{"id":102323,"date":"2026-07-01T22:28:52","date_gmt":"2026-07-01T22:28:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102323"},"modified":"2026-07-01T22:28:52","modified_gmt":"2026-07-01T22:28:52","slug":"stc16595-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16595-2018\/","title":{"rendered":"STC16595-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16595-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00307-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00ba de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Personero Municipal de Guaduas, actuando como agente oficioso de Dioselina Barbosa, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de la agenciada al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, igualdad, \u00abacceso en igualdad de condiciones a la justicia\u00bb, \u00abtutela judicial\u00bb y \u00abequilibrio procesal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que le inici\u00f3 Yurleni Beltr\u00e1n Torres (Radicado No. 2015-00292). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, y de la revisi\u00f3n de las copias aportadas, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.-\tQue dentro del asunto de marras, la demandante en representaci\u00f3n de su menor hijo de 3 a\u00f1os, deprec\u00f3 declarar responsable a la aqu\u00ed gestora por los da\u00f1os que el infante padeci\u00f3 como secuela de las mordeduras de un canino, a saber \u00abm\u00faltiples lesiones profundas en hermicara derecha en regi\u00f3n frontal con exposici\u00f3n de tabla \u00f3sea y compromiso de parpado derecho\u00bb. <\/p>\n

2.2.- El 2 de noviembre de 2017, el despacho recriminado dict\u00f3 sentencia estimatoria, resolviendo condenarla \u00abal pago de dos millones de pesos (2.000.000) producto del da\u00f1o emergente consolidado\u00bb, \u00abal pago de la suma de 40 smlmv, por concepto de da\u00f1os morales a favor del menor [\u2026]\u00bb, \u00abal pago de la suma de 10 smlmv, por concepto de da\u00f1os morales a favor de la se\u00f1ora yurleni beltr\u00e1n\u00bb, \u00abal pago de la suma de 60 smlmv, por concepto de daos a la salud en favor del menor\u00bb, contra la que no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n

2.3.- Sostuvo, que hubo imprecisiones en los testimonios rendidos dentro del litigio, y que \u00absolicit\u00f3 amparo de pobreza y fue negado por tener un bien inmueble, no apto para vivir dignamente y ubicado en zona de riesgo\u00bb, adem\u00e1s que \u00abno se valor\u00f3 que la demandada, por su edad y condiciones f\u00edsicas, mentales, no puede trabajar, no tiene ingresos, ni pensi\u00f3n, es una persona no solvente econ\u00f3micamente y vive sola\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Manifest\u00f3, que \u00abno se valor\u00f3 las caracter\u00edsticas de las heridas en el menor, las cuales no corresponden a la mordedura de un perro; se aprecian son \u201ccortadas\u201d como los mismos testimonios-familiares de la demandante y la misma, lo manifiestan, no se aprecia en las im\u00e1genes aportadas desgarraduras de la piel, como es la verdadera mordida de un perro, tampoco existe un examen cient\u00edfico riguroso de las heridas ni de las secuelas, ni psicol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abordenar la revisi\u00f3n del proceso y el fallo proferido [\u2026] 2 de noviembre de 2018\u00bb (fls. 199-206, C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO. <\/p>\n

