intrascendente se torna la pretensi\u00f3n al invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, aspirando con ello a imponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n efectuada por la Sala accionada al asunto puesto a su consideraci\u00f3n, en donde con argumentos claros, razonables, analizando los cargos ajustados al ordenamiento jur\u00eddico se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que puso fin al debate\u00bb (fls. 144 a 156, cdno. 1).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 el fallo anterior, insistiendo en las razones que expuso como sustento de la queja constitucional (fls. 211 a 226, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

3. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Gonzalo de Jes\u00fas D\u00edaz Gaviria resulta improcedente, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de abril, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, \u00abNO CASA[R] la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011 por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn\u00bb, dentro del proceso ordinario laboral que el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 contra la Empresa de Telecomunicaciones Telecom en Liquidaci\u00f3n, la Empresa Colombiana Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y el Consorcio Remanentes Telecom, como representante del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n (fls. 18 a 43, cdno. 1), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.
\n4. En efecto, en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, la Corporaci\u00f3n acusada, luego de analizar los cargos formulados por el demandante, aqu\u00ed actor, a la luz de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto, as\u00ed como las pruebas obrantes en el expediente, concluy\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en el yerro f\u00e1ctico denunciado por la parte recurrente, dado que no analiz\u00f3 la justeza de la causa de despido alegada por la demandada, esto es, haberle sido reconocida al trabajador una pensi\u00f3n extralegal (par\u00e1grafo 3\u00ba, Art. 9\u00ba Ley 797\/03), como era su deber; sin embargo, sostuvo que el fallo confutado no pod\u00eda quebrarse en la medida que en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria del Tribunal, por cuanto que se hallaba demostrada en el expediente dicho motivo de ruptura del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n

Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, la Colegiatura censurada precis\u00f3 en lo pertinente, lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) es claro que le asiste raz\u00f3n al recurrente en su censura, ya que el Tribunal pas\u00f3 por alto que la indemnizaci\u00f3n reclamada tambi\u00e9n estuvo sustentada por el demandante en que la terminaci\u00f3n del contrato se hab\u00eda producido por el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional por lo que no era una justa causa de despido por dos razones, a saber: la primera, porque el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003 no contempla como justa causa de terminaci\u00f3n del contrato, el reconocimiento de una pensi\u00f3n convencional y, la segunda, porque la causal aducida no estaba establecida como justa causa de despido seg\u00fan las previstas en el Decreto 2127 de 1945 para los trabajadores oficiales; t\u00f3pico sobre el cual insisti\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n al se\u00f1alar que para el despido \u00abse hizo uso indebido de una norma jur\u00eddica que no ten\u00eda aplicaci\u00f3n en su caso\u00bb (f. 370). <\/p>\n

Tal yerro result\u00f3 trascendente porque de haber advertido que la indemnizaci\u00f3n reclamada no solamente estaba fundamentada en que existi\u00f3 supresi\u00f3n del cargo, sino tambi\u00e9n en que la causal aducida en la comunicaci\u00f3n que finiquit\u00f3 el nexo laboral, fue el reconocimiento de una pensi\u00f3n extralegal, otra hubiera sido su decisi\u00f3n. <\/p>\n

Lo anterior cobra a\u00fan m\u00e1s fuerza al recordar que conforme al criterio de la Sala, al juez laboral \u00fanicamente le corresponde constatar con las pruebas del proceso la ocurrencia de los hechos indicados en la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y analizar si los mismos se configuraban o no como justa causa de terminaci\u00f3n, de acuerdo a lo previsto en las normas aplicables al trabajador. Lo anterior para resaltar que no pod\u00eda el ad quem limitarse a indicar que el nexo laboral no se finiquit\u00f3 por la supresi\u00f3n de la entidad demandada, sino que ten\u00eda que entrar a analizar la configuraci\u00f3n de los hechos endilgados y determinar la justeza del despido, acorde con las normas aplicables para los trabajadores oficiales. <\/p>\n

En consecuencia, se encuentra acreditado el yerro f\u00e1ctico; sin embargo, no se casar\u00e1 la decisi\u00f3n dado que en instancia la Sala llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria\u00bb. <\/p>\n

