{"id":102305,"date":"2026-07-01T22:25:09","date_gmt":"2026-07-01T22:25:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102305"},"modified":"2026-07-01T22:25:09","modified_gmt":"2026-07-01T22:25:09","slug":"stc16435-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16435-2018\/","title":{"rendered":"STC16435-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16435-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-02052-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier de Jes\u00fas Ga\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez contra el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, la Fiscal\u00eda 176 Local, la Defensor\u00eda P\u00fablica, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00b0 2017-02830. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad, defensa, honra, buen nombre, buena fe y lealtad procesal, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

2.\tSe extrae del escrito inicial y anexos que fue procesado por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb, condenado mediante sentencia de 5 de abril de 2018 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento a la pena de diez (10) a\u00f1os, seis (6) meses de prisi\u00f3n, y que le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el defensor p\u00fablico asignado, recurso actualmente en tr\u00e1mite. <\/p>\n

Aleg\u00f3 que, luego de las audiencias preliminares, no fue citado por el despacho judicial \u00abpese a que inform\u00f3 desde la captura que su direcci\u00f3n era \u201cla carrera 16 No. 19 07, villa Italia, Soacha Cundinamarca\u201d y su m\u00f3vil era 313251(\u2026), las notificaciones se enviaron a un lugar diferente [y] fueron devueltas por error en la direcci\u00f3n de residencia\u00bb, por lo que no tuvo la oportunidad de defenderse, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el abogado que le nombraron tampoco procur\u00f3 su comunicaci\u00f3n, todo lo cual constituye v\u00eda de hecho. Apunt\u00f3 que acude a la tutela como mecanismo transitorio, ya que la segunda instancia se encuentra cursando. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende \u00ab(\u2026) dejar sin validez ni efecto todo lo actuado hasta la imputaci\u00f3n (\u2026) con el fin de que se garantice el debido proceso (\u2026)\u00bb (fls. 4 a 29, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Fiscal 176 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n contra el aqu\u00ed tutelante por hurto calificado y agravado, por hechos acaecidos el 2 de abril de 2017, fecha en la cual se legaliz\u00f3 el procedimiento de captura y se formul\u00f3 imputaci\u00f3n ante el Juzgado Setenta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas. Sobre el reclamo respecto a las notificaciones o citaciones a las audiencias se\u00f1al\u00f3 que estas fueron realizadas por el Juzgado acusado, e indic\u00f3 que \u00abadem\u00e1s era deber de la defensa estar atenta de las comunicaciones remitidas a su representado\u00bb (fls. 143 y 144, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta capital, rese\u00f1\u00f3 lo acontecido en juicio penal tramitado contra el quejoso, el cual finaliz\u00f3 con la sentencia de 5 de abril de 2018 conden\u00e1ndolo; agreg\u00f3 que esa decisi\u00f3n que fue recurrida y se encuentra pendiente de desatar el recurso en el Tribunal Superior. <\/p>\n

Sobre la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica alegada destac\u00f3 que el defensor p\u00fablico asignado \u00abfue diligente e incluso recurri\u00f3 la decisi\u00f3n emitida\u00bb y frente al tema de ausencia de notificaci\u00f3n de las actuaciones resalt\u00f3 que el procesado \u00abconoc\u00eda de la existencia del tr\u00e1mite que se adelantaba en su contra, y ten\u00eda la obligaci\u00f3n de indagar sobre las fechas de las audiencias p\u00fablicas\u00bb (fl. 146, ib.). <\/p>\n

3.\tLa Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del magistrado que tiene a su cargo la resoluci\u00f3n del recurso impetrado, precis\u00f3 que aqu\u00e9l le fue repartido el 8 de mayo de 2018 y se encuentra en turno para resolver (fls. 149 y 150, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tEl Defensor del Pueblo Regional, explic\u00f3 que en el asunto cuestionado debieron ser \u00ab(\u2026) designados varios defensores, esto por motivos de contrataci\u00f3n interna, finalmente al \u00faltimo profesional que le fue asignado el proceso se le solicit\u00f3 un informe de las actuaciones realizadas\u00bb, quien en efecto inform\u00f3 sobre las gestiones adelantadas, entre ellas, la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia (fl. 185, \u00edd.). <\/p>\n

5.\t\u00c1ngel Humberto Junca Guzm\u00e1n, actual apoderado del accionante, se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo manifestado en el escrito de tutela, \u00abla defensa ejerci\u00f3 su papel activamente \u201csin la ayuda del accionante\u201d quien es el directo interesado y nunca busc\u00f3 informaci\u00f3n sobre su proceso\u00bb, sin embargo, adujo que s\u00ed se produjo una vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas en el sentido que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita por la fiscal\u00eda \u00ab(\u2026) no se adecua a la descripci\u00f3n t\u00edpica endilgada\u00bb (fls. 191 a 194, cit.). <\/p>\n