La c\u00e9lula judicial encartada, manifest\u00f3 que \u00abel d\u00eda 17 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil Extracontractual presentada por la se\u00f1ora Yurleni Beltr\u00e1n Torres, en representaci\u00f3n de su menor hijo, una vez notificada la demandada presento escrito de solicitud de amparo de pobreza, siendo negado por este Despacho mediante providencia de 18 de marzo de 2016, por encontrar que la demandada no justifico sumariamente las condiciones que le imped\u00edan el sufragio de sus gastos judiciales de defensa, dejando sin herramientas jur\u00eddicas suficientes para otorgar dicho amparo, m\u00e1xime cuando la se\u00f1ora Dioselina es propietaria de un bien inmueble\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, que \u00abposterior a ello, la demandada jam\u00e1s hizo uso de su derecho a la defensa y el acceso a la justicia al contratar un abogado de confianza, dado que por el principio de postulaci\u00f3n era su deber hacerlo para la participaci\u00f3n en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que se adelantaba en su contra, dejando fenecer todas y cada una de las etapas procesales; por lo anterior, este Despacho Judicial reitera su compromiso de respeto por las garant\u00edas fundamentales de la accionante, comprobable en cada etapa procesal, pues se realizaron las pertinentes notificaciones conforme a la ley y las normas que la rigen, se evacuaron las pruebas solicitadas y que se encontraban acorde con las normas que las rigen y finalmente dado una sentencia ajustada a derecho la cual no fue atacada bajo los recursos ordinarios de los que dispon\u00eda la demandada, pues su inasistencia a las audiencias convocadas y su desinter\u00e9s en el presente proceso generaron un indicio grave en su contra, dejando vencer etapas procesales imprescindibles para su defensa\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00ab[l]o anterior no deja duda alguna que la presente acci\u00f3n de tutela se torna improcedente, pues no fueron agotados los recursos ordinarios a los cuales ten\u00eda acceso la demandada, tratando con la presente acci\u00f3n revivir t\u00e9rminos fenecidos por incompetencia propia, irresponsabilidad por su inasistencia a las etapas procesales evacuadas que le generaron una derrota en los estrados judiciales que se encuentra ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abla negligencia notoria que presenta la accionante no puede ser resuelta en instancia de tutela, puesto que contaba con los mecanismos ordinarios conducentes y pertinentes para realizar una adecuada defensa de sus intereses, m\u00e1xime cuando en ninguna de las oportunidades interpuso el recurso de alzada para revisi\u00f3n de los acontecimientos por parte del superior funcional, al no conferir poder judicial a un abogado para su representaci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n

Adujo, que \u00abla demandada hace uso de la acci\u00f3n de tutela casi un a\u00f1o despu\u00e9s de la audiencia donde se dict\u00f3 sentencia en el presente asunto, faltando as\u00ed al principio de inmediatez del que goza la acci\u00f3n de tutela, pues as\u00ed como no interpuso los recursos ordinarios pertinentes, dejo que el tiempo pasara injustificadamente para solicitar un posible amparo constitucional, por lo cual ser\u00eda un argumento que sumar\u00eda a la decisi\u00f3n que su Despacho acertadamente podr\u00eda acoger para declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, consider\u00f3 que es \u00abirresponsable la postura asumida por el Personero Municipal en cuanto al an\u00e1lisis de las lesiones sufridas por el menor en los hechos objeto de demanda, pues es un examen superficial y ligero, pues al decir que dichas lesiones corresponde a simples "cortaduras" desconoce todo el acervo probatorio recolectado y estudiado, lacerando as\u00ed los derechos fundamentales de los cuales goza menor, quien en realidad seria el directamente afectado en todo esto, por lo cual no puede este funcionario la ligera ponderar derechos fundamentales de personas de la tercera edad con los de los menores, pues aqu\u00ed no se trata de ello, lo cierto es que la discusi\u00f3n se centra en que aun cuando la se\u00f1ora Dioselina Barbosa tuvo la oportunidad de llevar una debida defensa y acceso a la justicia no lo hizo, situaci\u00f3n que debe ser asumid por ella, \u00fanica responsable de su desinter\u00e9s\u00bb (fl. 219 y 220, Ibidem). <\/p>\n

