{"id":102330,"date":"2026-07-01T22:31:17","date_gmt":"2026-07-01T22:31:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102330"},"modified":"2026-07-01T22:31:17","modified_gmt":"2026-07-01T22:31:17","slug":"stc16606-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16606-2018\/","title":{"rendered":"STC16606-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16606-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Vilma del Carmen Marim\u00f3n L\u00f3pez frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por el magistrado Alfredo de Jes\u00fas Castilla Torres, con ocasi\u00f3n del asunto divisorio iniciado por la aqu\u00ed actora contra Diana Escalante Tejada y otros. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderada judicial, la accionante procura la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n

2.\tEn sustento de su reparo, asegura, en s\u00edntesis de su extenso y ambiguo escrito, que dentro del decurso divisorio refutado se cometieron m\u00faltiples irregularidades, pues adem\u00e1s de permitirse la intervenci\u00f3n de terceros no legitimados, quienes dilataron el asunto, se decret\u00f3 su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de manera irregular. <\/p>\n

En cuanto a lo primero, expone que se aval\u00f3 la participaci\u00f3n de Yeni Calder\u00f3n Otero y la abogada de \u00e9sta, a pesar de acreditarse que la primera ejerce posesi\u00f3n sobre una franja distinta del predio a dividir. <\/p>\n

En torno a lo segundo, arguye que por un \u201cerror involuntario\u201d extravi\u00f3 del expediente la copia de la resoluci\u00f3n N\u00b0 0103 de 2017 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, por lo cual el 28 de noviembre de 2017, se celebr\u00f3 una audiencia de reconstrucci\u00f3n, donde se le impuso cancelar el costo de la reproducci\u00f3n de dicho documento. <\/p>\n

Esa decisi\u00f3n es irregular porque adem\u00e1s de no precisarse la gesti\u00f3n a realizar para la cancelaci\u00f3n de las fotocopias y no remitirse un oficio por parte del despacho para lograr las mismas, tampoco se advirti\u00f3 sobre las graves consecuencias de la inobservancia de lo ordenado. <\/p>\n

Sostiene que no pudo cumplir el mandato rese\u00f1ado porque en la Oficina de Instrumentos le exigieron una comunicaci\u00f3n proveniente del juzgado y aun cuando \u00e9ste manifest\u00f3 haberla librado, aquel ente adujo que no la recibi\u00f3. <\/p>\n

Mediante providencia de 14 de marzo de 2018, se concluy\u00f3 el litigio por desistimiento t\u00e1cito y aunque recurri\u00f3 ese pronunciamiento en sede de apelaci\u00f3n, el tribunal lo ratific\u00f3 el 2 de agosto de 2018. <\/p>\n

3.\tPide, sin especificar, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

1. El tribunal se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto no lesion\u00f3 las garant\u00edas de la censora.
\n2. El juzgador guard\u00f3 silencio.
\n2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t\tNo se observa arbitrariedad lesiva de garant\u00edas sustanciales en el prove\u00eddo de 2 de agosto de 2018, donde se confirm\u00f3 la finalizaci\u00f3n del litigio criticado por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

2.\tCiertamente, en esa providencia se expuso que el a quo sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso1, el cual <\/p>\n

