{"id":102321,"date":"2026-07-01T22:28:06","date_gmt":"2026-07-01T22:28:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102321"},"modified":"2026-07-01T22:28:06","modified_gmt":"2026-07-01T22:28:06","slug":"stc16590-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16590-2018\/","title":{"rendered":"STC16590-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2018-00198-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Gallo Mart\u00ednez, contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Guatap\u00e9 y Civil del Circuito de Marinilla, vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes en el juicio que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del proceso de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n que le inici\u00f3 a Sonia Patricia Aguirre Villegas, Alexander Toro Villegas y a la Sociedad Posada Gaviria y Cia. Ltda. (Radicado No. 2012-00035). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.-\tQue dentro del asunto de marras, pretendi\u00f3 se \u00aborden[ara] a los demandados y a sus familiares, cesar los actos perturbadores que vienen realizando en el bien inmueble identificado catastralmente como el predio Nro. 325 en donde ejerce la posesi\u00f3n [\u2026] y el cual est\u00e1 ubicado en la vereda La Piedra, jurisdicci\u00f3n del municipio de Guatap\u00e9-Ant.\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Inform\u00f3, que el a-quo encartado, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 28 de junio de 2016, desestimando las excepciones propuestas por los demandados y accediendo a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada por el extremo pasivo. <\/p>\n

2.3.- Sostuvo, que el ad-quem acusado, una vez asumi\u00f3 el conocimiento, profiri\u00f3 auto el 3 de febrero de 2017, por medio del cual decret\u00f3 \u00abla nulidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda efectuada a la Sociedad Posada Gaviria Cia. Ltda., toda vez ni siquiera ha sido vinculada en debida forma al proceso\u00bb, al considerar que el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo Posada Vallejo fue notificado del auto admisorio de la demanda pero como persona natural y no como representante legal de la empresa demandada. <\/p>\n

2.4.- Inform\u00f3, que \u00abel Ju[z]gado [P]romiscuo Municipal de Guatap\u00e9, mediante auto interlocutorio No. 049 del 27 de marzo de 2017 procede a dar cumplimiento a lo resuelto por el superior en consecuencia procede a rehacer el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n del Auto Admisorio de la demanda a la sociedad Posada Gaviria y Cia. Ltda.\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Adujo, que el despacho del circuito enjuiciado incurri\u00f3 en error al decretar la nulidad, \u00absin revisar los correspondientes folios que fueron aportados con la demanda habida cuenta que fue en dicha oportunidad en la que se anexo el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada, por lo anterior [se] encuentra bajo la causal de v\u00eda de hecho mediante la cual se est\u00e1 vulnerando el derechos fundamental al debido proceso y principio de legalidad, en cuanto que al existir prueba en el sumario que acredita que el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo es Representante Legal de la sociedad demanda, no est[\u00e1] frente a la causal alegada por el a[d]-quem, pues existiendo dicha prueba queda subsanada la notificaci\u00f3n del mismo habida cuenta que en el escrito de la demanda se anexo el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada y cuando se notifica el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo Posada se le notifica en su calidad de persona jur\u00eddica existiendo prueba de esta situaci\u00f3n en el plenario\u00bb. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00ab[d]eclarar la NULIDAD del Auto 09 del 03-02-2017 proferido el Juzgado Laboral del Circuito de Marinilla-Ant.[sic]\u00bb y que \u00abse ordene la continuaci\u00f3n del proceso en la etapa anterior que estaba antes de decretarse la nulidad por el juez a[d]-quem, esto es se contin[\u00fae] con el tr\u00e1mite de recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Apoderado judicial de los demandados\u00bb (fls. 26-39, C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

La c\u00e9lula judicial municipal encartada, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas, y manifest\u00f3 que \u00aben auto No. 298 de 30 de agosto de 2018, se cit\u00f3 para audiencia de alegatos y sentencia, por acomodaci\u00f3n a la nueva legislaci\u00f3n procesal, haci\u00e9ndose hincapi\u00e9 en que los \u00fanicos demandados en la presente causa civil eran los se\u00f1ores alexander toro villegas y sonia patricia aguirre villegas\u00bb (fl. 47, Ibidem). <\/p>\n

