{"id":102325,"date":"2026-07-01T22:29:34","date_gmt":"2026-07-01T22:29:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102325"},"modified":"2026-07-01T22:29:34","modified_gmt":"2026-07-01T22:29:34","slug":"stc16598-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16598-2018\/","title":{"rendered":"STC16598-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16598-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02674-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Bibiana Marcela Zapata Galvis, contra el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de esta urbe, vincul\u00e1ndose a la empresa Al Tempo EU, Av Villas, Fiscal\u00eda 119 Seccional Unidad de Fe P\u00fablica, Patrimonio y Orden Econ\u00f3mico, despacho Catorce Civil del Circuito de esta ciudad, y a las partes e intervinientes dentro del juicio que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La gestora, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vivienda digna y \u00abderecho de los ni\u00f1os\u00bb, presuntamente vulnerados a ella y sus hijos, por la autoridad querellada, dentro del proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente que le inici\u00f3 Sandra Patricia Gil Su\u00e1rez a la empresa Al Tempo EU (rad. 2015-00886). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.-\tQue \u00abconviv[e] en uni\u00f3n libre con el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero Naranjo [\u2026], desde el a\u00f1o 2012 [\u2026] de esa uni\u00f3n nacieron [sus] dos hijos menores de edad\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Inform\u00f3, que su compa\u00f1ero suscribi\u00f3 el 5 de agosto de 2009, un contrato de arrendamiento con opci\u00f3n de compra del inmueble ubicado en la Transversal 78D No. 10D-97 Apartamento 102 del interior 47 Conjunto Residencial Castilla Real, con el representante de la empresa Al Tempo EU, y \u00ab[su] compa\u00f1ero realiz\u00f3 verbalmente la negociaci\u00f3n de compraventa [\u2026] por valor de 110 millones de pesos\u00bb, por lo que el \u00abrepresentante de la empresa al tempo eu [\u2026] envi\u00f3 a [su] compa\u00f1ero carlos eduardo botero naranjo a la Notar\u00eda 41 a correr escrituras\u00bb, sin embargo, los documentos radicados \u00abdesaparecieron por arte de magia de la [N]otar\u00eda\u00bb, pese a que solo falt\u00f3 aportar el impuesto predial de 2012. <\/p>\n

2.3.- Manifest\u00f3, que el apartamento fue vendido tambi\u00e9n a la se\u00f1ora Sandra Patricia Gil Suarez, como consta en el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1348492, y como consecuencia, la aludida se\u00f1ora inici\u00f3 el juicio de marras \u00abreclamando la entrega del inmueble al se\u00f1or manuel jos\u00e9 giraldo mart\u00ednez\u00bb, quien es el representante de Al Tempo EU. <\/p>\n

2.4.- Sostuvo, que el despacho recriminado \u00abal ejecutar la sentencia donde ordena el desalojo del inmueble [\u2026] que [su] compa\u00f1ero compr\u00f3 con mucho esfuerzo dejar\u00eda [a sus] hijos menores en el desamparo total al NO tener un techo donde pasar las noches y a una vivienda digna de ellos\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Reliev\u00f3, que el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero Naranjo instaur\u00f3 denuncia por el delito de estafa y fraude procesal con radicado 110016000049201602874 cuya investigaci\u00f3n se encuentra inactiva. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abrevocar el fallo de 21 de enero de 2016\u00bb y el auto de \u00ab27 de mayo de 2016\u00bb (fls. 18-26, C. 1). <\/p>\n

4.- El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante prove\u00eddo de 25 de octubre de 2018 (fl. 29, Ibidem), y fue resuelto por providencia de 14 de noviembre de esta calenda (fls. 169-172, Idem), habida cuenta que mediante auto de 1\u00ba de noviembre de este a\u00f1o (fl. 71, Ibid.), se remiti\u00f3 el expediente al Tribunal a-quo, con el fin de que asumiera la competencia para decidir el asunto. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