Quien sostuvo ser la apoderada de la se\u00f1ora Yurlein Beltr\u00e1n Torres, all\u00ed demandante, reliev\u00f3 que \u00abno puede atribuirse al juez de instancia la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno de la demandada, porque precisamente fue su propia voluntad abstraerse de la participaci\u00f3n activa dentro del proceso, pues cont\u00f3 con todas las oportunidades procesales para su intervenci\u00f3n y no despleg\u00f3 su actividad en procura atacar las pretensiones de la demanda. Por tanto, no puede alegar su propia negligencia para obtener un perjuicio de la actuaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que \u00abcarece del principio de inmediatez por lo cual la negaci\u00f3n del amparo se hace imperativa dentro de la actuaci\u00f3n\u00bb (fls. 224 y 225, Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ab[l]a condici\u00f3n de vulnerabilidad decantada sobre la se\u00f1ora Barbosa, por si sola, no tiene la capacidad de que este tribunal examine la sentencia enrostrada, esto, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que no campean important\u00edsimos requisitos de procedencia de la tutela, cuales son los de inmediatez y subsidiariedad\u00bb, habida cuenta que \u00abel litigio de responsabilidad civil extracontractual resistido se sell\u00f3 hace m\u00e1s de 11 meses con la sentencia del 2 de noviembre de 2017, circunstancia que rompe contra el principio de inmediatez atendiendo a que la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u201c…consider\u00f3 indispensable fijar el t\u00e9rmino de seis meses como proporcional y razonable para que el presunto agraviado promueva el amparo constitucional, cuya inobservancia impone su improcedencia, sin que el juez constitucional tenga la necesidad de auscultar el contenido de la queja\u201d\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00aben el hipot\u00e9tico evento de que se hiciese abstracci\u00f3n de la inmediatez, tampoco proceder\u00eda estudiar de fondo el reclamo constitucional por subsidiariedad, ello, porque la se\u00f1ora Barbosa no apel\u00f3 la sentencia rese\u00f1ada, mecanismo defensivo que resultaba procedente interponerlo dado que el litigio de responsabilidad civil extracontractual de marras se admiti\u00f3 como de mayor cuant\u00eda\u00bb (fls. 227-231, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el agente oficioso de la quejosa, alegando que \u00absi bien la presente Acci\u00f3n no est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino del principio de inmediatez y del principio de subsidiariedad para que sea procedente la acci\u00f3n de tutela referida, es de anotar, que si la se\u00f1ora dioselina barbosa , no present[\u00f3] el amparo de tutela dentro del t\u00e9rmino establecido por el principio de inmediatez, no apel[\u00f3] la sentencia y no refut[\u00f3] el amparo de pobreza, es porque la misma es una persona totalmente iletrada, de avanzada edad, muy enferma, de condiciones de vida paup\u00e9rrimas y que vive en una zona de alto riesgo, lo cual la ubican como sujeto de especial protecci\u00f3n, debilidad manifiesta y en estado de indefensi\u00f3n, como bien se demuestra en las pruebas allegadas a la referida acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, que \u00ab[l]a se\u00f1ora dioselina barbosa nunca tuvo la asesor\u00eda, el acompa\u00f1amiento y defensa de profesional del derecho, asunto que no fue observado por la Juez, a sabiendas de la condici\u00f3n de vulnerabilidad de la demandada\u00bb, y que \u00abla se\u00f1ora Juez al no procurar o garantiza[r] la debida defensa, a este sujeto de especial protecci\u00f3n, vulner\u00f3 derechos fundamentales, como son: el derecho al debido proceso, a la defensa y al ejercicio de la contradicci\u00f3n. No es la se\u00f1ora dioselina barbosa no es una persona con capacidad para afrontar su propia defensa y valerse por s[\u00ed] misma\u00bb (fl. 238, Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que la quejosa, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo, procedimental y f\u00e1ctico, enfila su reproche, en \u00faltimas, contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2017. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Demanda de responsabilidad civil extracontractual radicada por Yurleni Beltr\u00e1n Torres en representaci\u00f3n de su menor hijo de 3 a\u00f1os, en contra de la aqu\u00ed tutelista, con ocasi\u00f3n de las lesiones sufridas por la mordedura de un canino (fls. 28-33, C.1). <\/p>\n

3.2.- Auto admisorio de 17 de noviembre de 2015 (fls. 42-43, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Solicitud de \u00abamparo de pobreza\u00bb, radicada por la aqu\u00ed accionante el 1 de marzo de 2016 (fl. 60, Idem). <\/p>\n

3.4.- Prove\u00eddo del d\u00eda 18 del mismo mes y a\u00f1o, por medio del cual la c\u00e9lula judicial acusada neg\u00f3 \u00abla concesi\u00f3n del beneficio por no reunir las exigencias legales para tal fin\u00bb (fls. 62 y 63, Ibid.). <\/p>\n

