{"id":102312,"date":"2026-07-01T22:26:22","date_gmt":"2026-07-01T22:26:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102312"},"modified":"2026-07-01T22:26:22","modified_gmt":"2026-07-01T22:26:22","slug":"stc16485-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16485-2018\/","title":{"rendered":"STC16485-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02239-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s de octubre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Luc\u00eda Estupi\u00f1an Trivi\u00f1o, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la Fiduciaria Popular S.A., vocera del Patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo, prelaci\u00f3n del derecho sustancial, m\u00ednimo vital, debido proceso (imperio de la ley, favorabilidad laboral, equidad) que consider\u00f3 vulnerados por la autoridad judicial accionada al casar el fallo de segunda instancia y negarle las pretensiones de la demanda, en la que pidi\u00f3 que se declare que es beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n

Por tal motivo, solicit\u00f3 que se protegieran las garant\u00edas invocadas, por tanto, se deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 11 de septiembre de 2018, se realice el pago de los derechos convencionales de conformidad con las sentencias T-1166, T-1238 y T-1239 de 2008 de la Corte Constitucional, se declare que es beneficiaria del pacto sindical de trabajo mayoritaria del ISS y se ordene el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional, \u00abcon una tasa de remplazo del 100% con todos los factores salariales\u00bb. [Folio 12, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La peticionaria demand\u00f3 \ta la E.S.E. Francisco de Paula Santander en Liquidaci\u00f3n, con \tel fin de que fueran condenadas a reliquidarle la pensi\u00f3n de \tjubilaci\u00f3n con el 100% del promedio salarial de los dos \t\u00faltimos a\u00f1os, previsto en el art\u00edculo 98 de la \tConvenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, el reajuste de las mesadas \tpensionales con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de \tprecios al consumidor, as\u00ed como los derechos y auxilios \tconvencionales, tales como indemnizaci\u00f3n por despido sin \tjusta causa, d\u00eda profesional, incremento salarial, aumento \tadicional sobre salarios, primas t\u00e9cnica, de vacaciones y de \tservicios, vacaciones, auxilios de transporte y de alimentaci\u00f3n, \tcesant\u00eda e intereses, subsidio familiar, dotaciones, d\u00eda \tde la seguridad social, la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas, \tlo ultra y extra petita y las costas procesales. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le \tcorrespondi\u00f3 al \tJuzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n

3. La E.S.E. Francisco de Paula \tSantander se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que \tdenomin\u00f3: \t\u201cfalta \tde jurisdicci\u00f3n\u201d, \u201cpago\u201d, \u201cfalta de \tlegitimaci\u00f3nen la causa por pasiva\u201d, inexistencia de la \tobligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

4. El 14 \tde noviembre de 2008, \tel Juzgado Cuarto \tLaboral del Circuito de Bucaramanga \tprofiri\u00f3 \tsentencia en la que \tabsolvi\u00f3 a la demanadada de las pretensiones que fueron \tpresentadas en su contra. <\/p>\n

5. Inconforme con esa decisi\u00f3n, \tla demandante interpuso \trecurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. En pronunciamiento de 17 \tde febrero de 2011, la \tSala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga revoc\u00f3 \tla decisi\u00f3n del a \tquo y, en su lugar, \tconden\u00f3 a \tla E.S.E. Francisco de Paula Santander a cancelar a la demandante la \tpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, a partir del 1\u00ba de \tseptiembre de 2005, en el 100% del promedio de lo percibido en el \t\u00faltimo a\u00f1o de servicios, con inclusi\u00f3n de todos \tlos factores constitutivos de salario. <\/p>\n

Lo anterior, con sustento en que si bien los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales hab\u00edan pasado a las Empresas Sociales del Estado en calidad de empleados p\u00fablicos, no perd\u00edan sus prerrogativas convencionales, que constitu\u00edan derechos adquiridos, seg\u00fan el mandato del art\u00edculo 18 del Decreto 1750 de 2003. <\/p>\n

7. En desacuerdo con lo decidido, \tla \tE.S.E. Francisco de Paula Santander \tformul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

8. En fallo de 11 de septiembre \tde 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n \tcas\u00f3 la \tsentencia y confirm\u00f3 la providencia emitida por el Juzgado en \tcita, con fundamento en que, de acuerdo con el precedente, los \tservidores del Instituto de Seguros Sociales que pasaron a las \tempresas sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003, \tcambiaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados \tp\u00fablicos, de suerte que no gozan de los beneficios \tconvencionales, por tanto, la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo \tno le era aplicable a la demandante, puesto que pertenece a la \tplanta de personal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, sin \tsoluci\u00f3n de continuidad, desde el 26 de junio de 2003 hasta \tel 30 de julio de 2005, por lo que durante este tiempo ostent\u00f3 \tla calidad de empleada p\u00fablica. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque no cumpli\u00f3 con la totalidad de los requisitos convencionales, es decir, 50 a\u00f1os de edad cuando ostentaba la calidad de trabajadora oficial como para predicar que ten\u00eda un derecho adquirido. <\/p>\n

