{"id":102336,"date":"2026-07-01T22:32:55","date_gmt":"2026-07-01T22:32:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102336"},"modified":"2026-07-01T22:32:55","modified_gmt":"2026-07-01T22:32:55","slug":"stc16612-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16612-2018\/","title":{"rendered":"STC16612-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16612-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02620-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Magda Lorena Due\u00f1as Conde contra la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y confianza leg\u00edtima presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial que pretendi\u00f3 iniciar. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Que radic\u00f3 solicitud de admisi\u00f3n al \u00abproceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb el 16 de mayo de 2018, con el fin de que se iniciara el tr\u00e1mite de la \u00absociedad conyugal establecida mediante contrato elevado a escritura n\u00famero 4009 de 11 de noviembre de 2007 de la Nota\u00b4ria 23 de Bogot\u00e1\u00bb, que constituy\u00f3 con el se\u00f1or Oscar Jaime Gonz\u00e1lez G\u00f3mez. <\/p>\n

2.2.- Sostuvo, que mediante auto de 29 de mayo de esta anualidad, \u00abla accionada rechaz\u00f3 de plano la solicitud impetrada argumentando que la sociedad conyugal es la \u00fanica sociedad que nace para morir, y que la misma nunca se podr\u00e1 asimilar a una sociedad comercial\u00bb, se\u00f1alando adem\u00e1s que \u00abcarec\u00eda de competencia para conocer del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Manifest\u00f3, que contra la anterior decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n, y que el mismo fue desatado de forma desfavorable por medio de interlocutorio de 8 de octubre de hoga\u00f1o. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efecto \u00abel auto que rechaz[\u00f3] la admisi\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb y, en su lugar \u00abse ordene emitir un auto de admisi\u00f3n al proceso\u00bb (fls. 3-8, C.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO. <\/p>\n

La autoridad acusada, puntualiz\u00f3 que \u00ab[c]ontrastando la naturaleza de la sociedad conyugal se advierte que: (i) no es una persona natural (ii) no es una persona jur\u00eddica, (sobre el caso es importante mencionar que la ley habla de personas jur\u00eddicas, y las sociedades respecto de las cuales la Superintendencia de Sociedades tiene competencia, son aquellas que tiene personer\u00eda jur\u00eddica) (iii) no es una sucursal de sociedad extranjera y (iv) tampoco es un patrimonio afecto a una actividad empresarial. Por lo tanto, la sociedad conyugal est\u00e1 absolutamente y completamente excluida del r\u00e9gimen de insolvencia empresarial\u00bb (fls. 29-30, Ibidem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla sociedad conyugal es una sociedad sui generis de naturaleza muy particular, que no existe como persona jur\u00eddica a pesar de hablar del patrimonio social, por lo tanto, no tiene representaci\u00f3n legal que la faculte para demandar o ser demanda en esa calidad; en cualquier evento los c\u00f3nyuges actuar\u00e1n individual o conjuntamente, pero no como tales y no en representaci\u00f3n de la sociedad como tercera persona. De igual manera a diferencia de las sociedades ordinarias, la conyugal no surge de acuerdo de voluntades, sino del ordenamiento legal, con una vigencia indefinida pues no tiene t\u00e9rmino de duraci\u00f3n y las causales se disoluci\u00f3n son las previstas en el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, sin requerir siquiera la terminaci\u00f3n del matrimonio, por lo tanto no se les puede dar el mismo tr\u00e1mite de las sociedades comerciales\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00abno advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, con relaci\u00f3n la negativa para admitir en proceso de reorganizaci\u00f3n a la sociedad conyugal formada por Magda Lorena Due\u00f1as Conde y Oscar Jaime Gonz\u00e1lez G\u00f3mez por parte de la Coordinadora Grupo de Reorganizaci\u00f3n de la Superintendencia, pues las decisiones adoptadas en auto del 29 de mayo y 8 de octubre de 2018, se encuentran motivadas, contando adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarlas como absurdas o antojadizas, pues el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de los bienes comunes para los c\u00f3nyuges, se encuentra consagrado en los art\u00edculos 180, 1781 a 1841 del C\u00f3digo Civil, modificado por la Ley 28 de 1932, quiere decir lo anterior, que la \u201cSociedad conyugal\u201d no tiene el car\u00e1cter de comercial para que sea sujeto del tr\u00e1mite de insolvencia, ni mucho menos se trata de personas naturales comerciantes, de empresas o de una persona jur\u00eddicas que realicen negocios permanentes, y resulta abiertamente improcedente como lo pretende el actor, asimilarla con una sociedad comercial o que las actividades ejecutados por cada uno de los c\u00f3nyuges se tengan como actos de comerciante, para aplicar la Ley 1106 de 2006\u00bb (fls. 32-34, Idem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa a trav\u00e9s de su apoderado, en similares t\u00e9rminos al escrito genitor, alegando que \u00abel Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 , no realizo el tes[t] de igualdad reclamado en la acci\u00f3n de amparo; en efecto, se reclam[\u00f3] la igualdad ante la ley en el trato; debido a que las sociedades comerciales tienen el beneficio del r\u00e9gimen de insolvencia con el fin de salvaguardar el patrimonio permitiendo la vigencia de los negocios y dando un respiro al empresario que se encuentra en determinadas situaciones especiales que no le permiten la subsistencia y el giro de negocios; para la cual se argument[\u00f3] y sustent[\u00f3] legalmente que la sociedad conyugal se encuentra en igualdad de condiciones y requisitos de las sociedades comerciales y que sus negocios son igualmente comerciales conforme a la ley; as\u00ed mismo buscan el incremento patrimonial buscando siempre una ganancia;, as\u00ed mismo que tienen representaci\u00f3n legal por mandato legal siendo los c\u00f3nyuges administradores de la misma en igualdad de condiciones y su inscripci\u00f3n es obligatoria tanto en registro civil, como en c\u00e1mara de comercio. De donde se desprende igualdad ante la ley\u00bb (fls. 37-38, Ibid.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES. <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Estudiada la inconformidad planteada, surge que la quejosa, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo y procedimental, enfila su reproche, en \u00faltimas, contra el auto de 8 de octubre de 2018. <\/p>\n

