{"id":102324,"date":"2026-07-01T22:29:13","date_gmt":"2026-07-01T22:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102324"},"modified":"2026-07-01T22:29:13","modified_gmt":"2026-07-01T22:29:13","slug":"stc16597-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16597-2018\/","title":{"rendered":"STC16597-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

STC16597-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02262-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Rojas Mu\u00f1eton, contra la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de San Gil y la Fiscal\u00eda Primera Seccional de la misma ciudad, vincul\u00e1ndose a la Secretar\u00eda Penal del colegiado acusado, al Juzgado Segundo Penal del Circuito de ese municipio, y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, salud y \u00abredenci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades querelladas, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el delito de \u00abhomicidio simple\u00bb. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, y de la revisi\u00f3n de las pruebas portadas, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.-\tQue desde el 24 de noviembre de 2015 se encuentra \u00abprivado de la libertad en la C\u00e1rcel Modelo de Bucaramanga, toda vez que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de San Gil [le] impuso medida de aseguramiento\u00bb por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio simple. <\/p>\n

2.2.- Sostuvo, que \u00abel d\u00eda 23 de enero de 2015, firm[\u00f3] un preacuerdo con la Fiscal\u00eda Primera Seccional de San Gil, donde aceptaba cargos por homicidio simple a cambio de que se [le] reconociera [e]l atenuante de haber actuado con ira e intenso dolor, pactando una pena de 54 meses de prisi\u00f3n\u00bb, por lo que el d\u00eda 27 de julio de ese a\u00f1o, el Juzgado convocado \u00able imparti\u00f3 legalidad al preacuerdo suscrito, neg\u00e1ndo[le] los subrogados por falta de arraigo\u00bb, en desacuerdo con dicha determinaci\u00f3n, el apoderado de las v\u00edctimas apel\u00f3 y el 11 de mayo de 2017, la colegiatura acusada, declar\u00f3 \u00abla nulidad de lo actuado desde la firma del preacuerdo, por considerar que no hab\u00edan tenido en cuenta a las v\u00edctimas el d\u00eda de la firma del preacuerdo\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Inform\u00f3, que el 3 de agosto de 2018 firm\u00f3 un nuevo preacuerdo, mismo que tambi\u00e9n fue objeto de apelaci\u00f3n por parte del representante de las v\u00edctimas, y est\u00e1 pendiente de ser desatado por la Sala Penal recriminada. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abque se [le] restablezca el derecho a la libertad personal de forma inmediata\u00bb (fls. 1-7, C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

El Magistrado sustanciador de la Sala Penal acusada, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas, y asever\u00f3 que en \u00abel Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta municipalidad, profiri\u00f3 sentencia el 3 de agosto de 2018, mediante la cual, se dispuso la APROBACI\u00d3N DEL PREACUERDO, y se impuso condena en contra del accionante en los t\u00e9rminos dispuestos en el acto consensuado. Contra esa determinaci\u00f3n, la representaci\u00f3n judicial de la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s Ballesteros Martel\u00f3, v\u00edctima del il\u00edcito, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, mismo que por reparto efectuado el 28 de esta anualidad, le correspondi\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n al suscrito, encontr\u00e1ndose al despacho para la elaboraci\u00f3n del proyecto de la misma\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abbajo ning\u00fan supuesto es viable imputarle a esta Sala la imposibilidad de que el se\u00f1or Luis Alberto Rojas Mu\u00f1eton no haya redimido pena por trabajo y estudio, en el entendido que su situaci\u00f3n jur\u00eddica actual, seg\u00fan la cual no tiene una sentencia de condena en firme, no le impide postularse para trabajar o estudiar y luego, una vez obtenga los certificados que den cuenta el cumplimiento de los requisitos para esos efectos, solicite ante el juez correspondiente, la redenci\u00f3n de la pena por trabajo o estudio\u00bb (fls. 28-30, Idem). <\/p>\n

