{"id":102337,"date":"2026-07-01T22:33:10","date_gmt":"2026-07-01T22:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102337"},"modified":"2026-07-01T22:33:10","modified_gmt":"2026-07-01T22:33:10","slug":"stc16613-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16613-2018\/","title":{"rendered":"STC16613-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC16613-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00936-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, vincul\u00e1ndose a la Alcald\u00eda y a la Defensor\u00eda de Pueblo y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regionales Risaralda, a la Procuradora 31 Judicial II para Asuntos Civiles y a Audifarma S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial, dentro de la acci\u00f3n popular n. \u00ba 2015-00596-00. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis que (i) se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, \u00abcontraviniendo el esp\u00edritu de la Ley 472 de 1998, art. 5\u00bb; (ii) \u00abla tutelada olvida que los recursos detienen el t[\u00e9]rmino de c[\u00f3]mputo de 30 d\u00edas, seg\u00fan C.G.P.\u00bb; y (iii) que el Juez encartado \u00abcree que correspond\u00eda al actor notificar a la accionada en la acci\u00f3n popular y no lo hizo al correo electr\u00f3nico, AMPARADO C.G.P., TAL COMO LO HA ORDENADO LA H CSJ SCC\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que (i) \u00ab[s]e ordene al tutelado nulidad del auto que termina la acci\u00f3n por desistimiento t[\u00e1]cito, al ir en contrav\u00eda del art. 5, 84 Ley 472 de 1998 y oponerse al esp\u00edritu de la acci\u00f3n Constitucional\u00bb; (ii) \u00ab[s]e pruebe a trav\u00e9s de q[u\u00e9] medio id\u00f3neo se informar[\u00e1] a los tercer[os] interesados sobre la existencia de [la] acci\u00f3n de tutela y de no hacerlo, [se] pid[e] desde ya nulidad de todo lo actuado por indebida notificaci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abse escanee copia de [la] tutela al correo electr\u00f3nico [\u2026]\u00bb; y (iv) \u00ab[s]e ordene APORTAR COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICIT[\u00d3] EN [SUS] PRUEBAS, A FIN QUE OBRE en [la] tutela\u00bb (fl. 1 cuad.1). <\/p>\n

4. El 23 de octubre de 2018 el Tribunal Superior de Pereira admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y el 14 de noviembre siguiente profiri\u00f3 fallo, negando el amparo constitucional, el que fue apelado por el accionante (ff. 4, 86-89, 96 cuad.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado recriminado, inform\u00f3 que se encontraba \u00abpendiente dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el citado accionante contra el auto que declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb (fl. 6 cuad.1). <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, solicit\u00f3 que se le desvinculara de cualquier tipo de responsabilidad, por cuanto la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados es ajena a esa \u00abAgencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb (fl. 40 cuad.1). <\/p>\n

La representante legal de Audifarma S.A., manifest\u00f3 que el actor popular no recurri\u00f3 el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, \u00abpor lo que se considera que el actor, est\u00e1 inobservando los t\u00e9rminos procesales establecidos, dado que el procedimiento de las acciones constitucionales no solo est\u00e1 ajustado a la Ley 472 de 1998, siempre que tambi\u00e9n debe ce\u00f1irse al procedimiento civil establecido para procesos declarativos, adem\u00e1s se est\u00e1 generando inseguridad jur\u00eddica por cuanto solicitamos a este honorable despacho se desvincule Audifarma del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n y se sancione por TEMERIDAD Y MALA FE al accionante por dificultar la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abel actor omiti\u00f3 aportar elementos probatorios id\u00f3neos para demostrar la vulneraci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, y no puede este pretender que la carga de la prueba sea del juez, de los auxiliares de la justicia o del accionado, tratando de suplir lo que \u00e9l como demandante le corresponde\u00bb (fl.42 cuad. 1). <\/p>\n