3.- De las pruebas aportadas, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n

3.1.- Solicitud de \u00abadmisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n (Ley 1116 de 2006), de la sociedad conyugal formada por magda lorena due\u00f1as conde y oscar jaime gonz\u00e1lez g\u00f3mez\u00bb, radicada el 16 de mayo de esta anualidad (flsa. 8-12, C.1). <\/p>\n

3.2.- Interlocutorio del d\u00eda 29 del mismo mes y a\u00f1o, por medio del cual la autoridad recriminada \u00abrechaz[\u00f3] de plano la solicitud de admisi\u00f3n a proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n por la aqu\u00ed tutelista (fls. 6 y 7, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Providencia de 8 de octubre de hoga\u00f1o, confirmatoria de la anterior decisi\u00f3n, al se\u00f1alar que \u00ab[l]a Ley 28 de 1932 no contemplo dentro del r\u00e9gimen societario, el R\u00e9gimen la sociedad conyugal. No es cierto que el Despacho hubiese afirmado que "La sociedad conyugal es sin duda una sociedad civil como lo expone el Despacho" como lo se\u00f1ala el recurrente. Se reiterar lo se\u00f1alado en el auto recurrido, en el sentido de que la sociedad conyugal no se identifica ni tiene los efectos descritos en el art\u00edculo 98 del estatuto mercantil, por lo que no podr\u00eda considerarse ni una sociedad civil, mucho menos mercantil. Esta Superintendencia solo tiene competencia para conocer de los procesos de insolvencia, como jueces del concurso, a prevenci\u00f3n, en el caso de deudores personas naturales comerciantes, como lo indica el art\u00edculo 6 de la [L]ey 1116, caso que no corresponde al que se ocupa la presente providencia\u00bb. <\/p>\n

Acot\u00f3, que \u00ab[l]a legislaci\u00f3n colombian[a] contempla diferentes normas para tender la insolvencia, las que el deudor que considere estar en insolvencia debe evaluar y someterse a la que de acuerdo con sus caracter\u00edsticas jur\u00eddicas le corresponda. A manera de ejemplo puede indicarse que: La Ley 550 de 1999, est\u00e1 vigente para las Entidades Territoriales, las Descentralizadas del mismo orden y las Universidades Estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004, entre otros tipos de deudores. \tEl T\u00edtulo IV, de la Ley 1564 de 2012 contempla Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante. La Ley 1116 de 2006, establece el R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial en la Rep\u00fablica de Colombia, cuyo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n est\u00e1 previsto en su art\u00edculo 2 que fue explicado en la providencia objeto del recurso\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00ab[e]stos mecanismos son tramitados ante autoridades de diferentes naturalezas, raz\u00f3n por la cual el peticionario de deber\u00e1 enderezar su solicitud de acuerdo con la naturaleza jur\u00eddica, y acudir a la instancia competente. De acuerdo a lo anterior, reitera el Despacho que la instituci\u00f3n aludida por el se\u00f1or Wilson Aurelio Puentes Ben\u00edtez, es decir, la Sociedad Conyugal, no es objeto del r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la [L]ey 1116 de 2006\u00bb (fls. 26 y 27 Idem). <\/p>\n

4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento proferido por la autoridad querellada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, aquel no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie, la perentoria salvaguarda deprecada, respecto de la v\u00eda procesal exigida para obtener la anulaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n