El a-quem recriminado, asever\u00f3 que \u00abde acuerdo a los registro f\u00edsicos que se llevan en el despacho, ya que no se cuenta con software de gesti\u00f3n, se tiene que respecto a la decisi\u00f3n que se cuestiona, contenida en auto de 3 de febrero de 2017, no se interpuso recurso de reposici\u00f3n, por lo que la acci\u00f3n constitucional impetrada es improcedente\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abrefuerza la improcedencia de la acci\u00f3n el extenso tiempo trascurrido entre la presunta vulneraci\u00f3n y el momento en que se formula la acci\u00f3n constitucional, lapso que supera el a\u00f1o y medio, y que al tiempo que desdibuja la inmediatez que debe guiar esta herramienta constitucional, permite entender la ausencia de la urgencia en la decisi\u00f3n que ahora se persigue\u00bb (fls. 53, Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abexistiendo a su alcance mecanismos de defensa id\u00f3neos y eficaces para salvaguardar su derecho constitucional fundamental a un debido proceso, el quejoso constitucional no los agot\u00f3. Obs\u00e9rvese que la providencia que ahora acusa de vulneratoria de sus derechos fundamentales no fue atacada mediante el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, que \u00abel auto interlocutorio que pretende dejarse sin valor data del 3 de febrero de 2017, lo que significa que desde ese momento hasta la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela han trascurrido m\u00e1s de 20 meses; pues apenas fue incoada el 8 de octubre \u00faltimo. Es del todo necesario resaltar la exigencia del requisito esencial de la inmediatez en la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar; pues, por ser excepcional, es preciso que ciertamente la urgencia del amparo se revele tambi\u00e9n con el desafuero. Es que cuando, a pesar del hecho acusado de vulnerador de un derecho constitucional fundamental, el presunto afectado se ha desentendido por alg\u00fan tiempo, esa mera situaci\u00f3n deja en evidencia que no se ha generado un da\u00f1o de gravedad tal que amerite la protecci\u00f3n constitucional directa; eso s\u00ed, salvo casos muy espec\u00edficos que deben ser analizados con sumo detalle\u00bb (fls. 67-69, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, a trav\u00e9s de su apoderada, en similares t\u00e9rminos al escrito genitor, alegando que \u00absi bien es cierto no se agot[\u00f3] el recurso de reposici\u00f3n frente al auto que decreto la nulidad del acto de notificaci\u00f3n de la sociedad demandada en el proceso abreviado pero tambi\u00e9n es claro que en subjudice se configura una irregularidad procesal en cuanto a que el juez de segundo grado decreta la nulidad antes referida sin verificar que en el expediente obra la prueba que acredita la calidad de la persona jur\u00eddica de la sociedad demandada, bajo esta hip\u00f3tesis el juez no se cercioro que en el escrito de la demanda se adjunt[\u00f3] como prueba el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada, pues, si no interpuso el recurso de reposici\u00f3n fue porque en el acto de notificaci\u00f3n de la demanda el juez de primer grado no plasmo que el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo fung\u00eda como representante legal de la sociedad demandada [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abcon respecto a la falta de inmediatez para interponer la Acci\u00f3n de Tutela objeto de impugnaci\u00f3n versus la fecha del auto interlocutorio que pretende dejarse sin valor en sede de tutela me permito manifestar que la parte demandante antes de incoar la acci\u00f3n referida radico una serie de solicitudes ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatap\u00e9 -Ant. entre estos, se encuentra la solicitud radicada el 31\/10\/2017 por medio del cual se solicit[\u00f3] continuar con el proceso dado que dentro del expediente existe la prueba que acredita que el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo es el Representante Legal de la Sociedad demandada, solicitud a la que se le dio respuesta el 23 de julio del a\u00f1o 2018, ergo anterior a esta solicitud se hab\u00eda radicado un escrito de fecha 23\/10\/2017 solicit\u00e1ndole al juzgado de origen unas serie de peticiones entre las cuales se encontraba que se subsanara y\/o corrigiera el error incurrido por su superior habida cuenta que obra en el expediente prueba sumaria de que el se\u00f1or Dar\u00edo Arturo Representa a la sociedad demandada, solicitud que fue resuelta por el juzgado de primer nivel mediante auto del 078 del 27\/02\/2018 no accediendo a las peticiones invocada\u00bb (fls. 74-80, Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo, enfila su reproche, en \u00faltimas, contra el auto de 3 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Marinilla. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Acta de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento adelantada por el a-quo convocado el 28 de junio de 2016, en la que se dict\u00f3 fallo estimatorio de las pretensiones, contra la cual el extremo demandado interpuso recurso de alzada (fl. 1, C. 1). <\/p>\n