La c\u00e9lula judicial acusada, asever\u00f3 que \u00abpor auto de fecha 26 de abril de 2016, se dispuso no resolver las solicitudes presentadas por carlos eduardo naranjo botero y david lara pineda, toda vez que, no son parte dentro del asunto, advirtiendo que la intervenci\u00f3n de terceros se encuentra regulada en los art\u00edculos 71 y 72 del C. G. del P., asimismo, por auto de fecha 01 de agosto de 2016 se resolvi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de fecha de 23 de junio, por medio de la cual se remiti\u00f3 al solicitante a las providencias calendadas el 26 de abril y 27 de mayo (fls.180 y 197), manteniendo las decisiones y negando el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00ab[t]eniendo en cuenta que, la parte demandada no dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, se dispuso por auto de fecha 18 de noviembre de 2016 elaborar el respectivo despacho comisorio dirigido al Inspector Distrital de Polic\u00eda de la zona respectiva, comisorio que fuera devuelto sin diligenciar el 21 de febrero de 2017, raz\u00f3n por la cual, se se\u00f1al\u00f3 para la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega ordenada el d\u00eda 05 de abril a las 8:00 am\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00absiendo el d\u00eda y la fecha se\u00f1alada para llevar a cabo la diligencia de entrega, el se\u00f1or carlos eduardo naranjo botero present\u00f3 oposici\u00f3n, la cual una vez admitida y dado el respectivo tr\u00e1mite, esto es, valoradas y practicadas las pruebas allegadas, en audiencia del 23 de agosto de 2017, se declar\u00f3 infundada la oposici\u00f3n ordenando la entrega del inmueble a la se\u00f1ora sandra patricia gil suarez y condenando en costas, decisi\u00f3n que fuera recurrida y posteriormente confirmada en decisi\u00f3n del 24 de julio de 2018 por el Juzgado 14 Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00abpor auto del 06 de septiembre de 2018 dando cumplimiento a lo ordenado por el superior se se\u00f1al\u00f3 fecha para la diligencia de entrega el 17 de octubre, sin embargo, toda vez que fue un hecho notorio las manifestaciones y los problemas de movilidad que se presentaron el 17 de octubre suspendi\u00f3 la diligencia y fij\u00f3 nueva fecha para el 02 de noviembre a las 8:00am\u00bb, y que \u00abel 02 de noviembre se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega la cual fue suspendida a solicitud de la parte actora, teniendo en cuenta lo manifestado por la persona que atendi\u00f3 la misma, esto es, el se\u00f1or carlos eduardo botero naranjo, quien se comprometi\u00f3 a entregar el inmueble a m\u00e1s tardar el pr\u00f3ximo 09 de noviembre a las 8:00 am., libre de personas, animales o cosas, so pena de reanudar la diligencia y proceder al desalojo\u00bb (fl. 111, Ibidem). <\/p>\n

La se\u00f1ora Sandra Patricia Gil Su\u00e1rez, a trav\u00e9s de quien afirm\u00f3 ser su apoderada judicial, puntualiz\u00f3 que \u00abestos hechos ya fueron debatidos dentro del proceso de restituci\u00f3n que curso ante el juzgado 13 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de la cuidad de Bogot\u00e1, Rad. No. 2013-01138 de manuel jose giraldo martinez contra el se\u00f1or carlos eduardo botero, donde se fall\u00f3 en contra del se\u00f1or carlos eduardo botero, entregar el inmueble aqu\u00ed demandado fallo que se encuentra en firme y donde el se\u00f1or carlos eduardo botero, ejercicio su defensa con los mismos argumentos con que se est\u00e1 impetrando esta acci\u00f3n de tutela por parte de la se\u00f1ora bibiana marcela zapata galvis\u00bb. <\/p>\n

