{"id":102329,"date":"2026-07-01T22:30:40","date_gmt":"2026-07-01T22:30:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102329"},"modified":"2026-07-01T22:30:40","modified_gmt":"2026-07-01T22:30:40","slug":"stc16604-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16604-2018\/","title":{"rendered":"STC16604-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16604-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02092-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Samuel Dar\u00edo Rodr\u00edguez Duarte en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, vincul\u00e1ndose a la Coordinaci\u00f3n de Sanidad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de C\u00facuta, Cl\u00ednica Stella Moris de C\u00facuta, Instituto Nacional de Medicina Legal, Sede Bogot\u00e1, Bucaramanga y C\u00facuta, Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de C\u00facuta y las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes dentro del proceso a las partes e intervinientes en el proceso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, vida y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo\u00bb (rad. 2012-01986). <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, y de la revisi\u00f3n de las pruebas portadas, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.-\tQue el proceso en su contra, tuvo g\u00e9nesis por hechos ocurridos cuando se desempe\u00f1aba como Juez Tercero Laboral del Circuito de C\u00facuta, y \u00aba lo largo del proceso [\u2026] atendi\u00f3 cabalmente el llamado de la justicia penal, asistiendo puntualmente a cada una de las audiencias a las que fue citado\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Se\u00f1al\u00f3, que el \u00ab15 de agosto de 2017 el Tribunal [acusado], realiz\u00f3 audiencia para emitir sentido de fallo [\u2026] condenatorio\u00bb y resolvi\u00f3 \u00abemitir la respectiva orden de encarcelamiento\u00bb, sin embargo alega que se vulnera el derecho a la igualdad, pues en otro juicio semejante, se mantuvo \u00abla libertad de la acusada hasta el momento de proferir la correspondiente sentencia\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Manifest\u00f3, que \u00aben atenci\u00f3n a la orden de encarcelamiento emitida [\u2026] dispuso entregarse a las autoridades el 18 de agosto de 2017\u00bb, sin embargo comenz\u00f3 a presentar quebrantos de salud mental, orden\u00e1ndose valoraci\u00f3n por la especialidad de psiquiatr\u00eda del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien lo valor\u00f3 el 4 de diciembre de 2017 y el 26 de enero de 2018. <\/p>\n

2.4.- Inform\u00f3, que el 13 de abril de este a\u00f1o, se adelant\u00f3 la \u00abaudiencia especial\u00bb en donde se \u00aboir\u00eda en declaraci\u00f3n\u00bb galenos especialistas que lo revisaron, y as\u00ed tomar una decisi\u00f3n final, sin embargo el primer especialista, no pudo asistir por encontrarse incapacitado, por lo que solicit\u00f3 el aplazamiento de la audiencia, petici\u00f3n que fue negada. <\/p>\n

2.5.- Sostuvo, que la colegiatura recriminada \u00abel 27 de abril de 2018 dio lectura a la sentencia, disponiendo en consecuencia, por un lado condenar[lo] a las penas principales de prisi\u00f3n equivalente a 131 meses, multa equivalente a 233.31 s.m.l.m.v. e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de los derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso de 170 meses, y por otro, negar los subrogados de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Adujo, que debe concederse la libertad inmediata y ordenarse la internaci\u00f3n en un centro de salud mental, al padecer una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, como trastorno de ansiedad, p\u00e1nico, depresi\u00f3n, claustrofobia y agorafobia. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, de manera principal \u00abse ordene la libertad inmediata\u00bb, subsidiariamente \u00abse declare que el Tribunal [\u2026], ha lesionado el derecho fundamental al debido proceso [\u2026] con la decisi\u00f3n de negar la declaraci\u00f3n del m\u00e9dico psiquiatra dentro del tr\u00e1mite de la audiencia de individualizaci\u00f3n de la pena\u00bb, que \u00abse anule la actuaci\u00f3n procesal hasta antes de emitir la sentencia de fecha 27 de abril de 2018\u00bb y se ordene \u00abde manera urgente la internaci\u00f3n [\u2026] en un Centro de Salud Mental\u00bb (fls. 1-25, C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