3.2.- Auto de 3 de febrero de 2017, por medio del cual el ad-quem recriminado resolvi\u00f3 \u00abprimero. Por lo expuesto en precedencia, se declara la nulidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda efectuada a la "sociedad posada gaviria y cia ltda", toda vez que ni siquiera ha sido vinculada en debida forma al proceso. segundo. Consecuencia de lo anterior, se ordena a la A quo rehacer en debida forma el tr\u00e1mite notificatorio aludido en el numeral precedente, exigiendo para el efecto -a quien se presente como representante legal de la "sociedad posada gaviria y cia ltda"- la exhibici\u00f3n del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal correspondiente, debiendo en todo caso adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr que el extremo procesal pasivo quede legalmente vinculado al proceso. tercero. Las pruebas practicadas en este asunto y sometidas a contradicci\u00f3n de las partes actuantes, conservar\u00e1n su validez y tendr\u00e1n eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirlas al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 146 del C.P.C.\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior, al considerar que \u00abrevisada la actuaci\u00f3n subsiguiente, el mismo juzgado que admite la demanda procede a notificar equivocadamente su existencia al se\u00f1or "dario arturo posada vallejo" como "persona natural" -y no como "representante legal" del ente jur\u00eddico accionado-luego de no exigirle siquiera la exhibici\u00f3n de un certificado mercantil que probara la existencia de la sociedad que supuestamente representa o su condici\u00f3n como representante legal de la misma\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abno \u00fanicamente se abstuvo el juzgado de primer nivel de corroborar la existencia del sujeto jur\u00eddico demandado cuando admiti\u00f3 la acci\u00f3n, sino que m\u00e1s adelante, a la hora de notificarlo, ni siquiera estamp\u00f3 en el acta correspondiente que su llamado al proceso corr\u00eda por cuenta de su condici\u00f3n como representante legal de un ente jur\u00eddico\u00bb, y que \u00abcomo lo refleja la \u00faltima actuaci\u00f3n adelantada por el juzgado de primer grado , se termina impartiendo condena en contra de un sujeto jur\u00eddico respecto a quien nunca se confirm\u00f3 su existencia o si en verdad el mismo se encontraba efectivamente representado por el ciudadano dario arturo posada vallejo\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00abla actuaci\u00f3n surtida ante la A quo deber\u00e1 se recompuesta, toda vez que el acto de notificaci\u00f3n de la providencia que admite una demanda en contra a una persona jur\u00eddica, impone cuando menos el deber de verificar la existencia de tal sujeto particular, como tambi\u00e9n lo es verificar que efectivamente se encuentre representada por el individuo que firma por ella la correspondiente acta de notificaci\u00f3n y, como en marras aquello no sucedi\u00f3, se termin\u00f3 configurando un vicio insanable a voces del inciso final del art\u00edculo 140 arriba citado y del articulo 144 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abno se diga que la actuaci\u00f3n reprochada qued\u00f3 convalidada por las partes luego de no alegarse la nulidad en el proceso, porque aquello no es de recibo cuando ni siquiera se cuenta con un medio probatorio id\u00f3neo que permita siquiera deducir que el demandado existe o que se encuentre efectivamente representado por quien en su nombre viene actuado en el litigio\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que se \u00abdeclarar\u00e1 la nulidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda respecto a la "sociedad posada gaviria y cia ltda", para cual deber\u00e1 exigir la servidora de instancia a quien se presente como su representante legal al momento de su notificaci\u00f3n (toda vez que inexplicablemente no se exigi\u00f3 aquello al actor cuando present\u00f3 su demanda), la exhibici\u00f3n del certificado correspondiente y deber\u00e1 la \u00faltima adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el extremo procesal pasivo quede legalmente vinculado al proceso, pues, sin tener certeza sobre la existencia de la mentada sociedad y respecto a quien la representa, no es posible ni siquiera impartir las condenas ordenadas en la providencia que dijo clausurar la primera instancia\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue recurrida (fls. 4-6, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Interlocutorio de 27 de marzo de esa anualidad, por medio del cual el despacho municipal convocado, dispuso \u00abobedecer y cumplir\u00bb lo resuelto por el superior, y orden\u00f3 \u00abrehacer el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la sociedad Posada Gaviria y Cia. Ltda.\u00bb (fl. 8, Idem). <\/p>\n

