{"id":102332,"date":"2026-07-01T22:31:51","date_gmt":"2026-07-01T22:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102332"},"modified":"2026-07-01T22:31:51","modified_gmt":"2026-07-01T22:31:51","slug":"stc16608-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16608-2018\/","title":{"rendered":"STC16608-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16608-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01052-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, vincul\u00e1ndose a la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Pereira, Defensor\u00eda de Pueblo y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regionales Risaralda, Procuradora 1\u00aa Judicial II para Asuntos Civiles, y a los se\u00f1ores Nohem\u00ed Cruz Villada, Fabio Quintero Salazar, Diego Barbosa Cadavid, Luz Amparo Ram\u00edrez, Joaqu\u00edn Emilio Fl\u00f3rez, Jos\u00e9 Correa y Jes\u00fas Mar\u00eda Betancourt. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial, dentro de la acci\u00f3n popular n. \u00ba 2013-00244-00, en la que act\u00faa como coadyuvante. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis que \u00ab[e]l despacho de la TUTELADA, l[e] neg\u00f3 la apelaci\u00f3n frente al auto q[ue] liquida las costas, desconociendo lo q[ue] manda el C.G.P., y tutelas de la CSJ SCCC. Sobre este m[i]smo tema\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que (i) \u00ab[s]e ORDENE al TUTELADO, de manera inmediata se conceda alzada frente al auto q[ue] liquid\u00f3 las costas\u00bb; (ii) \u00abse escanee copia de [la] tutela al correo electr\u00f3nico [\u2026] y se [le] brinden copias f\u00edsicas de todo lo actuado, las cuales recoger[\u00e1] en la secretar\u00eda de este tribunal\u00bb; y (iii) \u00ab[s]e pruebe a trav\u00e9s de q[u\u00e9] medio id\u00f3neo se informar[\u00e1] a los tercer[os] interesados, sobre la existencia de [la] tutela y de no hacerlo desde ya pid[e] nulidad de lo actuado\u00bb (fl. 1 cuad.1). <\/p>\n

4. El 20 de noviembre de 2018 el Tribunal Superior de Pereira admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y el 20 de noviembre siguiente profiri\u00f3 fallo, negando el amparo constitucional, el que fue apelado por el accionante (ff. 5, 35-37, 40 cuad.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado recriminado, remiti\u00f3 copia de las actuaciones adelantadas en la acci\u00f3n popular objeto de cuestionamiento e inform\u00f3 que su estado \u00abes ACTIVA, en espera de verificar el cumplimiento del fallo. El se\u00f1or JAVIER EL\u00cdAS ARIAS ID\u00c1RRAGA se encuentra actuando como coadyuvante al interior del proceso desde el a\u00f1o 2016. En el fallo se conden\u00f3 en costas a la accionada, por valor de $781.242, por lo que el 20% fue reconocido al se\u00f1or ARIAS ID\u00c1RRAGA\u00bb (fl. 14 cuad.1). <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, solicit\u00f3 que se le desvinculara de cualquier tipo de responsabilidad, por cuanto la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados es ajena a esa \u00abAgencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb (fl. 12 cuad.1). <\/p>\n

La Procuradora 1 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 que se deniegue el amparo constitucional, por cuanto \u00abde cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica narrada por el tutelista, se observa que el Juzgado accionado no incurri\u00f3 en la v\u00eda de hecho que se le enrostra pues la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado mediante prove\u00eddo de 9 de agosto de los corrientes se ajusta a la legalidad, en la medida que el recurso de apelaci\u00f3n en acciones populares se encuentra reservado para la sentencia (Ley 472\/98, art. 37) y para el auto que decreta medidas previas (Ley 472\/98, art. 26). Las dem\u00e1s providencias que se profieran s\u00f3lo son pasibles del recurso de reposici\u00f3n (Ley 472\/98, art. 36)\u00bb; adem\u00e1s, porque contra esa entidad no se dirigi\u00f3 ning\u00fan reproche en particular (fl. 29 cuad. 1). <\/p>\n