En apoyo de tal conclusi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abDe acuerdo con la apelaci\u00f3n elevada, en concordancia con el alcance de la impugnaci\u00f3n formulado en el recurso de casaci\u00f3n, en instancia le corresponder\u00eda a la Sala analizar \u00fanicamente la indemnizaci\u00f3n por despido injusto y, dependiendo del resultado, la indexaci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n

La Sala recuerda que los art\u00edculos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, si bien no consagran expresamente ese deber de alegar la causal en el momento de producirse el despido, debe entenderse comprendida tal obligaci\u00f3n para efectos de garantizar el derecho de defensa del trabajador, tal y como lo precis\u00f3 la Sala en sentencia CSJ SL, 28 sept. 2000, rad. 14342, reiterada recientemente en CSJ SL298-2018. <\/p>\n

Como se ha insistido, al momento de dar por terminado el contrato de trabajo, el empleador tiene la obligaci\u00f3n de aducir concretamente los hechos con fundamento en los cuales adopta su decisi\u00f3n, sin que con posterioridad pueda variar los supuestos f\u00e1cticos que dieron lugar a tal determinaci\u00f3n; tampoco es viable que las autoridades judiciales modifiquen los hechos invocados en la carta de ruptura (CSJ SL298-2018). <\/p>\n

Por ello, la labor de los jueces al momento de constatar si existi\u00f3 justa causa o no para el rompimiento del v\u00ednculo, se limita a verificar la ocurrencia de los hechos endilgados en la carta de despido y si los mismos se configuran como justa causa para terminar el contrato de trabajo, a la luz de lo previsto en la ley, la convenci\u00f3n colectiva o en cualquier otra disposici\u00f3n que regulen la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n

En cuya tarea, dilucid\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abPues bien, mediante comunicaci\u00f3n 05-072259 del 28 de octubre de 2005, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidaci\u00f3n le inform\u00f3 al actor sobre la \u00abTerminaci\u00f3n del contrato por reconocimiento de pensi\u00f3n\u00bb, dado que Caprecom le otorg\u00f3 una pensi\u00f3n prevista convencionalmente y para ello hizo alusi\u00f3n a la causal contemplada en el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003.
\nEn efecto, la empleadora adujo lo siguiente: <\/p>\n

Me permito comunicarle que teniendo en cuenta lo dispuesto por el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 9 de la Ley 797 del 28 de enero de 2003 y considerando que a la fecha a Usted le ha sido reconocida su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n mediante la Resoluci\u00f3n No. 2555 del 19 de octubre de 2005, expedida por la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones \u2013 CAPRECOM, se da por terminado su contrato de trabajo a partir del 16 de noviembre de 2005 [\u2026] (f.\u00b0 76). <\/p>\n

La existencia de los motivos expresados, esto es, el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional, se encuentra acreditada con lo previsto en la Resoluci\u00f3n 2555 del 19 de octubre de 2005, a trav\u00e9s de la cual Caprecom resolvi\u00f3 revocar la Resoluci\u00f3n 0548 del 8 de marzo de 2005 y, en su lugar, \u00abreconocer la pensi\u00f3n convencional en la modalidad de 25 a\u00f1os de servicio sin consideraci\u00f3n a la edad\u00bb. En dicha decisi\u00f3n al constatar el cumplimiento de los requisitos previstos convencionalmente, se estim\u00f3 viable otorgar la prestaci\u00f3n en cuant\u00eda inicial de $3.339.979 (f.\u00b0 71 a 75). <\/p>\n

Entonces, al estar acreditado el hecho enrostrado por la empresa para terminar el v\u00ednculo, debe proceder la Sala a analizar si constituye justa causa o no para finiquitar el contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n

Labor que efectu\u00f3, de la siguiente manera: <\/p>\n

\u00abDada la calidad de trabajador oficial del demandante, las justas causas de terminaci\u00f3n del contrato se encuentran previstas en el art\u00edculo 48 del Decreto 2127 de 1945, norma que en su previsi\u00f3n inicial no contempl\u00f3 como justa causa el reconocimiento que de la pensi\u00f3n realice el empleador. <\/p>\n

Ahora, el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003 dispuso: \u00abSe considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relaci\u00f3n legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor p\u00fablico cumpla con los requisitos establecidos en este art\u00edculo para tener derecho a la pensi\u00f3n […]\u00bb, norma que no distingue respecto de la naturaleza de la pensi\u00f3n que cobija. <\/p>\n