Y, en cuanto al asunto de marras, agreg\u00f3 que \u00abse fall\u00f3 en favor de mi poderdante se\u00f1ora sandra patricia gil suarez, quien es la actual propietaria del bien y a quien se le debe entregar dicho inmueble\u00bb, y el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero \u00abtambi\u00e9n hizo oposici\u00f3n a dicha entrega aduciendo los mismos argumento expuestos en esta tutela por la se\u00f1ora bibiana marcela zapata galvis y donde tambi\u00e9n fue escuchado el se\u00f1or botero, sin prosperar dicha oposici\u00f3n\u00bb (fls. 69-70, Idem). <\/p>\n

La Fiscal Seccional 119 convocada, sostuvo que \u00abel se\u00f1or carlos eduardo botero naranjo instaur\u00f3 una denuncia penal, la cual le correspondi\u00f3 el radicado No. 110016000049201602874 por el delito de fraude procesal, la cual fue archivada el d\u00eda 23 de enero de 2018, por atipicidad de la conducta\u00bb(fl. 34, Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal a-quo, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, al considerar que \u00abla ahora quejosa pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se revisen las actuaciones procesales que ante el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogot\u00e1 se surtieron, concretamente pide la nulidad de las decisiones tomadas dentro de un proceso en el que no funge como parte\u00bb, y que \u00ab[l]o perseguido con esta acci\u00f3n es la creaci\u00f3n de otra instancia procesal y propiciar que el juez constitucional se arrogue plena competencia para examinar la cuesti\u00f3n litigiosa ya definida, desatendiendo as\u00ed el principio de subsidiariedad que debe regir este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00ab[l]a accionante puso de presente la situaci\u00f3n del se\u00f1or Carlos Eduardo Botero Naranjo como ocupante del inmueble objeto de la diligencia de entrega, sin demostrar que act\u00faa como su agente oficiosa, ni la raz\u00f3n para hacerlo. Adem\u00e1s qued\u00f3 demostrado que aquel, ejerci\u00f3 su derecho de defensa oponi\u00e9ndose a la diligencia de entrega e instaurando por los mismos hechos una acci\u00f3n de tutela que result\u00f3 desfavorable a sus intereses\u00bb (fls. 169-172, Ib.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa, sin manifestar argumentos adicionales (fl. 184, Id.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que la quejosa, enfila su reproche, contra la sentencia de 21 de enero de 2016 y el auto de 27 de mayo de ese mismo a\u00f1o, al considerar que se est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales a la vivienda digna. <\/p>\n

3.- Del expediente allegado en calidad de pr\u00e9stamo, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Demanda formulada por Sandra Patricia Gil Su\u00e1rez contra Al Tempo E.U., en la que pretendi\u00f3 la entrega material del inmueble adquirido por escritura p\u00fablica (fls. 15-18, C. 1 Exp. Original). <\/p>\n

3.2.- Auto admisorio proferido el 19 de septiembre de 2015 (fl. 21, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Fallo de 21 de enero de 2016, por medio del cual el despacho acusado resolvi\u00f3 \u00abdecretar la entrega a la parte demandante del inmueble materia de la Litis, a cuyo efecto se concede a la demandada un plazo de 20 d\u00edas\u00bb, y \u00aben el evento de que la parte demandada no acate la anterior orden de entrega del inmueble, para la pr\u00e1ctica de la diligencia se comisiona al Juez Civil Municipal de la zona respectiva de esta ciudad con amplias facultades\u00bb (fls. 24 y 25, Idem). <\/p>\n

3.4.- Memorial radicado el 1\u00ba de abril de 2016, por medio del cual el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero Naranjo formul\u00f3 \u00abincidente\u00bb, y solicit\u00f3 a la c\u00e9lula judicial acusada \u00abrequerir a las partes, soportar en debida forma material probatorio a este despacho en raz\u00f3n a que existe un proceso de restituci\u00f3n de inmueble en el juzgado 21 civil municipal de descongesti\u00f3n, resalto en negrilla no tengo la calidad de arrendatario en raz\u00f3n de la promesa de compraventa que realiz\u00f3\u00bb, petici\u00f3n resuelta en interlocutorio del d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o, que decidi\u00f3 \u00ababstenerse de resolver las solicitudes que anteceden [\u2026] como quiera que los referidos se\u00f1ores no son parte dentro del asunto de la referencia [\u2026]\u00bb (fls. 176, 177 y 180, Ibid.). <\/p>\n