3.5.- Acta de la audiencia adelantada el 14 de junio de ese a\u00f1o, a la que no se present\u00f3 la aqu\u00ed tutelista, y se surtieron las etapas de conciliaci\u00f3n, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio (fl. 67, Ib.). <\/p>\n

3.6.- Pruebas documentales y testimoniales recaudadas al interior del juicio (fls. 75-142, Id.). <\/p>\n

3.7.- Audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento llevada a cabo el 2 de noviembre de 2017, en la que se profiri\u00f3 sentencia estimatoria, y resolvi\u00f3 \u00abPrimero: conceder las pretensiones de la demanda instaurada por la se\u00f1ora yurleni beltran sanchez en contra de dioselina barbosa, conforme a lo esbozado en el cuerpo del present\u00e9 fallo y en consecuencia. Segundo: Se declara a la se\u00f1ora dioselina barbosa como civilmente responsable de los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2014, y en los cuales se lesionara al menor [\u2026]. Tercero: condenar a la se\u00f1ora dioslina barbosa al pago de dos millones de pesos ($2.000.000.00) producto del da\u00f1o emergente consolidado y que tuviera que ser resistido por la se\u00f1ora yurleni beltran torres. Cuarto: condenar a la se\u00f1ora dioselina barbosa al pago de la suma dinerada de 40 smlmv, por concepto de da\u00f1os morales a favor del menor. Quinto: condenar a la se\u00f1ora dioselina barbosa al pago de la suma dinerada de 10 smlmv, por concepto de da\u00f1os morales a favor de la se\u00f1ora yurleni beltran. Sexto: condenar a la se\u00f1ora dioselina barbosa al pago de la suma dinerada de 60 smlmv, por concepto de da\u00f1os a la salud en favor del menor. S\u00e9ptimo: Condenar en costas a la parte demandada en la suma de dos (2) smlmv. Octava: Notif\u00edquese la presente providencia en estrados, contra la presente decisi\u00f3n proceden los recursos de ley. La apoderada de la parte demandante en amparo de pobreza no interpone ning\u00fan recurso\u00bb (fl. 145, Ibidem). <\/p>\n

4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Corte que el otorgamiento del amparo rogado es improcedente, por cuanto no cumple con el requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el lapso verificado desde que se dict\u00f3 la determinaci\u00f3n aqu\u00ed recriminada, en la que se declar\u00f3 civilmente responsable a la gestora, conden\u00e1ndosele al pago de las sumas de dinero ordenadas por la jueza acusada, proferida el 2 de noviembre de 2017, habida cuenta que la formulaci\u00f3n de resguardo fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 19 de octubre de 2018 (fl. 207, Ibidem), por tanto no cumple con el aludido requisito, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

4.1.- Lo anterior, ya que como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n \u00abel plazo m\u00e1ximo del semestre a considerar en aras de revisar el conteo de la referida figura, que se yergue como uno de los requisitos generales de procedencia, se parte a verificar, de suyo, desde la puntual calenda en que es dictada la providencia objeto del reproche ius fundamental, que no desde ning\u00fan otro acto procedimental\u00bb (CSJ STC18667-2017, 9 nov. 2017, rad. 2017-02996-00). <\/p>\n

Y es que, como esta Sala ha venido insistiendo sobre el particular, \u00ab[\u2026] la demanda de amparo [\u2026] no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento del segundo de los pronunciamientos criticados, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad de este resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C. P.)\u00bb (se denota; CSJ SCT3569-2017, 15 mar. 2017, rad. 2017-00657-00), por cuanto que el lapso a tener en cuenta para efectos del c\u00f3mputo de la inmediatez \u00abse contabiliza desde la precisa fecha en que se emiti\u00f3 la providencia que en cada caso se recrimina\u00bb (se subraya, v\u00e9ase; CSJ STC11818-2017, 9 ago. 2017, rad. 2017-01982-00). <\/p>\n

4.2.- Es por eso que la accionante no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el ya anunciado de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguardia inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, per se, se desestructura. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 23 jul. 2015, rad. 01540-00). <\/p>\n

5.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16595-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00307-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00ba de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}