{"id":102318,"date":"2026-07-01T22:27:17","date_gmt":"2026-07-01T22:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102318"},"modified":"2026-07-01T22:27:17","modified_gmt":"2026-07-01T22:27:17","slug":"stc16582-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16582-2018\/","title":{"rendered":"STC16582-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16582-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2018-00429-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Reynel Rey Qui\u00f1\u00f3nez, en su condici\u00f3n de Alcalde del Municipio de Cepit\u00e1, contra los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, y Promiscuo Municipal de Cepit\u00e1, vincul\u00e1ndose a Olinda Rico Mu\u00f1oz, en calidad de representante legal de XX1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas, dentro del incidente de desacato que adelant\u00f3 en su contra la se\u00f1ora Olinda Rico Mu\u00f1oz, con ocasi\u00f3n de la tutela que ella promovi\u00f3 (radicado No. 2018-00004). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Que mediante sentencia dictada el 29 de enero de esta anualidad, el a-quo acusado concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional a la se\u00f1ora Olinda Rico Mu\u00f1oz, en representaci\u00f3n de su menor hija XX, orden\u00e1ndole realizar los tr\u00e1mites necesarios para la inscripci\u00f3n y matr\u00edcula de la menor en el \u00abInstituto T\u00e9cnico para el Desarrollo Rural IDEAR\u00bb siendo confirmada por el ad-quem encartado, adicionando la orden \u00abal departamento de Santander y al Municipio de Cepit\u00e1\u00bb para que \u00abdentro del marco de sus competencias, acorde con la ley 715 de 2001, procedan a la prestaci\u00f3n del servicio escolar de transporte para la menor accionante, desde su casa hasta la instituci\u00f3n educativa en la cual ser\u00e1 matriculada por el Departamento de Santander y viceversa [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Adujo que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado, \u00abmediante oficio de fecha 08 de marzo de 2018, solicit\u00f3 al rector del Colegio Pedro Ferm\u00edn Vargas certificaci\u00f3n de los cupos para que la ni\u00f1a [XX] pudiera acceder a la educaci\u00f3n b\u00e1sica secundaria en dicha instituci\u00f3n\u00bb, y posteriormente, ante el visto bueno del personal directivo, se matricul\u00f3 a la menor en la referida instituci\u00f3n, para cursar el grado sexto y, a la fecha, contin\u00faa con sus estudios. <\/p>\n

2.3.- Manifest\u00f3, que \u00abmediante memorial del 22 de agosto de 2018, la accionante olinda rico mu\u00f1oz interpu[so] incidente de desacato\u00bb, tras se\u00f1alar que el transporte escolar de su hija no estaba siendo debidamente garantizado, por lo que el 31 de agosto de esta anualidad, el despacho municipal dispuso \u00abdar cumplimiento al fallo de tutela en lo que respecta a garantizar el transporte escolar de la estudiante\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Se\u00f1al\u00f3, que \u00aben aras de dar cumplimiento y teniendo en cuenta la inexistencia de ruta alguna que cubriera dicho recorrido, m\u00e1xime cuando de asignarse alguna, la misma pondr\u00eda en mayor riesgo a la menor pues la v\u00eda a la Vereda San Miguel es de dif\u00edcil acceso\u00bb, emiti\u00f3 Resoluci\u00f3n No. 208-2018, por medio de la cual, se reconoci\u00f3 un auxilio de transporte escolar a favor de la ni\u00f1a, por valor de $364.250, lo cual puso en conocimiento de la c\u00e9lula judicial en oficio de 19 de septiembre de esta anualidad. <\/p>\n

