{"id":102342,"date":"2026-07-01T22:33:59","date_gmt":"2026-07-01T22:33:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102342"},"modified":"2026-07-01T22:33:59","modified_gmt":"2026-07-01T22:33:59","slug":"stc16627-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc16627-2018\/","title":{"rendered":"STC16627-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16627-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00612-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se deciden las impugnaciones formuladas por la sede judicial accionada y Juli\u00e1n Eduardo Suza Fl\u00f3rez frente al fallo proferido el 7 de noviembre de 2018 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia Ximena Salazar Mutis, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijas menores de edad I.S.S. y D.S.S.1, contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del resguardo, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijas menores de edad, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, \u00ablos derechos de los ni\u00f1os e inter\u00e9s superior del menor\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 \u00ab[o]rdenar al Juez S\u00e9ptimo… de Familia de esta ciudad que[,] en la audiencia programada para el d\u00eda 15 de noviembre del a\u00f1o en curso, a las 9:15 a.m., …surta… todas las etapas procesales de que trata[n] los art[s]. 372 y 373 del C.G.P.\u00bb (folio 52, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tLas menores de edad I.S.S. y D.S.S. fueron fruto de la uni\u00f3n matrimonial que existi\u00f3 entre la accionante y Juli\u00e1n Eduardo Suza Fl\u00f3rez, la cual ces\u00f3 con ocasi\u00f3n de la sentencia de divorcio emitida el 26 de agosto de 2015 por la sede judicial acusada, providencia en la que, adujo la quejosa, entre otros aspectos, se especific\u00f3 que la custodia y cuidado personal de las ni\u00f1as quedaba a su cargo (folios 7 a 11, cuaderno 1). <\/p>\n

2.2.\tComo a la madre de las ni\u00f1as, a finales del mes de octubre de 2017, le \u00absurgi\u00f3 una oportunidad de trasladar [su] domicilio y residencia a la ciudad de Boca Rat\u00f3n, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, por razones de negocios\u00bb, pidi\u00f3 al padre de las menores la autorizaci\u00f3n respectiva para llevarlas con ella fuera del pa\u00eds y, ante la negativa de \u00e9ste, para agotar el requisito de procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001, el 8 de octubre siguiente acudi\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se surtiera la respectiva audiencia de conciliaci\u00f3n, la que por m\u00faltiples aplazamientos derivados de la imposibilidad de comparecencia de Suza Fl\u00f3rez, tan solo se pudo llevar a cabo el 20 de febrero de 2018, la cual fracas\u00f3 por ausencia de \u00e1nimo conciliatorio. <\/p>\n

2.3.\tPor lo expuesto, la actora formul\u00f3 juicio de autorizaci\u00f3n de salida del pa\u00eds a favor de las ni\u00f1as, de la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado acusado, autoridad que la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 10 de abril de 2018, enterando de ello el d\u00eda 23 siguiente, de forma personal, al demandado Suza Fl\u00f3rez. <\/p>\n