El Tribunal recriminado, asever\u00f3 que \u00abse visualiza la presunta temeridad de la actuaci\u00f3n, comoquiera que en oportunidad anterior la se\u00f1ora Balnca Viviana Rodr\u00edguez Cuervo, en representaci\u00f3n de su padre Samuel Dar\u00edo Rodr\u00edguez Duarte, acudi\u00f3 al mecanismo de tutela contra las decisiones emitidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta\u00bb, y que \u00aben aquella oportunidad, la accionante argumentando un presunto quebranto en la salud del procesado, pretendi\u00f3 por medio de la tutela, inmiscuirse dentro de la causa judicial y concederle al procesado la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n

Continu\u00f3 realizando un recuento de las actuaciones surtidas, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n a la prisi\u00f3n domiciliaria, establecida en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal, fue denegada por expresa prohibici\u00f3n legal contemplada en el art\u00edculo 68A de la misma codificaci\u00f3n. Bajo el mismo derrotero, fue denegado el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, pues el legislador estim\u00f3 improcedente la concesi\u00f3n de los mecanismos revisados, a quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica. En lo relativo a la sustituci\u00f3n de la medida en casos de enfermedad del implicado, siguiendo los par\u00e1metros expuestos en providencia SP13733-2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporaci\u00f3n se abstuvo de pronunciarse sobre dicha pretensi\u00f3n, pues el m\u00e1ximo ente en materia penal ha dejado claro que el fallador carece de competencia para resolver ese tipo de asuntos\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00ab[c]ulminado dicho tr\u00e1mite, y conforme el marco general expuesto por los galenos consultados, se concluy\u00f3 que si bien la defensa ten\u00eda raz\u00f3n cuando se\u00f1alaba que su cliente mostraba alteraciones en su salud que requer\u00eda atenci\u00f3n y regular tratamiento, empero estas no se encontraban en un nivel para calificarlas como graves y menos que llevaran a determinar inviable su reclusi\u00f3n. Bajo esos derroteros, se determin\u00f3 que no exist\u00eda base para variar la posici\u00f3n Intramural impuesta al implicado (medida de aseguramiento en centro carcelario), y en aras de garantizar los derechos del mismo, se orden\u00f3 al INPEC que en el estudio de determinaci\u00f3n del centro en el que se ubicar\u00eda al se\u00f1or Samuel Dar\u00edo Rodr\u00edguez Duarte, se adoptaran todas las medidas necesarias para que el referido siguiera gozando de la atenci\u00f3n medica pertinente\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, adujo que \u00abde conformidad a los elementos probatorios allegados, se logr\u00f3 probar la presencia del n\u00facleo familiar en sentido extenso de los padres del procesado, por tanto se deneg\u00f3 el sustituto de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en el lugar de residencia o morada, bajo la figura de padre cabeza de familia, pues no se cumpl\u00edan los requisitos de dicha instituci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, y sostuvo, que \u00abla presente actuaci\u00f3n se encuentra activa y en el respectivo tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, que se surte ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo que al no evidenciarse vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que generen la intervenci\u00f3n del juez constitucional, se itera la improcedencia de las pretensiones del actor para interferir en el proceso judicial\u00bb (fls. 55-58, Ibidem). <\/p>\n

El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Instituto Nacional de Medicina Legal, puntualiz\u00f3 que \u00abnos encontramos frente a la figura de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, por tanto \u00abno existiendo autor\u00eda en la supuesta trasgresi\u00f3n alegada, no ser\u00e1 aceptable que la misma sea concedida en contra del ente estatal que no haya dado lugar a ello\u00bb (fls. 73 y 74, Idem). <\/p>\n