\u201c(\u2026) no le impone al Juez la obligaci\u00f3n de \u2018advertir a la parte que de no cumplir lo ordenado, se le ha de imponer la sanci\u00f3n de declararle terminado el proceso o de que se declarar\u00e1 el desistimiento t\u00e1cito\u2019, s\u00f3lo expresa que: se ordene cumplir lo pertinente en el plazo de 30 d\u00edas, por lo que en ese aspecto, no hay reclamo alguno que hacerle al auto de 11 de enero de 2018, que justifique que la conducta all\u00ed ordenada no se pueda exigir por alg\u00fan defecto de redacci\u00f3n del mismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que el auto donde fue requerida la petente, adquiri\u00f3 firmeza ante el silencio de aqu\u00e9lla, por lo cual no resultaba procedente entrar a determinar si era o no un error de la falladora de primer grado imponerle \u201c(\u2026) la carga de pagar las expensas de la reproducci\u00f3n de la resoluci\u00f3n administrativa all\u00ed mencionada. Tal aspecto debi\u00f3 discutirse frente a la a quo en ese momento procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Enseguida, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Acepta la apoderada recurrente, que no se ha aportado dinero alguno para cumplir con lo ordenado en el auto de 11 de enero de 2018, pero procede a justificar tal conducta, indicando que acudi\u00f3 para ello ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, pero que all\u00ed le indicaron que no hab\u00edan recibido ninguna orden de expedici\u00f3n de copias y que en el Juzgado le indicaban que s\u00ed hab\u00edan hecho el oficio correspondiente; y que dado que nunca le mostraron la copia correspondiente procede a afirmar que ello es porque nunca se hizo ese oficio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSi la parte actora obtuvo oportunamente el conocimiento de la necesidad de ese oficio y del hecho que (sic) la Secretar\u00eda no lo hab\u00eda expedido, le correspond\u00eda dejar la constancia de indicar a
\nla funcionaria del conocimiento la omisi\u00f3n de su despacho, para que ello fuera subsanado o para que, por lo menos, fuera tenido en cuenta al momento de expedir el auto que valorara su cumplimiento de lo ordenado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLos 30 d\u00edas h\u00e1biles contados desde la notificaci\u00f3n de ese auto vencieron el 26 de febrero de 2018, sin que a la fecha del 14 de marzo de este mismo a\u00f1o, se hubiera allegado al expediente alguna prueba siquiera sumaria de esos alegados intentos para la realizaci\u00f3n de tal conducta ni tampoco se adjunt\u00f3 ninguna al memorial de recurso de apelaci\u00f3n que permitiera a esta Sala de Decisi\u00f3n llegar a la conclusi\u00f3n de que no fue por causa imputable a la actora el incumplimiento de lo ordenado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor lo que no puede llegarse a la conclusi\u00f3n de que la parte demandante hubiera realizado las gestiones a su alcance para cumplir con lo correspondiente y ello hubiere sido obstaculizado por razones que no estaban bajo su control y que por s\u00ed misma no pod\u00eda superar, por lo que corresponde confirmar la decisi\u00f3n de la a quo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tLa providencia citada no luce irregular o lesiva de prerrogativas constitucionales, pues, en efecto, la querellante no demostr\u00f3 el cumplimiento de la carga a ella impuesta o gestiones tendientes a lograr su acatamiento y tampoco controvirti\u00f3 la asignaci\u00f3n de la misma en la audiencia de 28 de noviembre de 2017, ni en el prove\u00eddo de 11 de enero de 2018, donde fue requerida.
\nAun cuando no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento de los accionados, resulta inviable predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tResta indicar que los dem\u00e1s reproches erigidos frente a la actividad surtida en relaci\u00f3n con \u201cterceros\u201d intervinientes en el caso refutado, adem\u00e1s de carecer de objeto, por cuanto el litigio ya fue concluido, no cumplen el presupuesto de subsidiariedad, pues debieron invocarse ante el juez del asunto y en las oportunidades legalmente establecidas. <\/p>\n

En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, donde dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. De acuerdo con lo discurrido, la salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Vilma del Carmen Marim\u00f3n L\u00f3pez frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por el magistrado Alfredo de Jes\u00fas Castilla Torres, con ocasi\u00f3n del asunto divisorio iniciado por la aqu\u00ed actora contra Diana Escalante Tejada y otros. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en el presente asunto.
\n1. La petici\u00f3n de amparo revela la incursi\u00f3n de los accionados en una protuberante irregularidad que afecta los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que ameritaba la intervenci\u00f3n de la Corte como juez constitucional.
\nLo anterior, porque, para el suscrito, en asuntos como el que fue puesto bajo conocimiento de tales autoridades, no es aplicable la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito.
\nEn efecto, la actio communi dividundo nace del derecho sustancial reconocido por la codificaci\u00f3n civil a los comuneros en desarrollo del principio de libertad individual, el cual consiste en no permanecer en la indivisi\u00f3n siempre que no hayan expresado una voluntad contraria a trav\u00e9s del pacto de conservaci\u00f3n de ese estado, o que habiendo existido dicho convenio ya hubiere vencido. <\/p>\n