6.\tEl Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1, hizo un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso que se adelanta contra Ga\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez y agreg\u00f3 que, \u00abel 29 de junio de 2018 el defensor de confianza del encartado present\u00f3 solicitud de sustituci\u00f3n o revocatoria de medida de aseguramiento la cual se program\u00f3 para el d\u00eda 25 de julio del a\u00f1o en curso; sin embargo, un d\u00eda antes de la diligencia fue retirada la petici\u00f3n por el apoderado\u00bb (fl. 196, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, dado que, \u00ab(\u2026) como ya se dijo, la sentencia de primer grado fue apelada, y el recurso a la fecha no ha sido resuelto, lo cual no permite de manera alguna determinar la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales. Y recu\u00e9rdese, que es justo en esa instancia donde GA\u00d1\u00c1N RODR\u00cdGUEZ tiene garantizados los medios de defensa aptos para preservar o resarcir los derechos que, en su criterio, fueron vulnerados\u00bb (fls. 207 a 219, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado del querellante, insistiendo en los argumentos del escrito inicial y en la vulneraci\u00f3n que en su sentir represent\u00f3 no haberlo citado debidamente a las diligencias llevadas a cabo durante el juicio; aduce que, como el asunto se halla en segunda instancia, no cuenta con ning\u00fan otro mecanismo de defensa id\u00f3neo para salvaguardar sus derechos, pues \u00ab(\u2026) ni siquiera como una prueba sobreviniente podr\u00eda ser escuchado frente al ad quem (\u2026) lo que deja a mi representado sin la oportunidad de declarar lo que realmente ocurri\u00f3 el d\u00eda de los hechos y sin introducir elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica [para] esclarecer lo ocurrido\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, frente a la pertinencia del recurso de casaci\u00f3n que proceder\u00eda luego del proferimiento del fallo de segundo grado, sostuvo que no responde a las necesidades del actor, porque resolver\u00eda solo conforme las pruebas incorporadas al proceso, y la espera para llegar a esa instancia constituir\u00eda una afectaci\u00f3n tambi\u00e9n para su familia que depende emocional y econ\u00f3micamente de \u00e9l, y por el alto costo de los servicios de un abogado que maneje \u00abla experticia que este recurso requiere\u00bb (fls. 229 a 239, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor por, supuestamente, no haberlo notificado y citado en debida forma a las audiencias surtidas en el proceso que se le adelant\u00f3 por el delito de hurto calificado y agravado, y por dictar sentencia condenatoria en esas condiciones. <\/p>\n

2.\tDe la subsidiariedad. <\/p>\n

Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
\nAl efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

3.\tDel car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n

Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Al margen del problema jur\u00eddico planteado, es decir, la situaci\u00f3n destacada por el actor como lesiva de sus prerrogativas en torno a la supuesta falta de notificaci\u00f3n de los tr\u00e1mites surtidos; se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, tal como lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, puesto que, mientras el proceso en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, no es viable la intromisi\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

Conforme lo resaltado, seg\u00fan se desprende de lo aportado, as\u00ed como de lo indicado en el mismo escrito tutelar, la defensa del procesado interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia de 5 de abril de este a\u00f1o que lo conden\u00f3 a la pena de diez (10) a\u00f1os y seis (6) meses de prisi\u00f3n, recurso que se encuentra en curso ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Por esa espec\u00edfica circunstancia, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que a\u00fan corresponde dirimir al juez ordinario en la instancia, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que compete proferir al competente. <\/p>\n

De ah\u00ed que, si se present\u00f3 recurso de \u00abalzada\u00bb contra el fallo de primer grado, todo lo concerniente a la responsabilidad penal le incumbe dirimirlo al ad quem de dicha causa, sin que sea viable anticiparse a la postura que aqu\u00e9l, en el marco de sus funciones, autonom\u00eda e independencia, pueda adoptar respecto de las cuestiones alegadas. <\/p>\n

5.\tConsideraciones finales. <\/p>\n

Del deber de vigilancia procesal. <\/p>\n

Al margen de lo anterior, y sobre el reclamo relacionado con la presunta falta de citaci\u00f3n a las audiencias, es menester se\u00f1alar que, nada justifica la desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que aqu\u00ed se advierte del procesado, porque una causa judicial, cualquiera sea su naturaleza, pero en especial un proceso penal donde se encuentra en vilo el derecho a la libertad, exige un apersonamiento riguroso y diligente del implicado, es decir, existe una carga que le corresponde asumir con el tr\u00e1mite que se le adelanta, un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse; al respecto esta la Sala ha en ese sentido ha expresado: <\/p>\n

\u00abquien acude a los estrados judiciales debe cumplir las cargas, deberes y obligaciones procesales que el ordenamiento prev\u00e9; y entre esas cargas reluce la de diligencia y esmero en la atenci\u00f3n del proceso, concretamente en lo concerniente a informarse, mediante los instrumentos id\u00f3neos, vgr. los estados, los edictos y si es del caso, los registros y libros respectivos, de las actuaciones judiciales. Por supuesto que es el ordenamiento, con un claro fin garantista, el que prescribe la forma como se notifican las decisiones judiciales y se computan los t\u00e9rminos judiciales mediante reglas que no solo, como ya se anunciara, amparan los derechos fundamentales de las partes, sino, tambi\u00e9n, que trazan derroteros seguros y fiables en la materia\u00bb (CSJ SC 13 feb. 2006, exp. T. No. 00099, reiterada en STC, 1\u00ba Oct. 2013, rad. 01137-01, STC 915-2014, 29 ene. 2014, rad. 2013-00181-01 y STC9248-2016, 7 jul. 2016, rad. 00160-01). <\/p>\n

Complementariamente, tambi\u00e9n se ha dejado sentado: <\/p>\n

\u00abno se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (Providencia de 29 de enero de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC 19 ene. 2012, rad. 01601-01, y m\u00e1s recientemente en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01). <\/p>\n

Se agrega que la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ SC STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01). <\/p>\n

Todo lo anterior se refuerza por el solo hecho que el accionante se hallaba en libertad y ten\u00eda absoluto conocimiento del juicio que se le inici\u00f3 tras las diligencias preliminares de control de garant\u00edas a las que se vio sometido, donde le concedieron la posibilidad de continuar el proceso sin medida de aseguramiento alguna, de suerte que, tambi\u00e9n le correspond\u00eda demostrar un m\u00ednimo de diligencia e inter\u00e9s a sabiendas que dicho asunto se encontraba en curso. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

El amparo constitucional rogado resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02052-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16435-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2018-02052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}