Quien adujo ser apoderado de Ecopetrol S. A., manifest\u00f3 que no se ha desatado el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra de la sentencia, y que \u00abel asunto que hoy, equ\u00edvocamente pone en conocimiento del juez constitucional, ya ha sido valorado y decidido en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, desconociendo el principio de cosa juzgada constitucional en tutela, como quiera que el libelo tutelar examen, coincide con el proceso de amparo que anteriormente se adelant\u00f3 ante este mismo despacho y, en los cuales se observa identidad de partes, objeto y causa\u00bb (fls. 48-52, Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, al considerar que \u00ab[e]n el caso bajo examen, debe se\u00f1alarse que se cuestionan tres decisiones: sentido del fallo condenatorio del 15 de agosto de 2017 en la cual se orden\u00f3 emitir la respectiva orden de encarcelamiento, auto en el desarrollo de la audiencia de individualizaci\u00f3n de la pena en el cual se neg\u00f3 una declaraci\u00f3n de un m\u00e9dico psiquiatra (19 de diciembre de 2017) y la sentencia condenatoria del 27 de abril de 2018 mediante la cual se resolvi\u00f3 negar el subrogado de ejecuci\u00f3n condicional de la condena y la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[r]especto de las dos primeras, no se advierte el cumplimiento del requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta que la \u00faltima providencia que se censura es del 19 de diciembre de 2017, por lo que entonces, se ha excedido el tiempo que esta Sala ha considerado como razonable para acudir a este amparo extraordinario\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00abla solicitud de amparo en general no cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el proceso penal adelantado contra el accionante se encuentra en curso, una apelaci\u00f3n pendiente de ser resuelta, por lo que entonces no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios. Las censuras contra la decisi\u00f3n de no conceder la prisi\u00f3n domiciliaria y los dict\u00e1menes periciales sobre su estado de salud, deben ser definidas en la v\u00eda ordinaria, mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico y por el juez natural, para el caso, la apelaci\u00f3n contra la condena impuesta el 27 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en donde se resolvi\u00f3 este aspecto, ser\u00e1 resuelta por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n\u00bb (fls. 77-91, Ibidem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, alegando que \u00abresulta claro se\u00f1alar la evidente omisi\u00f3n en que se incurri\u00f3 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues no se analiz\u00f3 y menos se decidi\u00f3 sobre los fundamentos expuestos para se\u00f1alarse en especial la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad y del derecho al debido proceso en punto de la igualdad de trato ante la ley y la aplicabilidad del principio constitucional de la favorabilidad, respecto del se\u00f1or SAMUEL DARIO RODRIGUEZ DUARTE, sin desconocer, se reitera, que tampoco se analiz\u00f3 el aspecto relativo al perjuicio irremediable que se le est\u00e1 causando por raz\u00f3n del deterioro de su salud, no obstante haberse se\u00f1alado someramente, que obliga hoy a acudir a la impugnaci\u00f3n en aras de que se corrija ese defecto, y se disponga a su favor la tutela de esos derechos fundamentales, pues a no dudar la vulneraci\u00f3n se hace continua, permanente y actual, adem\u00e1s de que no se cuenta con otro mecanismo id\u00f3neo para conjurar esa vulneraci\u00f3n en que se ha incurrido por la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de C\u00facuta, en particular, al no aplicarle la normatividad que correspond\u00eda, y por tanto no darle el mismo trato que le dio a la Doctora AMPARO DISNEY VEGA MENDOZA, muy a pesar de haber sido \u00e9ste posterior, con lo cual se respalda la flagrante vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso, que bastar\u00eda inclusive para dejar de un lado, como en la pr\u00e1ctica se hizo, lo atinente a la vulneraci\u00f3n del derecho por haberse negado por la primera instancia la declaraci\u00f3n del psiquiatra FABIO QUINTERO UJUETA, sin desconocer, se reafirma, el perjuicio irremediable que se le est\u00e1 causando al aqu\u00ed accionante, que con la aplicabilidad de la preceptiva que estaba vigente para la \u00e9poca de los hechos (art\u00edculo 38 del CP. con