3.4.- Prove\u00eddo de 14 de agosto de ese a\u00f1o, a trav\u00e9s del cual el a-quo convocado, resolvi\u00f3 dejar sin efecto el emplazamiento de la sociedad demandada datado el 18 de julio de esa calenda, al se\u00f1alar que la empresa se \u00abdeclar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb desde el 29 de agosto de 2013, por lo que procedi\u00f3 a requerir al aqu\u00ed demandante para que \u00abproceda aportar certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 018-25609 con una vigencia no mayor a un mes a fin de establecer quien ostenta la calidad de due\u00f1o del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 018-25609\u00bb, a fin de integrar debidamente el contradictorio (fl. 9, Ibid.). <\/p>\n

3.5.- Escrito radicado el 23 de octubre del a\u00f1o pasado, por medio del cual la apoderada del aqu\u00ed tutelista alleg\u00f3 el documento solicitado, y pidi\u00f3 dar continuaci\u00f3n al proceso, pues de las pruebas aportadas junto al escrito genitor, se encontr\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada, por lo que consider\u00f3 que no se configur\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb decretada por el ad-quem (fls. 10-13, Ib.). <\/p>\n

3.6.- Providencia de 27 de febrero de 2018, por medio de la cual la c\u00e9lula judicial municipal convocada decidi\u00f3 \u00abno accede[r] a la petici\u00f3n y ordena[r] cumplir lo ordenado por el superior\u00bb, toda vez que \u00abel debate sobre la notificaci\u00f3n de la sociedad se encuentra concluido, la solicitud de la demandante implicar\u00eda modificar lo decidido por el superior, lo cual no ser\u00eda procedente de conformidad con el art\u00edculo 362 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, adem\u00e1s orden\u00f3 \u00abvincular como Litis consorcio necesario al se\u00f1or Luis Enrique Giraldo G\u00f3mez, quien aparece como titular del derecho real de dominio del inmueble\u00bb, de conformidad con lo verificado en el certificado de libertad y tradici\u00f3n aportado (fls. 15 y 16, Id.). <\/p>\n

3.7.- Decisi\u00f3n de 23 de julio de hoga\u00f1o, que resolvi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la vinculaci\u00f3n del litisconsorte necesario\u00bb, \u00abneg[\u00f3] por improcedente la posibilidad de notificar personalmente de la demanda a la sociedad posada gaviria y cia. ltda., porque la persona jur\u00eddica, no existe actualmente [\u2026]\u00bb, y \u00abestarse a lo resuelto por el superior con relaci\u00f3n a la inexistencia de la sociedad posada gaviria y cia. ltda.\u00bb (FLS. 19-23, Ibidem). <\/p>\n

