{"id":102316,"date":"2026-07-01T22:26:51","date_gmt":"2026-07-01T22:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102316"},"modified":"2026-07-01T22:26:51","modified_gmt":"2026-07-01T22:26:51","slug":"stc16522-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16522-2018\/","title":{"rendered":"STC16522-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

STC16522-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00921-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas (2018-00921, 2018-00934, 2018-00940 y 2018-00941), promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado 2\u00ba Civil Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Defensor\u00eda del Pueblo de esa urbe, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y Juan D. Morales. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada.
\nSolicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en sus acciones populares \u00abporque va en contrav\u00eda del esp\u00edritu de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, pidi\u00f3 i) \u00abal Procurador General de la Naci\u00f3n se pronuncie en derecho, si el desistimiento t\u00e1cito aplica en a[cciones] populares, pese a estar reglado su tr\u00e1mite en la Ley especial 472 de 1998\u00bb; y ii) se \u00abpruebe a trav[\u00e9s] de q[u\u00e9] medio id\u00f3neo se informar\u00e1 la existencia de [su] tutela a los tercer[os] interesados y de no hacerlo desde ya pid[e] la nulidad de todo lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n\u00bb (folios 1, 3, 5, y 7, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que las quejas se sustentan, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tJuan D. Morales instaur\u00f3 acciones populares contra el Centro de Servicios Crediticio S.A.1, el Banco Fundaci\u00f3n de la Mujer2, el Banco Colpatria3 y Bancolombia S.A.4, bajo los radicados n\u00ba 2018-00419, 2018-00425, 2018-00426 y 2018-00427, respectivamente, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Pereira; peticiones coadyuvadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

2.3. En tr\u00e1mite de rigor, el estrado judicial, en aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requiri\u00f3 al gestor a fin de \u00abrealizar las diligencias necesarias para la notificaci\u00f3n efectiva del demandado\u00bb; decisiones mantenidas el 29 de agosto siguiente, requiriendo nuevamente al interesado para cumplir con las cargas procesales indicadas. <\/p>\n

2.4. El 18 de octubre de 2018, ante el incumplimiento a lo ordenado, el Juzgado termin\u00f3 las acciones populares por desistimiento t\u00e1cito, seg\u00fan lo dispuesto en el canon 317 del Estatuto Adjetivo Civil; determinaci\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 30 siguiente. <\/p>\n

2.5. Por v\u00eda de tutela, se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones que terminaron, por desistimiento t\u00e1cito, sus peticiones populares, pues, en su sentir, la norma aplicable es la Ley 472 de 1998, que no el C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que se vulner\u00f3 el debido proceso. <\/p>\n

3. En tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, la Secretar\u00eda del despacho 2\u00b0 Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 \u00abdar los lineamientos claros para realizar la publicaci\u00f3n de la comunidad, pues el Fondo no lo hace, y [le] corresponde\u2026 como Juzgado hacerlo\u00bb (folio 8, cuaderno Corte). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a las acciones populares que originaron la queja constitucional; anot\u00f3 que contra el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de los procesos por desistimiento t\u00e1cito, el gestor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, sin que a la fecha hayan sido resueltos (folio 14, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Regional Risaralda- inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, sostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n ajena a es[a] Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb (folio 16, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa Procuradur\u00eda 3 Judicial II para Asuntos Civiles refiri\u00f3 que la autoridad accionada omiti\u00f3 los art\u00edculos 5\u00b0 y 21 la Ley 472 de 1998 en aras de integrar el contradictorio, raz\u00f3n por la que no pod\u00eda dar aplicaci\u00f3n al canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso (folios 19 a 21, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que incumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues contra los prove\u00eddos que terminaron las acciones populares por desistimiento t\u00e1cito, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n sin que a la fecha hayan sido resueltos, por lo que la salvaguarda se tornaba prematura. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que respecto de la queja referente a la solicitud de que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se pronunciara sobre la procedencia del desistimiento t\u00e1cito en acciones populares, el actor no hab\u00eda elevado ninguna petici\u00f3n ante dicha entidad. <\/p>\n

Finalmente, rechaz\u00f3 la nulidad deprecada, tras considerar que los terceros con inter\u00e9s fueron vinculados a la solicitud de amparo, remitiendo las constancias de dichas comunicaciones (folios 23 a 25, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el accionante sin manifestar el motivo de su disenso (folio 33, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al \tart\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \tacci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido \tpara proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o \tamenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas \ty, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya \tnaturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a \tlos jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de \tdefensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
\n2.\tNo obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n

\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

3.\tDescendiendo al sub examine advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto termin\u00f3 las acciones populares 2018-00419, 2018-00425, 2018-00426 y 2018-00427 por desistimiento t\u00e1cito en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, motivaci\u00f3n que configura una flagrante \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

