{"id":102309,"date":"2026-07-01T22:25:47","date_gmt":"2026-07-01T22:25:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102309"},"modified":"2026-07-01T22:25:47","modified_gmt":"2026-07-01T22:25:47","slug":"stc16440-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16440-2018\/","title":{"rendered":"STC16440-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16440-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00992-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el convocante frente al fallo proferido el 13 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las acciones de tutela acumuladas (2018-00992, 2018-00998 y 2018-01005), que promovi\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y los intervinientes en el asunto objeto de queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por el despacho acusado. <\/p>\n

En consecuencia, suplic\u00f3 ordenar a la sede judicial criticada, \u00abproferir auto alguno en [las] acci[ones] popular[es] [2018-00794, 2018-00795 y 2018-00793] y… cumplir los t\u00e9rminos perentorios… que le ordena e impone la Ley 472 de 1998\u00bb; a m\u00e1s de conminar al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no abstenerse \u00aba futuro de\u2026 realizar [las] vigilancias judiciales y administrativas [que] solicit[e]\u00bb (folios 1, 3 y 5, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes (folios 1 a 5, 19 CD, cuaderno 1; y 4 a 21, cuaderno Corte): <\/p>\n

2.1.\tEl 19 de octubre de 2018 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 las acciones populares -radicados 2018-007931, 2018-007942 y 2018-007953- contra Audifarma S.A. <\/p>\n

2.2.\tEn el curso de la presente solicitud de amparo, el pasado 31 de octubre el Juzgado encausado dispuso acumular a la acci\u00f3n popular con radicado 2018-007914, las referidas a espacio y las identificadas con los n\u00fameros 007925, 007966 y 007977, a la vez que las admiti\u00f3, con sus consecuenciales ordenamientos, encontr\u00e1ndose a la espera de que se surtan la notificaci\u00f3n de la demanda y el aviso a la comunidad para continuar con las etapas subsiguientes. <\/p>\n

2.3.\tEn sede de tutela, el actor critic\u00f3 que la dependencia judicial atacada, en el rito de las demandas colectivas n.\u00bas 2018-00793, 00794 y 00795, \u00abno cumple los t\u00e9rminos… que le impone y ordena la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el Consejo Seccional de la Judicatura encausado no ha dado curso a la solicitud de vigilancia que le plante\u00f3 frente a \u00ab[sus] acci[ones] popular[es]\u00bb (folio 1, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLas peticiones acumuladas de amparo fueron formuladas el 26 de octubre de 2018 y admitidas a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el d\u00eda 29 siguiente (folios 1, 3 y 5; 8 y 9, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abel estado de las acciones populares son (sic) ACTIVAS, con auto del 31 de octubre de 2018, notificado por estado el 1[\u00b0] de noviembre de 2018[,] se resuelve acumular las acciones populares 2018-00794, 2018-00795 y 2018-00793 [a] la radicada 2018-00791 y se admite la demanda, con sus correspondientes \u00f3rdenes de notificaci\u00f3n\u00bb (folio 19, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n \u00abpor la inexistencia de nexo causal entre las acciones u omisiones de este y la posible lesi\u00f3n o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante\u00bb, destacando que este \u00abno ha solicitado vigilancia judicial administrativa por el tr\u00e1mite adelantado\u00bb en las acciones populares 2018-794, 2018-795 y 2018-793, y las dem\u00e1s peticiones que de ese linaje ha formulado aqu\u00e9l respecto de otros asuntos, han sido atendidas en oportunidad (folios 15 y 16, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa Alcald\u00eda de Pereira sostuvo que no le constaban los hechos expuestos por el gestor y que se aten\u00eda a lo probado en este asunto (folio 12, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tLa Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque las demandas populares aludidas no fueron promovidas por esa entidad y no se le ha comunicado el auto que las admiti\u00f3 para intervenir en las misma, de considerarlo pertinente; sumado a que la situaci\u00f3n denunciada le resulta ajena porque su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada… en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb (folio 17, cuaderno 1).
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto, en relaci\u00f3n a la mora judicial alegada comoquiera que el estrado requerido profiri\u00f3 auto de acumulaci\u00f3n y admisibilidad de las demandas populares aludidas el 31 de octubre de 2018, lo que desemboc\u00f3 en un hecho superado. <\/p>\n