La secretar\u00eda convocada, sostuvo que recibi\u00f3 el asunto el 27 de agosto del presente a\u00f1o, tras someterse a reparto en la Oficina Judicial, el cual correspondi\u00f3 al Magistrado Luis Elver S\u00e1nchez Sierra, encontr\u00e1ndose en ese despacho para fallo (fl. 52, Ibidem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, al considerar que \u00abla actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite, espec\u00edficamente pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n promovido por el apoderado de las v\u00edctimas. Est\u00e1 fuera de lugar, en consecuencia, pedirle al juez constitucional que se entrometa en el asunto. Ello, en raz\u00f3n a que las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abno es procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional para intervenir dentro de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que sobre \u00abel presunto quebranto del derecho a la libertad no puede ser estudiado en esta sede, por cuanto para procurar su salvaguarda, est\u00e1 instituida la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, como se desprende de los art\u00edculos 6-2 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba de la Ley 1095 de 2006, mecanismo id\u00f3neo al cual no ha acudido el actor (CSJ STP, 4 Feb 2016, Rad. 83954 y CSJ STP, 23 Feb 2016, Rad. 84035 entre muchos otros)\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo, respecto de \u00abla aparente dilaci\u00f3n injustificada en la que ha incurrido el Tribunal para desatar el recurso de apelaci\u00f3n. La Sala ha sostenido que la inconformidad relacionada con el vencimiento de t\u00e9rminos procesales dentro de una actuaci\u00f3n judicial puede ser expuesta mediante la recusaci\u00f3n de los funcionarios judiciales o a trav\u00e9s de la vigilancia judicial administrativa por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mecanismos id\u00f3neos y expeditos para perseguir el cumplimiento de los plazos previstos en la legislaci\u00f3n procesal. (CSJ STP, 13 Nov 2014, Rad. 76935)\u00bb (fls. 96-102, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, sin manifestar argumento alguno (fl. 77, Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo, pretende que se le otorgue la libertad, y cuestiona la mora en la resoluci\u00f3n del recurso de la apelaci\u00f3n contra el auto de 3 de agosto de 2018. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Acta de preacuerdo de 23 de junio de 2015, celebrado entre el aqu\u00ed tutelista y la Fiscal Primera Seccional de San Gil (fls. 48-50, Ibidem). <\/p>\n

3.2.- Determinaci\u00f3n de 3 de mayo de 2018, por medio de la cual el Tribunal encartado resolvi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de lo actuado, inclusive a partir de la audiencia celebrada el 2 de febrero de 2018 en la que entre otras cosas, se verific\u00f3 el preacuerdo suscrito entre la Fiscal\u00eda y el imputado Luis alberto rojas mu\u00f1eton, con el fin de que se rehaga, a la mayor brevedad posible, todo el tr\u00e1mite afectado con la nulidad conforme a los par\u00e1metros dados en el cuerpo de esta providencia\u00bb (fls. 38-46, Idem). <\/p>\n

3.3.- Interlocutorio de 8 de noviembre de esta anualidad, en la que el colegiado recriminado al desatar la alzada contra el auto de 3 de agosto de este a\u00f1o, dispuso \u00abdeclarar la nulidad de lo actuado, inclusive a partir de la audiencia celebrada el 3 de agosto de 2018 en la que entre otras cosas, se verific\u00f3 el preacuerdo suscrito entre la Fiscal\u00eda y el imputado Luis alberto rojas mu\u00f1eton, con el fin de que el juez de conocimiento rehaga, a la mayor brevedad posible, todo el tr\u00e1mite afectado con la nulidad conforme a los par\u00e1metros dados en el cuerpo de esta providencia\u00bb (fls. 3-9, C. Corte). <\/p>\n