2.4.\tEl 3 de mayo de 2018 la sede judicial encartada, aludiendo ampararse en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los c\u00e1nones 169 y 170 \u00eddem, cit\u00f3 a las partes para el d\u00eda 21 siguiente, \u00aba audiencia p\u00fablica en la que se intentar\u00e1 una posible conciliaci\u00f3n\u00bb (folio 13, cuaderno 1); se\u00f1alamiento que, por solicitud del demandando, posterg\u00f3 para el 27 de junio \u00faltimo (folio 17, ib\u00eddem) y luego para el pasado 31 de julio (folio 19, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.5.\tDebido a tales aplazamientos, los que para la accionante se mostraban infundados, rog\u00f3 al Juzgado que en la fecha programada tambi\u00e9n se agotara \u00abtodo el tr\u00e1mite que se encuentra establecido en el art\u00edculo 392 del C.G.P.\u00bb (folios 21 y 22, cuaderno 1), a lo que, con auto de 12 de julio de 2018, no accedi\u00f3 la autoridad judicial, indicando que \u00aben la fecha se\u00f1alada para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se intentar\u00e1 una conciliaci\u00f3n, ya se encuentran programadas otras audiencias, por lo que resulta imposible evacuar en la misma todo el tr\u00e1mite previsto en el art. 392 del C.G.P.; advirtiendo que la mencionada audiencia programada fue de manera oficiosa\u00bb (folio 31, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.6.\tLa gestora interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n (folios 33 y 34, cuaderno 1), censura que, mediante memoriales de 29 agosto, 7 y 25 de septiembre de 2018, rog\u00f3 fuera resuelta (folios 36, 38 y 45, ib\u00eddem), y frente a la que se pronunci\u00f3 el Juzgado s\u00f3lo hasta el d\u00eda 27 siguiente, rechaz\u00e1ndola de plano al considerar que se bien se cuestionaba el prove\u00eddo de 12 de julio anterior, \u00ablo cierto es que todos sus argumentos van encaminados a contradecir lo dispuesto en auto del 27 de junio…[,] que se encuentra en firme…\u00bb; all\u00ed mismo fij\u00f3 el 15 de noviembre del a\u00f1o en curso para practicar la prenotada \u00abaudiencia p\u00fablica en la que se intentar\u00e1 una posible conciliaci\u00f3n\u00bb (folio 46, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.7.\tEn sede de tutela, la accionante critic\u00f3 del juzgado acusado la imposici\u00f3n de una audiencia adicional destinada, solamente, a persistir en la conciliaci\u00f3n, pues la considera \u00abalejada del marco procesal de un proceso verbal sumario establecido en los art\u00edculos 392 y 393 (sic) del C.G. del P.\u00bb, sumado a que el juicio se ha visto paralizado por la no realizaci\u00f3n de tal vista p\u00fablica, destacando que la parte demandada lo ha dilatado injustificadamente, dejando de asistir en las fechas programadas, con la anuencia de la sede judicial, desconociendo \u00abel principio de celeridad\u00bb, todo ello a pesar de su f\u00e9rrea insistencia en punto a que se agoten en tal diligencia todas las etapas contempladas en el art\u00edculo 372 ib\u00eddem. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que por tales situaciones formul\u00f3 solicitud de vigilancia judicial ante el Consejo Superior de la Judicatura y que tanto a ella como a sus menores hijas se les est\u00e1n causando perjuicios irremediables, acrecentando el conflicto familiar, m\u00e1xime cuando la tardanza en la definici\u00f3n del litigio \u00abha hecho que el viaje que ten\u00eda programado para radicar[s]e en agosto de este a\u00f1o en Estados Unidos de Norteam\u00e9rica se alargue, todo en espera de obtener el permiso a trav\u00e9s de una sentencia, dado que han sido innumerables las veces que ha intentado que el padre voluntariamente lo conceda y no ha sido posible\u00bb (folios 47 a 57, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de amparo fue formulada el 24 de octubre de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el d\u00eda 25 siguiente (folios 47 y 60, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 abstenerse \u00abde hacer pronunciamiento sobre los hechos en que se fundamenta la acci\u00f3n de tutela, como quiera que la actuaci\u00f3n surtida en el expediente es sustento suficiente para ilustrar al respecto\u00bb (folio 71, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tJuli\u00e1n Eduardo Suza Fl\u00f3rez, tras afirmar que la madre de las ni\u00f1as ha deshonrado el r\u00e9gimen de visitas que acordaron respecto de \u00e9stas y que estaban ausentes los presupuestos para la viabilidad de la autorizaci\u00f3n de salida del pa\u00eds reclamada, pidi\u00f3 no acceder a la salvaguarda porque \u00abde ninguna manera se ha vulnerado el debido proceso, por el contrario[,] se est\u00e1n garantizando los derechos de las menores al disponer… la diligencia de conciliaci\u00f3n\u00bb, y sus hijas, en Colombia, \u00abson felices y gozan de un nivel de vida privilegiado\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que \u00abel Juez de Tutela no puede direccionar ni intervenir en el libre transcurrir procesal, ni limitar su accionar a las apreciaciones de los sujetos procesales o atender los requerimientos de los mismos para satisfacer sus intereses personales y no los despacho (sic) para hacer realidad la justicia\u00bb; que en el asunto fustigado \u00abla apoderada de la demandante obr\u00f3 estando sancionada\u00bb, lo cual puso en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; y que era falso que \u00e9l pretendiera entorpecer la actuaci\u00f3n judicial, pues lo \u00fanico que busca es que se garanticen los derechos de su prole (folios 84 a 89, cuaderno 1). <\/p>\n