2.5.- Reliev\u00f3, que a pesar de sus gestiones, mediante auto adiado del 10 de octubre de hoga\u00f1o, fue sancionado por desacato, y le impuso una multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y dos d\u00edas de arresto, determinaci\u00f3n confirmada en consulta el d\u00eda 19 de ese mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, dejar sin efectos las decisiones de 10 y 19 de octubre de 2018, y como consecuencia \u00abrevocar la sanci\u00f3n impuesta dentro del tr\u00e1mite del incidente de desacato\u00bb (fls. 1-8, C.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El a-quo acusado, asever\u00f3 que \u00abdurante los tr\u00e1mites de tutela e incidente de desacato, la administraci\u00f3n municipal no advirti\u00f3 \u201cla imposibilidad de asignar una ruta escolar para la Vereda San Miguel\u201d, absteni\u00e9ndose dentro de las distintas oportunidades concedidas, de aportar certificaciones y evidencias fotogr\u00e1ficas que ahora son tra\u00eddas a esta instancia de tutela, que en su criterio har\u00edan imposible el cumplimiento del fallo\u00bb, adem\u00e1s que \u00abn\u00f3tese que la certificaci\u00f3n expedida por la secretar\u00eda administrativa de gobierno carece de fecha de expedici\u00f3n y la aportada por la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n e infraestructura data del 23 de octubre de 2018, fecha no solo posterior a la del auto que ordena sancionar, sino incluso ulterior a la providencia del 19 de octubre de 2018 proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito, que en grado de consulta confirm\u00f3 la sanci\u00f3n en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abno se aportaron las fotograf\u00edas, elementos o alg\u00fan tipo de evidencia que permitiera ilustrarnos sobre la presunta imposibilidad material de dar cumplimiento al amparo concedido a la estudiante, pues nada se hab\u00eda expresado acerca de las condiciones especiales de la v\u00eda que impedir\u00edan a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes residentes en la vereda San Miguel, acceder a los servicios de la Instituci\u00f3n Educativa Pedro Ferm\u00edn Vargas\u00bb (fls. 111-116, Ibidem). <\/p>\n