la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 1142 de 2007), que cobija ciertamente la sentencia de Tutela proferida dentro del radicado No. 2011-00277 con fecha 24 de junio de 2011, se conjurar\u00eda igual esa situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n, en la medida que ten\u00eda y tiene el derecho a que se le otorgue la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abacept\u00e1ndose en gracia de discusi\u00f3n, el no cumplimiento de los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad respecto de lo parcialmente analizado y decidido, pues en relaci\u00f3n con lo primero, no podemos desconocer, no obstante la vigencia de la prisi\u00f3n intramural, por una parte, que el sentido de fallo de fecha 18 de agosto de 2017, en donde se orden\u00f3 la respectiva orden de encarcelamiento del aqu\u00ed accionante, se hizo actual en relaci\u00f3n con lo dispuesto en el sentido de fallo de fecha 16 de julio de 2018 y en la sentencia de condena de fecha 4 de octubre de 2018, que se profirieran en contra de la Doctora AMPARO DISNEY VEGA MENDOZA, a quien muy a pesar de estar en las mismas circunstancias, de acuerdo a las razones expuestas por la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de C\u00facuta, pues as\u00ed se deduce, se le mantuvo su libertad hasta el momento de proferirse dicha sentencia, cambi\u00e1ndosela en esa nueva actuaci\u00f3n por prisi\u00f3n domiciliaria, y por otra, que la negativa de la declaraci\u00f3n del psiquiatra FABIO QUINTERO, se dio a mediados del mes de abril de 2018, por lo que mal se hizo en haberse considerado la falta de inmediatez, y peor a\u00fan en relaci\u00f3n con lo segundo, pues resulta evidente el perjuicio irremediable que se le est\u00e1 causando al se\u00f1or SAMUEL DARIO RODRIGUEZ DUARTE, por cuanto se logr\u00f3 probar las enfermedades que tiene y la cantidad le visitas que ha tenido que realizar al \u00e1rea de sanidad del penal, en donde no ha encontrado la atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida, habida consideraci\u00f3n que no se cuenta con m\u00e9dico especialista en psiquiatr\u00eda, como tampoco con los medicamentos y anexo psiqui\u00e1trico especializados que se requieren para el tratamiento del trastorno de ansiedad, trastorno de p\u00e1nico, claustrofobia y agorafobia que padece, lo que de por s\u00ed ha deteriorado su estado de salud, a m\u00e1s de la p\u00e9rdida de peso por la falta de apetito y de sue\u00f1o, corresponde en esta oportunidad entrar a analizar las omisiones en que se incurri\u00f3 por la Sala de Decisi\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que a no dudar frustran el derecho que tiene el se\u00f1or SAMUEL DARIO RODRIGUEZ DUARTE, a que se le otorgue su libertad o en su defecto la prisi\u00f3n domiciliaria, porque: (i) no eludi\u00f3 su deber de acudir a ninguna de las audiencias propias de la imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n, preparatoria y juicio oral, (ii) no se escondi\u00f3 o dificult\u00f3 las notificaciones a lo largo de la actuaci\u00f3n, (iii) no uso estrategias dilatorias en busca de beneficios, y ([iv]) no tuvo que ser conducido policialmente para hacer presencia en la actuaci\u00f3n, y antes por el contrario, cuando se dispuso de forma errada la orden de encarcelamiento en su contra el d\u00eda 18 de agosto de 2017, se present\u00f3 voluntariamente en esa fecha a los funcionarios del CTI C\u00facuta, para que se hiciera efectiva su detenci\u00f3n, cuya carga no ten\u00eda por qu\u00e9 soportar, y en esa medida, se cumpl\u00edan, como se analizar\u00e1 m\u00e1s adelante, con los presupuestos para hab\u00e9rsele dejado en libertad en esa oportunidad, e inclusive para haberse corregido ese yerro en la lectura de la sentencia condenatoria (27 de abril de 2018), y se siguen cumpliendo hoy para otorg\u00e1rsele la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la libertad, en punto de la igualdad de trato ante la ley y de la aplicabilidad de la norma m\u00e1s favorable, que al hacerse continua, permanente y actual y no contar con otro medio de defensa id\u00f3neo para su efectividad, torna procedente la solicitud de amparo que se ha deprecado en su favor\u00bb (fls. 137-164, Ibid.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo y f\u00e1ctico, enfila su reproche, de un lado, contra las decisiones de 15 de agosto, 19 de diciembre de 2017 y la sentencia de 27 de abril de 2018, proferidas por la colegiatura acusada. <\/p>\n