El a-quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo al considerar, en lo medular, que: <\/p>\n

…se observa en la actuaci\u00f3n v\u00eda de hecho que compromete el debido proceso, por encontrar defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, …en cuanto al reproche que se elev\u00f3 con relaci\u00f3n a la imposici\u00f3n de un tr\u00e1mite no contemplado en la ley, pues se debe tener en cuenta que, nuestra nueva legislaci\u00f3n procesal derog\u00f3 en su art\u00edculo 626 las disposiciones que sobre el particular dispon\u00edan los art\u00edculos 43 a 45 de la ley 640 de 2001 como la oportunidad para la conciliaci\u00f3n judicial, procedimiento para el que se ten\u00eda previsto que el juez de oficio pod\u00eda citar para dicha diligencia. <\/p>\n

Si bien actualmente nuestro estatuto adjetivo prev\u00e9 en los procesos verbales y verbales sumarios (art. 372 y 392) la etapa de la conciliaci\u00f3n; sin embargo, tal etapa se dispuso como parte \u00edntegra del propio esquema oral con el prop\u00f3sito de hacer m\u00e1s c\u00e9lere la actuaci\u00f3n procesal, no de manera individual la conciliaci\u00f3n para luego de agotada la misma fijar nueva fecha para la continuaci\u00f3n del proceso con la etapa de la audiencia inicial, como en efecto el juzgado pretende atender la diligencia… <\/p>\n

Por consiguiente, existen razones suficientes para despachar favorablemente las s\u00faplicas de la accionante, pues se est\u00e1n desconociendo las normas procesales, pues al no aplicar el procedimiento establecido, se traduce en un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, el que refleja una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales como es el debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia… <\/p>\n

Por lo cual dispuso dejar \u00absin valor ni efecto el inciso tercero de la providencia [d]el… (27) de septiembre de… (2018)\u00bb y ordenar \u00aba la Juez S\u00e9ptima de Familia de la ciudad que, en el t\u00e9rmino perentorio de veinte d\u00edas…, proceda, a surtir todas las etapas procesales de que trata el art. 392, esto es las previstas en los arts. 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (folios 96 a 105, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n

Fueron incoadas por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 y Juli\u00e1n Eduardo Suza Fl\u00f3rez, quienes, en su orden, expusieron: <\/p>\n