La Alcald\u00eda de Pereira, se\u00f1al\u00f3 que no le consta lo alegado por el gestor y que es la administraci\u00f3n de justicia la que tiene el deber de asegurar \u00abel debido proceso, las garant\u00edas procesales y el equilibrio entre las partes\u00bb (fl. 9 cuad. 1). <\/p>\n

La Personer\u00eda de la misma ciudad, manifest\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada por el gestor es ajena a ella, \u00abtoda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos, adem\u00e1s hay una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, aclarando que la Personer\u00eda no [ha] vulnerado ning\u00fan derecho, por lo que se solicita su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite\u00bb (fl. 14 cuad. 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional, declar\u00f3 improcedente el amparo por subsidiariedad, al considerar que \u00abel a quo con prove\u00eddo del 26-06-2018 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas; luego el actor lo recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n; finalmente, con providencia de 09-08-2018 se declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 37, Ley 472, decisi\u00f3n notificada con fijaci\u00f3n en el estado del d\u00eda h\u00e1bil siguiente y qued\u00f3 ejecutoriada, sin ser recurrida\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00ab[s]in lugar a dudas, luce evidente la ausencia del presupuesto de subisidiariedad, pues el accionante dej\u00f3 de rebatir la mentada decisi\u00f3n, medio ordinario procedente e id\u00f3neo para procurar la defensa de sus derechos al interior de este tr\u00e1mite popular. No present\u00f3 la reposici\u00f3n respecto de la procedencia de la alzada\u00bb. <\/p>\n

Por otro lado, accedi\u00f3 \u00abal pedimento de la expedici\u00f3n de copias, mas como se trata de la producci\u00f3n de todo el expediente, al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 114-40, CGP, se orden[\u00f3] que las actuaciones [fueran] escaneadas y remitidas al correo electr\u00f3nico suministrado, previo pago del arancel judicial correspondiente (PSAA14-10280 del CSJ)\u00bb (ff. 35-37 cuad.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El actor impugn\u00f3 el fallo de tutela sin manifestar los motivos de su inconformidad (fl. 40 cuad.1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, considera que se incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental\u00bb, por negarse el Juez recriminado, mediante prove\u00eddo de 9 de agosto de 2018, a conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas en la acci\u00f3n popular n. \u00ba 2013-00244-00. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas allegadas, la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, considera resaltar las siguientes: <\/p>\n

3.1. Sentencia de 21 de mayo de 2018 proferida por el despacho encartado dentro de la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2013-00244-00, iniciada por Fabio Quintero Salazar y otros contra Nohem\u00ed Cruz Villada, mediante el cual declar\u00f3 que la demandada vulner\u00f3 el derecho colectivo al goce del espacio p\u00fablico y la utilizaci\u00f3n y defensa de los bienes de uso p\u00fablico, conden\u00e1ndola a \u00abeliminar una rampa actual que obstaculiza la continuidad de la franja de circulaci\u00f3n peatonal\u00bb y en agencias en derecho por $781.242 a favor del demandante (70%) y el coadyuvante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (20%), y el restante 10% a los dem\u00e1s demandantes (CD fl. 14, ff. 46-47 cuad. 1). <\/p>\n

3.2. Liquidaci\u00f3n de las costas, las cuales fueron aprobadas por la autoridad judicial reprochada el 26 de junio de 2018, prove\u00eddo que se notific\u00f3 por estado del d\u00eda siguiente (fl. 48 cuad.1). <\/p>\n

3.3. Recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n interpuesto por el coadyuvante el 27 de junio de 2018 contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, solicitando que se fijen agencias en derecho en 10 S.M.M.L.V. (fl. 49 cuad. 1). <\/p>\n