Agreg\u00f3, en cuanto a la censura frente al Consejo Seccional encausado, que el quejoso \u00abno ha elevado solicitud alguna tendiente a obtener vigilancia administrativa en los procesos en que encuentra vulnerados sus derechos\u00bb (folios 21 a 23, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el actor sin exponer los motivos de su disenso (folio 26, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSeg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2.\tDescendiendo al sub examine, extrae la Corte que el querellante, para cuando interpuso la petici\u00f3n acumulada de amparo8, se dol\u00eda de que el despacho acusado no hab\u00eda proferido decisi\u00f3n alguna en las acciones populares 2018-00793, 2018-00794 y 2018-00795 que \u00e9l radic\u00f3 el pasado 19 de octubre, desconociendo los t\u00e9rminos de la ley 472 de 1998. <\/p>\n

Sin embargo, de los documentos obrantes en el expediente, se concluye que la salvaguarda incoada carece de objeto, pues en el curso de este tr\u00e1mite constitucional, mediante prove\u00eddo del 31 de octubre \u00faltimo9, el juzgado cuestionado acumul\u00f3 las rese\u00f1adas demandas populares, junto con otras tres10, a la identificada con radicado 2018-00791, y las admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, decisi\u00f3n que no recurri\u00f3 el quejoso, encontr\u00e1ndose tal actuaci\u00f3n pendiente de que se surta la notificaci\u00f3n de la demandada y el aviso a la comunidad para continuar con las etapas subsiguientes.
\nEn consecuencia, se muestra inexistente el supuesto de hecho aducido como conculcador de derechos, toda vez que el despacho convocado, en efecto, dio al asunto el impulso echado de menos, cuya ausencia, en \u00faltimas, constitu\u00eda el soporte del reclamo supralegal, raz\u00f3n por la que pierde motivo el amparo, pues no tendr\u00eda sentido impartir alguna orden si la misma careciera de objeto. <\/p>\n

Al respecto se ha reiterado que \u00ab\u2026la carencia de objeto\u2026, se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe\u2026\u201d, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado\u2026 ha sido totalmente [satisfecha], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026\u00bb (CSJ STC1638, 12 feb. 2016, rad. 2015-00544-01). <\/p>\n

3.\tPor otro lado, en lo que tiene que ver con la queja frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, basta decir que la protecci\u00f3n rogada se torna inviable por no superar el presupuesto de la subsidiariedad, dado que el actor no demostr\u00f3 haber concurrido ante esa entidad reclamando la vigilancia de las acciones populares en cuesti\u00f3n y, por dem\u00e1s, este mecanismo excepcional de amparo no est\u00e1 destinado a resolver eventuales y futuras situaciones relacionadas con la hipot\u00e9tica conculcaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, como lo pretende el gestor al reclamar que se ordene a aquella autoridad abstenerse \u00aba futuro de negar a realizar [sus] solicitudes de vigilancias judiciales y administrativas\u00bb. <\/p>\n

4.\tPor lo consignado en precedencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda, env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante, la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Ausencia justificada
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: sucursal de la calle 134 No. 17-68 \tde Bogot\u00e1 (folio 8, cuaderno Corte).
\n2 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: calle 76 No. 16A-24 de Bogot\u00e1 \t(folio 11 \u00eddem).
\n3 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: sucursal de la calle 58 No. 50-40 de \tMedell\u00edn (folio 14 ib\u00eddem).
\n4 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: calle 10 No. 18-75 de Bogot\u00e1 \t(folio 5 ejusdem).
\n5 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: calle 1 No. 47-38 de Cali (folio 17, \tcuaderno Corte).
\n6 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: calle 139 No. 94-55 de Bogot\u00e1 \t(\u00eddem).
\n7 \tLugar de la vulneraci\u00f3n: calle 53 No. 17-34 de Medell\u00edn \t(ib\u00eddem). <\/p>\n

9 \tFolios 17 a 21, cuaderno Corte.
\n10 \tAcciones populares No. 2018-00792, 2018-00796 y 2018-00797.
\n9<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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