3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Informe pericial rendido el 4 de diciembre de 2017 por el \u00abprofesional especializado forense, clase II, grado 14\u00bb Dr. Fabio Quintero Ujueta adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, sede C\u00facuta (fls. 239-245, C. Copias). <\/p>\n

3.2.- \u00abInforme pericial estado de salud\u00bb, emitido el 26 de enero de 2018, por la Dra. Nora Alba Beltr\u00e1n Mera por la misma instituci\u00f3n sede Bucaramanga (fls. 225-235, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Copia de la historia cl\u00ednica del tutelista (fls. 27-224, Idem). <\/p>\n

3.4.- Fallo proferido el 27 de abril de este a\u00f1o, por la colegiatura acusada, que resolvi\u00f3 \u00abprimero: condenar al se\u00f1or samuel dar\u00edo rodr\u00edguez duarte, plenamente identificado e pruebas, a las penas principales de 131 meses de prisi\u00f3n, multa de 233.31 smlmv, a consignar a partir de la ejecutoria de esta decisi\u00f3n, y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de los derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso de 170 meses, que se descontar\u00e1n simult\u00e1neamente con aquella, como autos responsable de los tres cargos del delito de prevaricato por acci\u00f3n por el que fue acusado. segundo: negar al sentenciado, el subrogado de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y prisi\u00f3n domiciliaria por las razones expuestas. tercero: abstenerse de solucionar las peticiones de sustituci\u00f3n de la pena por las razones expuestas, as\u00ed como de modificar la medida de aseguramiento impuesta. cuarto. ordenar al Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n, cti, que de forma inmediata coloque a disposici\u00f3n del inpec al sentenciado, y a esta \u00faltima entidad, que procesa a la respectiva ubicaci\u00f3n del mismo, debiendo atender como prioridad, su situaci\u00f3n m\u00e9dica actual, por lo que deber\u00e1 suministrarle el tratamiento y atenci\u00f3n necesarias [\u2026]\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada por el aqu\u00ed gestor (fls. 266-356, Ibid.). <\/p>\n

3.5.- Sentencia de tutela STP10099-2018, proferida el 31 de julio de hoga\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dictada dentro de la acci\u00f3n de amparo que interpuso el aqu\u00ed gestor, por medio de agente oficioso, contra la colegiatura aqu\u00ed acusada, en la que se neg\u00f3 la protecci\u00f3n instada (fls. 3-6, C. Corte). <\/p>\n

3.6.- Registro de actuaciones consultado en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, Sistema Siglo XXI (fl. 7, Idem). <\/p>\n

3.7.- Consulta de tutelas en la p\u00e1gina de la Corte Constitucional (fl. 8, Ibid.). <\/p>\n

4.- Examinados los fundamentos de la queja constitucional y las pruebas allegadas, observa la Corte, que en cuanto al reproche dirigido, contra la determinaci\u00f3n de 15 de agosto de 2017, por medio de la cual se profiri\u00f3 el sentido del fallo y se emiti\u00f3 la \u00aborden de encarcelamiento\u00bb, y la sentencia de 27 de abril de 2018, que lo conden\u00f3 por el delito por el cual fue acusado, el amparo resulta improcedente, tal como pasa a precisarse. <\/p>\n

4.1.- En cuanto se refiere a las providencias aludidas, se evidencia que respecto a estas, existi\u00f3 una reclamaci\u00f3n precedente de esta acci\u00f3n de amparo con an\u00e1logo prop\u00f3sito, ya que la salvaguarda identificada bajo radicado 2018-01381, misma que promovi\u00f3 el gestor, por medio de \u00abagente oficioso\u00bb, est\u00e1 fundamentada en \u00abid\u00e9nticos\u00bb hechos y antes como ahora, ha pretendido, a trav\u00e9s de la presente petici\u00f3n de amparo similares aspectos relativamente a los que otrora la Corte ya hab\u00eda tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse. <\/p>\n