3.5.- Escrito aportado por el apoderado del se\u00f1or Botero Naranjo, en el que pidi\u00f3 \u00abse ordene expedir copias del proceso y as\u00ed poder presentar en debida forma el incidente correspondiente e igualmente deje sin efectos la sentencia proferida por el despacho\u00bb (fl. 196, Id.). <\/p>\n

3.6.- Providencia de 27 de mayo de 2016, por medio de la cual resolvi\u00f3 \u00abse reitera que tal y como se indic\u00f3 en la providencia calendada 26 de abril de 2016 visible a folio 180 de este cuaderno, la oportunidad procesal y dem\u00e1s reglas previstas para la intervenci\u00f3n de terceros, se encuentra consagrada en los art\u00edculo 71 y 72 del C.G.P.\u00bb y orden\u00f3 expedir las copias solicitadas (fl. 197, Ibidem). <\/p>\n

3.7.- \u00abIncidente de nulidad\u00bb radicado por el apoderado del se\u00f1or Botero Naranjo, mismo que fue negado en prove\u00eddo de 23 de junio de esa anualidad, informando que \u00abdeber\u00e1n atenerse a lo dispuesto en el auto de 26 de abril de 2016 e inciso segundo del numeral 1\u00ba de la providencia de 27 de mayo del corriente a\u00f1o\u00bb, decisi\u00f3n que fue mantenida el 1\u00ba de agosto de ese a\u00f1o (fls. 199-201 y 204, Idem). <\/p>\n

3.8.- Continuaci\u00f3n de la diligencia de entrega celebrada el 28 de abril de 2017, en que se dispuso \u00abadmitir la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or carlos eduardo botero naranjo respecto la entrega del bien inmueble ubicado en la tra[n]sversal 78D No. 10d-97 apartamento 102 interior 47 de la agrupaci\u00f3n de vivienda de Castilla de esta ciudad\u00bb y \u00absuspender la diligencia de entrega del bien inmueble\u00bb (fl. 314, Ib.). <\/p>\n

3.9.- Acta de la audiencia adelantada el 23 de agosto de este a\u00f1o, por medio de la cual se resolvi\u00f3 \u00abprimero: declarar infundada la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or carlos eduardo botero a la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la transversal 78D No. 10D-97 apt. 102 interior 47. segundo: ordenar la entrega del inmueble objeto del presente proceso a la se\u00f1ora sandra patricia gil su\u00e1rez en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de la sentencia y en el evento de no hacerlo, se fijar[\u00e1] fecha para el desalojo haciendo uso de la fuerza p\u00fablica [\u2026]\u00bb (fls. 359-360, Ibid.). <\/p>\n

3.10.- Diligencia de entrega celebrada el 9 de noviembre de 2018, en la que se anot\u00f3 que \u00abuna vez en el lugar de la diligencia se deja constancia que el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero Naranjo, se encontraba desocupando el bien inmueble voluntariamente, y el mismo es entregado a la apoderada de la demandante libre de personas animales y cosas\u00bb (fl. 44, C. Entrega). <\/p>\n

4.- En cuanto hace con el preciso reparo elevado por la quejosa, quien manifest\u00f3 que lo hac\u00eda a t\u00edtulo personal, cabe denotar que esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, en torno a la cualificaci\u00f3n de los sujetos que est\u00e1n prevalidos de legitimaci\u00f3n para actuar en sede constitucional cuando su dolencia dimana de un litigio, cualquiera que sea su \u00edndole, lo siguiente: <\/p>\n

[L]a acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante o agente oficioso, evento \u00faltimo en el cual es requisito manifestar tal circunstancia. <\/p>\n