La Procuradora 31 Judicial II para Asuntos Civiles y Laborales, sostuvo que el tutelante no determin\u00f3 acci\u00f3n o omisi\u00f3n alguna atribuible a ese ente de control dentro de los hechos de su demanda, por lo que solicit\u00f3 se le desvinculara del tr\u00e1mite constitucional; y adem\u00e1s, acompa\u00f1\u00f3 jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sostiene que no es posible aplicar la figura del desistimiento t\u00e1cito a las acciones populares (ff. 92-95 cuad. 1). <\/p>\n

La Alcald\u00eda de Pereira, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es claro como interpreta el actor que el desistimiento t\u00e1cito contravenga el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998\u00bb (fl. 55 cuad. 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional, declar\u00f3 improcedente el amparo por prematura, al considerar que \u00abfrente a la pretensi\u00f3n del accionante, en el sentido de declarar la nulidad del auto por el cual se termin\u00f3 la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, el amparo se torna improcedente, toda vez que, como se pudo constatar, la presente acci\u00f3n constitucional se torna prematura, pues la misma fue interpuesta el 22 de octubre pasado, esto es, cuando apenas comenzaba a correr el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto del 18 de octubre, mediante el cual, el juzgado accionado procedi\u00f3 en la forma que reprocha el actor popular, prefiri\u00f3 entonces este acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

Resolvi\u00f3, que era improcedente la pretensi\u00f3n relacionada con que se aportara copia de todos los documentos que solicit\u00f3 como pruebas, \u00abpues la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 consagrada para tramitar esa clase de solicitudes, las cuales deben ser elevadas directamente por el mismo interesado, ante las autoridades correspondientes\u00bb (ff. 89 cuad.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El actor impugn\u00f3 el fallo de tutela sin manifestar los motivos de su inconformidad (fl. 96 cuad.1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, considera que se incurri\u00f3 en defecto procedimental, por declarar terminada la acci\u00f3n popular n. \u00ba 2016-00596-00 por desistimiento t\u00e1cito, mediante auto del 18 de octubre de 2018. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas allegadas, la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, considera resaltar las siguientes: <\/p>\n

3.1. Acci\u00f3n popular presentada contra Audifarma S.A. el 25 de noviembre de 2016 (ff. 7-8 cuad. 2). <\/p>\n

3.2. Auto de 28 de noviembre de 2017 que admiti\u00f3 la demanda popular, en el que se indic\u00f3 en su ordinal quinto que \u00ab[r]especto a la petici\u00f3n de que la informaci\u00f3n a la comunidad sobre el inicio de esta demanda se realice a trav\u00e9s de los medios se\u00f1alados en el escrito, ha de recordarse que en manera alguna el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, faculta al actor popular para ordenar al Juez a hacer u obligarlo a escoger el medio en el que ha de hacerse la publicaci\u00f3n. Lo que la norma indica, es que el titular del despacho podr\u00e1 optar por el medio masivo de comunicaci\u00f3n o el medio m\u00e1s eficaz para avisar a la comunidad el inicio de la demanda. <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, se ordena que el aviso a la comunidad se haga a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, toda vez que la misma ofrece garant\u00eda de suficiente publicidad. Los costos que genere dicha publicaci\u00f3n ser\u00e1n a cargo del demandante\u00bb (fl. 9 cuad.1). <\/p>\n

3.3. Recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el accionante el 28 de noviembre de 2017, pidiendo que el Juez informara a la comunidad a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial o que concediera amparo de pobreza para tal fin (fl. 10 cuad. 1). <\/p>\n

3.4. Prove\u00eddo de 11 de diciembre de 2017, confirmatorio de la decisi\u00f3n de 28 de noviembre anterior, se\u00f1alando que \u00ab[s]obre la notificaci\u00f3n del aviso por la p\u00e1gina Web de la rama judicial, ha de se\u00f1alarse que este no es un medio masivo de comunicaci\u00f3n, pues quienes la visitan es un grupo muy reducido y en cierta forma especializado, y la norma lo que busca es que efectivamente la comunidad en general se entere de la existencia de la demanda en la que se les convoca como posibles beneficiarios\u00bb (fl. 13 cuad.1). <\/p>\n