4.1.- En efecto, la decisi\u00f3n de la entidad recriminada, se fundament\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el r\u00e9gimen de insolvencia empresarial, que en el canon 1\u00ba, establece que \u00abtiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor\u00bb, y lo que pretendi\u00f3 la quejosa en el sub lite, es que a la sociedad conyugal que constituy\u00f3 junto a Oscar Jaime Gonz\u00e1lez G\u00f3mez, se le imparta el aludido tr\u00e1mite de \u00abreorganizaci\u00f3n\u00bb, lo cual no es posible, pues como lo advirti\u00f3 la funcionaria acusada, no es una sociedad mercantil, tal como lo establece el art\u00edculo 98 del estatuto mercantil, al se\u00f1alar que \u00abpor el contrato de sociedad dos o m\u00e1s personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre s\u00ed las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, la sociedad conyugal, est\u00e1 regida por las normas previstas en la legislaci\u00f3n civil, tales como la Ley 28 de 1932, que en los preceptos 1 y 2 prev\u00e9n, respectivamente, que \u00ab[d]urante el matrimonio cada uno de los c\u00f3nyuges tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a \u00e9l, como de los dem\u00e1s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disoluci\u00f3n del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al C\u00f3digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio, y en consecuencia se proceder\u00e1 a su liquidaci\u00f3n\u00bb, y que \u00ab[c]ada uno de los c\u00f3nyuges ser\u00e1 responsable de las deudas que personalmente contraiga, salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades dom\u00e9sticas o de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes, respecto de las cuales responder\u00e1n solidariamente ante terceros, y proporcionalmente entre s\u00ed, conforme al C\u00f3digo Civil\u00bb (Se subraya) <\/p>\n

Adicionalmente, las causales de disoluci\u00f3n de la varias veces mencionada sociedad conyugal, se encuentran en el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, por tanto, la aludida figura jur\u00eddica, tiene un r\u00e9gimen completamente diferente al de las sociedades comerciales, y es aqu\u00e9l al que debe acudir la gestora para que se realice el procedimiento que pretende. <\/p>\n

4.2.- Por lo tanto, se evidencia que la autoridad acusada no actu\u00f3 caprichosamente, y la decisi\u00f3n reprochada no luce arbitraria, independientemente que la Corte proh\u00edje la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados, por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, ya que la decisi\u00f3n se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

4.3.- Sobre la naturaleza del proceso concursal, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n

[\u2026] La Ley 1116 de 2006 trajo consigo un nuevo r\u00e9gimen judicial de insolvencia cuyo objetivo es la \u201cprotecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo\u201d (art\u00edculo 1\u00b0), finalidad que lleva a cabo a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n obligatoria. <\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que: <\/p>\n

\u201cEl r\u00e9gimen judicial de insolvencia regulado en la [Ley 1116 de 2006], tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor. El proceso de reorganizaci\u00f3n pretende a trav\u00e9s de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuraci\u00f3n operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El r\u00e9gimen de insolvencia, adem\u00e1s, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias\u201d (Sentencia C-620 de 2012).
\n[\u2026]
\nLas normas se\u00f1aladas tienen el prop\u00f3sito de integrar en un solo tr\u00e1mite, ya sea el de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n obligatoria, los cr\u00e9ditos del deudor insolvente con el fin de garantizar que sus acreedores acudan al proceso concursal en igualdad de condiciones, escenario en el cual podr\u00e1n exigir la satisfacci\u00f3n de sus obligaciones de acuerdo con la prelaci\u00f3n legal. <\/p>\n

Entonces, \u201c[e]l derecho concursal se funda en el inter\u00e9s general pero no desconoce el derecho de los acreedores a obtener la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito, para lo cual se crea un marco de condiciones generales que debe cumplir la empresa: \u00abEl derecho concursal actual, adem\u00e1s de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeci\u00f3n de los intereses individuales al inter\u00e9s colectivo y al beneficio com\u00fan. As\u00ed, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacci\u00f3n total de su cr\u00e9dito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecuci\u00f3n singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de cr\u00e9dito concurrentes de manera ordenada, am\u00e9n de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, adem\u00e1s, garantice el reparto equitativo de las p\u00e9rdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor \u2013par conditio creditorum-\u00bb\u201d (Sentencia C-620 de 2012). (Se denota; CSJ STC, 24 de abr. 2013, rad. Ref.: Exp. 66001-22-13-000-2013-00038-01) <\/p>\n

4.4.- As\u00ed las cosas, se itera, el prove\u00eddo cuestionado no luce caprichoso, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; 13 feb. 2013, rad. 00216-00, 14 Feb. 2018, rad. 00221-00). <\/p>\n

5.- De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16612-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02620-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}