{"id":102327,"date":"2026-07-01T22:30:07","date_gmt":"2026-07-01T22:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102327"},"modified":"2026-07-01T22:30:07","modified_gmt":"2026-07-01T22:30:07","slug":"stc16602-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16602-2018\/","title":{"rendered":"STC16602-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16602-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03853-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela impetrada por Milton Augusto Morales Tello frente a los Juzgados Segundo Penal Municipal y Sexto Penal del Circuito, ambos de Popay\u00e1n; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de los dos juicios adelantados al petente, uno, por los delitos de \u201cgesti\u00f3n indebida de recursos sociales en concurso con el de concierto para delinquir\u201d y, el otro, por \u201cestafa agravada y urbanizaci\u00f3n ilegal, en concurso de conductas punibles\u201d. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl quejoso exige la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, libertad y contradicci\u00f3n, presuntamente lesionados por los accionados. <\/p>\n

2. De lo indicado en el libelo genitor y de las pruebas aportadas se constata que en esos dos juicios seguidos al querellante, se reitera, uno, por \u201cgesti\u00f3n indebida de recursos sociales en concurso con el de concierto para delinquir\u201d, y, el otro, por \u201cestafa agravada y urbanizaci\u00f3n ilegal, en concurso de conductas punibles\u201d, el sindicado formul\u00f3 recursos de casaci\u00f3n contra las sentencias condenatorias de segundo grado dictadas en ellos, siendo inadmitidas las demandas con las cuales pretendi\u00f3 sustentar esas impugnaciones el 24 de febrero y 30 de noviembre de 2016, respectivamente. <\/p>\n

Por estimar que en esas causas fue juzgado por los mismos hechos, el tutelante present\u00f3 un h\u00e1beas corpus, denegado en ambas instancias. <\/p>\n

3. En desacuerdo con dichas providencias y por insistir en tal falencia, Milton Augusto Morales Tello incoa la presente salvaguarda y requiere, concretamente, disponer su excarcelaci\u00f3n. <\/p>\n

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Popay\u00e1n realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n y asegur\u00f3 no haberle violado prerrogativa alguna al interesado. <\/p>\n

La titular del estrado Sexto Penal del Circuito de la misma localidad memor\u00f3 la actuaci\u00f3n desarrollada en el comentado h\u00e1beas corpus y requiri\u00f3 desestimar esta protecci\u00f3n por cuanto tal \u201c(\u2026) dependencia judicial no (\u2026) ha menoscabado [los] derechos y garant\u00edas invocadas por [e]l accionante\u201d. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Referente a los dos aludidos juicios penales adelantados al se\u00f1or Morales Tello y culminados con providencias inadmisorias de las citadas demandas de casaci\u00f3n emitidas el 24 febrero y 30 de noviembre de 2016, el amparo no sale avante por incumplir el presupuesto de la inmediatez, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 5 septiembre de 20181, esto es, casi veintid\u00f3s (22) meses despu\u00e9s de proferido el \u00faltimo de los referidos pronunciamientos, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Corporaci\u00f3n como tempestivo para acudir al ruego en estudio. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Corte ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que este \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

Si el interesado se demor\u00f3 para formular esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la conducta irregular atribuible a los accionados y con repercusi\u00f3n directa en garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

2. Referente al h\u00e1beas corpus, el amparo tambi\u00e9n fracasa, por cuanto al juzgador de tutela le est\u00e1 restringido el examen de providencias emitidas en acciones de naturaleza similar, pues, para establecer si efectivamente se quebrant\u00f3 el derecho a la \u201clibertad\u201d invocado, el sistema jur\u00eddico nacional tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios, cuya interposici\u00f3n ya fue agotada por el quejoso. <\/p>\n

3. Al margen de lo precedente, examinado el prove\u00eddo mediante el cual el Juez Sexto Penal del Circuito de Popay\u00e1n confirm\u00f3 la negativa expedida en primer grado frente al citado \u201ch\u00e1beas corpus\u201d, no emerge anomal\u00eda de \u00edndole alguna. <\/p>\n

N\u00f3tese, el ad quem memor\u00f3 que el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn el 11 de junio de 2014, sentenci\u00f3 a Milton Augusto Morales Tello a 84 meses de prisi\u00f3n por los il\u00edcitos de \u201cestafa agravada y urbanizaci\u00f3n ilegal\u201d; y que el Juez Diecisiete Penal del Circuito de esa ciudad conden\u00f33 al aludido sujeto a 50 meses de c\u00e1rcel por \u201cgesti\u00f3n indebida de recurso sociales y concierto para delinquir\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, acot\u00f3 que si bien en ambas causas se materializ\u00f3 un \u201cconcurso de delitos\u201d, el mismo comprendi\u00f3 conductas criminales distintas y origin\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) la ruptura de la unidad procesal, de que trata el art\u00edculo 53 de la Ley 906 de 2004, y seg\u00fan el caso tra\u00eddo a colaci\u00f3n, se consolid\u00f3 dicha ruptura al tenor de su numeral 3\u00ba, que para este caso, el actor acept\u00f3 cargos por los delitos de estafa agravada y urbanizaci\u00f3n ilegal, y no por los dem\u00e1s cargos endilgados en audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n ante [el] juez de control de garant\u00edas. En otras palabras, accedi\u00f3 a que finalizare anticipadamente y, con un fallo condenatorio, por los punibles antes ilustrados\u201d. <\/p>\n

Atendiendo a lo anterior y luego de transcribir el contenido de la regla 53 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el juzgador concluy\u00f3 que al se\u00f1or Morales Tello no se le quebrantaron garant\u00edas con el adelantamiento de esos dos juicios, \u201cmucho menos se le ha privado de manera arbitraria de su libertad\u201d. <\/p>\n

4. El recuento de tal providencia reafirma el fracaso de este auxilio, por cuanto no se evidencia infracci\u00f3n de las prerrogativas superiores del tutelante, pues, lo cierto es, el funcionario cognoscente del h\u00e1beas corpus explic\u00f3 con suficiencia las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a conceder dicha acci\u00f3n a Milton Augusto Morales Tello, siendo ello, la ausencia de transgresi\u00f3n del principio de \u201cnon bis in \u00eddem\u201d invocado por \u00e9ste. <\/p>\n

5. En resumen, la inconformidad del promotor con el se\u00f1alado prove\u00eddo no le abre paso a esta particular justicia, pues la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este ruego porque no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea quebranto alguno a su preceptiva como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular:
\n\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de los mismos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Milton Augusto Morales Tello frente a los Juzgados Segundo Penal Municipal y Sexto Penal del Circuito, ambos de Popay\u00e1n; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de los dos juicios adelantados al petente, uno, por los delitos de \u201cgesti\u00f3n indebida de recursos sociales en concurso con el de concierto para delinquir\u201d y, el otro, por \u201cestafa agravada y urbanizaci\u00f3n ilegal, en concurso de conductas punibles\u201d. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tEn \tesa fecha se present\u00f3 la salvaguarda en la Oficina Judicial \tde Reparto de Popay\u00e1n, arribando a esta Sala de Casaci\u00f3n \thasta el 3 de diciembre pasado. <\/p>\n

3 \tSeg\u00fan \tlas pruebas aportadas a esta tutela, esa sentencia se emiti\u00f3 \tel 21 de agosto de 2014.
\n4 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16602-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03853-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela impetrada por Milton Augusto Morales Tello frente a los Juzgados Segundo Penal Municipal y Sexto Penal del Circuito, ambos de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102327\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}