4.2.- Ello sucedi\u00f3, precisamente, mediante sentencia CSJ STP10099-2018 de 31 de julio de 2018, dictada por la homologa de Casaci\u00f3n Penal, en la que pretendi\u00f3 \u00abconcederse el subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb toda vez que padece una \u00abenfermedad grave e incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, como trastorno de ansiedad, p\u00e1nico, depresi\u00f3n, claustrofobia y agorafobia\u00bb, oportunidad en la que se consider\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abEn el caso bajo examen, a partir de los criterios presentados y de la revisi\u00f3n de las pruebas obrantes, se constata que efectivamente la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el proceso penal adelantado contra el accionante se encuentra en curso y se encuentran pendientes recursos para que sean resueltos, por lo que entonces no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios. Las censuras contra la decisi\u00f3n de no conceder la prisi\u00f3n domiciliaria, deben ser definidas en la v\u00eda ordinaria, mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico y por el juez natural, para el caso, la apelaci\u00f3n contra la condena impuesta el 27 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en donde se resolvi\u00f3 este aspecto, ser\u00e1 resuelta por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Debe se\u00f1alarse que en el escrito de tutela se solicit\u00f3 que se practicara una inspecci\u00f3n judicial al proceso en contra de Samuel Rodr\u00edguez, sin embargo, debe advertirse que la decisi\u00f3n que se pretende discutir en instancia de tutela ser\u00e1 revisada en la apelaci\u00f3n que contra la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de C\u00facuta se interpuso, por lo que no encuentra justificaci\u00f3n para que el juez de tutela supla al juez natural de conocimiento. <\/p>\n

La Sala ha precisado que la acci\u00f3n de tutela no fue dise\u00f1ada con miras a reemplazar al juez competente, de ah\u00ed que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante contaba con otro medio judicial para invocar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados. <\/p>\n

Tal exigencia, s\u00f3lo admite excepci\u00f3n en el evento que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues de no ser as\u00ed, esto es, de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de dejar en el vac\u00edo las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando as\u00ed, un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima\u00bb (fls. 3-6, C. Corte). <\/p>\n

4.3.- Por supuesto que como la providencia transcrita abarca el planteamiento de marras, es que sobre el particular no hay lugar a realizar pronunciamiento adicional ninguno, debi\u00e9ndose negar el amparo rogado. <\/p>\n

Al resolverse un caso similar al que ahora ocupa su estudio, esta colegiatura se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abResulta palmario, entonces, que el actor acude otra vez a este mecanismo excepcional aduciendo las mismas \u00b4irregularidades\u00b4 en las que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas, las que ya fueron definidas en la citada providencia, rayando en un eventual abuso del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

[L]a Corte ha sostenido, en reiteradas decisiones, que el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Expt. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 hecho, se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (CSJ STC, 24 Feb. 2006, rad. 00171, reiterada, entre otras, el 28 Oct. 2009, rad. 02092-01, 5 Feb. 2010, rad. 00180-01, 4 May. 2012, rad.00581-01, 21 Oct. 2015, rad. 02431-00). <\/p>\n

5.- De cara a la determinaci\u00f3n de 19 de diciembre de 2017, por medio de la cual se neg\u00f3 la \u00abdeclaraci\u00f3n del m\u00e9dico psiquiatra\u00bb, advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n tutelar deprecada deviene inane, por cuanto, no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el lapso desde que fue emitida la decisi\u00f3n habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 21 de septiembre de 2018 (fl. 27, C. 1), m\u00e1xime que no arguy\u00f3 la justificaci\u00f3n de tal demora, incuria que repudia el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

5.1.- Es por eso que el accionante no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el ya anunciado de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, per se se desestructura. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

5.2.- Sobre el t\u00f3pico de la \u00abinmediatez\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que el \u00abplazo fijado como razonable\u00bb, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, \u00abes de seis meses, salvo que la demora sea justificada, evento en el cual se habilitar\u00eda su ejercicio, pero como en este caso se echa de menos explicaci\u00f3n [valedera] alguna sobre el punto, inexorablemente debe desestimarse la protecci\u00f3n suplicada\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, rad. 00842-00. En el mismo sentido ver, entre otras providencias, CSJ STC, 16 feb. 2012, rad. 00006-01; 26 feb. 2013, rad. 2012-02139-01; 18 nov. 2014, rad. 02585-00; y, 7 may. 2015, rad. 00897-00). <\/p>\n

6.- Con todo, se evidencia que la sentencia de 27 de abril de 2018, misma que puso fin al litigio en primera instancia, fue recurrida por el aqu\u00ed gestor, a la fecha, se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite de alzada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta colegiatura (fl. 7, C. Corte), por tanto, ser\u00e1 all\u00ed donde se tome la decisi\u00f3n final, y por ende, tampoco cumple el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

7.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pero por las razones expuestas en la parte considerativa. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16604-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02092-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}