{"id":102310,"date":"2026-07-01T22:25:54","date_gmt":"2026-07-01T22:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102310"},"modified":"2026-07-01T22:25:54","modified_gmt":"2026-07-01T22:25:54","slug":"stc16444-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16444-2018\/","title":{"rendered":"STC16444-2018"},"content":{"rendered":"
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N
\nConjuez ponente <\/p>\n

STC16444-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2018-00519-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada como mecanismo transitorio por GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ, contra la SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la DIRECCI\u00d3N EJECUTIVA DE ADMINISTRACI\u00d3N JUDICIAL a quienes acusa de que le vulneran el debido proceso, el derecho al trabajo, adem\u00e1s de quebrantar el principio de legalidad y dignidad humana. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tContra el accionante, quien funge como Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, se inici\u00f3 investigaci\u00f3n penal en la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes. <\/p>\n

2.\tCon posterioridad a esa apertura de investigaci\u00f3n, en sesi\u00f3n extraordinaria de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n llevada a cabo el 3 de abril de 2018, se aplic\u00f3 el numeral 24 del art\u00edculo 10 del reglamento interno que adicion\u00f3 el acuerdo 006 de 2002, y en raz\u00f3n de ello se relev\u00f3 al accionante de las funciones jurisdiccionales y administrativas propias de su cargo, \u201cpor el t\u00e9rmino que dure la investigaci\u00f3n\u201d, como as\u00ed se establece en la disposici\u00f3n aplicada. <\/p>\n

Esa decisi\u00f3n se adopt\u00f3 luego de agotarse las intervenciones pertinentes a favor y en contra, y tras la votaci\u00f3n a favor de aplicarla de las dos terceras partes de los integrantes de Sala, con el salvamento de voto de cinco Magistrados que votaron en contra de tal acuerdo.
\n3. En raz\u00f3n de ese pronunciamiento, la Administraci\u00f3n Judicial le suspendi\u00f3 el pago del salario y dem\u00e1s emolumentos. <\/p>\n

II. SUSTENTO DE LA \tTUTELA <\/p>\n

1. El eje central de la pretensi\u00f3n constitucional que ac\u00e1 se intenta hace relaci\u00f3n con que la norma del reglamento interno de esta Corporaci\u00f3n que se aplic\u00f3, fue modificada con posterioridad a la comisi\u00f3n de los hechos por los cuales se investiga al accionante y en que, por ende, se hizo actuar retroactivamente y sin consideraci\u00f3n a que la norma existente para la \u00e9poca de los hechos investigados, era la favorable. <\/p>\n

2. Se apoya adem\u00e1s en que, -en sentir del quejoso-, la Corte no aplic\u00f3 una medida administrativa sino disciplinaria, adicionalmente \u201ccon base en sus apreciaciones subjetivas\u201d, de suerte que se viol\u00f3 el principio de legalidad al crear adem\u00e1s una sanci\u00f3n con \u201cnombre y apellido\u201d. <\/p>\n

3. En relaci\u00f3n con el acuerdo emitido por la Corte para cuando se le aplic\u00f3 la medida administrativa, aduce que este se suscribi\u00f3 el 3 de abril de 2018, pero fue aprobado tan solo 55 d\u00edas despu\u00e9s, a pesar de lo cual se le hizo surtir efectos desde ese 3 de abril, por lo cual viol\u00f3 el principio de que ning\u00fan acto administrativo es retroactivo. <\/p>\n

III. RESPUESTA A LA \tTUTELA <\/p>\n

El se\u00f1or Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Jos\u00e9 Luis Barcel\u00f3 Camacho, resalt\u00f3 la improcedencia de la misma de cara a que existe el procedimiento administrativo previsto mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para debatir todas las circunstancias que se traen a colaci\u00f3n en esta acci\u00f3n constitucional, con mayor raz\u00f3n cuando adem\u00e1s se pide la restituci\u00f3n de salarios. <\/p>\n

Adicionalmente adujo que no se vulner\u00f3 derecho alguno toda vez que se agot\u00f3 en debida forma el debido proceso. <\/p>\n

IV. PRETENSIONES <\/p>\n

Con esta acci\u00f3n constitucional se quiere dejar sin efectos el acta n\u00famero 12 de la sesi\u00f3n extraordinaria de Sala Plena de 3 de abril de 2018 y el acuerdo 1107 de esa misma fecha mediante el cual se relev\u00f3 de las funciones administrativas y jurisdiccionales al accionante, para que por a\u00f1adidura se ordene a su favor el pago de los salarios dejados de devengar. <\/p>\n

V. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Varios son los argumentos que se erigen en contra de lo pretendido y que en consecuencia se a\u00fanan para negar la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

1. El primero tiene que ver con que la medida administrativa que se aplic\u00f3, aunque obviamente ligada con los hechos por los cuales el poder legislativo investiga penalmente al Magistrado GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ, no se ocupa de ellos. De haber ocurrido esa circunstancia, la Corte Suprema de Justicia habr\u00eda usurpado funciones que no le correspond\u00edan y ello, sin duda, no aconteci\u00f3. <\/p>\n

El acto administrativo, con las secuelas de las que se duele el accionante, est\u00e1 es \u00edntimamente adherido, -como tiene que ser-, al hecho real y evidente de que el ahora quejoso estaba (y est\u00e1) siendo investigado penalmente por la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, que es la entidad autorizada por la ley para llevar a cabo tal procedimiento mientras conserve el fuero de Magistrado. <\/p>\n

Es preciso, en consecuencia, sentar claros mojones para diferenciar unas circunstancias que la tutela intenta mezclar y confundir sin \u00e9xito: una es la ocurrencia de unos hechos que son materia de investigaci\u00f3n penal, y otra es la situaci\u00f3n de un funcionario que por ser sujeto de esa investigaci\u00f3n es apartado de sus funciones, de suerte que todo el andamiaje por el cual se pretende demostrar que el reglamento interno fue aplicado con retroactividad, simplemente se viene al suelo, por el hecho evidente de que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica contemplada en el numeral 24 del art\u00edculo 10 del actual reglamento interno, se sucede en el tiempo, esto es, la \u00fanica premisa de que este siendo investigado penalmente, se dio no solo para cuando esa disposici\u00f3n fue sometida a votaci\u00f3n de Sala Plena, sino que adem\u00e1s perdura hasta la fecha sin soluci\u00f3n de continuidad. <\/p>\n

Retomando, cabe concluir que el reglamento interno se aplic\u00f3 para la situaci\u00f3n que expresamente prev\u00e9 y que exist\u00eda para ese momento, la cual, se reitera, no ten\u00eda nada que ver con la fecha en que se dieron los hechos presuntamente delictivos, que solo la autoridad con legitimaci\u00f3n para decidir sobre el particular, debe analizar y resolver, de donde deviene que aquel dato no es trascendente para determinar la legalidad o no de una medida que solo ten\u00eda que aplicarse con vista en que al momento en que se emiti\u00f3, el funcionario estuviera investigado penalmente. <\/p>\n

2. Las restantes denuncias dejan un poco al lado el acuerdo que le relev\u00f3 de sus funciones, para ahondar en el acto administrativo que modific\u00f3 el reglamento interno de la Corte e incluy\u00f3 el numeral 24 al art\u00edculo 10 del acuerdo 006 de 2002, donde se regula en torno del hecho de que uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea investigado penalmente. <\/p>\n

Para definir lo pertinente en cuanto a dicho t\u00f3pico, es preciso resaltar que de conformidad con los argumentos que sirvieron de sustento a dicha norma, son dos los pilares que se erigen como motivaci\u00f3n central para su existencia, ambos basados en la \u00e9tica, tanto personal como p\u00fablica; en primera medida, conferir la totalidad del espacio, tiempo, dedicaci\u00f3n al investigado para que asuma su defensa, y la segunda, servir de basti\u00f3n a la institucionalidad. <\/p>\n

Por ello fue que el Magistrado FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO en la sesi\u00f3n de Sala Plena donde se aplic\u00f3 dicho precepto del reglamento interno, adujo sobre ella que es \u201c\u2026.una medida de protecci\u00f3n institucional tendiente a preservar la legitimidad de las decisiones que debe seguir adoptando la Corte en cumplimiento de sus funciones, as\u00ed como la confianza que debe tener la sociedad en su m\u00e1ximo Tribunal de la justicia ordinaria\u201d. <\/p>\n