4.- Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, observa la Sala que en cuanto a la pretensi\u00f3n enfilada a que se \u00abreestablezca el derecho a la libertad de inmediato\u00bb, el amparo no puede prosperar dado el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad incorporado en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 despojando a la acci\u00f3n de tutela de sus efectos, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, ante la existencia de un medio judicial de defensa; comoquiera que en el asunto en estudio el proceso penal sub judice est\u00e1 en curso, siendo aquel el escenario, donde se pueden desplegar todos los mecanismos posibles para la demostraci\u00f3n de lo alegado mediante esta senda eminentemente residual. <\/p>\n

4.1.- Por supuesto, si el gestor tiene a su alcance todos los medios de contradicci\u00f3n y jur\u00eddicos que se le brindan dentro de la actuaci\u00f3n penal, no puede pretender que a trav\u00e9s de la \u00abtutela\u00bb incoada, ni aun invocando la existencia de un supuesto \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se provea la soluci\u00f3n a los planteamientos e inconformidades sobre los cuales corresponde pronunciarse al juez natural, lo anterior, por cuanto se evidencia que no ha pedido lo que aqu\u00ed solicita ante el fallador natural, y una vez cumpla con las condiciones objetivas y subjetivas para reclamar el derecho deprecado, puede acudir ante aquel para que con fundamento en la legislaci\u00f3n aplicable, y los supuestos f\u00e1cticos alegados, se estudie la viabilidad de otorgarle el beneficio que exige. <\/p>\n

4.2.- Sobre un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Corte tuvo ocasi\u00f3n de manifestar lo siguiente: <\/p>\n

En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n

En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia de primera instancia, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n

Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin (CSJ STC 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01, reiterada, entre otros, el 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01, CSJ STC2043-2016 19 feb. 2016 rad. 2015-02232-01 y CSJ STC6091-2018 May. 10 de 2018, rad. 2018-00253-01). <\/p>\n

4.3.- Del mismo modo, ha pregonado insistentemente, entre otras providencias, en CSJ STP, 4596-2014, que: <\/p>\n

[N]o es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 el mecanismo de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n (negrilla original). <\/p>\n

5.- Ahora bien, en cuanto a la queja enfilada en contra de la omisi\u00f3n del ad-quem encartado al no haberse pronunciado sobre el recurso de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb propuesto en contra de la decisi\u00f3n de 3 de agosto de 2018, resulta claro que el motivo de descontento expresado el gestor, ya fue superado, conforme se evidencia en la providencia de 8 de de noviembre de hoga\u00f1o, que reposa en folios 3 a 9 de este cuaderno, donde se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 rehacer la actuaci\u00f3n, constat\u00e1ndose as\u00ed, de esta manera, que la reclamaci\u00f3n no tiene sentido, comoquiera que ya fue superada la situaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada, en consecuencia, la tutela perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n

Y es que, tocante con la figura que viene de memorarse, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela pierde su fuerza: <\/p>\n

[B]ien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional (CSJ STC 21 jun. 2012, Rad. 00121-01 reiterada en CSJ STC077-2018 Ene. 18 de 2018, rad. 2017-00252-01). <\/p>\n

En un asunto similar la Corte precis\u00f3 que: <\/p>\n

[E]l pedimento que origin\u00f3 la actual formulaci\u00f3n ya fue definido mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de la cursante anualidad, habida cuenta que el aludido auto desat\u00f3 el recurso vertical interpuesto contra la resoluci\u00f3n dictada en primera instancia el 20 de junio de 2013, advierte la Corte que el motivo que gener\u00f3 la presentaci\u00f3n de la tutela materia de decisi\u00f3n ha desaparecido; luego el m\u00f3vil de la lamentaci\u00f3n del actor ya constituye un \u00abhecho superado\u00bb y, en consecuencia, la acci\u00f3n de amparo perdi\u00f3 eficacia y raz\u00f3n de ser frente a esa censura (STC2913-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00434-00, reiterada en CSJ STC5134-2018 Abr. 19 de 2018, rad. 2018-00870-00). <\/p>\n

6.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO STC16597-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}