En efecto, lo pretendido con la acci\u00f3n popular es la protecci\u00f3n de los derechos colectivos de toda una comunidad, que requiere de una diligencia pronta de la administraci\u00f3n de justicia, en aras de salvaguardar las garant\u00edas de dicha sociedad, lo que hace que aquellas sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles. <\/p>\n

Al respecto, en reciente pronunciamiento la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

Dichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles. <\/p>\n

En tal sentido, al declarar parcialmente inexequible la el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que:
\nSin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a "volver las cosas a su estado anterior", en cuanto establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n. De igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible (CSJ, STC14483-2018, 7 nov., rad. 2018-00755-01). <\/p>\n

Bajo ese contexto, se tiene que las acciones populares se tramitan en pro de las garant\u00edas colectivas, raz\u00f3n por la que la legislaci\u00f3n colombiana estableci\u00f3 su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de la Ley 472 de 1998, la cual no contempla la terminaci\u00f3n anormal del proceso, como en efecto, ac\u00e1 ocurri\u00f3; pues, se itera, al buscar la protecci\u00f3n de los derechos de toda una comunidad, no se puede establecer un t\u00e9rmino, ni mucho menos fijar sanciones que impidan el restablecimiento de tales prerrogativas. <\/p>\n

Luego, de cara al caso concreto, el juzgado err\u00f3 con la terminaci\u00f3n de las peticiones populares por desistimiento t\u00e1cito en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que tal norma no es ajustable a dicho tr\u00e1mite, habida cuenta que esa solicitud es de linaje constitucional, por lo que las reglas a seguir son las fijadas en la Ley 472 de 1998 que estableci\u00f3 una diligencia preferente, la que no puede estar oprimida a la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 5\u00b0 de la referida norma5, contempl\u00f3 el impulso oficioso por parte del fallador natural, pues, se itera, la urgencia de dicho mecanismo en aras de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de la colectividad, no puede ser sujeto de la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado accionado, ni por las derivadas de la aplicaci\u00f3n de dicho desistimiento. <\/p>\n

En ese sentido, en un caso con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, in extenso, la Sala dej\u00f3 por sentado que: <\/p>\n

\u2026siendo la acci\u00f3n popular un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal. <\/p>\n

No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab\u2026impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.2. Todo lo anterior hace que tampoco sea posible aplicar las sanciones dispuestas en el los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. <\/p>\n

En primer lugar, porque el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar. <\/p>\n

No tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman. <\/p>\n

Menos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento. <\/p>\n

De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15 Mar. 2017. Rad. 2017-00029-01) (CSJ, STC14483-2018, 7 nov., rad. 2018-00755-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el fallador accionado err\u00f3 al terminar anticipadamente las acciones populares en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que desconoci\u00f3 que lo pretendido con dichas solicitudes es la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de la comunidad, por lo que so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, no pod\u00eda aplicar dicha sanci\u00f3n y declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo, m\u00e1xime cuando la vulneraci\u00f3n all\u00ed invocada, en principio, contin\u00faa latente. <\/p>\n

4. Por otra parte, respecto de la solicitud invocada por la Secretar\u00eda del Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Pereira respecto a \u00abdar los lineamientos claros para realizar la publicaci\u00f3n de la comunidad, pues el Fondo no lo hace, y [le] corresponde\u2026 como Juzgado hacerlo\u00bb (folio 8, cuaderno Corte), se pone de presente que el estrado judicial debe estarse a lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, y conforme a la interpretaci\u00f3n que de la misma contiene este prove\u00eddo. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no lucen razonables las determinaciones que terminaron, por desistimiento t\u00e1cito, las acciones populares del quejoso. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero: Ordenar al Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Pereira que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto los autos de 30 de octubre de 2018 que mantuvieron la determinaci\u00f3n de terminar las acciones populares por desistimiento t\u00e1cito, proferido en los juicios con radicados Nros. 2018-00419, 2018-00425, 2018-00426 y 2018-00427 promovidos por el actor, en contra del Centro de Servicios Crediticio S.A., el Banco Fundaci\u00f3n de la Mujer, el Banco Colpatria y Bancolombia S.A., respectivamente, y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9ste dependa. Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de esta providencia. <\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a cinco (5) d\u00edas, contados desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva la reposici\u00f3n interpuesta contra los prove\u00eddos que terminaron las acciones populares por desistimiento t\u00e1cito, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n

Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tLugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Carrera 25 n\u00ba 68-23 \tPereira.
\n2 \tLugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Calle 19 n\u00ba 10-74 \tPereira.
\n3 \tLugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Carrera 18 n\u00ba 12-75 \tPereira.
\n4 \tLugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Carrera 10 n\u00ba 14-71 \tPereira.
\n5 \tInciso \tfinal, art\u00edculo 5\u00b0, Ley 472 de 1998. \t(\u2026)Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez \timpulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito \tso pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con \tdestituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento \tdeber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la \tpetici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC16522-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2018-00921-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102316","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102316\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}