El ad-quem convocado, puntualiz\u00f3 que \u00abal resolver la impugnaci\u00f3n as\u00ed como la consulta, encontr\u00f3 ajustada a derecho las actuaciones desplegadas por la juez de primera instancia y no observ\u00f3 causal que permitiera invalidar el tr\u00e1mite, por lo que no se vislumbra irregularidad alguna que amerite la prosperidad del referido amparo\u00bb (fl. 118, Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla acci\u00f3n de tutela carece de uno de los requisitos indispensables para su procedencia, esto es, el denominado subsidiaridad. Seg\u00fan la inspecci\u00f3n judicial realizada, el se\u00f1or wilson reynel rey qui\u00f1\u00f3nez, en su condici\u00f3n de Alcalde del Municipio de Cepit\u00e1, no aleg\u00f3 durante el transcurso del tr\u00e1mite incidental adelantado en su contra, ni durante la consulta al auto que le impuso la sanci\u00f3n de la que ahora se duele, las razones que ahora expone para justificar el incumplimiento a la sentencia de tutela que ampar\u00f3 los derechos fundamentales de [XX]\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00abel actor, en la oportunidad procesal pertinente, solo atin\u00f3 a asegurar que la ni\u00f1a ahora viv\u00eda en el casco urbano del municipio (sin tener en cuenta que sus padres se vieron obligados a propiciar dicha situaci\u00f3n para asegurar su acceso a la educaci\u00f3n) y que concedi\u00f3 un auxilio econ\u00f3mico; pero nada dijo respecto al mal estado de la v\u00eda que ahora expone, ni mucho menos solicit\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial que extra\u00f1a\u00bb, agreg\u00f3, que \u00abel se\u00f1or wilson reynel rey qui\u00f1\u00f3nez, en su condici\u00f3n de Alcalde del Municipio de Cepit\u00e1, omiti\u00f3 exponer en el tr\u00e1mite objeto de reproche constitucional aquello que hoy por hoy asegura que los juzgados accionados dejaron de valorar, situaci\u00f3n que hace ostensiblemente improcedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues claramente \u00e9ste no puede irrumpir en escenarios que por ley le est\u00e1n asignados al juez natural. En otras palabras, como no arrim\u00f3 las pruebas que hoy enlista en tiempo, no puede pretender acudir a la acci\u00f3n de tutela, a revivir t\u00e9rminos procesales\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3, que \u00ab[e]l hecho de no haber usado los medios con que contaba en el tr\u00e1mite incidental hace absolutamente inviable la concesi\u00f3n del amparo, pues la acci\u00f3n de tutela no es un medio supletivo de defensa de los derechos fundamentales, que pueda utilizarse para revivir t\u00e9rminos precluidos o etapas probatorias. Sin embargo, ha de advertirse, ante el propio juez de tutela a\u00fan le queda la posibilidad de pedir la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, por cumplimiento, una vez demuestre que obedecido la orden y ha prove\u00eddo un medio de transporte id\u00f3neo para la menor, acorde con sus condiciones particulares. Ha de recordarse aqu\u00ed que el incidente de desacato no tiene como finalidad la de imponer una sanci\u00f3n, sino la de lograr que la orden se cumpla y se proteja el derecho fundamental en cuesti\u00f3n\u00bb (fls. 135-139, Idem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, alegando que \u00abno es cierto que los accionados hayan desconocido que a la Vereda San Miguel, por cuanto tal y como lo manifiesta el Juzgado Octavo Civil del Circuito, en decisi\u00f3n de Consulta de fecha 19 de octubre de 2018, "(…) la accionante manifiesta que al lugar de residencia no ingresan rutas (…)", evidenci\u00e1ndose que en efecto pese al pleno conocimiento por parte del juzgado promiscuo municipal de Cepit\u00e1, del estado de la v\u00eda, en ning\u00fan momento prev\u00e9 dicha situaci\u00f3n por lo que tampoco decreta visita ocular al lugar de los hechos en aras de determinar la veracidad de lo aducido por la misma accionante de la tutela objeto del desacato en mi contra\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abel Municipio se encuentra en imposibilidad de asignar una ruta escolar en lo que resta del a\u00f1o escolar para la Vereda San Miguel toda vez que la v\u00eda de acceso es considerada de alto riesgo teniendo en cuenta el material de arrastre que se desprende a diario, as\u00ed como la alta inclinaci\u00f3n y el abismo en uno de sus costados, situaciones que pondr\u00edan en mayor riesgo la vida e integridad f\u00edsica de la estudiante por la que se propende la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la educaci\u00f3n. As\u00ed mismo cabe resaltar que para el a\u00f1o 2019 se tiene previsto la entrega de una nueva v\u00eda de acceso en la que se garantizar\u00e1 el transporte a los estudiantes de la Vereda en alusi\u00f3n\u00bb (fls. 144-146, Ibid.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La jurisprudencia ha sostenido que, en l\u00ednea de principio, la presente acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

La Sala, asimismo, ha reiterado la impertinencia del amparo constitucional para cuestionar decisiones proferidas en el curso de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites: <\/p>\n

\u00abNo se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutida raigambre constitucional\u2026 Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, rad. 01927-01; citada entre otras decisiones, en CSJ STC, 29 jun. 2011, rad. 00175-01, CSJ STC4511-2015, 20 ab. rad. 00738-00, y STC5216-2015, 30 ab. rad. 00818-00). <\/p>\n

2.- Pretende el gestor que por este excepcional tr\u00e1mite se deje sin valor y efecto los prove\u00eddos de 10 y 19 de octubre de 2018, proferidos por los despachos recriminados, que dispusieron, en \u00faltimas, imponerle multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y dos d\u00edas de arresto y se les ordene proferir una nueva decisi\u00f3n, al estimar que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n