En trat\u00e1ndose de la transgresi\u00f3n del debido proceso, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar su protecci\u00f3n constitucional [\u2026] son aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que intervinieron en el respectivo juicio o tr\u00e1mite administrativo o que siendo imperativa su vinculaci\u00f3n no fueron citados (CSJ STC, 4 ago. 2009, rad. 01001-01). <\/p>\n

4.1.- As\u00ed las cosas, en el caso de cuyo estudio se ocupa la Corte, es evidente que la petici\u00f3n elevada con el prop\u00f3sito de que el sub lite \u00abse revo[quen] las sentencias de 21 de enro de 2016 y 27 de mayo de 2016\u00bb, no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda judicial, habida cuenta que la promotora, seg\u00fan se desprende de las probanzas allegadas, no fue sujeto procesal del juicio de entrega del tradente al adquirente que Sandra Patricia Gil Su\u00e1rez le formul\u00f3 a la sociedad Al Tempo E. U., esto es, que no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva ninguna dentro del mismo que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados en el escrito genitor. <\/p>\n

De ah\u00ed que adolezca de legitimaci\u00f3n en la causa para accionar, en tanto que no se entiende c\u00f3mo puede verse afectada en sus personales prerrogativas con la actuaci\u00f3n aqu\u00ed enjuiciada, la cual, \u00fanicamente, est\u00e1 dirigida a regular la situaci\u00f3n jur\u00eddica ius fundamental de los sujetos al efecto implicados, dentro de los que ella no se halla. <\/p>\n

Por tanto, deviene inane la solicitud de resguardo por \u00e9l planteada \u00abdado que el accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las providencias emitidas en el proceso ejecutivo en el que no fue parte, o tercero reconocido, y porque no acredit\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n para reclamar los derechos de alguno de los anteriores\u00bb (CSJ STC11396-2018, 6 sep. 2018, rad. 2018-01466-01). <\/p>\n

4.2.- Acerca de un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Sala tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n

[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes. <\/p>\n

[\u2026] En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que \u00e9l no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas (se resalta; CSJ STC, 14 nov. 2013, rad. 02643-00). <\/p>\n

5.- Por lo dem\u00e1s, es del caso se\u00f1alar que conforme se acredit\u00f3 en plenario, la diligencia de entrega se realiz\u00f3 satisfactoriamente, el d\u00eda 9 de noviembre de hoga\u00f1o, en donde el se\u00f1or Carlos Eduardo Botero \u2013compa\u00f1ero permanente de la aqu\u00ed gestora-, realiz\u00f3 \u00abentrega voluntaria\u00bb del inmueble que habitaba a la apoderada de la se\u00f1ora Sandra Patricia Gil Su\u00e1rez, por tanto, se configura la causal de improcedencia de la tutela, contemplada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00abcuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un da\u00f1o consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho\u00bb comoquiera que, dicho tr\u00e1mite se cumpli\u00f3 a cabalidad. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n

\u201c[E]s evidente que el amparo constitucional solicitado resulta improcedente, pues, del examen del expediente, observa la Corte que el inmueble objeto de la diligencia de entrega adelantada se est\u00e1 en presencia de un hecho consumado, por lo que no es viable la protecci\u00f3n instada por este mecanismo conforme lo prev\u00e9 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta que el 31 de agosto del a\u00f1o que avanza la misma se produjo, seg\u00fan se desprende del acta que para el efecto se levant\u00f3, (\u2026) \u201cconstat\u00e1ndose que el mismo se encuentra totalmente desocupado y libre de personas, animales y cosas (\u2026)\u201d (CSJ STC, 13 sep. 2012, rad. 01382-01, reiterado en STC13824-2017, 6 sep. 2017 rad. 2017-01850-01 y en CSJ STC5437-2018, Abr. 27 de 2018, rad. 2018-00030-01). <\/p>\n

6.- En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16598-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02674-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102325","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102325","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102325"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102325\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102325"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102325"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102325"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}