3.8.- Auto de 10 de octubre del a\u00f1o que avanza, por medio del cual se aplaz\u00f3 la audiencia para alegatos y sentencia (fl. 5, C. Corte). <\/p>\n

4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Corte que el otorgamiento del amparo rogado es improcedente, por cuanto no cumple con el requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el lapso verificado desde que se dict\u00f3 la determinaci\u00f3n aqu\u00ed recriminada, en la que se resolvi\u00f3 decretar \u00abla nulidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda efectuada a la "sociedad posada gaviria y cia ltda", de fecha 3 de febrero de 2017, habida cuenta que la formulaci\u00f3n de resguardo fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 8 de octubre de 2018 (fl. 40, Ibidem), por tanto no cumple con el aludido requisito, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

4.1.- Lo anterior, ya que como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n \u00abel plazo m\u00e1ximo del semestre a considerar en aras de revisar el conteo de la referida figura, que se yergue como uno de los requisitos generales de procedencia, se parte a verificar, de suyo, desde la puntual calenda en que es dictada la providencia objeto del reproche ius fundamental, que no desde ning\u00fan otro acto procedimental\u00bb (CSJ STC18667-2017, 9 nov. 2017, rad. 2017-02996-00). <\/p>\n

Y es que, como esta Sala ha venido insistiendo sobre el particular, \u00ab[\u2026] la demanda de amparo [\u2026] no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento del segundo de los pronunciamientos criticados, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad de este resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C. P.)\u00bb (se denota; CSJ SCT3569-2017, 15 mar. 2017, rad. 2017-00657-00), por cuanto que el lapso a tener en cuenta para efectos del c\u00f3mputo de la inmediatez \u00abse contabiliza desde la precisa fecha en que se emiti\u00f3 la providencia que en cada caso se recrimina\u00bb (se subraya, v\u00e9ase; CSJ STC11818-2017, 9 ago. 2017, rad. 2017-01982-00). <\/p>\n

4.2.- Es por eso que el accionante no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el ya anunciado de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguardia inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, per se, se desestructura. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

4.3.- Sobre este asunto la Sala, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 23 jul. 2015, rad. 01540-00). <\/p>\n

5.- Aunado a lo anterior, se evidencia que tampoco se atendi\u00f3 el requisito general de procedencia de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito del amparo invocado, toda vez que, a pesar de que el accionante qued\u00f3 debidamente enterado de la determinaci\u00f3n reprochada, guard\u00f3 silencio, cejando recurrir la decisi\u00f3n adoptada por el ad-quem acusado concerniente con el decreto de la nulidad; sumado a lo anterior, tampoco se evidencia que el gestor haya manifestado su descontento contra el auto de 23 de julio de esta calenda, a trav\u00e9s del cual se le negaron las solicitudes deprecadas de semejante tesitura al reparo aqu\u00ed elevado. <\/p>\n

Por lo tanto, el censor, pudo ventilar ante las autoridades competentes las anomal\u00edas aqu\u00ed planteadas, sin embargo, pretermiti\u00f3 hacerlo, lo que no lo habilita para intentar por la salvaguarda constitucional la protecci\u00f3n de los mecanismos dilapidados. <\/p>\n

5.1.- En estas condiciones, conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se reitera la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, ya que si el ordenamiento legal dispone los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esos derechos al interior del juicio cuestionado, es aquellos a los que debi\u00f3 acudir y no a este medio constitucional, que no ha sido consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente del de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata de prerrogativas fundamentales que la Carta reconoce. <\/p>\n

5.2.- La Sala, en supuestos similares ha indicado que: <\/p>\n

(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC 26 ene. 2011, Rad. 00027-00.). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2018-00198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102321\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}