3.- De las pruebas aportadas, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Fallo de la impugnaci\u00f3n de tutela proferido el 2 de marzo de 2018, mediante el cual el ad-quem enjuiciado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n dictada el 29 de enero de esta anualidad por el a-quo acusado, ordenando, adem\u00e1s \u00abrevocar el ordinal segundo de la sentencia cuestionada, para ordenar. en su reemplazo, a la secretaria de educaci\u00f3n de santander y al municipal de cepit\u00e1 que dentro del marco de sus competencias, realicen conjuntamente, todas las acciones pertinentes y necesarias para que [xxx] acceda a la educaci\u00f3n b\u00e1sica secundaria en la instituci\u00f3n educativa m\u00e1s cercana al lugar de su residencia. par\u00e1grafo: Para ello, las dos entidades territoriales, deber\u00e1n entablar comunicaci\u00f3n con la se\u00f1ora olinda rico, agente oficiosa de la menor, para que conjuntamente eval\u00faen y decidan, cu\u00e1l de las instituciones educativas del departamento de Santander que ofrezca educaci\u00f3n b\u00e1sica secundar\u00eda, garantiza de mejor manera su derecho de acceso material a la educaci\u00f3n. Para ello se les concede el t\u00e9rmino de 2 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n. tercero: Una vez efectuado lo anterior, el Departamento de Santander, deber\u00e1 proceder a matricular a la menor, en la instituci\u00f3n educativa que por razones de accesibilidad se haya determinado cuarto: ordenar al departamento de Santander y al Municipio de Cepita que dentro del marco de sus competencias, acorde con la ley 715 de 2001, procedan a la prestaci\u00f3n del servicio escolar de transporte para la menor accionante, desde su casa hasta la instituci\u00f3n educativa en la cual ser\u00e1 matriculada por el Departamento de Santander y viceversa quinto: notificar este providencia a las partes, en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 e informar sobre esta decisi\u00f3n al Juzgado de primera instancia\u00bb (fls. 119-128, C. 1). <\/p>\n

3.2.- Auto de 23 de agosto de hoga\u00f1o, dictado por el despacho municipal acusado, que dispuso requerir a los all\u00ed accionados para que \u00abcumpla[n] de manera inmediata lo ordenado por este juzgado mediante sentencia del 29 \/01\/2018 confirmada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga el 02\/03\/2013\u00bb (fls. 28-29, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Memorial radicado por el aqu\u00ed gestor el d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o anotados, en el que inform\u00f3 sobre el supuesto cumplimiento, aduciendo que la menor pudo matricularse en el Instituto Educativo Pedro Ferm\u00edn Vargas, sin hacer alusi\u00f3n a lo correspondiente con el transporte escolar (fls. 31 y 32, Idem). <\/p>\n

3.4.- Determinaci\u00f3n de 31 de agosto de esta anualidad, en el que se requiri\u00f3 por segunda ocasi\u00f3n al convocante, para que se pronunciara de manera concreta sobre el cumplimiento de los fallos de tutela, \u00abespecialmente en lo que se refiere a garantizar el transporte escolar de la estudiante\u00bb (fl. 60, Id.). <\/p>\n

3.5.- Escrito radicado el 4 de septiembre del a\u00f1o que avanza, por medio del cual el aqu\u00ed accionante manifest\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta que la menor se traslad\u00f3 hacia el casco urbano del municipio en donde hoy recibe sus clases de manera normal, y en consecuencia tiene garantizado el derecho constitucional establecido en el art. 67 de la carta magna, podr\u00edamos considerar que ante el requerimiento surtido por su despacho debe aplicarse la teor\u00eda del hecho superado\u00bb, adem\u00e1s que \u00ablos planteamientos antes expuestos pueden ser corroborados por su despacho, no solo con la certificaci\u00f3n expedida por la Instituci\u00f3n Educativa colpefev que anexo al presente escrito, sino que tambi\u00e9n puede verificarse ya que la menor actualmente reside en la vivienda de la se\u00f1ora clementina l\u00f3pez, del casco urbano del municipio\u00bb (fl. 56, Ibid.). <\/p>\n