Al respecto la Sala ha adoctrinado que tal disposici\u00f3n se incorpora al listado de las justas causas contempladas por el Decreto 2127 de 1945 para los trabajadores oficiales, ya que contiene una regla de despido o de retiro de derecho individual de trabajo. Sobre el particular, se indic\u00f3: <\/p>\n

Entre tanto, respecto del alcance del reconocimiento de pensiones convencionales, como la reconocida al actor, frente al despido con justa causa, el entendimiento que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral le ha dado, consiste en que el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal no constituye justa causa para la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, salvo que medie la solicitud o voluntad del trabajador a fin de obtener la pensi\u00f3n. En efecto, basta citar la sentencia CSJ SL8757-2014 en donde se expres\u00f3: (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Para finalmente estimar, que: <\/p>\n

\u00abEn el caso, la Sala encuentra de la Resoluci\u00f3n 2555 de 19 de octubre de 2005, que a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 0548 de 2005 se neg\u00f3 el reconocimiento a la pensi\u00f3n y que el actor una vez notificado de dicha decisi\u00f3n \u00abinterp[uso] recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino legal, solicitando que se le reconozca la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en la modalidad de 25 a\u00f1os de servicio sin consideraci\u00f3n a la edad [\u2026]\u00bb (f.\u00b0 71). <\/p>\n

De ello se deriva que en el otorgamiento de la prestaci\u00f3n extralegal medi\u00f3 la voluntad del accionante, pues ante la negativa en el reconocimiento formul\u00f3 los recursos legales a fin de que Caprecom la reconociera, tal y como en efecto ocurri\u00f3 en el acto administrativo atr\u00e1s referido; tal circunstancia habilitaba a la empleadora para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo por otorgamiento de la pensi\u00f3n. <\/p>\n

Por lo expuesto, aunque el cargo fue fundado, la Sala en instancia llegar\u00eda a la misma soluci\u00f3n absolutoria contenida en la decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n, pues tendr\u00eda que confirmar la decisi\u00f3n absolutoria de primer grado, al encontrar acreditada la existencia de una justa causa para el rompimiento del nexo contractual\u00bb. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos en los que, se repite, la instancia judicial acusada edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, relacionados con que, en s\u00edntesis, la causal de despido invocada por la empresa demandada es justa, no revelan arbitrariedad o desmesura, toda vez que son fruto de un an\u00e1lisis juicioso de las pruebas recaudadas oportunamente en el memorado litigio, con sujeci\u00f3n al criterio fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral titular respecto del pluricitado par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 797 de 20031. <\/p>\n

6. Por otra parte, si bien dicha Colegiatura al momento de decidir el citado recurso extraordinario no tuvo en cuenta la sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003, que declar\u00f3 exequible dicho precepto, \u201csiempre y cuando adem\u00e1s de la notificaci\u00f3n del reconocimiento de la pensi\u00f3n no se pueda dar por terminada la relaci\u00f3n laboral sin que se le notifique debidamente su inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados correspondiente\u201d (negritas ajenas al texto), siendo ello uno de los reproches esgrimidos por el accionante (cargo 3\u00ba), el cual no mereci\u00f3 ning\u00fan tipo de consideraci\u00f3n por parte de aqu\u00e9lla autoridad, lo cierto es que de cara a la resoluci\u00f3n del caso, no era necesario verificar la inclusi\u00f3n del demandante en la n\u00f3mina de pensionados, pues el tema objeto de estudio era si el reconocimiento pensional constitu\u00eda justa causa de despido, m\u00e1s no desde cuando proced\u00eda el retiro del trabajador, si en cuenta se tiene que la intenci\u00f3n de la Corte Constitucional con dicha decisi\u00f3n fue garantizar el m\u00ednimo vital de \u00e9ste, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la determinaci\u00f3n criticada se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituye causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (ver hace poco en CSJ STC10505-2018 y STC12456-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC13460-2018). <\/p>\n

7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u201cPor la cual se reforman algunas disposiciones del sistema \tgeneral de pensiones previsto en la Ley\u00a0100\u00a0de 1993 y se \tadoptan disposiciones sobre los Reg\u00edmenes Pensionales \texceptuados y especiales.\u201d<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16417-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02311-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102290"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102290\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}