1.\tLa referida sede judicial indic\u00f3 que era inexistente el exceso ritual manifiesto que refiri\u00f3 el Tribunal, pues en ning\u00fan momento desconoci\u00f3 \u00abla normatividad procesal vigente para tramitar el proceso de permiso de salida del pa\u00eds, pretendiendo tan solo, es dar una mayor celeridad al mismo, dando a las partes un escenario ajeno a la audiencia de que trata el art. 392 del C.G.P. para llegar a un acuerdo respecto de sus diferencias, evitando as\u00ed un derroche innecesario de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, proceder que ha implementado \u00abcomo una buena pr\u00e1ctica judicial que ha dado buenos resultados y as\u00ed se le ha puesto en conocimiento al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA…, lo que ha redundado de manera positiva en los resultados de la estad\u00edstica, pues se ha logrado descongestionar el despacho y cumplir con las metas fijadas…, alcanzando por tanto esta Juez altas calificaciones de servicios\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que la citaci\u00f3n oficioso a la audiencia de conciliaci\u00f3n previa \u00abtiene como fundamento el art. 42 del C.G.P., el cual establece los deberes del Juez, entre los cuales est\u00e1n los de dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del mismo y procurar la mayor econom\u00eda procesal…, sin que en ello se advierta v\u00eda de hecho alguna por esta Juez, pues ello responde solo a una c\u00e9lere administraci\u00f3n de justicia; y en el caso en concreto, nunca tal pr\u00e1ctica judicial se ha utilizado como dilaci\u00f3n injustificada del proceso, pues aparece en el mismo que la audiencia citada no ha podido realizarse por causas ajenas a esta Juez y justificada por las partes en este asunto\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[n]ada proh\u00edbe que la audiencia de conciliaci\u00f3n se fije de manera oficiosa, previo a la realizaci\u00f3n de la correspondiente audiencia de que trata el art. 392 del C.G.P.\u00bb; y que \u00abresulta absolutamente imposible dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela proferido por el Superior\u00bb porque \u00abno existe disponibilidad en la agenda de [ese] despacho, …adem\u00e1s… no cuenta… con sala de audiencias, dependiendo de la disponibilidad de las mismas en el sistema CICERO, que comparten los 30 Juzgados de la jurisdicci\u00f3n\u00bb; y \u00aben asuntos de familia no se puede aplicar literalmente el art. 372 del C.G.P., toda vez que existen pruebas que deben decretarse y practicarse previo a la celebraci\u00f3n de dicha audiencia, en este caso concreto como la entrevista y la visita social, …sobre las cuales no se ha pronunciado…, y que pueden en su momento, llegar a ser susceptibles de recurso… que deben (sic) resolverse previo a la fijaci\u00f3n de la mencionada audiencia, por lo cual el proceso no se encuentra a\u00fan en estado para fijar la fecha ordenada y practicar audiencia del art. 392 del C.G.P.\u00bb (folios 129 a 132, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSuza Fl\u00f3rez manifest\u00f3 que \u00abno se demostr\u00f3 que el Juez S\u00e9ptimo de Familia haya vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales de la demandante\u00bb; que fue \u00aberrada la apreciaci\u00f3n con la cual se advierte defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, dado que \u00abmal hubiese hecho el Juzgado… en omitir la audiencia de conciliaci\u00f3n o en adelantar las diligencias con una apoderada sancionada, por el contrario el despacho donde se tramita el permiso de salida del pa\u00eds ha sido proteccionista\u00bb, \u00absin alejarse de las normas procesales de orden p\u00fablico[,] la togada est\u00e1 ejerciendo la autonom\u00eda que su potestad ofrece\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00ab[r]eprochables a todas luces son las actuaciones irregulares de… SALAZAR MUTIS y su apoderada[,] quien estando sancionada pretend\u00eda adelantar el proceso, interpuso recursos, radic\u00f3 memoriales, lo cual hubiese contaminado realmente el transcurrir procesal, vici\u00e1ndolo de nulidad y efectivamente le hubiera causado un da\u00f1o irreparable no s\u00f3lo a los derechos de la demandante y mis menores hijas, sino los propios y del mismo recinto judicial\u00bb (folio 133, cuaderno 1). <\/p>\n

OTRAS MANIFESTACIONES EN SEDE DE IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

1.\tEl Juzgado encausado se\u00f1al\u00f3 que el pasado 15 de noviembre abri\u00f3 a pruebas el juicio fustigado y fij\u00f3 el d\u00eda 22 siguiente para celebrar la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, pero el demandado recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n, lo que impidi\u00f3 llevar a cabo la diligencia, la que reprogramar\u00e1 una vez resuelva las censuras incoadas (folio 7, cuaderno Corte). <\/p>\n

Posteriormente inform\u00f3 que con auto de 23 de noviembre \u00faltimo la titular del despacho \u00abse declar\u00f3 impedida para seguir conociendo del proceso [criticado]…\u00bb, disponiendo su remisi\u00f3n al Juzgado que sigue en turno para que decida lo pertinente (folio 12, cuaderno Corte). <\/p>\n

2.\tLa accionante pidi\u00f3 la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en la demanda de amparo; a\u00f1adi\u00f3 que la juzgadora acusado \u00abse resiste a cumplir la decisi\u00f3n\u00bb tutelar, por lo que se vio compelida a formular solicitud de incidente de desacato, actualmente en tr\u00e1mite (folios 52 a 56, cuaderno Corte). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tComo en el presente asunto est\u00e1n involucradas las garant\u00edas esenciales de dos menores de edad, se torna necesario recordar que el constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior2 y la prevalencia de sus garant\u00edas3 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores4. <\/p>\n

Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n

Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n

Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n

Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n

[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n

Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se destac\u00f3). <\/p>\n

3.\tDel examen del libelo introductor se establece que en \u00e9l se cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al juicio de autorizaci\u00f3n de salida del pa\u00eds que la accionante formul\u00f3, en nombre de sus dos hijas menores de edad, contra el padre de \u00e9stas; al considerar la actora que el se\u00f1alamiento de una adicional y previa audiencia de conciliaci\u00f3n, que all\u00ed dispuso la juzgadora, la cual ha sido aplazada en tres ocasiones, es disonante con el rito establecido para tal tipo de asuntos, conllevando a su dilaci\u00f3n, cuando lo correcto era que, trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, fijara fecha para agotar la audiencia contemplada en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los c\u00e1nones 372 y 373 ib\u00eddem, lo que no hizo. <\/p>\n