3.6.- Oficio de \u00abrespuesta al incidente de desacato\u00bb, entregado el 19 de ese mismo mes y a\u00f1o al despacho municipal convocado, a trav\u00e9s del cual adujo que \u00abdespu\u00e9s de revisar exhaustivamente las herramientas jur\u00eddicas que nos permitieran dar cumplimiento a la sentencia del 2 de marzo de 2018 [\u2026], nos permitimos informar que se elabor\u00f3 el siguiente acto administrativo: Resoluci\u00f3n No. 208-2018 de 19 de septiembre de 2018 \u201cpor medio de la cual se da cumplimiento al fallo de segunda instancia ordenado a trav\u00e9s de la sentencia de fecha 2 de marzo de 2018, proferida por el juzgado octavo civil del circuito de bucaramanga dentro de la acci\u00f3n de tutela 2018-00004-01 y se ordena un pago por auxilio de transporte escolar\u201d\u00bb por valor de $364.250 (fls. 66-67, Ib.). <\/p>\n

3.7.- Interlocutorio de 10 de octubre pasado, en el que a-quo querellado dispuso \u00abdeclarar que el Dr. wilson reynel rey qui\u00f1onez, en su condici\u00f3n de Alcalde Municipal de Cepit\u00e1, incurri\u00f3 en desacato al fallo de tutela proferido el 29 de enero de 2018, modificado por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga el 2 de marzo de 2018\u00bb, en consecuencia \u00absancionar[lo] [\u2026] con multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y arresto inconmutable por dos d\u00edas, lo anterior son perjuicio de la obligaci\u00f3n de dar cumplimiento a la sentencia de tutela\u00bb (fl. 59 anverso, Id.). <\/p>\n

3.8.- Providencia de 19 de octubre de 2018, por medio de la cual el ad-quem enjuiciado resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta de la anterior decisi\u00f3n, confirmando la sanci\u00f3n impuesta por la c\u00e9lula judicial municipal. <\/p>\n

Lo anterior, al aseverar que \u00able corresponde entonces al Dr. wilson reynel rey qui\u00f1onez, como Alcalde de Cepit\u00e1, y a didier tavera amado, en calidad de Gobernador de Santander, cumplir con la orden impuesta; funcionarios que fueron debidamente individualizados y notificados del presente tr\u00e1mite incidental y pese a ello, para el momento de adoptar decisi\u00f3n de fondo, \u00fanicamente se arrim\u00f3 prueba del cumplimiento por parte del Departamento de Santander, siendo necesario para culminar con la orden, que el Municipio de Cepit\u00e1 en uso de sus facultades, utilice el presupuesto aprobado en convenio interadministrativo, y suministre de forma efectiva el transporte mencionado, situaci\u00f3n que en este evento no ha sucedido\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00abse impone verificar si el aqu\u00ed incidentado wilson reynel rey qui\u00f1onez, ha obedecido lo dispuesto de modo condigno o no. Al respecto, la apreciaci\u00f3n arm\u00f3nica de las pruebas recopiladas muestra que, para el momento de proferirse la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 el incidente de la referencia, el municipio de cepit\u00e1 no acredit\u00f3 el cumplimiento cabal de la orden constitucional, pues pese a que en efecto se evidencian gestiones tendientes a suministrar el transporte a la menor l\u00f3pez rico, otorg\u00e1ndosele un subsidio para ello, lo cierto es que los esfuerzos realizados por el Municipio de Cepit\u00e1 no son suficientes comoquiera que como primera medida, el subsidio que se indica, se tas\u00f3 otorgando a cada d\u00eda la suma de $7.500, desconociendo que la accionante manifiesta que al lugar de residencia no ingresan rutas por lo que el transporte de ida y vuelta de la ni\u00f1a le representa la suma de $60.000 diarios, y no $7.500, de otro lado, se indica que dicho subsidio cubrir\u00eda lo que queda de a\u00f1o escolar desde el 19 de septiembre de 2018, contemplando 47 d\u00edas, cuando en realidad la cantidad faltante para culminar el a\u00f1o supera aquel n\u00famero\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abSea de resaltar que no puede impon\u00e9rseles a los padres de la menor la carga de enviarla a vivir fuera de su hogar, a un lugar m\u00e1s cercano al plantel educativo, en aras de que el subsidio otorgado por el Municipio de Cepit\u00e1 les alcance para cubrir el transporte que requiere\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00abcon apoyo en las circunstancias f\u00e1cticas que rodean el caso sub examine, no puede entonces entenderse que hubo cabal cumplimiento del fallo tutelar, y evidenci\u00e1ndose una legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, as\u00ed como habi\u00e9ndose corroborado la entrega de las notificaciones en debida forma a las partes, sin que se arrimada prueba siquiera sumaria que lleve a concluir un cumplimiento por parte de la accionada, ni excusa justificada para el incumplimiento de la sentencia, refulge evidente que le asiste raz\u00f3n a la primera instancia al predicar que el dr. wilson reynel rey qui\u00f1onez, en calidad de Alcalde del Municipio de Cepit\u00e1, incurri\u00f3 en desacato y habr\u00e1 de confirmarse la sanci\u00f3n consistente en multa de dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, y dos (2) d\u00edas de arresto, impuesta en su contra\u00bb (fls. 129-134, Ib.). <\/p>\n