10. En criterio de la peticionaria del amparo, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, dado que no tuvo en consideraci\u00f3n la jurisprudencia de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se encuentra vigente y por ello, era procedente el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n pensional en la forma solicitada. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 11 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 dar traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 73-74, c.1] <\/p>\n

2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 los motivos que lo llevaron a revocar el fallo de primer grado y en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda, sin hacer manifestaci\u00f3n expresa en torno a la solicitud de amparo. [Folios 84-85, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 23 de octubre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la tutela, al estimar que la providencia proferida por ese cuerpo colegiado es acertada y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la accionante que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, lo que escapa a la funci\u00f3n de este mecanismo excepcional. [Folios 86-98, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con la determinaci\u00f3n anterior, la accionante la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 que se debe efectuar el pago de los derechos convencionales, en cumplimiento de las sentencias T-1166, T-1238 y T-1239 de 2008 de la Corte Constitucional. [Folios 100-111, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos en los que se fund\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada para casar la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, no advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante, toda vez que la interpretaci\u00f3n que all\u00ed se plasm\u00f3 no puede considerarse irracional o antojadiza. <\/p>\n

En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Instituci\u00f3n expuso en su providencia los motivos por los cuales no hab\u00eda lugar a acceder a la pretensi\u00f3n de la quejosa, puesto que la jurisprudencia nacional ha sostenido que los servidores del Instituto de Seguro Social que pasaron a laborar a las Empresas Sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003, cambiaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, de manera que tienen un r\u00e9gimen salarial especial y no gozan de los beneficios convencionales de los trabajadores oficiales. <\/p>\n

En ese sentido, efectu\u00f3 un estudio acerca del caso espec\u00edfico de la tutelante y advirti\u00f3 que no cumpl\u00eda con la totalidad de los requisitos convencionales cuando ostentaba la calidad de trabajadora oficial para predicar que ten\u00eda un derecho adquirido, de manera que ante esa falencia hab\u00eda lugar a casar la sentencia del ad quem: <\/p>\n

\u00abA la luz de este criterio jurisprudencial, resulta claro que la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 2001- 2004, en que fundamenta la actora la pretendida reliquidaci\u00f3n pensional, no le era aplicable, toda vez que \u00e9sta pas\u00f3 a ser parte de la planta de personal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, sin soluci\u00f3n de continuidad, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 30 de julio de 2005, por lo que durante este tiempo ostent\u00f3 la calidad de empleada p\u00fablica y, por ende, no le resultaban aplicables las disposiciones convencionales invocadas en el proceso; m\u00e1xime que la actora, si bien al momento de entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, no contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios oficiales y no ten\u00eda 50 a\u00f1os de edad para la misma \u00e9poca, pues solo vino a cumplir estas exigencias, con posterioridad al momento en que finaliz\u00f3 el v\u00ednculo con la Empresa Social del Estado, de manera que tampoco puede predicarse que antes de la escisi\u00f3n del ISS ten\u00eda cuando ostentaba la calidad de trabajadora oficial como para predicar que ten\u00eda un derecho adquirido susceptible de proteger legalmente.\u00bb <\/p>\n

3. Luego, las anotadas consideraciones no evidencian capricho de la Sala accionada, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias y con independencia de que se comparta o no su interpretaci\u00f3n, no es posible descalificarlas, de modo que el asunto no amerita el otorgamiento del amparo invocado. <\/p>\n

4. De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la promotora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n

Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el despacho accionado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada, pues los motivos que adujo en su providencia constituye una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso de la solicitante del amparo. <\/p>\n

5. En torno a la garant\u00eda del derecho a la igualdad que se reclama con fundamento en precedentes de algunas autoridades judiciales, la m\u00e1s elemental l\u00f3gica exige que para establecer si un determinado evento vulnera esa prerrogativa fundamental, debe previamente analizarse en comparaci\u00f3n con otra circunstancia, tambi\u00e9n determinada. <\/p>\n

Es necesario por lo menos un elemento a partir del cual pueda mediar equiparaci\u00f3n, para de all\u00ed extraer si existe o no un trato desigual, pues la ruptura de la equidad s\u00f3lo puede derivarse del exacto conocimiento de las situaciones e hip\u00f3tesis materia de comparaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto se advierte que no existen dentro del expediente pruebas que conduzcan a tener certeza sobre que la accionante recibiera un trato desigual en relaci\u00f3n con otros ciudadanos que se encuentren en id\u00e9ntica posici\u00f3n frente a las autoridades demandadas. <\/p>\n

Conclusi\u00f3n que se robustece si en cuenta se tiene que la accionante no demostr\u00f3 el cumplimiento de los par\u00e1metros expuestos por la Corte Constitucional en sentencias T-1166, T-1238 y T-1239 de 2008, para concluir que ostentaba la calidad de prepensionada antes de la escisi\u00f3n del ISS, esto es, \u00abdeb\u00eda estar a tres (3) a\u00f1os o menos de adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n o de vejez, contados a partir del momento en el que se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la entidad\u00bb (C.C. T-1166 de 2008). <\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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