R
\n2 adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\nAs\u00ed se colige de los al t\u00edc-ulos 2334, 2335 y 1374 del C\u00f3digo Civil.
\nAl tenor de la primera norma citada, \u201c{e}n todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los comuneros que la cosa com\u00fan se divida o se venda para repartir su producto".
\nEl art\u00edculo 2335 estatuye que la divisi\u00f3n de las cosas comunes "y los derechos y las obligaciones que de ella resultan, se sujetar\u00e1n a las disposiciones de los art\u00edculos siguientes, y en todo aquello a que por \u00e9stas no se provea, se observar\u00e1n las reglas de la partici\u00f3n de la herencia" (subraya para destacar).
\nEn virtud de la remisi\u00f3n normativa contenida en la anterior disposici\u00f3n, al asunto es aplicable el \u00faltimo de los preceptos antes mencionados, conforme al cual ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular "ser\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n; la partici\u00f3n del objeto asignado podr\u00e1 siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario" (el subrayado es propio).
\nQuiere decir lo anterior que los condue\u00f1os conservan su derecho a pedir la divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan como forma de disolver la comunidad en todo momento salvo que hubieren convenido la proindivisi\u00f3n temporal.
\nIncluso, aun si el comunero que promueve la acci\u00f3n judicial desistiera de ella, su derecho a salir de la indivisi\u00f3n permanece intacto y puede acudir nuevamente a la
\njurisdicci\u00f3n en cualquier momento, como as\u00ed lo establece el
\nR
\n3 adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\nart\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso a cuyo tenor
\n"{e}n los procesos de deslinde y amojonamiento, de divisi\u00f3n de bienes comunes, de disoluci\u00f3n o liquidaci\u00f3n de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producir\u00e1 efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedir\u00e1 que se promueva posteriormente el mismo proceso".
\nDe la indicada previsi\u00f3n normativa se extrae que en los procesos de divisi\u00f3n de bienes comunes no opera la consecuencia que el desistimiento de la demanda est\u00e1 llamado a generar en la generalidad de los casos, es decir, no se producen los efectos de la sentencia absolutoria con fuerza de cosa juzgada, y ello es as\u00ed porque al comunero, de acuerdo con el art\u00edculo 1374 de la codificaci\u00f3n civil, no puede oblig\u00e1rsele a soportar la indivisi\u00f3n del bien y permanecer en comunidad con el otro copropietario.
\nSecuela de lo expuesto es que en este tipo de controversias, la consecuencia sancionatoria establecida en el literal g) del art\u00edculo 317 ib\u00eddem no tiene ninguna aplicaci\u00f3n, pues atendi\u00e9ndose que el derecho a no perpetuar el estado de indivisi\u00f3n no perece ni se pierde mientras subsista la comunidad, no puede aceptarse que "se extinguir\u00e1 el derecho pretendido" si llegara decretarse por segunda vez el desistimiento t\u00e1cito entre las mismas partes y en ejercicio de la mismas pretensiones.
\nBajo ese equivocado razonamiento de procedencia de la mencionada figura, tendr\u00eda que admitirse que la cosa
\nR
\n4 adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\ncom\u00fan jam\u00e1s podr\u00eda ser objeto de divisi\u00f3n por v\u00eda judicial -bien sea material o ad valbrem-, porque habi\u00e9ndose extinguido el derecho para el comunero sancionado con el decreto en una segunda ocasi\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, \u00e9ste no podr\u00eda reclamarla 'nuevamente, ni tampoco si la solicitara otro de los comuneros, podr\u00eda beneficiarse de ella, pues su prerrogativa se encontrar\u00eda extinguida, dejando a los condue\u00f1os atados a perpetuidad a una comunidad indisoluble.
\nDesde luego que tal modo de pensar lo rechaza la ley, que por el contrario protege la prerrogativa de los comuneros y en modo alguno la sujeta a condiciones, ni limitaciones de ninguna \u00edndole.
\nDe ah\u00ed que la falta de impulso de la acci\u00f3n divisoria o la omisi\u00f3n de la parte demandante en la ejecuci\u00f3n de ciertos actos procesales no autoriza la terminaci\u00f3n del proceso, determinaci\u00f3n que configura una ostensible violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del comunero.