4.- Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que la acci\u00f3n de tutela no procede, en principio, contra el prove\u00eddo que resuelva el incidente de desacato de que trata el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991; empero, se ha admitido su interposici\u00f3n frente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes. <\/p>\n

Tambi\u00e9n es sabido que dicho mecanismo excepcional se endereza a la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de las garant\u00edas fundamentales de las personas, de tal modo que verificada su vulneraci\u00f3n o amenaza, las \u00f3rdenes que los jueces impartan para resguardarlos deben ser cabalmente observadas, vale decir, que el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, puede presentarse que su ejecuci\u00f3n no se ci\u00f1a a los par\u00e1metros fijados, caso en el cual, el art\u00edculo 27 ejusdem prev\u00e9 el tr\u00e1mite que debe agotarse para su acatamiento. <\/p>\n

Por consiguiente, se tiene que el desobedecimiento en los t\u00e9rminos de dicho precepto, permite una \u00abresponsabilidad objetiva\u00bb, al paso que la sanci\u00f3n por desacato, prevista en el art\u00edculo 52 \u00eddem, supone una \u00abresponsabilidad subjetiva\u00bb, de manera que es imperativo apreciar en este \u00faltimo evento, no solo el incumplimiento, sino las circunstancias en las que este se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo insurgente. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

\u00abExaminada la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n de la Corte, se concluye la improcedencia del amparo constitucional presentado [\u2026] habida cuenta que lo suplicado se orienta a cuestionar decisiones proferidas por la autoridad judicial demandada en el terreno de la acci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respecto de las que, en l\u00ednea de principio, no es procedente un nuevo estudio del mismo car\u00e1cter, no obstante que la correspondiente decisi\u00f3n se hubiere proferido en el escenario del incidente previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues, es clara la correspondencia y subordinaci\u00f3n que experimenta esta fase particular con la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protecci\u00f3n inicialmente formulada, si se tiene en cuenta que ambos instrumentos -acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato-, ciertamente hacen parte de un mismo mecanismo de protecci\u00f3n especial. <\/p>\n

El incidente de desacato, como lo han puesto de presente la doctrina y la jurisprudencia, tiene como soporte el incumplimiento de la precisa orden emitida por el Juez dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que, en tales circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene la potestad de imponer o no la sanci\u00f3n por desacato, sin que sea posible, salvo que est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa, suscitar un nuevo examen de la respectiva materia a trav\u00e9s de la mencionada herramienta de naturaleza constitucional. <\/p>\n

Si es claro, entonces, que el interesado persigue ahora controvertir mediante tutela providencias judiciales dictadas en id\u00e9ntico escenario, la Sala, una vez examinadas las actuaciones que se suscitaron a ra\u00edz del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo proferido el 6 de mayo de 2010 (fls. 7 al 18), concluye la inviabilidad de la solicitud especial materia de examen, toda vez que la ley en relaci\u00f3n con el citado incidente solamente previ\u00f3 el grado de consulta respecto de la providencia que asigna o determina sanciones. <\/p>\n