En ese orden, debe anotarse que el art\u00edculo 390 del estatuto procedimental aludido a espacio ense\u00f1a que, \u00aben consideraci\u00f3n a su naturaleza\u00bb, \u00ab[s]e tramitar\u00e1n por el procedimiento verbal sumario\u00bb, entre otros asuntos, los originados en controversias relativas a la \u00absalida de los hijos menores al exterior\u00bb; y respecto al rito de esos juicios, contempla el canon 392 ib\u00eddem que \u00ab[e]n firme el auto admisorio… y vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicar\u00e1 las actividades previstas en los art\u00edculos\u00a0372\u00a0y\u00a0373\u00a0de este c\u00f3digo, en lo pertinente. En el mismo auto en el que el juez cite a la audiencia decretar\u00e1 las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n

4.\tBajo tales derroteros, se anticipa el fracaso de las impugnaciones propuestas y, por ende, la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, aunque por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen, comoquiera que la juez acusada incurri\u00f3 en patente defecto procedimental, aplicando de forma deficiente, al caso concreto, las disposiciones referidas a espacio, al fijar, como acertadamente lo adujo la quejosa, una adicional y previa audiencia de conciliaci\u00f3n, cuando lo correcto, trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, era se\u00f1alar fecha para la diligencia concentrada en la que habr\u00eda de agotar todas las etapas que contemplan los c\u00e1nones 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, como se lo impon\u00eda el mentado art\u00edculo 392 ib\u00eddem. <\/p>\n

Sin embargo, notificado el demandado en el juicio fustigado y vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, la falladora accionada, con auto de 3 de mayo de 2018, aludiendo ampararse en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los c\u00e1nones 169 y 170 \u00eddem, cit\u00f3 a las partes para el d\u00eda 21 siguiente, \u00aba audiencia p\u00fablica en la que se intentar\u00e1 una posible conciliaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alamiento que, por solicitud de parte, posterg\u00f3 para el 27 de junio posterior y luego para el 31 de julio \u00faltimo, sin que a la fecha se haya realizado tal vista p\u00fablica. <\/p>\n

Adem\u00e1s, aunque la tutelante rog\u00f3 que en la data fijada tambi\u00e9n se agotara \u00abtodo el tr\u00e1mite… establecido en el art\u00edculo 392 del C.G.P.\u00bb, con prove\u00eddo del 12 de julio de 2018 el Juzgado no accedi\u00f3 a su petici\u00f3n, sosteniendo que \u00aben la fecha se\u00f1alada… en la que se intentar\u00e1 una conciliaci\u00f3n, ya se encuentran programadas otras audiencias, por lo que resulta imposible evacuar en la misma todo el tr\u00e1mite previsto en el art. 392…; advirtiendo que la mencionada audiencia programada fue de manera oficiosa\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo al rechazar de plano la reposici\u00f3n propuesta por la gestora, la que, valga resaltar, s\u00f3lo resolvi\u00f3 hasta el 27 de septiembre pasado, fijando el 15 de noviembre \u00faltimo como nueva data para agotar la audiencia adicional y previa de conciliaci\u00f3n que all\u00ed impuso, siendo pertinente destacar que en tal calenda tampoco se realiz\u00f3 la diligencia, debido a que el demandante recurri\u00f3 la determinaci\u00f3n final. <\/p>\n

De ello se desprende que, ciertamente, las decisiones reprochadas a la Juez acusada, a pesar de la insistencia de la demandante para que reencausara su actuaci\u00f3n, no se fundaron en lo claramente contemplado en las normas procedimentales aplicables al caso concreto, en la medida en que, se insiste, lo adecuado era fijar fecha para la diligencia en que se agotar\u00edan todas las etapas dispuestas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, pero, contrario a ello, persisti\u00f3 en evacuar, sin aun haberlo hecho, una previa y adicional audiencia de conciliaci\u00f3n ajena al rito establecido para asuntos como el sometido a su conocimiento, lo que implic\u00f3 un abierto desconocimiento de lo expresamente reglado en el canon 392 ib\u00eddem. <\/p>\n