3.4. Providencia de 9 de agosto de 2018, confirmatorio de la decisi\u00f3n de 26 de junio anterior y que declar\u00f3 improcedente el recurso de apelaci\u00f3n, toda vez que \u00abal leer el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, es claro al se\u00f1alar que en el tr\u00e1mite especial de la ACCI\u00d3N POPULAR es posible el recurso de apelaci\u00f3n para las sentencias, y para las dem\u00e1s actuaciones del Juzgado el recurso de reposici\u00f3n art\u00edculo 36 de la misma ley, motivo por el cual, contra el auto que aprueba costas procede \u00fanicamente el recurso de reposici\u00f3n\u00bb (ff. 51-52 cuad.1). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, la Sala advierte que en el presente asunto resulta claro que el motivo de descontento expresado por el peticionario que dio origen a la presente queja constitucional, referente a la negativa de conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, la protecci\u00f3n constitucional invocada no puede salir avante, comoquiera que en el proceder del despacho encartado no se detecta una actitud abierta y ostensiblemente caprichosa o arbitraria, o enteramente subjetiva, capaz de edificar una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb derivada de los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad endilgados. <\/p>\n

La Corte ha sido consistente en se\u00f1alar que el juez de tutela no puede invadir la \u00f3rbita de competencia de los sentenciadores ordinarios, de modo que mientras sus determinaciones no resulten arbitrarias o antojadizas, permanecen al margen del escrutinio por esta v\u00eda, pues no fue ideada para valorar la juridicidad de las providencias, lo cual es contrario al car\u00e1cter residual de este instrumento de protecci\u00f3n ius-fundamental. <\/p>\n

4.1. En efecto, en el sub judice, el accionante interpuso el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n contra el auto de 26 de junio de 2018 que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, frente a lo cual el Juzgado recriminado confirm\u00f3 aquel y neg\u00f3 la alzada el 9 de agosto siguiente, decisi\u00f3n que no est\u00e1 se\u00f1alada en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 como aquellas contra las que procede el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Esta Sala ha explicado que cuando el juzgador natural estima que, seg\u00fan las previsiones del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en las acciones populares solo la sentencia admite apelaci\u00f3n, esa decisi\u00f3n se soporta en una hermen\u00e9utica respetable que no puede reprocharse por la senda constitucional, m\u00e1xime \u00abcomoquiera que en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el canon 36 de la Ley 472 de 1998, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que dicho medio de defensa s\u00f3lo procede frente a la sentencia\u00bb (CSJ, STC5684, 5 may. de 2016, rad. 00352-01, reiterada en CSJ, STC8642, 15 de jun. de 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n

4.2 En casos an\u00e1logos se ha sostenido que \u00abel art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 no admite la apelaci\u00f3n contra los autos dictados en curso de las acciones populares, restricci\u00f3n compatible con la Carta Pol\u00edtica, de acuerdo con la sentencia C-377 de 2002 de la Corte Constitucional que examin\u00f3 la demanda de inexequibilidad en que se denunciaba que la norma cerrara esa posibilidad, poniendo como ejemplo un evento similar al aqu\u00ed planteado\u00bb (CSJ, 8 oct. 2015. rad. 00422-01, reiterada en STC1543-2016 y STC8642, 15 de jun. de 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n

Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u201d. (CSJ 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01, citada en CSJ STC116676, 11 sep. 2018, rad. 2018-01342-01); as\u00ed como, que: \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ 7 mar. 2008, rad. 00514-01, reiterada, entre otros, en STC9884-2015, 30 jul. 2015 rad. 01562-00 y CSJ STC116676, 11 sep. 2018, rad. 2018-01342-01). <\/p>\n

5. Finalmente, en cuanto al pedimento atinente a que se le \u00abescanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb a su correo electr\u00f3nico, as\u00ed se dispondr\u00e1 por secretar\u00eda, y en cuanto a las copias en f\u00edsico, se ordenar\u00e1 que aquella y a costa del interesado expida la reproducci\u00f3n de las piezas procesales solicitadas. <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16608-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102332","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102332\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}