\nRecu\u00e9rdese que esta Sala ha sido reiterativa al afirmar que la terminaci\u00f3n anticipada del proceso no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios, sino que debe revisarse en forma concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que generan su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una clara y evidente denegaci\u00f3n de justicia.
\nR
\n1
\n5 adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\nSobre el particular, se ha dicho que \u00abla exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez al aplicar la ley, m\u00e1s cuando, pomo en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso, el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 2014-00816-01 y CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01).
\nEn este sentido, en algunos procesos de naturaleza jur\u00eddica particular, como aquel en el que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en sede de tutela, no puede tener cabida el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, porque en ellos se debate un derecho especialmente protegido por el ordenamiento jur\u00eddico.
\nAunque en la codificaci\u00f3n procesal general se incluy\u00f3 a la acci\u00f3n divisoria en la categor\u00eda de los juicios declarativos, debe repararse en que por sus caracter\u00edsticas se trata de un proceso asimilable a los liquidatorios en cuanto su objeto es terminar y liquidar la comunidad formada entre los condue\u00f1os de la cosa com\u00fan, y respecto de ese tipo de controversias la Sala de manera reiterada ha se\u00f1alado que no procede el desistimiento t\u00e1cito (CSJ STC, 5 ago. 2013, rad.
\nR
\nS
\n6
\n adicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00
\n2013-00241-01; CSJ STC14909-2014, 30 oct. 2014, rad. 2014\u00ad00257-01; CSJ STC1760-2015, 23 feb. 2015, rad. 2014-00345\u00ad01; CSJ STC4726-2015, 23 abr. 2015, rad. 2015-00150-01; CSJ STC7689-2017, 1\u00b0 jun. 2017, rad. 2017-00099-01 y CSJ STCO20-2018, 17 ene. 2018, rad, 2017-03504-00).
\nTodo lo discurrido hast\u00e1 ahora impon\u00eda, en mi criterio, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional. En consecuencia, debi\u00f3 dejarse sin valor y efectos el prove\u00eddo que concluy\u00f3 el juicio por desistimiento t\u00e1cito y aquel que lo confirm\u00f3.
\n3. En todo caso, la accionante est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente la acci\u00f3n divisoria sin aguardar el transcurso de los seis meses a que hace alusi\u00f3n el literal j) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de una prerrogativa de car\u00e1cter irrenunciable y en ausencia de pacto de indivisi\u00f3n, no le son aplicables -tal como lo indiqu\u00e9- ni la figura jur\u00eddica en comento, ni las sanciones que de ella derivan.
\nDe la forma que precede, dejo consignado mi disenso con lo decidido por la Sala.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tArt. 317, C.G.P. \u201c1. \tCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del \tllamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra \tactuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el \tcumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya \tformulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 \tcumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante \tprovidencia que se notificar\u00e1 por estado. \t<\/p>\n

\u201cEl \tjuez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este \tnumeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de \tnotificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del \tmandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones \tencaminadas a consumar las medidas cautelares previas \t(\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tCSJ. STC \tde \t6 \tde julio de 2010, exp. 2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de \t2011, exp. 2010-000380-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC16606-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03849-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Se procede a decidir la tutela impetrada por Vilma del Carmen Marim\u00f3n L\u00f3pez frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102330","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102330"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102330\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}