Importa recordar que la Corte, al abordar el asunto, ha se\u00f1alado \u201cque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo.\u201d <\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvese que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u2026\u00bb (CSJ STC, 29 Jul. y 9 Nov. 2010, rads. 01174-00 y 00097-01 respectivamente, reiterado entre otros, 15 May. 2013, rad. 00008-01 y 15 Mar. 2015, rad. 00415-00). <\/p>\n

5.- Analizado el asunto materia de estudio, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, comoquiera que no se evidencia trasgresi\u00f3n alguna de aquellas circunstancias donde ser\u00eda viable el amparo deprecado, como los eventos de vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues si bien el querellante intervino en el tr\u00e1mite incidental que se inici\u00f3 ante el despacho promiscuo municipal recriminado, no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, y tampoco ha solicitado la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n ante el juez natural. <\/p>\n

En efecto, se observa de las copias allegadas, que la funcionaria judicial recriminada frente a la formulaci\u00f3n del incidente de desacato por parte de la representante de la menor, evidenci\u00f3 que las gestiones realizadas por el aqu\u00ed quejoso tendientes a satisfacer el acatamiento de la sentencia de tutela, no son suficientes para garantizar a la joven el servicio de transporte, tal como se orden\u00f3 en el fallo, por lo que se impusieron las sanciones de multa y arresto, decisi\u00f3n que fue confirmada en grado de consulta por el ad-quem acusado. <\/p>\n

Asimismo, se advierte que el quejoso no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna ante la autoridad accionada, concerniente a la supuesta \u00abimposibilidad\u00bb de cumplimiento de sentencia por las particularidades del terreno donde habita la adolescente, por lo que la jueza procedi\u00f3 a emitir su pronunciamiento con las probanzas allegadas a su despacho, surtiendo las etapas correspondientes, el que culmin\u00f3 con la decisi\u00f3n de la sanci\u00f3n reprochada, habida cuenta que no se acredit\u00f3 el cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n

6.- En suma, se puede afirmar que la protecci\u00f3n invocada no puede prosperar, puesto que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos deprecados por el aqu\u00ed tutelista. <\/p>\n

En un asunto de similares aristas, esta Sala refiri\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abExaminada la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n de la Corte, se concluye la improcedencia del amparo constitucional presentado \u2026 habida cuenta que lo suplicado se orienta a cuestionar decisiones proferidas por la autoridad judicial demandada en el terreno de la acci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respecto de las que, en l\u00ednea de principio, no es procedente un nuevo estudio del mismo car\u00e1cter, no obstante que la correspondiente decisi\u00f3n se hubiere proferido en el escenario del incidente previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues, es clara la correspondencia y subordinaci\u00f3n que experimenta esta fase particular con la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protecci\u00f3n inicialmente formulada, si se tiene en cuenta que ambos instrumentos -acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato-, ciertamente hacen parte de un mismo mecanismo de protecci\u00f3n especial. <\/p>\n

El incidente de desacato, como lo han puesto de presente la doctrina y la jurisprudencia, tiene como soporte el incumplimiento de la precisa orden emitida por el Juez dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que, en tales circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene la potestad de imponer o no la sanci\u00f3n por desacato, sin que sea posible, salvo que est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa, suscitar un nuevo examen de la respectiva materia a trav\u00e9s de la mencionada herramienta de naturaleza constitucional.
\n[\u2026]
\nImporta recordar que la Corte, al abordar el asunto, ha se\u00f1alado \u201cque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo\u201d (CSJ STC, 29 Jul. Y 9 Nov. 2010, rads. 01174-00 y 00097-01 respectivamente, reiterado entre otros, 15 May. 2013, Rad. 00008-01, 5 Feb. 2014, rad. 00376-01, 23 Ago. 2017, rad. 00181-01). <\/p>\n

7.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEn virtud del art\u00edculo 47 de la Ley 1098 de \t2006, armonizado con el canon 7 de la Estatuto 1581 de 2012, se \tomiten los nombres de los menores.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16582-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2018-00429-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102318\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}