No es pues subjetiva la modificaci\u00f3n. Ella, que se apoya en las facultades conferidas en el art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el numeral 4 del art\u00edculo 17 de la ley 270 de 1996, y que eman\u00f3 del acuerdo 1055 de 2017, aprobado el 22 de noviembre de 2017, publicado en la edici\u00f3n 50.427 del Diario Oficial, se concibi\u00f3 para \u201cgarantizar la imparcialidad, la moralidad y la \u00e9tica en la funci\u00f3n de administrar justicia y para salvaguardar la legitimidad, la credibilidad, el buen nombre y el prestigio de la Corporaci\u00f3n\u201d y consisti\u00f3 en aplicar \u201cuna medida administrativa, preventiva y no sancionatoria\u201d, que permitiera relevar de funciones jurisdiccionales y administrativas al Magistrado de la Corporaci\u00f3n que \u201cest\u00e9 siendo investigado penalmente por autoridad competente, y a causa de ello se encuentre cuestionada de manera grave y fundada su honorabilidad\u201d. <\/p>\n

Esa modificaci\u00f3n al reglamento conlleva en consecuencia un loable prop\u00f3sito de pulcritud y moralidad p\u00fablica, am\u00e9n de que se constituye en una norma absolutamente gen\u00e9rica para aplicar a cualquier Magistrado de esta Corporaci\u00f3n a quien se endilguen las circunstancias all\u00ed descritas, de manera que en parte alguna se vislumbra esa subjetividad que se le atribuye en el escrito de tutela. Tampoco es viable afirmar que la medida aplicada es sancionatoria, toda vez que ella nace y se conserva como una \u201cmedida de car\u00e1cter preventivo\u201d, tal como ocurre a\u00fan con la suspensi\u00f3n provisional dentro de procesos esos s\u00ed disciplinarios (C-450\/03). <\/p>\n

Si ello es as\u00ed en cuanto a la motivaci\u00f3n y el fondo de la norma cuestionada, todo lo que se denuncia en relaci\u00f3n con los supuestos vicios formales rebasa el examen breve y sumario que admite la acci\u00f3n de tutela, y en cambio se ubican en el escenario amplio y especializado que solo puede imprimir el juez natural, dentro del proceso previamente establecido por la ley para agotar dichos aspectos. <\/p>\n

Y es que es necesario resaltar que a\u00fan promovi\u00e9ndose como mecanismo transitorio esta queja, ello no logra transformar un debate t\u00edpicamente contencioso, en uno de \u00edndole constitucional, porque adem\u00e1s la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales deja entonces inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de legalidad que hasta el momento ampara al acta y al acuerdo cuestionados. En consecuencia, es all\u00ed, y solo all\u00ed, donde se podr\u00e1n analizar los varios argumentos en que se sustenta esta acci\u00f3n de tutela, como as\u00ed parece entenderlo el propio actor que solicit\u00f3 la conciliaci\u00f3n extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad tendiente a presentar la demanda administrativa. <\/p>\n

3. Al accionante no se le vulner\u00f3 el debido proceso, por el contrario, el tr\u00e1mite previo a la decisi\u00f3n de la cual se duele agot\u00f3 en su totalidad la ritualidad prevista, y por otra parte el derecho al trabajo tampoco resulta quebrantado, s\u00ed se considera que la cesaci\u00f3n del mismo proviene de un hecho cuya magnitud y cuyas consecuencias son precisamente objeto de la investigaci\u00f3n a la cual es sometido en la actualidad. De encontrarse inocente, esto es, de resultar absuelto y concluirse que no incurri\u00f3 en hecho punible alguno, todos sus salarios, todos los emolumentos, se le deber\u00e1n pagar con retroactividad, de manera que esa suspensi\u00f3n en el tiempo no es causal para considerar que se le vulner\u00f3 su derecho constitucional, tal como en ese sentido lo tiene decantado la jurisprudencia cuando ha descartado tal quebranto en actuaciones similares que se adoptan dentro de procesos donde se aplica la suspensi\u00f3n del cargo. <\/p>\n

Cabe concluir, entonces, que la acci\u00f3n de tutela interpuesta es improcedente. <\/p>\n

VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela intentada por GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ. <\/p>\n

Por el medio m\u00e1s expedito, COMUN\u00cdQUESE esta decisi\u00f3n a la totalidad de intervinientes y en caso de no ser impugnada, REMITASE la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE.- <\/p>\n

DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N
\nConjuez Ponente <\/p>\n

MONICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ
\nConjuez <\/p>\n

ANA ZENOBIA GIACOMETTE FERRER
\nConjuez <\/p>\n

PEDRO LAFONT PIANETTA
\nConjuez <\/p>\n

HER\u00c1N FABIO L\u00d3PEZ BLANCO
\nConjuez <\/p>\n

GUILLERMO MONTOYA P\u00c9REZ
\nConjuez <\/p>\n

FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS
\nConjuez <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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