3.5. Decisi\u00f3n de 30 de enero de 2018 que resolvi\u00f3 no aceptar una solicitud de desistimiento elevada por el gestor (fl. 17 cuad. 1). <\/p>\n

3.6. Auto de 12 de junio de 2018 que se\u00f1al\u00f3 \u00ab[s]o pena de dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se requiere al demandante para que efect\u00fae la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad el inicio de esta demanda, como fue ordenado en auto admisorio de la demanda\u00bb (fl. 29 cuad.1). <\/p>\n

3.7. Escrito de reposici\u00f3n del promotor de 20 de junio de 2018 y prove\u00eddo de 5 de junio siguiente, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 lo resuelto el 12 de junio anterior (ff. 30-32 cuad. 1). <\/p>\n

3.8. Providencia de 18 de octubre de 2018, por el cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, con fundamento en que \u00ab[e]l Despacho, notific\u00f3 por estado el auto que orden\u00f3 cumplir la carga, sin que se adelantara diligencia alguna para acatar lo ordenado, pues las citaciones para notificaci\u00f3n personal de los demandados o escrito solicitando su emplazamiento, nunca fueron aportados\u00bb, notificada por estado del d\u00eda siguiente (ff. 34-35 cuad.1). <\/p>\n

3.9. Recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n interpuesto por el tutelista (fl. 36 cuad.1). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que la petici\u00f3n de salvaguarda invocada resulta prematura, toda vez que, seg\u00fan informaci\u00f3n solicitada al juzgado querellado, este a la fecha no ha resuelto el recurso de reposici\u00f3n que interpuso el accionante contra la providencia de 18 de octubre de 2018, por el cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, despacho que debe definir, de acuerdo con su criterio y la jurisprudencia, si es procedente terminar la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito o no, y en esa medida, no corresponde a esta Corporaci\u00f3n como Tribunal Constitucional valorar la juridicidad de la decisi\u00f3n reprobada, pues ser\u00eda contrario al car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

De conformidad con lo se\u00f1alado por el a quo, el prove\u00eddo recriminado fue proferido el 18 de octubre de 2018 y notificado por estado al d\u00eda siguiente, y el actor present\u00f3 el amparo constitucional el 22 de octubre de 2018 (fl. 1 cuad. 1), d\u00eda en que comenz\u00f3 la ejecutoria, y a la fecha, se reitera, el recurso de reposici\u00f3n no ha sido resuelto. <\/p>\n

5. Frente al car\u00e1cter prematuro de la acci\u00f3n de tutela la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad que: <\/p>\n

[E]n el presente asunto, se advierte que el despacho accionado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n al estimar que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del libelo, y en esa medida, envi\u00f3 dicho expediente al que consider\u00f3 que lo era, en aplicaci\u00f3n de la norma rese\u00f1ada. Asimismo, se colige que (\u2026) el funcionario al que corresponda por reparto el asunto, decidir\u00e1 si asume conocimiento de la demanda que interpuso el actor o suscita un conflicto negativo de competencia, sin que le sea dable al juez de tutela emitir un pronunciamiento al respecto, pues invadir\u00eda \u00f3rbitas que no son de su resorte. (\u2026) En ese sentido, tampoco puede anticipar de qu\u00e9 manera se resolver\u00e1 el asunto, tal como lo afirm\u00f3 el Tribunal Constitucional de primer grado, pues si el operador judicial asume el conocimiento, el peticionario all\u00ed podr\u00eda defender sus intereses o en el evento de plantearse el referido conflicto negativo, tiene la posibilidad de presentar alegatos y pedir pruebas, al tenor del art\u00edculo 148 \u00eddem. (\u2026) Lo anterior, significa que es en el tr\u00e1mite que se est\u00e1 surtiendo, en donde se tomar\u00e1n las decisiones correspondientes sobre la competencia alegada (CSJ STC, 4 dic. 2012, exp. 00816-01, reiterada 19 sep. 2015, rad. STC12255-2015). <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC16613-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00936-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}