Y por esa senda, se ha imposibilitado la pronta resoluci\u00f3n del caso concreto, tardanza que se muestra injustificada si en cuenta se tiene que la demanda fue propuesta desde marzo del a\u00f1o en curso, el demandado notificado de su admisi\u00f3n desde el 23 de abril siguiente y a la fecha no se ha agotado la audiencia que impone, como actuaci\u00f3n subsiguiente, el pluricitado art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, manteniendo a los litigantes en la indefinici\u00f3n de su situaci\u00f3n, de manera infundada, lo que torna procedente el resguardo constitucional, pues frente al particular se ha dicho insistentemente que: <\/p>\n

\u2026las situaciones de \u2018mora judicial\u2019 que abren paso a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico de la autoridad convocada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas, como se avizora en el caso planteado\u2026 En tal sentido se ha expuesto que \u2018la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2019 (sentencia de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01)\u201d (CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00168-02; y CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01). <\/p>\n

Luego, patentes afloran en este asunto los presupuestos jurisprudenciales establecidos por el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para la viabilidad del auxilio supralegal, m\u00e1xime cuanto est\u00e1n involucradas las garant\u00edas esenciales de dos menores de edad, sujetos de especial protecci\u00f3n, ante la presencia de un defecto procedimental, el cual se configur\u00f3 cuando el juzgador ordinario se apart\u00f3, abiertamente y sin justificaci\u00f3n, de lo expresamente reglado en la norma adjetiva para la resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n concreta que se someti\u00f3 a su definici\u00f3n, de donde se concluye que las determinaciones de ese fallador natural no descansan en un criterio razonable que, al margen que se comparta, pueda recibir respaldo por esta Corte, de no olvidar que aunque en cualquier etapa del proceso el juez de instancia puede propender porque las partes lleguen a acuerdos conciliatorios, lo cierto es que ello no justifica la imposici\u00f3n de etapas adicionales en el juicio, en desmedro del principio de celeridad, como aqu\u00ed ocurri\u00f3 y err\u00f3neamente parece entenderlo la juzgadora, en disfavor del debido proceso que asiste a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n

…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d,\u00a0mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n

En ese contexto, resulta evidente que la falladora atacada incurri\u00f3 en defecto procedimental, pasando por alto lo que de una manera di\u00e1fana dej\u00f3 consignado el legislador en los referidos apartes normativos, de los cuales no se pod\u00eda extractar conclusi\u00f3n diferente a que, notificado el demandado y vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, se itera, deb\u00eda fijarse fecha para agotar, en una audiencia concentrada, las etapas contempladas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo impon\u00eda el canon 392 ib\u00eddem, sin perjuicio de que all\u00ed se pudiera propender por un arreglo conciliatorio. <\/p>\n

5.\tFinalmente, basta se\u00f1alar que las alegaciones tanto de la accionante como de la sede judicial acusada de cara al cumplimiento del fallo de tutela, entre ellas, la referida por la \u00faltima en punto a su supuesta imposibilidad de acatamiento, se contraen a aspectos ajenos a este estadio procesal, reservado a la definici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n propuesta, los cuales, en el caso concreto, han de ser objeto de pronunciamiento al interior del incidente de desacato que actualmente se adelanta frente al particular. <\/p>\n

6.\tLas anteriores consideraciones imponen la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Ausencia justificada
\nOCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tDe \taqu\u00ed en adelante, con esas siglas, se referir\u00e1 la \tCorte a las ni\u00f1as para resguardar su derecho a la intimidad, \tacorde con el art\u00edculo 33 de la Ley 1098 de 2006.
\n2 \tArt\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de \tlos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe \tentiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y \tadolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a \tgarantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de \ttodos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e \tinterdependientes\u00bb.
\n3 \tArt\u00edculo 9\u00ba \u00eddem.
\n4 \tCSJ \tSTC 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01.
\n5 \tCitada \ten STC5016-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00922-00.
\n22<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16627-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2018-00612-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de diciembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Se deciden las impugnaciones formuladas por la sede judicial accionada y Juli\u00e1n Eduardo Suza Fl\u00f3rez frente al fallo proferido el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-102342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}